La jornada del 27 de junio de 1973
En las primeras horas del 27 de junio de 1973, el presidente Bordaberry decretaba la disolución del Parlamento. Recién conocida la noticia, en el Senado de la República se sucedían los fogosos discursos de los parlamentarios opositores:
Wilson Ferreira Aldunate: “Desde hoy, el Partido Nacional se considerará en guerra contra Juan María Bordaberry, enemigo del pueblo. Me permitirán con mi emoción más intensa, me permitirán que antes de retirarme de sala, arroje al rostro del autor de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será el vengador de la República: ¡VIVA EL PARTIDO NACIONAL!”.
Amílcar Vasconcellos: “Hoy, cuando se confirman nuestros temores, por lo que se inquietaban los que hoy pretenden vulnerar la Constitución y la ley e incluso promovían parodias de juicios, cuando se confirman sus nefastos designios liberticidas, yo lanzo al país el grito inmortal, el grito que es de paz pero también puede ser de guerra, el grito de ¡VIVA BATLLE!”.
Francisco Rodríguez Camusso: ‘Todo esto no responde al impulso canallesco de algún energúmeno situado en el poder, sino que forma parte de un contexto general. La tortura, la persecución alevosa, los negociados más sucios, culminan con este asalto al Parlamento. Es la más canallesca maniobra de la rosca y, porque confiamos en el pueblo, les decimos a los rosqueros golpistas que junto al pueblo estaremos y de ahí ¡NO NOS MOVERAN!”.
Después de tanta promesa de “guerra” y “venganza”, los senadores raudamente… “se movieron“: Cuando eran la 1 y 40 de hoy se dio por terminado el acto. En ese momento, otra salva de aplausos y vivas a la democracia y a las libertades llenó el majestuoso recinto del Senado” (1 ).
Vale la pena transcribir el testimonio del actual presidente de la República, Luis Alberto Lacalle: “En el Palacio Legislativo escuché los discursos del Senado. En una de las escaleras nos despedimos con Héctor Gutiérrez que venía muy apurado con unas carpetas. Quizás ingenuamente, (yo) pensaba que los legisladores nos quedaríamos para simbolizar la custodia del Palacio, pero apenas terminó la sesión aquello se desperdigó por completo. Me fui a casa y dormí, costumbre que jamás he perdido y que creo que es buena. Como a las cinco de la mañana mi esposa, que se había quedado escuchando la radio, me despertó y me dijo que estaban pasando un comunicado. Le contesté: ‘Mañana me preocupo’, y seguí durmiendo” (2 ).
Las poses y discursos que amenazaban con “irse a las cuchillas” remedando a los caudillos del siglo pasado, pronto se trocaron en huidas sigilosas y en el menos arriesgado “desensillar hasta que aclare”. El Parlamento hacía “mutis por el foro”.
Era la culminación de un proceso iniciado en los años anteriores, en el que el Parlamento fue pasando progresivamente a un segundo plano, aceptando jugar un papel decorativo, de “hoja de parra” de un régimen policial, y las FF.AA. aparecían cada vez más como el eje de la situación política.
Mientras los parlamentarios se dispersaban en la noche, la clase obrera entraba en escena.
A primeras horas del día, los trabajadores comenzaban a ocupar los lugares de trabajo. Sin ninguna directiva de la central sindical, sin mucha discusión, las asambleas organizaban la ocupación, buscaban establecer contactos con los sindicatos, con otras empresas ocupadas de la zona, con los estudiantes, con los vecinos.
Sobran los testimonios que prueban que la huelga surgió como una respuesta genuina de las bases obreras:
“Me enteré del golpe a las cuatro de la mañana, con las marchas militares en la radio. Antes de ir a la fábrica, pasé por el sindicato de la química. Los compañeros ya estaban al tanto. Llegué a Benzo 15 minutos más tarde, y me llevé la sorpresa de que ya habían parado” (3 ).
