Otra vez el Estado es responsable

En los primeros días del mes de noviembre se produjo otro caso de violencia hacia una mujer por parte de su ex pareja.

Este caso se suma a los muchos que dejan en evidencia la responsabilidad del Estado y la necesidad de que éste garantice la seguridad e integridad de las mujeres en situación de violencia, como sucede con la alarmante cantidad de feminicidios en muchos de los cuales las víctimas denunciaron previamente, y varios fueron perpetrados por funcionarios policiales.

En esta situación en particular el hombre había estado preso por hurto y rapiña, tiempo durante el cual la mujer optó por vivir con su suegra luego de haber escapado de su casa, es decir, de su ex pareja, previo a que él se encontrara privado de libertad.
Es cuando el hombre, cumplida su condena, vuelve a la casa, donde encuentra a su madre y a su ex pareja, agrediendo a ambas y violando a la segunda.

Cabe mencionar que este ataque no fue un hecho aislado por parte del hombre. Éste ejercía violencia contra su ex pareja de manera reiterada y obligaba a sus hijos a robar, lo que derivó también en una orden de restricción y el procesamiento por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Una muestra más de que en los hechos las órdenes de restricción no tienen un real seguimiento por las comisarías, dejando a las
mujeres a merced del golpeador.

La vulnerabilidad o dependencia económica, la precarización laboral, la falta de empleo y la carencia de soluciones habitacionales, son contextos en los que viven la mayoría de las mujeres en situación de violencia y son algunos de los principales motivos por los cuales las víctimas no encuentran una salida para alejarse de sus agresores.

Es sabido que los agresores tienden a tomar represalias una vez que tienen conocimiento de que sus víctimas los han denunciado, con lo cual no podemos hacer la vista gorda a esta situación y reproducir las lógicas de exclusión y desamparo a las que son sometidas las mujeres trabajadoras y de los sectores más carenciados bajo este sistema. La organización de las mujeres se vuelve fundamental para hacer frente a estas situaciones y para exigir medidas efectivas de prevención a la violencia.

El feminicidio es la máxima expresión de violencia a la que nos vemos expuestas, sin embargo, previo a esto, nos vemos obligadas a tolerar todo tipo de abusos, agresiones y violencia psicológica. En este marco, la violencia sexual se repite como algo normal y al mismo tiempo invisibilizado, fundamentalmente por parte del Estado y sus fuerzas represivas.

Esto último se manifiesta también en el plano social, al punto de encontrar que no se reconoce el consentimiento de las mujeres para decidir si mantener relaciones sexuales o no. Las leyes no son suficientes, muchos cuestionaron el procesamiento de este hombre como ilegítimo dado que “eran pareja”.

Nada de esto podemos tolerarlo. Debemos dar una batalla profunda para que se respete nuestros derechos, es fundamental denunciar esta situación y organizarnos para combatir esta violencia, la explotación y la exclusión del mercado laboral que nos impide desarrollar una mayor independencia económica que nos permita romper cualquier lazo con nuestros agresores.
Por una solución habitacional para las mujeres víctimas de violencia y un subsidio estatal que les permita sustentar sus necesidades y las de su familia.

Es necesario  organizarnos para modificar las bases sociales que provocan este tipo de violencia. Tomar en nuestras manos una alternativa propia de las trabajadoras, y de la clase obrera, una alternativa de poder.