Desde el comienzo del año distintos personajes del gobierno se han ocupado de adelantar la política que aplicarán ante la nueva ley de presupuesto que regirá hasta el 2020: “control fiscal” y gasto “cero”. La imagen “responsable” que busca dar Astori, Ministro de Economía y Finanzas está dirigida a los organismos financieros internacionales, y en particular al Fondo Monetario Internacional. El objetivo planteado por el FMI a principios de año fue que el déficit fiscal sea reducido a 2,5% del PBI en este 2018 (algo que no se va a alcanzar), por eso el ministro hace incapié en que con cada gasto que se aumente en el presupuesto, debe haber un correspondiente financiamiento. Este principio ordenador, aunque a simple vista pareciera lógico, en los hechos funciona confiscando los recursos populares que van a parar a las arcas del capital financiero y las grandes empresas que obtienen subsidios estatales. El gasto que suponen los pagos de intereses de deuda (más de US$ 3.000 millones por año) y los subsidios a empresas (US$ 2.000 millones) se financia con los impuestos directos e indirectos que pagan los trabajadores (aproximadamente un 70% de lo que recauda el Estado).
Para empezar a discutir el reparto de recursos, el gobierno deja afuera del debate toda esta estructura de súper-gastos (“compromisos financieros”) y busca que todo se centre en el movimiento de los recursos que restan. Es en este espacio que “todo gasto debe tener su correspondiente financiamiento”. En definitiva esa premisa apunta a las reivindicaciones y reclamos que colocan los sindicatos y movimientos sociales, que ven cómo van a parar sus recursos a los bolsillos de los empresarios.
La educación y los derechos –vulnerados- de los trabajadores.
Es en este contexto que se ubica la educación, la vivienda y la salud, baluartes esenciales que se encuentran condicionados por los “compromisos” con una clase social que no tiene nada para ofrecer más que miseria.
Este año, han quedado afuera de la Universidad más de 4.000 estudiantes por razones de cupos y falta de becas, entre otras limitaciones. Se suman a los miles que años anteriores no han podido ingresar. Las carreras con cupos limitados, donde los estudiantes dependen de un sorteo o una prueba de ingreso son una realidad. Los cupos para cursar materias, la falta de horarios y turnos para que puedan asistir los trabajadores y la superpoblación de las clases son otros mecanismos que también dificultan la permanencia en la Universidad.
La UdelaR recibió para este 2018 tan solo un 7% del presupuesto solicitado, las conclusiones están a la vista. Para terminar con la situación precaria en la que se encuentran muchas facultades hay que lograr un presupuesto mínimo del 6% para ANEP y UdelaR. Pero para que el conjunto de los trabajadores y sus hijos tengan acceso a la educación no solo hay que mejorar el presupuesto educativo. Es necesaria una lucha de conjunto contra el presupuesto armado por el FMI e impulsado por el gobierno, al que hay que contraponerle un presupuesto al servicio de las mayorías, que son los trabajadores. Es imprescindible aumentar el presupuesto para la salud, que está en una profunda debacle beneficiando a las privadas y precarizando el servicio; es urgente también una política nacional de vivienda; y por otro lado, es necesario rechazar rotundamente el fortalecimiento presupuestal de las fuerzas represivas. Los ministerios de Interior y Defensa se llevan una buena parte de la torta presupuestal de los ministerios (el 47%), para profundizar las políticas de razzias en los barrios pobres, estigmatización de la juventud y gatillo fácil.
De conjunto queda clara la orientación de Vázquez, Astori y cía. Presupuesto de ajuste, beneficios para el capital financiero, UPM y grandes empresas, acompañado de fortalecimiento policial y militar: un cóctel explosivo.
El lugar de los estudiantes
Está sobre la mesa la discusión de todas estas problemáticas. A las movilizaciones y ocupaciones de secundaria (de docentes y estudiantes) se le están sumando las iniciativas de asambleas en las facultades que alimentarán la campaña. La huelga y la ocupación de las facultades deben ser los próximos pasos, acompañadas de una plataforma reivindicativa integral: terminar con los cupos y falta de turnos en la Universidad, por guarderías y salas de lactancia en todas las facultades, por la gratuidad de los posgrados, por más y mejores becas estudiantiles, vamos por el 6+1% del presupuesto para ANEP-UdelaR sobre la base del no pago de la deuda externa y el fin de los subsidios a los capitalistas. Por un presupuesto al servicio de los trabajadores y que la crisis la paguen los patrones.
Tenemos una enorme campaña por delante ¡Vamos a fondo con esta lucha!
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