Organicemos la lucha contra la impostura presupuestal

La importancia del inicio inmediato de la lucha presupuestal en términos generales y en educación pública en particular, cobra especial relevancia, teniendo en cuenta que a fines del mes de agosto se envía desde el Poder Ejecutivo al Parlamento, “sin lógica incremental”.

Este planteo, anunciado hace un mes, no tuvo prácticamente repercusión en la dirección del PIT-CNT, que se mantuvo casi impávida frente al ataque que implican no solo estas declaraciones, sino la reciente aprobación de la “Regla Fiscal”, presente en la LUC, sumada al Decreto 09/2020 de Presidencia, por el cual se impide la ocupación de vacantes en el Estado.

En este contexto, el ya menguado e insuficiente presupuesto educativo se estructura en las oficinas gubernamentales, donde los jerarcas escriben de espaldas a docentes, funcionarios y estudiantes, los dictados de los organismos multilaterales de crédito.

Se trata de un ataque a las condiciones de vida y trabajo que alcanza niveles históricos, trasladando sin ambages los costos de la crisis mundial a la clase trabajadora, que ve cómo se incrementan los alimentos, alquileres y productos de primera necesidad, mientras su salario (con suerte) queda atado a las expectativas de crecimiento del mismo gobierno que tomó todas las medidas descritas.

El desmantelamiento del MIDES (cuya política asistencialista no deja de ser objeto de crítica), con centenares de trabajadores de áreas educativas y sociales muy sensibles en la calle -posible por la intrincada arquitectura de privatizaciones, clientelismo político y precarización laboral que impuso el FA-, coloca una alerta para los trabajadores públicos en general: asistimos a los prolegómenos de la demolición del presupuesto estatal y la desaparición de sectores completos del Estado.

En el caso de la educación, recordemos que la limpieza, informática, administración y otras áreas están privatizadas o sus funcionarios son becarios, pasantes y otras modalidades de empleo chatarra.

Asimismo, con la LUC se profundiza la injerencia de sectores privados en la educación y la flexibilidad laboral a través de lo que en los hechos es un nuevo Estatuto Docente (por ejemplo, posibilita el pago diferenciado frente a la misma tarea).

Este panorama requiere una enérgica respuesta del movimiento obrero y la juventud, que ven embargado incluso su futuro por el pago de la deuda y el beneficio de sus explotadores

Organicemos una enérgica respuesta

Las movilizaciones contra la LUC demuestran un potencial de lucha por parte de los trabajadores y la juventud quienes, bajo diferentes consignas, han salido a la calle a luchar mientras que las direcciones sindicales (en general) se encuentran ausentes de este proceso.

En los sindicatos y gremios, debe superarse la etapa de análisis de la coyuntura, así como los mezquinos cálculos electorales que someten un plan de lucha a una posible victoria del FA en 2024 o a ocupar nuevamente una banca en el Parlamento.

El paro, la huelga, el piquete, la ocupación deben estar nuevamente en el debate político cuando discutimos ¿qué hacer en esta etapa? Retomando lo sustancial del planteo de sindicatos como el Sindicato de Artes Gráficas, que plantea la necesidad de desarrollar un plan de lucha que unifique el accionar de los trabajadores, hasta ahora fragmentado en diferentes instancias, lo cual no da cuenta del ataque completo que implican la aprobación de la LUC, el presupuesto de recorte, los acuerdos salariales a la baja (avalados por la burocracia sindical).

Una respuesta a esta guerra, debería iniciar con un plan de lucha unificado, partiendo de un paro de 24 horas del PIT-CNT de forma urgente, con movilización y acto, ocupaciones de lugares de trabajo y estudio, seguido de nuevas instancias deliberativas, donde el eje esté puesto en el desarrollo de ulteriores medidas.

A mediano plazo, es necesario no sólo discutir el presupuesto nacional en las asambleas barriales, en los lugares de trabajo y de estudio. Implica impulsar un polo de izquierda, que desarrolle un programa que defienda: salario igual a la canasta familiar, un ingreso universal de media canasta para todos los desocupados, prohibición de despidos, ocupación y estatización bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida, apertura de los libros contables, presupuesto para salud, vivienda y educación acorde a las necesidades, presupuestación de todos los contratos chatarra. No pago de la deuda, impuestos progresivos al capital (entre otras medidas), para canalizar esos recursos a las necesidades de la clase trabajadora.