Los trabajadores frente al Proyecto Neptuno

A movilizarnos contra las PPP y por la anulación del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo

El pasado 23 de enero, OSE firmó el polémico contrato con la empresa Consorcio Aguas de Montevideo para la construcción del Proyecto Neptuno en la zona del balneario Arazatí, departamento de San José.El consorcio está formado por las empresas Saceem S.A., Berkes S.A. y Ciemsa y Fast Ltda., empresas fuertemente vinculadas a las obras que el estado uruguayo realiza a través de PPP, rutas, infraestructura vial, saneamiento, parques eólicos, plantas de tratamiento de aguas y residuos como así también las obras de UPM y el tren central.

El proyecto Neptuno incluye una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería aductora y consiste en extraer agua del Río de la Plata por medio de una toma en la zona de Arazatí, a unos 80-90 km de Montevideo. Esa agua luego pasa por una planta y se puede sumar al sistema de abastecimiento de agua potable de Montevideo y zona metropolitana. Según la vice directora de Ose, Esc. Susana Montaner, Neptuno constituye una nueva fuente infinita de agua dulce y es la “mayor inversión el agua potable de los úlitmos 150 años”. La “mayor inversión en la historia del país”, como reza siempre al pie de cada proyecto privatizador que se anuncia, como si es data fuera el suficiente para justificar cualquier cosa.

Desde sus inicios, la iniciativa generó conflictos y fuerte rechazo, fundamentalmente sobre tres aspectos. En primer lugar, existen claros cuestionamientos sobre el impacto ambiental de la construcción de la planta en el lugar elegido por la afectación de la biodiversidad vegetal y animal, daño a dunas y áreas protegidas, contaminación de aguas subterráneas y la pérdida de ese espacio para uso de la comunidad. En segundo lugar, la comunidad científica perteneciente a la Universidad de la República no está de acuerdo con que esta sea la forma más eficiente y adecuada de proveer de agua potable a la población de la zona metropolitana. Los informes científicos advierten sobre los niveles de salinidad, los volúmenes de materia orgánica en la zona y la abundante presencia de cianobacterias; características que requieren de complejos y costosos procesos para la potabilización. En tercer lugar, los términos del contrato entre el consorcio privado y la empresa estatal OSE violentan el artículo 47 de la Constitución que resultado del plebiscito del año 2004 que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. En este sentido, Ffose y organizaciones ambientalistas presentaron recursos de inconstitucionalidad y nulidad. Este 6 de frebrero, el TCA rechazó la acción de nulidad presentada por la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra con el argumento de que fue presentado fuera de los plazos legales. El TCA tomó como fecha a considerar la de publicación de la resolución de OSE y no la de publicación del pliego de licitación impugnado, una jugarreta legulella notoria.

En materia económica, la inversión privada ronda los 300 millones de dólares, pero el Estado terminará pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares, tres veces más, redundando en una gran rentabilidad para los inversores y un aumento en las tarifas de los usuarios para hacer frente a los pagos a los pagos al consorcio. Sobre esto, Montaner explicó que el modelo de negocio corresponde a que fueron mandatados por OPP y MEF, ya que de esta forma no se genera deuda pública, no aumenta el déficit fiscal, ni se afecta el grado inversor del país.

Con la firma de este contrato, el gobierno saliente le deja un fierro caliente al FA, quien ya se pronunció rechazando su firma. El ex fiscal Jorge Díaz, futuro Prosecretario de Presidencia de Yamandú Orsi, manifestó que hubieran preferido que no se firmara, pero ahora ya está hecho y se estudia en profundidad las alternativas, ya que rescindir el contrato no es la opción número uno por compleja y costosa. “Los contratos se firman para cumplirse”, y advirtió que la rescisión implicaría multas y demandas por daños y perjuicios que podrían generar un costo “sideral” para el Estado. Asimismo, destacó que Uruguay siempre ha honrado sus contratos y esto le ha permitido mantener un buen posicionamiento internacional.