“FUNSA era de los gremios que bregaban por la huelga general, por eso, cuando entraron en danza los rumores de golpe y los milicos salieron a buscar dirigentes, el tumo de la noche marcó el rumbo sin esperar la consulta con la CNT; por supuesto, el compromiso ya estaba tomado en la central” (4 ).
“En Alpargatas se ocupó y desocupó como seis veces. El 27 en la madrugada el tumo de la noche ya había comenzado la huelga, a pesar de que la medida nunca fue instrumentada por la CNT” (5 ).
Esta era la realidad en la inmensa mayoría de las fábricas y lugares de trabajo, en las primeras horas del 27 de junio: luego serían innumerables los testimonios que revelan la firmeza, el valor, la heroicidad con que los explotados enfrentaron el golpe y la represión.
La situación en la madrugada del 27 de junio era una perfecta radiografía de la sociedad, de la actitud de las distintas clases sociales ante el golpe de Estado y la represión militar. Los partidos burgueses ya no eran seguidos por el conjunto de los explotadores, que pretendían un “ajuste de cuentas con los sindicatos; los parlamentarios, de “adorno” para engañar a las masas se habían convertido en un simple estorbo para una ofensiva estratégica contra la clase obrera. Ante la pérdida de su antiguo “status” los legisladores hicieron oir sus “quejas” pero fueron incapaces de enfrentar a los golpistas. La clase obrera demostró ser la única capaz de dirigir la lucha por las libertades democráticas y por la emancipación nacional y social.
Los antecedentes que llevaron al desenlace del 27 de junio son desarrollados en los siguientes capítulos.
La reforma constitucional del ’66
En el año 1966 triunfa la “reforma naranja” que estableció un régimen presidencial, limitando los poderes del Parlamento y fortaleciendo las atribuciones del ejecutivo unipersonal (poder de veto, tratamiento de leyes de “urgente consideración”, medidas prontas de seguridad, posibilidad de disolución de las cámaras en caso de censura a un ministro).
El régimen suplantado se basaba en un Ejecutivo “colegiado” de 9 miembros, seis del partido ganador (cuatro de su “sublema” mayor, y dos del segundo “sublema”) y tres del segundo partido. La burguesía acusó al colegiado de ‘lento” e “ineficiente” y presentó al presidencialismo como la salida a la crisis nacional. En realidad la “reforma naranja” era una expresión de su necesidad de imponer una autoridad única, centralizar la política de hambreamiento y represión al movimiento obrero, y establecer un árbitro inapelable para zanjar las controversias entre las fracciones capitalistas en pugna. El régimen colegiado ya no servía porque llevaba la deliberación al seno del propio ejecutivo, forzando a negociaciones entre distintas trenzas burguesas y dilatando las resoluciones. Sin embargo, las primeras “medidas prontas de seguridad” contra el movimiento obrero fueron tomadas bajo la constitución “colegialista”, bajo gobiernos de mayoría colorada (contra la huelga de salud pública y contra los funcionarios públicos, en 1952) y de mayoría blanca (contra los estatales y los bancarios, en 1965).
Lo que la adopción del “presidencialismo” vino a indicar es la necesidad del conjunto de la burguesía de ir a un ataque a fondo contra las masas y por otro lado la necesidad de los sectores del gran capital ligados al imperialismo yanqui (principales impulsores de la “naranja”) de proceder a un “ajuste”, llevando a la quiebra a los competidores (principalmente ligados al capital europeo), y a una mayor monopolización. Este drástico viraje en las condiciones de explotación de los trabajadores y en la monopolización económica por el capital financiero (particularmente pro-yanqui) exigían acabar con el “colegiado”.
La crisis del gobierno Gestido y el “pachecato”
El comúnmente llamado “pachecato” en realidad comenzó bajo la presidencia del General Gestido. El gobierno de Gestido se vio sacudido por diversas crisis entre los distintos sectores capitalistas integrados al gabinete. Ante la inconsecuencia con que el primer gabinete manejaba la firma de un acuerdo con el FMI, la fracción de Jorge Batlle lo comienza a atacar y provoca una crisis de gobierno. Gestido nombra un equipo económico anti-acuerdo con el FMI, con Vasconcellos y Michelini, mientras otros cargos del gabinete continuaban en manos pro-FMI.
