“Masacre deliberada” de palestinos en el punto de entrega de comida fijado por Israel

Los peores pronósticos de la ONU y de las organizaciones humanitarias que actúan en Palestina se han cumplido. Al menos tres personas fueron asesinadas, decenas fueron heridas y otras tantas desaparecieron en una estampida cuando el ejército israelí abrió fuego contra una multitud desesperada, mayormente mujeres y niños, que rompieron las vallas intentando alcanzar el punto de distribución de alimentos en Rafah, al sur de Gaza.

Israel fijó el punto de distribución en el llamado “corredor Morag”, una zona bajo control militar, que divide Rafah del resto de la Franja. Miles de palestinos famélicos habían esperado varias horas, “bajo el calor abrasador del mediodía”, que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) les entregara comida, con el zumbido de los helicópteros militares sobre sus cabezas. Cuando saltaron las vallas, comenzó la balacera.

Fue el primer día de operaciones de la Fundación, un sello de goma inventado hace unas semanas por Estados Unidos e Israel para monopolizar la distribución de la ayuda humanitaria, desplazando a la ONU, las ONGs y los funcionarios del gobierno gazatí.

Un funcionario de alta jerarquía de la ONU señaló que la mayoría de las heridas se debieron a tiros disparados “desde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”. El ejército israelí afirmó que solo efectuaron “disparos de advertencia”.

Según un informe de The New York Times, la GHF surgió de “reuniones privadas de funcionarios, militares y empresarios afines con estrechos vínculos con el gobierno israelí”. Utilizan contratistas privados armados para custodiar el traslado y la entrega de alimentos. Hace unos días, el director de la Fundación, Jake Wood, anunció su dimisión “por falta de transparencia” y porque no se garantizaba un funcionamiento neutral. Lo concreto es que les dispararon en vez de entregarles la miserable caja que no cubre ni tres días de las necesidades alimentarias de una familia con tres hijos (Al Jazeera 28/5).

Un comunicado del gobierno de Gaza denunció que “las fuerzas de ocupación, emplazadas en esas zonas o en sus alrededores, abrieron fuego contra civiles hambrientos que habían sido atraídos a esos lugares con el pretexto de recibir ayuda”. El incidente, añadió, “es la prueba irrefutable del fracaso total de la ocupación israelí a la hora de gestionar la catástrofe humanitaria que ha creado deliberadamente (…) es una masacre deliberada y un crimen de guerra en toda regla, cometido a sangre fría contra civiles debilitados por más de 90 días de hambre provocada por el asedio”.

“Plan imprudente e inhumano”

Las ONU, MSF, Missing Children, entre otras tantas ONGs, llevan meses denunciando que Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Y advirtieron tempranamente que la GHF carecía de toda experiencia, no respetaba los principios humanitarios y desplazaría “aún más a las personas de sus hogares, ya que los palestinos debían trasladarse para llegar a los pocos puntos de distribución prefijados por Israel” (Al Jazeera 28/5).

Los palestinos acusaron directamente a Israel de generar un caos social que colabore a la limpieza étnica. Y dijeron que la concentración de la ayuda en el sur de Gaza es una estrategia para despoblar el norte, tal como planea el ejército israelí.

Mientras que la anterior red de distribución dirigida por la ONU operaba en unos 400 puntos de la Franja, el GHF solo ha establecido cuatro «megacentros» para los 2,3 millones de habitantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 616.000 gazatíes se han visto obligados a desplazarse en el interior de la Franja desde la violación israelí del alto el fuego, el 18 de marzo. Algunos tuvieron que huir hasta 10 veces porque los bombardeos a los albergues son “habituales”.

Los bombardeos incesantes y las 31 órdenes de desplazamiento atrapan a cientos de miles de personas en espacios cada vez más reducidos. El 19 de mayo, una sola orden de desalojo a gran escala en Jan Yunis afectó al 22% de la población de la Franja, mientras que otra orden emitida el 26 de mayo afectó al 40% del centro y el sur de Gaza.

Las zonas militares prohibidas cubren ahora alrededor del 80% de Gaza, sin que ninguna zona haya quedado a salvo de los ataques.

En tanto, la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, exigió que se investigue la “ejecución sumaria” de Kamal, el último de sus 310 trabajadores asesinados por el ejército israelí. El hombre, que trabajó 20 años para Naciones Unidas, había salido de su casa el 23 de marzo con uniforme de la ONU y en un vehículo identificado. El cadáver fue encontrado esta semana en una fosa común junto con los cadáveres de otros trabajadores de la Media Luna palestina. Este martes la UNRWA denunció la “incursión ilegal” de colonos y de al menos un parlamentario israelí en su sede principal en Jerusalén Este.

Un régimen infanticida

El Ministerio de Salud de Gaza informó que 16.506 niños palestinos, identificados por nombre y apellido, han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 916 bebés menores de un año.

Según los datos, 4.365 de los niños tenían entre uno y cinco años, y 6.101 entre seis y 12. El resto de las víctimas tenían entre 13 y 17 años.

De los bebés, 343 tenían menos de un mes. Algunos murieron en ataques aéreos israelíes, mientras que otros fallecieron a causa de los cortes de electricidad que inutilizaron equipos médicos esenciales, como incubadoras, o provocaron retrasos en la recepción de atención médica crítica.

El ministro de Sanidad palestino afirmó que más de dos docenas de niños habían muerto recientemente por causas relacionadas con la inanición y que muchos miles más estaban en peligro. “En los últimos días hemos perdido a 29 niños”, declaró a los periodistas el ministro de Sanidad palestino, Majed Abu Ramadan.