Prohibición de despidos y ley de insolvencia patronal

La ley de despidos y suspensiones fue presentada por el Frente de izquierda y de los trabajadores, en el 2016 en Argentina. No es casual que el Partido Obrero la presentara en el marco de recesión cada vez más acelerada por la deuda, que atraviesa el vecino país que conlleva despidos y suspensiones en masa.
Esta ley declara la emergencia laboral durante un año, la cual asegura y coloca todo el aparato estatal al servicio de los trabajadores. La emergencia laboral trae consigo la prohibición de los despidos y suspensiones, coloca la defensa del trabajo y el salario, en tanto obliga a cumplir plazos para que los empresarios que despiden o suspendan reincorporen en su tarea habitual a los trabajadores, cobrando el mismo salario. Coloca multas a los empresarios que no cumplen con esta prohibición. El dinero de la misma se vierte y distribuye entre el interior del sindicato y la “Comisión de control Obrero” creada por la misma ley. Colocando la responsabilidad política sobre los hombros de quienes generan las crisis económicas, los capitalistas.
En nuestro país el índice de desocupación asciende a 9% de la población, siendo dentro del mismo los jóvenes y mujeres quienes se ven más perjudicados. Además, al menos dos empresas por semana quiebran y son llevadas a concurso, dejando a los trabajadores en manos de síndicos, y cobrando sus despidos según la voluntad estatal. Amparados en la actual Ley de Proceso Concursal que fue promulgada en el 2008 con mayorías parlamentarias del FA. Esta exonera de toda deuda a las patronales que se declaren en quiebra alegando no poder cumplir con sus obligaciones de deudas que dando así impunes de toda responsabilidad penal y política.

Ley de insolvencia patronal

Esta ley fue presentada en la cámara de diputados por el diputado Luis Puig(PVP) y pretende ser una salida a esta situación de despidos y cierres masivos de fábricas. Este proyecto establece un fondo costeado por el empleador para cubrir créditos laborales adeudados con un tope de 150000 UI (544.770 pesos) este tope dejaría por fuera del amparo de esta ley a trabajadores de medianas (de 20 a 99 trabajadores) y grandes empresas (de 99 trabajadores en adelante), donde los créditos laborales ascienden muchas veces los U$S800.000 como es el caso de la Spezia donde además están incluidos para cobrar el BPS la DGI y los propios dueños.
Otra de las limitaciones es que el fondo sería administrado por el estado a través del BPS, ente que en muchos casos ha estado en pleno conocimiento de las deudas del empleador para con los trabajadores antes de su quiebra. Por otra parte, crea una tripartita formada por: los empresarios, el Poder Ejecutivo y los trabajadores que decidiría si aplica destinar dinero del fondo o no y en qué condiciones. Dejando nuevamente en manos de los empresarios y el Estado la contabilidad de la empresa. Siendo estas dos partes quienes hoy en día dejan impunes a los empresarios y limpios de deudas para futuras inversiones como los Fernández de FRIPUR y los Speranza de LA SPEZIA.
El proyecto, en definitiva, si bien cubriría una parte escueta de despidos, no defiende los puestos de trabajo, ni ampara a los trabajadores que se encuentran en negro, sino que se atiene a la quiebra de las empresas como un hecho dado y actúa a posteriori de consumados los despidos. Cabe destacar que gran parte de la dirección del PIT-CNT ha defendido la promulgación de la ley, como eje principal frente al actual proceso de quiebras y ataque a quienes viven de su trabajo.

En oposición a esta política el PT coloca en el movimiento obrero la lucha por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin rebaja salarial. Abrir los libros contables de las empresas que cierran para volver a producir lo que el capital quiebra y reorganizar la economía bajo otras bases sociales. Es necesario generar un reagrupamiento de los trabajadores que hoy se encuentran luchando por sus puestos de trabajo.

Victoria Marzol y Marcela Menéndez