La conquista de derechos y las grandes movilizaciones que se han desarrollado en los últimos años, tienen al día de hoy al movimiento de la diversidad sexual como una de las mayores expresiones sociales de lucha. El colectivo LGBTI es uno de los más golpeados por el sistema capitalista, siendo baluartes fundamentales de esta discriminación social el desplazamiento de la educación y la salud y la prácticamente nula inclusión laboral. La enorme mayoría de la población trans debe dedicarse a la prostitución ante la falta de oportunidades educativas y laborales. El acceso a la salud, por otro lado, está condicionado por la discriminación institucional de las mutualistas, que no ofrecen la atención correspondiente. El proyecto de Ley Integral Trans en este sentido, representa un avance enorme que recoge las principales reivindicaciones del colectivo LGBTI, tanto sociales, como jurídicas e incluso laborales. El cupo laboral trans (1% demanda la ley) es una necesidad urgente para combatir las condiciones materiales en las que se encuentra la población trans en Uruguay, así como la reparación histórica en términos económicos a las personas trans nacidas en 1975 o antes que hayan sufrido violencia institucional, como haber sido “privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o por disposición judicial, habiendo sufrido daño moral, físico y/o psicológico e impedimentos en el ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio debido a prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado”. La ley significa también grandes avances en la adecuación de nombre y/o sexo en documentos identificatorios, así como en el acceso a la educación, vivienda y la salud, incluyendo las intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales hormonales.
Vamos por todo
Estamos ante un proyecto de ley sumamente progresivo, que debe representar un escalón más en la lucha social que el movimiento LGBTI debe dar con el conjunto de la clase trabajadora para superar todo tipo de opresión. Esta ley no puede significar un techo para la lucha y la movilización, y en este sentido, hay que destacar el rol que han tenido las organizaciones que orientan al movimiento LGBTI hacia la adaptación y cooptación por parte del Estado. Ya que es el Estado el responsable por naturaleza de las condiciones de vida nefastas que abren paso, por mera necesidad de supervivencia a la explotación sexual y la súper-explotación laboral; el Estado por complicidad u omisión, es el responsable de las decenas de travesticidios que suceden año a año en nuestro país. Se vuelve imprescindible entonces, la organización de forma independiente del Estado, para garantizar que la Ley Trans no sea letra muerta. Debemos luchar por presupuesto para hacerla realidad, debemos organizarnos contra el trabajo precario que promueve el gobierno y las empresas y contra el flagelo de la explotación sexual para que no sea una necesidad vital de las personas trans.
La organización política independiente del movimiento LGBTI en relación al Estado es el punto de partida para avanzar hacia un sistema que definitivamente brinde las bases materiales para que todos los seres humanos seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
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