Este gabinete fue sometido al más completo sabotaje por parte del capital financiero (evasión de capitales, especulación) lo que implicó un aumento del costo de vida y una crisis de divisas (se volatilizaron las “reservas”). Gestido liquida a este gabinete impotente y en acuerdo con la lista 15 elige un nuevo ministerio que devalúa la moneda en un 100%, prepara el acuerdo con el FMI y se dirige a un brusco ajuste de cuentas liquidando al capital que sobrevivía por la inflación y el crédito fácil. A su vez se produce un violento ataque contra el movimiento obrero (medidas de seguridad contra los bancarios, en octubre del ’67) que detona la caída del gabinete Vasconcellos-Michelini e inaugura el “pachecato” incuso antes de la muerte de Gestido.
En diciembre, Pacheco decreta la clausura del castrista “Epoca” y la ilegalización del PS, el MRO, la FAU y el MIR.
Durante 1968 esta orientación se acentúa con un nuevo “devaluazo” en abril (100%), se decretan medidas de seguridad (13/6) contra el movimiento obrero, se decreta la congelación de los salarios (28/6), se militariza a los trabajadores bancarios, UTE, ANCAP, OSE, telecomunicaciones (junio/julio), se censura a la prensa, se dispara sobre las manifestaciones, se asesina a Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, militantes estudiantiles…
El régimen policial está apenas encubierto con la “fachada” del parlamento impotente. El ejecutivo desconoce abiertamente las resoluciones del legislativo (por ejemplo, el parlamento levantaba las medidas de seguridad y el gobierno las reinstauraba al día siguiente; el parlamento derogaba la “militarización” de trabajadores o levantaba la clausura de diarios, y Pacheco lo desconocía). Las medidas de seguridad rigen en forma continua desde el 13 de junio de 1968 hasta después de las elecciones de noviembre de 1971 (las que se realizan bajo el “estado de sitio”), con la única interrupción del trimestre marzo-junio de 1969.
La política económica del pachecato estuvo en manos de los Jorge Batlle y los Ramón Díaz, quienes fueron responsables de los “devaluazos” y las “congelaciones”, ambas medidas dirigidas a confiscar los ingresos de los trabajadores. Según estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, el salario real al 31/6/68 equivalía a un 53% del salario de 1957.
Bajo el argumento de la “lucha antisubversiva” se produce una creciente “militarización” del Estado: a las medidas enumeradas más arriba se suma la militarización de la policía y la dirección de la lucha contra los “tupas” por el ejército. Al entrenamiento de la policía por agentes de la CIA y el FBI norteamericanos, seguía la conformación de “escuadrones de la muerte” entrenados por esos mismos organismos y por los “servicios” de Argentina, Brasil y Paraguay. Este proceso se llevará hasta las últimas consecuencias bajo el gobierno de Bordaberry.
El ascenso de masas de 1968-1969
Durante los años 1968 y 1969 se produce un ascenso huelguístico que enfrenta la congelación salarial y las medidas prontas de seguridad, mediante las cuales se decretaba la militarización de funcionarios públicos y trabajadores bancarios, el encarcelamiento de cientos de dirigentes y militantes sindicales, etc.
Durante 1968 se produjeron importantísimas luchas en bancarios, en UTE, en el puerto, que marcaron una tendencia a la huelga general. La dirección de la CNT bloqueó constantemente la unificación de las luchas y se valió de lo» paros generales aislados para “descomprimir” el ascenso obrero, negándose sistemáticamente a lanzar un plan de lucha de conjunto que preparase la huelga general, medida reclamada por diversos gremios dirigidos por la oposición sindical.
Esta política de la burocracia cenetista permitió la vigencia del estado de sitio y del congelamiento salarial decretado por el gobierno, bajo el cual se produjo una caída histórica del salario real.
