Militarización y lucro en INISA

A finales del año pasado se desempolvaron proyectos para la “cooperación” entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que finalmente convergieron en la firma de un convenio entre ambos organismos, celebrado el 27 de enero.

El objetivo es el desarrollo de “pasantías” en las Fuerzas Armadas, para entre 20 y 30 “jóvenes infractores” a comenzar en marzo del 2026. Se trata de la entrega para la “formación en oficios” y el disciplinamiento de jóvenes privados de libertad, a la institución responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar -aún cubierta de un manto de impunidad-, al brazo armado del terrorismo de Estado.

La discusión sobre el lugar que ocupan los jóvenes en conflicto con la ley penal en Uruguay no es nueva ni coyuntural. Sólo remitiéndonos a los últimos años, en abril de 2014 fue impulsado por el Partido Colorado (en particular Pedro Bordaberry y Germán Cardozo) un proyecto de ley que buscaba bajar la edad de imputabilidad adolescente a 16 años, el cual fue derrotado en un plebiscito.

Al mismo tiempo, han habido múltiples declaraciones respecto a la posibilidad de coordinar con el Ejército: en 2012, Daniel Olesker estaba al frente del MIDES y planteaba que había “mucha capacidad ociosa” en los talleres del Ejército y que podrían abrir sus cursos a la sociedad en general, en el marco de los debates sobre los llamados “Ni-Ni”.

En 2016, el ahora líder de Cabildo Abierto, el Gral. Manini Ríos, ejerciendo como Jefe del Estado Mayor del Ejército, declaraba en El País que las FF.AA eran una alternativa para “los jóvenes que están sin hacer nada, a un paso de caer en malos hábitos”, declaraciones que fueron recogidas con interés por parte del presidente Vázquez.

En 2019, el entonces expresidente José Mujica, sostuvo públicamente que podía resultar “interesante” pensar en una experiencia similar al servicio militar para jóvenes con problemas de consumo de drogas, dado que podría brindarles disciplina y contención, (El País, 21/04/2019).

Con mayor o menor grado de desenvolvimiento, desde diferentes tiendas del Frente Amplio, se hace pública la apelación a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de índole “social” -en especial asociada a la “reeducación” de los jóvenes- dando una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de la juventud y a la represión estatal. Incluso en la Intendencia de Montevideo, en varias oportunidades se ha echado mano al Ejército para tareas de rompehuelgas frente a las luchas de ADEOM (por ejemplo en 2010 y 2015 durante el gobierno de Ana Olivera).

El acercamiento a las FF.AA se expresa también, en la preocupación de Orsi por la condición de los militares presos en la cárcel vip de Domingo Arena, llegando incluso a presionar al Poder Judicial al respecto. No presenta ese grado de disgusto por los miles de presos que reciben tratamientos inhumanos en el resto de las cárceles, ni por los cientos de niños que nacen en reclusión.

En esta perspectiva, la firma del acuerdo entre INISA y el MDN, implica un giro a la derecha y un gesto hacia la “familia militar”, retomando añejos debates sobre su rol en la sociedad.

En este programa derechista, se inscriben las políticas impulsadas por la dirección del INISA, que se orientan en dos direcciones: por un lado entregar a las FF.AA la potestad de accionar sobre un grupo de veinte o treinta adolescentes, a través de la mencionada realización de “pasantías”. Por otro lado, la misma administración incluyó en la ley presupuestal la habilitación a que empresas privadas se instalen dentro de los centros de INISA, con el objetivo de instalar diferentes modalidades de producción dentro de los centros de reclusión. Aún se está estudiando qué beneficios le reportaría a los empresarios, produciéndose así, una escandalosa privatización -mantiene la lógica de proyectos como del de Richard Reed, “Sembrando Esperanza”-

Lejos de ser una novedad, este enfoque retoma una matriz conocida: sustituir políticas sociales integrales por dispositivos de control y disciplinamiento, que se acompasan con privatizaciones más o menos explícitas, otorgando abiertamente a privados y a los aparatos represivos, áreas sociales “conflictivas”: palo y lucro.

Esto es tan evidente, que se utilizan las carencias educativas y el analfabetismo de los jóvenes como las razones sustanciales de este acuerdo al tiempo que lisa y llanamente, se desconoce que existen desde hace cuatro décadas programas que abarcan todos los niveles educativos, en contextos de encierro, los cuales están absolutamente desfinanciados y funcionan sobre la base de la precarización laboral y la más absoluta pauperización de las condiciones de estudio (negativa a extender los espacios educativos, la cantidad de horas docentes, los gastos en materiales, el tiempo pedagógico, por ejemplo).

