Nacionalizar la Banca

Públicado hoy (jueves 3 de agosto) en el semanario Voces

La “bancarización” obligatoria tiene un claro objetivo fiscal. La resignación de algunos puntos del IVA (únicamente para los pagos con tarjeta) tuvo por finalidad impulsar ese medio de pago, para permitir un mayor control de la DGI sobre las transacciones. A todo esto se lo embelleció con el enternecedor nombre de “inclusión financiera”.

Se trata de una política del Banco Mundial, no de una invención local. Por una parte, busca dar mayores ingresos a los Estados, para que puedan afrontar el pago de la deuda pública. Por otra parte, vuelca una gran masa de dinero al circuito financiero, constituyéndose en un fabuloso subsidio a los bancos. Presentar esta política como “progresista” es una gran impostura. Los que abandonaron hace décadas la bandera de la nacionalización de la banca, se han convertido en los principales propagandistas a favor de los banqueros. Y esto en un país que ha sufrido sistemáticamente los vaciamientos y quiebras bancarias por lo menos desde 1965 -la más reciente fue el derrumbe de 2002.

Para los pequeños comerciantes, la aceptación del pago con tarjetas de débito o crédito implica un costo adicional, cuando muchos están amenazados de ir a la quiebra por la competencia de las grandes superficies. El alquiler de los POS, las comisiones que deben pagar, la demora para hacerse del dinero, son todos costos que los perjudican, y que deberán trasladar al menos en parte a los precios.

La voracidad fiscal se manifiesta sobre los trabajadores y las capas medias, no sobre las grandes empresas -muchas de las cuales están abiertamente subsidiadas, o instaladas en zonas francas. Resulta que se combate la evasión del pequeño comerciante o del trabajador que quiere comprar sin boleta, mientras se organiza la evasión masiva del gran capital. Y encima, a UPM le van a destinar 1.000 millones de dólares en obras de infraestructura, para que pueda instalar una segunda planta -que también estará exonerada de impuestos.

Dicho todo esto, es evidente que quitar la obligatoriedad al pago de salarios en cuenta bancaria, o a la realización de determinados pagos vía transferencia bancaria, no va a cambiar lo esencial. Colocar un plebiscito nacional en torno a este tema es una gran cortina de humo, porque la salida no radica en hacer “voluntaria” la bancarización, sino en nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores, entre otras medidas, como el no pago de la deuda externa, la eliminación de las Afaps, la nacionalización de la tierra (expropiación de los latifundios), es decir, una verdadera transformación social. No en vano Lacalle Pou y otros reaccionarios, que defienden a los banqueros, a los grandes capitalistas y a los latifundistas, pueden apoyar tal plebiscito. Porque no cambiará nada en lo esencial. La tendencia a la liquidación de los pequeños propietarios de tierra en beneficio de los grandes terratenientes, o de los pequeños comerciantes en favor de grandes cadenas, es bien anterior a la famosa “inclusión financiera”. Los sectores patronales “opositores” utilizan el plebiscito para explotar políticamente el descontento con el gobierno de las capas medias y cada vez más sectores populares.

La cúpula del PIT-CNT y la mayoría de AEBU han salido a apoyar al gobierno, convirtiéndose en abogados y propagandistas de la “bancarización”. Se hacen cómplices de la explotación del pueblo por los banqueros, algo que encima redunda en contra de los bancarios -cuyos puestos de trabajo van siendo sustituidos por las redes de pagos y otras “corresponsalías” no bancarias basadas en bajos salarios y trabajo precario. La “inclusión financiera” va de la mano de la “des-bancarización” de los puestos de trabajo.

Es necesario levantar un programa de reordenamiento de la sociedad sobre nuevas bases. Los falsos “progresistas” han fracasado en todo el continente, así como los derechistas como Temer y Macri que los sustituyeron. Preparemos la lucha por un gobierno de trabajadores.