El Código General del Proceso Penal contiene el conjunto de normas jurídicas que regulan los procesos penales y en el parlamento se está discutiendo su reforma. Una reforma semejante es de gran importancia, es en el mismo donde se establecen las garantías y procedimientos en materia penal. Pero, a su vez, es un reflejo de la visión de un sistema político en la medida que sus transformaciones pueden ser garantistas o autoritarias, con consecuencias reales y muy complejas.
En el marco de esta reforma y sus discusiones parlamentarias es que vuelve a surgir una discusión en torno a los menores que transitan por el sistema penal. En particular, el punto más controvertido es la prisión preventiva de los menores por un año en el caso de que cometan delitos graves o gravísimos (homicidio, violación, rapiña, extorsión y tráfico de estupefacientes), donde se establece el mismo tiempo de prisión preventiva para menores y mayores de edad.
Este punto no es solo cuestionado en materia de política partidaria, varios especialistas y organismos que velan por los Derechos de los niños y adolescentes cuestionan este punto.
La crítica surge porque establece penas similares a adultos y a menores. Si este punto no se modifica nos vemos ante dos grandes problemas: uno es que la ciudadanía ya se expresó sobre este punto no apoyando el plebiscito y otro, aún más importante, es la tendencia punitiva que se manifiesta en este proyecto.
El debate sobre la edad de imputabilidad penal previa al plebiscito, estuvo marcado por una agenda en materia de seguridad de derecha y electorera. Ninguno de los argumentos a favor de dicha medida tenía sustento en la realidad ni las recomendaciones de especialistas en la materia. Para empezar, el delito de los menores es sustantivamente menor al realizado por los adultos, se estima que del total de los delitos solo un 10% son realizados por menores. Este último punto tampoco tiene en cuenta que muchos de estos delitos pueden tener un autor intelectual mayor de edad.
Otro de los puntos sustanciales del debate es el manejo irresponsable de la información por políticos oportunistas y la complicidad de los medios de comunicación. Gran parte de la población parece estar convencida de que los menores de edad no son responsables penalmente, lo cual es falso, a partir de los 13 años de edad se puede ser responsable penalmente, pero en manera diferencial a los adultos.
En los últimos años se ha evidenciado un proceso de inflación penal que sitúa a Uruguay en el país con mayor cantidad de presos por habitantes de América del Sur, a pesar de ser el país con menor delincuencia de la región.
Las investigaciones en materia de criminología y sociología jurídica han evidenciado que un endurecimiento de las penas no disminuye el delito. Por el contrario, la cárcel es uno de los mecanismos más perversos para la reproducción del delito. No solo por las oportunidades posteriores a la cárcel, sino por la propia selectividad del sistema penal, donde los reclusos son la población más pobre y vulnerada.
Más allá de las discusiones legales, lo que se pretende es volver sobre los puntos que nos posicionaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad y de medidas extremadamente punitivas.
La descomposición de las relaciones sociales, la criminalización del Estado y la podredumbre de la sociedad son el subproducto de un régimen social decadente. Atacar las consecuencias de esa descomposición y defender el sistema que las causa con métodos policíacos es el rol de una fuerza que le ha confiscado el programa político a la derecha. El gobierno y todos sus parlamentarios son la punta de lanza de esta avanzada derechista, que condena crecientemente a los adolescentes a los sumideros humanos de retención.
Precarización laboral o hacinamiento y degradación en las cárceles es el menú que ofrece a la juventud una coalición que llamaba a “defender la alegría” (al mejor estilo Macri). La bancarrota no podría ser mayor.
La izquierda es otra cosa.
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-PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN
-ESTABILIDAD LABORAL – FUERA BECAS, PASANTIAS Y TERCERIZACIONES
-CARCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS Y TORTURADORES
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