Por el contrario, Edgardo Ortuño, futuro ministro de ambiente del gobierno de FA y miembro del Directorio de Ose, no descartó rescindir dicho contrato y ya presentó un recurso de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El proyecto, aún con las modificaciones presentadas en el memorandum de entendimiento adjunto al contrato, provocaría una situación de “desfinanciamiento crítica” de OSE, “afectando sus posibilidades para prestar adecuadamente sus servicios y para construir obras imprescindibles como la represa de Casupá” según Ortuño.

Está claro que este tema divide aguas dentro del FA y el futuro gobierno debe resolver si se mantiene el contrato negociando algún aspecto o si toma posición por los reclamos de las organizaciones sociales, ambientalistas y de sus propias bases rescindiendo el mismo y afrontando las posibles denuncias y multas de las multinacionales involucradas.

Mientras tanto, según informa Alejandro Ruibal, director ejecutivo de Saceem, el consorcio avanza aceleradamente para iniciar la construcción y a dos semanas de la firma ya contrató a los directores de proyecto y concretó la compra de materiales. La puesta en marcha de las obras confirma que hay completa seguridad de que el proyecto no dará marcha atrás.

En estos momentos Orsi y su equipo se encuentran negociando intensamente con las empresas si es posible establecer algún cambio para lavarle un poco la cara y minimizar alguno de sus impactos, conjuntamente se estableció un compás de espera que neutraliza y dispersa la oposición al mismo ya que hay distintas expectativas al respecto. Desde cuestionamientos ambientales, técnicos, económicos y políticos.

El 23 de enero, la Federación de funcionarios de OSE se movilizó a la Torre Ejecutiva junto con organizaciones que rechazan la decisición del gobierno de Lacalle Pou llamando a enfrentar la privatización del agua potable y la adquisición de una deuda que pagaremos todos para un servicio que no será técnicamente el más apropiado.

En palabras de Jorge Díaz, la decisión final está en manos del futuro presidente Yamandú Orsi y por el momento las discusiones se mantienen en condiciones secretas, Tal parece que esperar y rogar por su apoyo a los reclamos populares es la política definida tanto por los partidos que se oponen al proyecto como para la dirección sindical del Pit-Cnt que no ha emprendido ni tiene planteada una campaña de movilización y lucha en defensa del agua que imponga sin ambagues la anulación de este contrato leonino que significa un desembolso millonario por casi 20 años y que no resolverá los problemas de abastecimiento de la población.

La anulación de este contrato con el consorcio Aguas de Montevideo y las empresas que lo conforman sería un hito importante en el camino de frenar las privatizaciones y el proceso de endeudamiento al que estamos sometidos tanto por los gobiernos conservadores como progresistas. Recordemos que estas empresas están a cargo de grandes proyectos gracias a ley 18.786 de Participación Público Privada, aprobada durante el gobierno de José Mujica en 2011 y que su aplicación ha sido sostenida desde entonces por los todos los gobiernos siguientes. Nada indica que se vaya a reveer este mecanismo privatizador, incluso de anularse el tan cuestionado proyecto.

La lucha contra el contrato con Aguas de Montevideo por el Proyecto Neptuno no puede darse al margen de la lucha contra las PPP, ya que la anulación o modificación del Proyecto de ninguna manera debe ser reemplazado por otro tal vez mejor ubicado o menos costoso pero bajo el mismo régimen de contratación.

La única garantía para frenar este negociado es impulsar una gran campaña y movilización que deje claro cuales son los intereses y necesidades de los explotados, exigir pronunciamientos y medidas de lucha al Pit-Cnt, a la FEUU, a los partidos políticos que dicen estar con esta causa, agrupar a todas las organizaciones, militantes y trabajadores en defensa del agua como un derecho humano esencial y un bien inprescindible que no puede estar sometido al lucro de las grandes empresas capitalistas.