Hacia el XVII° Congreso del PT (Uruguay)
Hasta hace poco se repetía la tontería de que Uruguay quedaba al margen de la crisis. Hoy esta sacude a todo el continente, con la caída de las materias primas, la fuga de capitales de los mercados ’emergentes’, y la bancarrota de las finanzas públicas. De la crisis económica se ha pasado a las crisis políticas, agudizando las disputas en el seno de los propios explotadores por la supervivencia, y generalizando los ajustes antipopulares para descargar la crisis sobre los explotados.
El ejemplo más evidente en estos días es Brasil, donde asistimos al final vergonzoso de una experiencia de gobierno de ‘frente popular’ entre el PT de Lula y partidos burgueses. El trasfondo de la crisis política es la caída de la producción industrial, así como del precio del petróleo, lo que ha llevado a la cotización de Petrobras al 10% de lo que valía hace poco tiempo. En torno a Petrobras hubo todo un esquema corrupto para favorecer a grandes empresas constructoras, que ahora se ha venido abajo junto con las acciones de la petrolera y su escandaloso endeudamiento. Este mecanismo era bien anterior a los gobiernos encabezados por el PT, pero el lulismo lo mantuvo y estrechó los lazos con las empresas que se beneficiaban del jugoso presupuesto de la petrolera.
El lulismo viene aplicando, de la mano de connotados derechistas y neoliberales, un ajuste antipopular que ha despertado protestas y luchas obreras en todo el país. La derecha se aprovecha de la debilidad del gobierno, y de la desmoralización que el lulismo provocó en sus propios seguidores, para intentar sacar al PT del gobierno e imponer un ajustazo aún más profundo, denunciando con demagogia la corrupción.
La burguesía industrial paulista, que apoyó al lulismo por más de una década, impulsa un ‘golpe blanco’ contra Dilma Rousseff, no porque el gobierno sea corrupto sino en defensa de sus propios intereses. Los que impulsan el ‘impeachment’ (juicio político) son tanto o más corruptos que los líderes petistas. Brasil recorre así el mismo proceso que antes vivieron Honduras y Paraguay, con golpes de Estado impulsados por fracciones capitalistas y del imperialismo, que apuntan a terminar con experiencias nacionalistas o de centro-izquierda. La clase obrera debe enfrentar el golpismo, sin subordinarse al gobierno, convocando a un congreso de trabajadores para impulsar un plan de lucha contra el ajuste antipopular que llevan adelante tanto el gobierno lulista como la oposición derechista.
La experiencia petista
El PT de Brasil nació a partir de un ascenso huelguístico en el marco de la descomposición de la dictadura militar. Constituyó la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina, bajo la dirección de una burocracia sindical en formación, aliada a corrientes pequeñoburguesas que se reconvertían desde el castrismo y el estalinismo.
El lulismo fue realizando alianzas cada vez más amplias con partidos burgueses, abandonando el planteamiento inicial de independencia obrera (‘trabajador, vota trabajadores’) y apoyando –incluso antes de llegar al gobierno– un pacto con el FMI que firmaba el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Así demostró que estaba “preparado” para ser gobierno. Lula y Rousseff encabezaron gobiernos de alianza con partidos burgueses de origen derechista, y en ellos participaron connotados banqueros y capitalistas en carácter de ministros.
Con la bancarrota del lulismo no fracasa la estrategia de independencia de los trabajadores, sino su negación. Ha fracaso la política de “frentes populares”, de colaboración de clases, que subordinan a los trabajadores al programa de la burguesía.
Uruguay
El gobierno del Frente Amplio uruguayo está atravesando una crisis similar: caída de las exportaciones y de los precios de las materias primas, retroceso industrial, aumento del déficit estatal (3,8% del PBI) y de la deuda externa, tendencia a una fuga de capitales. En Ancap, el Frente Amplio ha tenido su propio Petrobras, con la única diferencia que la empresa uruguaya se vio beneficiada por la caída del precio del petróleo, lo que hace aún más escandalosa su bancarrota. Los tarifazos del gobierno apuntan a un ajuste fiscal, que recae sobre los trabajadores, para mantener la política de pago de la deuda externa y el ‘grado inversor’.
Tabaré Vázquez demostró la fragilidad de esta política cuando anunció en cadena nacional la posibilidad de una baja en la calificación de la deuda uruguaya. El gobierno ha dilapidado en un año más de 4 mil millones de dólares –el 52% de las reservas del BCU–, para sostener esta política. A este ritmo, el BCU no puede resistir un año más. El presidente ratificó las pautas de miseria salarial, llamando a los trabajadores a aceptar la pérdida de poder adquisitivo en función de mantener una política que ya ha fracasado, pese a haber favorecido durante toda una década al capital financiero, a grandes empresas multinacionales, y a los latifundistas sojeros.
El año pasado, Vázquez aplicó a decretazo limpio este ajuste antipopular. Frente a la lucha de la enseñanza por salario y mayor presupuesto, respondió con represión y con la ‘esencialidad’. La violación del derecho de huelga generó un gran repudio popular y una de las marchas más masivas de las últimas décadas. Expresó una tendencia a la ruptura con el gobierno del Frente Amplio, de todo un sector del movimiento obrero y de la juventud.
Las direcciones sindicales subordinadas al gobierno, buscaron estrangular la lucha de los trabajadores de la educación y del estudiantado. Transitoriamente lograron frenar la movilización, e impusieron un falso ‘convenio’ que mantiene la miseria salarial. Tras la reciente reunión con Vázquez, la burocracia sindical ratificó que defiende al gobierno antes que al salario obrero. La tarea es poner en pie direcciones sindicales clasistas, independientes del gobierno, y sometidas al control de las asambleas de trabajadores.
Las disputas entre la oposición blanqui-colorada y el Frente Amplio responden a intereses contradictorios en el seno de los explotadores. Lacalle Pou impulsa abiertamente una mayor devaluación de la moneda, mientras que el gobierno mantiene la política que exige el FMI. El semanario Búsqueda, que expresa al gran capital, señala que “el actual esquema de política económica está agotado” y reclama al gobierno “reducir el gasto público e ir a una desindexación mucho mayor que acelere la necesaria caída de los salarios reales –sobre todo en dólares– para restaurar más rápidamente la competitividad perdida”.
Los dirigentes del PIT-CNT ven lo que pasa en Brasil y asustados se aferran cada vez más al gobierno. Los trabajadores deben sacar la conclusión opuesta: la subordinación a un gobierno de carácter capitalista, de sometimiento nacional, que aplica un ajustazo antipopular, no sólo entrega la lucha por el salario sino que además deja al pueblo cada vez maś expuesto a la demagogia de la derecha tradicional. La clase obrera debe poner en pie una alternativa independiente, una oposición obrera y socialista.
Independencia obrera
Toda la experiencia de la última década en América Latina muestra el fracaso de la política de alianza con la llamada burguesía ‘nacional’ o ‘progresista’, la que hace dos siglos viene demostrando que es incapaz de consagrar la unidad latinoamericana, la independencia frente al imperialismo, y las transformación social (reforma agraria, industrialización).
Es la hora de recuperar la independencia política de la clase obrera. Convocamos a los militantes populares y de izquierda a una deliberación para abrir una salida independiente. La clase obrera debe poner en pie su propio partido, para luchar por un gobierno de trabajadores, y por la unidad socialista de América Latina.
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