En 1969 la lucha de clases se agudiza: los obreros frigoríficos protagonizan una poderosa huelga general, que recibe el apoyo solidario de los ferroviarios (que se niegan a transportar ganado) y de los portuarios y otros gremios; en el gremio bancario se produjo el desplazamiento de la vieja dirección stalinista — responsable de graves derrotas en 1967 y 1968— por sectores sindicales “combativos” y se preparaba una nueva lucha salarial.
En ese marco, la CNT resolvió el 18/5 que “debe orientarse al movimiento sindical para confrontaciones que decidan la quiebra de la congelación salarial, la reposición de los despedidos y para el enfrentamiento de nuevas escaladas represivas (militarizaciones, más medidas de seguridad, etc.)”. El 11 de junio se realiza un paro general de una contundencia sin precedentes, que expresaba las tendencias profundas del movimiento obrero a una lucha de conjunto. Los trabajadores de UTE —derrotados en 1968 con la “militarización”— anunciaban nuevos paros y el corte del suministro de la energía eléctrica si el paro del 11/6 daba lugar a represalias; los municipales cumplían un paro de 96 horas y los estatales uno de 72; los gráficos y los periodistas paraban en defensa de las fuentes de trabajo y por la libertad de prensa (contra la clausura del diario “Extra”).
Pacheco Areco decretó la militarización de los gremios estatales y reimplantó las medidas de seguridad el 24/6. Ese día la policía allanaba el local de la CNT y detenía en todo el país a 800 militantes sindicales. Las medidas de seguridad encontraban ahora al movimiento de las masas en auge. La nueva escalada represiva estaba en marcha y, en consecuencia, el 25 de junio el Congreso Obrero Textil — apoyado por bancarios, la salud, FUNSA y la federación de profesores— proponía a la CNT cumplir la resolución del 18/5 declarando la huelga general por tiempo indeterminado. Recién tres días después la mayoría de la dirección de la CNT (PCU) respondió rechazando la huelga general y convocando a un paro general aislado para el 2 de julio y con exclusión de los gremios militarizados.
La huelga general indefinida era la única medida efectiva que la situación indicaba entonces, porque todo el movimiento obrero había evolucionado políticamente por encima de las medidas de lucha parciales en que casi la totalidad de los gremios estaban embarcados en ese momento, por lo que puede decirse que en realidad la movilización obrera se orientaba decidida y naturalmente a la huelga indefinida. De hecho cientos de miles de trabajadores estaban en huelgas sectoriales en junio/julio de 1969. No haber declarado la huelga general en aquel momento significó un duro golpe contra la continuación de la huelga frigorífica que, aislada, se levantó precisamente en esos días; el repunte del combate en UTE, aislado, quedó sometido ante la militarización decretada por el pachecato, provocando una derrota que anuló al gremio para cualquier lucha en el futuro inmediato. Otra nefasta consecuencia de esta política fue el aislamiento de la gran huelga bancaria que recién empezaba, y duró 75 días a pesar del boicot de la CNT.
Por todas estas razones, la defección del PC ante la propuesta de huelga general indefinida —y luego la traición a la huelga bancaria de junio/setiembre de 1969—liquidó el alza de 1968/1969 y abrió un curso de retroceso que se mantuvo por varios años.
El dirigente del SUNCA Mario Acosta, defendía esta orientación frenadora argumentando que los resultados de la táctica desarrollada debían medirse no por la parálisis y desmoralización obreras, sino porque “se ha desgastado al gobierno, se lo ha aislado, se ha calado hondo en las masas la conciencia de cambios profundos, se ha acentuado el deterioro de los partidos tradicionales. Y se ha conservado íntegra, en lo esencial, la fuerza del movimiento obrero y popular. Sus componentes se han afianzado, prestigiado, crecido y unido” (6 ).
En esta respuesta a las críticas de la oposición sindical, el arismendismo desnudaba la subordinación de las luchas obreras a la contienda parlamentaria y electoral con los partidos tradicionales, y a las alianzas con la democracia cristiana, sectores blancos y colorados, e incluso sectores del ejército, con miras a 1971.