Por su parte, el texto del convenio no plantea cómo se instrumentarán estos “procesos formativos”, ni quién tendrá a cargo los procesos de selección de los jóvenes, tampoco cómo serán las actividades, pero si -explícitamente- permite la inclusión de otros organismos y organizaciones, tanto privadas como públicas, es decir, prevé la ampliación de su alcance.

¿Qué tipo de tareas realizarán estos jóvenes? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué garantías de que no se trate de trabajo precario o no remunerado? ¿Cuál es el vínculo que tendrán con las FF.AA? En un país donde, como se ha publicado en El Observador (03/06/2023), el desempleo juvenil duplica al promedio general, resulta alarmante que las respuestas estatales apunten a experiencias excepcionales y focalizadas, en lugar de políticas universales: aumento del salario, empleo, vivienda y educación, entre otras.

Introducir al MDN y las empresas privadas en el esquema previsto para la resocialización de los jóvenes con conflictos penales, no es un gesto operativo menor, sino una definición política que desplaza el eje desde la pretendida “rehabilitación”, hacia la obediencia jerárquica y la explotación como mano de obra no calificada. Es la represión llevada al paroxismo: el gobierno “mete” a los adolescentes privados de su libertad, dentro de los cuarteles, con la esperanza de que, tras este proceso, incluso formen parte de las FF.AA.

Este giro conservador, resulta aún más problemático cuando se toma en cuenta la asignación presupuestal del organismo. Cuando comparecieron ante el Parlamento, las autoridades del INISA sostuvieron que no requerirían recursos adicionales hasta 2027, según Montevideo Portal (04/07/2024), donde se señaló que el presupuesto vigente sería suficiente para sostener los planes estratégicos.

Sin embargo, mientras que Jaime Saavedra y el resto del directorio hacían buena letra en el Parlamento asegurando que los recursos alcanzaban, el sindicato ha denunciado y el propio organismo ha reconocido en distintos momentos (como en el año 2022) que el presupuesto asignado no cubre las necesidades reales de funcionamiento, infraestructura y equipos técnicos. La educación formal, la salud mental, el acompañamiento pos-egreso, son áreas clave, que continúan siendo absolutamente deficitarias.

Lejos de abordar las causas estructurales de la violencia social, la propuesta desplaza el foco hacia una narrativa simplificadora: el problema sería la falta de orden, y la solución, la disciplina militar. Esta concepción ignora deliberadamente los factores sociales, económicos y educativos que condicionan las trayectorias de estos jóvenes y refuerza una mirada punitiva, disfrazada de inclusión.

Las causas de la criminalidad adolescente en Uruguay están ampliamente documentadas y no se explican por la falta de disciplina individual. Está comprobado hasta el hartazgo que existe una correlación entre pobreza, exclusión educativa e infracciones a la ley. Según un informe de perfil de adolescentes infractores publicado por El Observador (15/01/2019), la mayoría de los jóvenes privados de libertad proviene de barrios marginalizados, tienen sus necesidades básicas insatisfechas y presenta trayectorias educativas incompletas, con altos niveles de rezago y abandono escolar.

La pobreza infantil, además, supera ampliamente el promedio nacional: uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes vive bajo la línea de pobreza. Esta desigualdad estructural se traduce en menor acceso a educación, cultura y al trabajo, y en una mayor exposición a los circuitos de violencia.

Resulta especialmente terrible que estas iniciativas avancen sin siquiera un debate público profundo ni la participación efectiva de trabajadores del INISA, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia y adolescencia. La experiencia a nivel regional, demuestra que cada vez que se militarizan las políticas sociales, el resultado no es mayor “inclusión”, sino más estigmatización y exclusión para los adolescentes y mayor poder político y prestigio social para las FF.AA

El capitalismo corrompe las relaciones sociales y la crisis en curso arrastra a los jóvenes a la desesperanza y la desesperación, caldo de cultivo para ser captados por el narcotráfico y el delito, cuyo responsable es el Estado.

Sólo la organización y la lucha consecuente de los explotados por el socialismo, podrá poner un fin a la descomposición social capitalista y sus gobiernos, que sólo dejan caminos de destrucción y desesperanza para los jóvenes y la humanidad toda.