Por una salida obrera ante la crisis económica, social y sanitaria

Defendamos la salud y la vida, contra el capital y sus negocios

El gobierno se ha cruzado de brazos. Mientras aumentan los contagios y las muertes por Covid-19, y el sistema de salud tiende al colapso, el presidente Lacalle afirma que el gobierno ya hizo todo lo posible, y que depende de cada ciudadano “manejar sus perillas”. El gobierno dilapidó el esfuerzo de la población, que el año pasado permitió mantener a raya al virus, al decidir abrir la economía cada vez más y provocar un aumento de contagio sobre todo en los lugares de trabajo y estudio. Ya desde diciembre los científicos plantearon bajar la movilidad, cerrar actividades no esenciales, y en febrero reiteraron la necesidad de no comenzar las clases normalmente (como mínimo en secundaria, y si aumentaban los contagios también en primaria e inicial). El presidente Lacalle hizo oídos sordos, y aplicó una política cada vez más “bolsonarista”: la economía y las ganancias empresariales por encima de la salud del pueblo.

En abril se mantiene un nivel de 50 fallecimientos diarios, lo cual no conmueve al gobierno, ni lo impulsa a tomar medidas más restrictivas. Es que esas medidas tienen un costo, que los capitalistas no están dispuestos a pagar: el costo de dejar de obtener ganancias por una quincena o un mes; el costo de subsidiar a las familias que pierdan ingresos para que puedan parar la olla; un costo que se podría cubrir fácilmente si se suspendiera el pago de la deuda externa y se dejara de gastar un dineral al servicio de la multinacional UPM, por ejemplo.

Los países que han logrado contener en mayor medida a la pandemia no se han basado exclusivamente en la vacunación, que se sabe tiene un efecto –pero no inmediato ni generalizado. Han adoptado medidas de restricción de la movilidad, que implican cierre de actividades no esenciales.

La crisis humanitaria desatada por el Covid no es un “accidente de ruta” del sistema capitalista. El lucro capitalista ha producido una feroz destrucción del clima, base de la pandemia, y el sistema de salud público, en tanto los monopolios farmacéuticos se han convertido en masa de acumulación de beneficios mediante operaciones de Bolsa. El 90% de las vacunas en desarrollo han sido obtenidas por medio de recursos de investigación y financieros de los estados.

Paralelamente a la cuestión sanitaria, la política del gobierno se ha traducido en rebaja del salario (público y privado) y de las jubilaciones, aumento de tarifas, nuevos impuestos a los salarios, y achique de los puestos de trabajo en el Estado. Ha profundizado una desocupación que ya es masiva, y la pobreza crece en todo el país rápidamente. Las ayudas sociales se han dado con cuentagotas, y ahora incluso pretenden que a cambio de ellas los desempleados trabajen prácticamente por un plato de comida. El eje del gobierno es mantener el pago de la deuda externa, garantizar más subsidios y exoneraciones fiscales a los grandes capitalistas, exprimir a la clase obrera aún a costa de su salud y de su vida.

Mientras presionan al pueblo para que no se movilice (por el riesgo de contagios), el gobierno no cesa en sus ataques a los derechos laborales y sociales como se vio con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y ahora con la reforma neoliberal de la seguridad social que están negociando en una “Comisión de Expertos” –expertos en robar los derechos jubilatorios a los trabajadores. Se atacan las marchas y actividades al aire libre, donde los científicos dicen que son menos probables los contagios, pero el transporte urbano es una incubadora de virus, y en los lugares de trabajo no se respetan protocolos y hasta se violan cuarentenas.

Frente a esta política criminal, la llamada “oposición” del Frente Amplio está en cuarentena, escondida, o peor aún está votando leyes junto al gobierno (como el impuesto Covid) y negociando la reforma neoliberal de la seguridad social. El PIT-CNT suspendió hasta el Primero de Mayo y acordó rebaja del salario público y privado, y también integra la Comisión de “Expertos” que plantea aumentar la edad de retiro de los trabajadores.

Si la muerte de 79 personas en un día (el triple de los que fallecen diariamente por enfermedades cardíacas, la primera causa de muerte) no ha provocado una crisis política gigantesca, es por la política adoptada por el Frente Amplio y la cúpula sindical frenteamplista.

Sin embargo, desde abajo crece la respuesta obrera. En el Frigorífico Canelones hicieron huelga ante los contagios y la muerte de un obrero, exigiendo un parate sanitario, para desinfectar la fábrica e hisopar a todos los trabajadores, lo cual fue conseguido con la lucha. La patronal actúa como “negacionista” porque no quiere perder un peso de sus ganancias, aunque eso lleve a la muerte de más obreros. En la Pesca también se extendió la huelga ante los contagios en los barcos pesqueros. En el Transporte hubo paro ante un fallecimiento y reiterando el reclamo de que los obreros del volante –que viven en riesgo constante por las aglomeraciones en el transporte– sean vacunados. También hubo acciones de lucha entre trabajadores judiciales, bancarios oficiales, y otros sindicatos de base. Llama la atención la pasividad escandalosa y cómplice de la burocracia sindical de la salud, en un contexto de despidos y envíos al seguro de paro, y condiciones de trabajo cada vez más calamitosa por el aumento de contagios entre los propios trabajadores.

Es necesario desarrollar y profundizar esta tendencia a la lucha, levantando un programa obrero de salida a la crisis económica, social y sanitaria:

• Por la suspensión inmediata de las actividades presenciales no esenciales, garantizando el mantenimiento del 100% del salario para todos los trabajadores dispensados por la suspensión de su actividad. Restitución de trabajadores despedidos y en seguro de paro en la salud.
• Por aumento general de salarios y jubilaciones, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por un seguro a los desocupados y subocupados de $ 20.000; reducción de la jornada laboral, para incorporar al trabajo a los desempleados.
• Eliminación del IRPF (impuesto a los sueldos), por fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas.
• Contra los tarifazos y la carestía: apertura de los libros contables de las empresas públicas y privadas al control de los trabajadores.
• Nacionalización de la industria farmacéutica para producir los principios activos en el país. Por un plan inmediato para desarrollar una vacuna, en conexión con los laboratorios estatales y el sistema universitario, y con todos los países que desarrollen vacunas con independencia de los monopolios internacionales.
• Por la prohibición de desalojos y la asistencia alimentaria a las ollas populares por el Estado, contra el trabajo precario: por la prespuestación de todos los trabajadores precarios en municipios, Intendencias, empresas públicas y ministerios.
• Por becas para la juventud estudiantil. Que se garantice la conectividad y dispositivos digitales para la enseñanza remota para estudiantes y docentes.
• Derogación de la LUC. Por plena autonomía y cogobierno para la enseñanza pública. Aumento del presupuesto (mínimo al 6% del PBI) para aumentar cargos y salarios, así como la infraestructura educativa.
• Por la estatización del sistema de salud, bajo control de los trabajadores médicos y no-médicos, y financiado con impuestos al capital.
• Contra la reforma neoliberal de la seguridad social: no al aumento de la edad de retiro ni la rebaja del cálculo jubilatorio. Por aumento de los aportes patronales y la eliminación de las exoneraciones a las empresas, derogación de las Afaps, aumento de jubilaciones y pensiones.
• Por la suspensión de pagos de la deuda externa y de la deuda interna con los grandes capitalistas. Por la centralización de los recursos económicos sociales y sanitarios, mediante la nacionalización de la banca y el desarrollo de un plan económico único, bajo la dirección de un gobierno de trabajadores. ¡Socialismo o barbarie!