Presupuesto educativo, “no hay plata”: El ajuste disfrazado de eficiencia

El proyecto de Presupuesto Nacional 2025–2029 confirma que el gobierno de Yamandú Orsi y del ministro Oddone, profundiza el ajuste fiscal, presentado como una “racionalización del gasto” y con la excusa de que deben afrontar las limitaciones impuestas por un déficit fiscal que no conocían en campaña.

Los números son claros: mientras los ministerios de Defensa e Interior mantienen o amplían sus recursos, la educación, la salud y la vivienda siguen atadas a presupuestos insuficientes, que en perspectiva, disminuyen.

La ANEP: un presupuesto de desmantelamiento

Es así como, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) solicitó un incremento que permitiera alcanzar el 6+1% del PIB, lo que representa unos U$S 600 millones al final del quinquenio. El Poder Ejecutivo respondió con una asignación de $7.892 millones para todo el período, que con las reasignaciones, no alcanza a significar un tercio de lo solicitado por el propio Ente y que no cubre ni siquiera, la inflación proyectada.

Las consecuencias son evidentes: edificios deteriorados, falta de cargos y horas docentes, administrativos y de limpieza, equipos multidisciplinarios y salarios docentes rezagados frente al costo de vida.

La Universidad, asfixiada

La Universidad de la República (Udelar) pidió pasar del 0,8 % al 1,09 % del PIB, lo que implicaría unos US$ 330 millones extra para investigación, descentralización y becas estudiantiles. La propuesta del Poder Ejecutivo, asignó apenas ni siquiera una fracción de ese monto y con la reasignación votada en la Cámara de Diputados, el aumento es de 2,8%.

La UTEC -la “niña mimada” del mujiquismo, a nivel declarativo-, que pretendía llegar a U$S $71 millones en 2029, recibirá menos del 5% de lo solicitado.

Este recorte golpea directamente la democratización del acceso al conocimiento, a la investigación y a la ciencia: limita la expansión de sedes en el interior (donde más aumenta la matrícula), reduce programas tecnológicos y congela la contratación de funcionarios y docentes.

Defensa y seguridad: los privilegiados de lol ajuste

Mientras el gobierno del FA niega recursos a las aulas, el Ministerio de Defensa Nacional cuenta con inversiones que superan los $2.900 millones en 2025 y más de

$4.200 millones en 2026, pese a que Uruguay no enfrenta amenazas militares. El Ministerio del Interior mantiene partidas de más de $500 millones anuales solo en inversiones (a lo que se suman los gastos operativos).

La comparación es contundente: la educación pública atiende a más de 300.000 niños en primaria y cientos de miles de adolescentes y jóvenes en secundaria y UTU, la salud pública a través de ASSE cubre a casi la mitad de la población. En contraste, los ministerios de Defensa e Interior concentran recursos en estructuras burocráticas y armadas.

Este orden de asignación presupuestal, demuestra las prioridades del gobierno del FA, que ratifica la subordinación del Estado (y de los distintos gobiernos) a la lógica del ajuste permanente sobre la clase obrera; mientras se le exonera millones de dólares a los grandes capitales (equivalente al casi 7% del PBI) y se privilegian los acuerdos entre los partidos que integran el Parlamento. Esto ocurre, mientras el gobierno pone como prioridad la “estabilidad macroeconómica”, que aplauden los organismos internacionales de crédito, a costa del gasto social.

Hacia una respuesta organizada

Las ocupaciones de estudiantes que se han sucedido durante la segunda mitad del año, los paros y movilizaciones docentes de octubre y noviembre (en especial las asambleas multitudinarias de ADEMU), la importante concentra de gremios y sindicatos frente a la Torre Ejecutiva, expresan una tendencia a la lucha, que aún no encuentra en la unificación de los conflictos, una perspectiva.

En este sentido, implica una tendencia a la profundización de las medidas, en una perspectiva en la que se hará más evidente con el transcurso del tiempo, el desmantelamiento de la salud y de la educación pública.