La crítica situación de Jihad Diyab, el refugiado sirio ex preso de Guantánamo, que lleva 30 días en huelga de hambre y más de 10 días sin ingerir líquido reclamando poder reunirse con su familia – a la que no ve desde hace 14 años – en algún país árabe, se ha convertido en uno de los ejes de la situación política nacional. La medida adoptada por Jihad se produce luego de que – como cualquier ciudadano libre – abandonara el país (con el objetivo de trasladarse a Turquía para rencontrarse con su familia) lo que fue fuertemente cuestionado por EE.UU- y su posterior detención por varias semanas y deportación por parte del gobierno bolivariano (tampoco esclarecida). Esta acción coordinada con el gobierno de Venezuela dejó en evidencia que el refugiado Sirio no se encuentra en libertad y que es fuertemente vigilado por los aparatos de inteligencia comandados por la CÍA. Al parecer, (y a pesar de ser negado por Mujica) el contrato firmado por los ex presos establece una clausula que les impide abandonar el país por un plazo de dos años (¡!).
El infierno de Guantánamo
La cárcel de máxima seguridad Estadounidense ubicada en Cuba alberga al día de hoy a 91 presos, la enorme mayoría de origen extranjero, capturados en Afganistán por ser sospechosos (¡!) de terrorismo en Medio Oriente. Desde su creación en 2002 bajo el gobierno de George W. Bush, pasaron por allí alrededor de 780 prisioneros que en su gran mayoría estuvieron años sin ser juzgados, sin siquiera saber por qué habían sido detenidos. Es decir, nunca se realizó juicio alguno, se trata de una situación de completa ilegalidad, cuasi clandestina. Guantánamo es sin dudas un infierno, dónde las prácticas de torturas (submarino, plantones, maltratos, ingesta de comida obligada por la garganta y vías nasales, entre otras) son cotidianas. Se trata de una violación aberrante a los derechos humanos y a las normas democráticas más elementales, incluso consagradas en tratados internacionales que el propio EE.UU tiene firmado.
Detrás de Guantánamo
Obama en su campaña presidencial de 2008 prometió cerrar Guantánamo, desde su primer mandato se fueron trasladando y ‘liberando’ en calidad de refugiados, en diversos países, un porcentaje importante de los presos. Sin embargo, Obama que había establecido un plazo de cierre de la cárcel al 2010, no llevó a cabo tal resolución. Ahora sobre el final de su mandato, y en el marco de una fuerte polarización en la campaña electoral presidencial, presentó un proyecto al Congreso (dominado por los Republicanos) que implica el cierre de la cárcel. Los republicanos por su parte se manifestaron contrarios del proyecto y del cierre de Guantánamo. El propio Trump declaró “¡Mantendremos abierto Guantánamo y lo llenaremos de tipos malos!”.
Además de ser un recurso de la campaña electoral, el problema de Guantánamo está vinculado a la estrategia que ha desarrollado el imperialismo sobre América Latina, y que tiene a Cuba como principal objetivo. Para la ‘normalización’ en las relaciones diplomáticas y comerciales en curso entre el gigante americano y la isla, el gobierno cubano ha reclamado la necesidad del levantamiento del bloqueo económico, el cierre de la prisión y la devolución del territorio de la bahía de Guantánamo a Cuba. Detrás de la discusión sobre el cierre de la cárcel se manifiesta el debate que atraviesa a EE.UU sobre la estrategia política que adoptará el imperialismo luego de la elección, sobre América Latina en una etapa que estará atravesada por fuerte convulsiones sociales.
El cipayismo en su máxima expresión
Frente a esta situación y las críticas que recibió por parte de diversos medios y de la oposición por ‘haber importado el terrorismo’, Mujica pasó de una justificación ‘por razones elementales de humanidad’ a afirmar que había canjeado a los refugiados por un acuerdo comercial de compra de naranjas (¡!). Lo que es sin dudas una verdad a medias, pero sirve en su campaña para excusar al gobierno de su responsabilidad política en este acuerdo con Estados Unidos (que deja de manifiesto los fuertes vínculos entre ambos gobiernos), y para deslegitimar los reclamos de los refugiados. El ex tupamaro fue incluso más lejos y en recientes declaraciones afirmó “el error fue pensar que eran inmigrantes que venían a trabajar”. La decadencia moral y política del líder frenteamplista que sufrió en carne propia el encierro y la tortura, es una muestra de la renuncia de principios elementales del ‘progresismo’ gobernante.
Ley antiterrorista
El objetivo del acuerdo para recibir a los refugiados no parece estar vinculado sólo a las naranjas. Su llegada y la salida del país de Jahid ‘casualmente’ a resucitado rápidamente y sin ninguna prueba fehaciente una campaña sobre supuestas células terroristas de ISI en la región. Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de Argentina Eugenio Burzaco sobre el pasaje por Uruguay de argentinos vinculados al Estado Islámico no son fortuitas. Se suman a las declaraciones del Departamento de Estado y de sectores Republicanos que cuestionaron la legalidad uruguaya para la vigilancia de los ex presos de Guantánamo y de presuntas actividades terroristas que se puedan generar en el país. Ya en marzo de este año, el reciente fallecido Fernández Huidobro afirmaba a El país que “Tenemos yihadistas reclutados en Argentina y Brasil jugando en primera división, en las grandes ligas. Hay gente (argentina) que ha ido a pelear allá, se han integrado al ISIS y hay brasileños que también y eso implica que en la frontera tenemos gente que está allá, que ya deben de ser medio veteranos, medio capos. Esa gente después establece vinculaciones. Ese es el riesgo que hay que vigilar”. Estas afirmaciones justificaban ‘el intercambio de información entre inteligencia de los países de la región’, y fueron el sustento para la elaboración de un nuevo protocolo de acción por parte del Ministerio del Interior que se encuentra en el Parlamento. Según el proyecto enviado al Parlamento denominado Ley de Alertas Terroristas hay cinco niveles de alertas, cada uno asignado a un color y a un tipo de acción a desarrollar. Según el nivel de riesgo el presidente de la República con los ministros activan acciones. Se trata de un símil a la nefasta ley antiterrorista aprobada en Argentina por el gobierno de Cristina Kirchner. Es un avance represivo, inconcebible para las libertades democráticas en Uruguay, más aún luego de que recientemente saliera a la luz el espionaje ilegal en democracia- hasta hace tan sólo unos años- de inteligencia militar a diversas organizaciones políticas y sociales.
Desde el Partido de los Trabajadores exigimos la concesión inmediata de la visa a Jahid Diyab para que pueda salir del país y reencontrarse con su familia, hacemos responsable de su integridad física al gobierno de Tabaré Vázquez, y llamamos al PIT- CNT y la FEUU a pronunciarse y tomar medidas en solidaridad con el refugiado Sirio. A su vez condenamos rotundamente el avance en una legislación represiva que el gobierno del Frente Amplio a instancias de Estados Unidos pretende imponer en nuestro país y el conjunto de América Latina, que nos retrotrae a una de las épocas más oscuras de nuestra historia.
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