Los trabajadores empujados a la precariedad habitacional

Los alquileres aumentan año a año entre 7% y 9%, en los últimos tres años, por ejemplo, en diciembre de 2022, el promedio de alquileres era de $18.107¹, mientras que el salario mínimo se ubicaba en $19.364. En 2024, el salario mínimo se ubicaba en $22.268 y el promedio de alquileres estaba en torno a $19.900 (según informe de Ámbito Financiero, el costo es de $27.000²). Según consigna Búsqueda (13/03/2025), el promedio de alquileres a nivel nacional es de $20.274, mientras que coloca los aumentos en 5,54%, un número por encima de la inflación.

Habiendo unos 85.000 contratos de alquiler (donde priman los de un dormitorio), es de destacar el precio de los monoambientes, en relación al salario y la línea de pobreza: el costo de esta vivienda en promedio (que ronda los $17.000), es prácticamente el costo del salario mínimo, que a su vez, es el costo en que se ubica la línea de pobreza para una persona, un total de $19.000 en mano.

Una persona que viva sola y cobre el salario mínimo, no sólo está por debajo de la línea de pobreza, sino que es casi imposible que acceda a un alquiler.

¿Dónde vive la clase obrera?

Los indicadores mencionados, se traducen en el aumento de la indigencia a nivel nacional; sólo en Montevideo en 2024, hubo cerca de 3000 indigentes y de la precariedad en el acceso a la vivienda: unas 134.000 personas, es decir, 9 de cada 100 montevideanos viven en asentamientos irregulares, que sumaron un total de 344 en 2024 (más de la mitad de los 650 que existen a nivel nacional). Este punto debe hacerse una salvedad: si bien se ha reducido en 40 la cantidad de asentamientos en Montevideo desde 2006, ha aumentado la cantidad de personas que los habitan en particular de aquellas que antes de vivir en asentamientos, alquilaban. Según consigna El Observador (09/12/2024) este fenómeno se da particularmente en seis nuevos asentamientos, distribuidos en zonas como Lezica y Nuevo París.

Todas estas personas sufren consecuencias prácticas de distinto tenor: falta de acceso a los servicios básicos como energía eléctrica y en algunos casos, agua potable, saneamiento, caminería, alumbrado público, transporte, centros de salud y educativos, etc.

El Estado no garantiza los requisitos para practicar el derecho a la vida, condenando a la más absoluta precariedad a cientos de miles de personas a nivel país, mientras los gobiernos de las intendencias y el nacional “se pasan la pelota” unos a otros.

Lo anterior debe compararse con datos del censo 2023: un 10% de las viviendas en Montevideo y dos de cada diez a nivel nacional, están vacías (La Diaria 25/02/2025).

Lejos de potenciarse la construcción con fines habitacionales, en los últimos 15 años han habido más viviendas construidas y registradas, que nuevos habitantes: por lo que el problema radica en que la clase obrera no tiene forma de pagar para tener un lugar donde vivir temporalmente.

Mientras tanto, los especuladores amasan fortunas

Esta crisis habitacional se expresa de forma constante desde hace décadas, habiendo pasado todos los gobiernos en el ámbito nacional que fomentan la especulación inmobiliaria y enormes exoneraciones fiscales a las empresas constructoras. Por ejemplo, con la Ley de Vivienda Promovida, se exonera de IRAE, IRPF, IRNR y de Impuesto al Patrimonio por 10 años, otro tanto para aquellas amparadas bajo el régimen de construcciones de interés social. Un gigante negociado para los para las cámaras empresariales tanto para la construcción en el que el Estado renunció a cobrar unos U$S80 millones, según informa La Mañana (23/12/2024) citando al SUNCA; como para el sector inmobiliario, que año a año aumenta sus ganancias y disminuye el tiempo de rotación de los alquileres.

Mientras tanto, a tono con lo que fue la campaña electoral, políticos de todo signo partidario tienen tal o cual denuncia por impagos, deudas y evasiones al fisco, utiliazando la palestr pública como escenario de un permanente ajuste de cuentas. Sin embargo, es necesario colocar nuevamente el tema de fondo: ¿dónde viven quiénes cobran 10 o 20 veces menos que los parlamentarios y ministros?

El problema de la vivienda, así como el del salario son claves a la hora de desarrollar un programa que ponga por delante los intereses de la clase trabajadora. Nadie que cobre un salario de $25.000 por mes, puede sustentarse a sí mismo y menos, a una familia sin recurrir a pagar los alimentos a crédito, a la vivienda precaria, a que sus hijos se críen en la incertidumbre.

Fijemos una orientación

Un programa muy mínimo e inmediato, implica sostener que existan soluciones habitacionales concretas, que se pongan a disposición de los trabajadores todas las viviendas vacías, apertura de los libros contables de las empresas, salario mínimo igual a la canasta, impuestos progresivos al gran capital, legislación que prohíba la especulación inmobiliaria.

En términos de perspectiva, hay que superar este régimen capitalista, a todas luces incompatible con la vida de la mayoría de la población, mientras que una minoría de banqueros y empresarios se “hacen la América” con un régimen impositivo hecho a medida. El Estado (y sus gobiernos), es cómplice y responsable, por eso es necesario denunciar y organizar una respuesta como clase frente a estos ataques permanentes.

Sólo una economía planificada a partir de las necesidades de la clase obrera, donde la propiedad sea estatal puede poner fin a las penurias cotidianas. Una vez más, se trata de socialismo o barbarie.