Es un hecho que en el período 1968/1969 se logró una gran influencia proletaria sobre las capas medias, probada en las movilizaciones estudiantiles, las huelgas bancarias, las huelgas de los estatales, el apoyo popular a la huelga de la carne, etc. Esta influencia retrocedió notablemente porque la dirección stalinista del movimiento obrero diseñó su táctica para usar esa influencia en el terreno electoral. Como consecuencia del estrangulamiento de la huelga general y el pasaje a segundo plano de las luchas obreras, se dio —al contrario de lo que dice Acosta— una recomposición del destrozado Partido Nacional, que comenzó a arbitrar con mayor fuerza en la crisis política y se constituyó —con el ferreirismo— en una alternativa para la numerosa clase media.
El PC sostenía que una huelga indefinida en junio de 1969 hubiera obligado a Pacheco a utilizar todos los recursos represivos a su alcance, mientras que “la táctica empleada cumplió el rol de crear unas mejores condiciones para que el pueblo actúe en el período político que ahora se acerca. De alguna manera, ese era uno de los fundamentos de la conducta asumida ante las medidas” (7 ). Desde luego que el PC se cuidó, en junio de 1969, de reconocer que abortaba la huelga política de las masas en función del carrerismo electoral.
Sobre la base del reflujo abierto a partir de esta política, se produjo el desvío de las capas medias hacia el terreno electoral y también hacia el foquismo, que adquirió mayor notoriedad justamente cuando la clase obrera pasaba a un segundo plano.
El carácter criminal del electoralismo arismendista queda más claro si tenemos en cuenta que el parlamento había consentido en los últimos años su completo vaciamiento, siendo sus pronunciamientos pisoteados una y otra vez por el gobierno.
En ese período en que el poder legislativo se muestra como una completa ficción, que comienzan a tomar vuelo los rumores de “autogolpe”, que se lanza una campaña electoral dominada por los atentados de derecha, la amenaza de golpe en caso de triunfo de la izquierda y la pretensión de Pacheco de perpetuarse mediante una furiosa campaña “reeleccionista”, es que la CNT reitera la decisión de congresos anteriores de convocar a la huelga general en caso de golpe de Estado. Mientras la política concreta del stalinismo frenaba la acción de las masas y las hundía en la desmoralización, se pretendía “preparar” la huelga general contra el golpismo a través de declaraciones y resoluciones de aparato. Por otra parte, si es el movimiento obrero el que debe parar el golpe y defender al parlamento burgués, queda comprobado que no es este último el que representa a la mayoría nacional, sino la clase obrera, y por lo tanto es el proletariado el que debe dirigirla. El objetivo de una huelga general para derrotar al golpismo sólo puede ser la instauración de un gobierno de los trabajadores, que convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y no la restauración de la vieja “democracia” burguesa, como pretendía el PC.
Las críticas de la oposición sindical
El dirigente textil Héctor Rodríguez, autor de la propuesta de la huelga general en junio de 1969, polemizando con el PC negó que la huelga tuviera un carácter revolucionario, es decir, que planteara la cuestión del poder. Desde diversos artículos (8 ) sostenía que —de acuerdo a la correlación de fuerzas resultante de la lucha— se trataba de “imponer, convenir o pactar” el programa de la CNT; más claramente, “obtener una marcha atrás, pública o privada, franca o disimulada, del gobierno”.
De acuerdo a este planteamiento, la huelga general indefinida se limitaba a una “confrontación” cuyo propósito sería alcanzar una negociación global con el gobierno en base a un programa reivindicativo nacional del movimiento sindical.
Existen sobrados indicios de que en el curso político abierto por el alza de 1968/1969, una huelga general hubiera sobrepasado, objetivamente, el nivel de una confrontación de tipo “reivindicativo” para modificar profundamente la situación política nacional, orientando al movimiento obrero y al conjunto de la población explotada hacia el poder obrero, llevando adelante un enfrentamiento entre la CNT y el gobierno pachequista:
En agosto de 1968, una multitud nunca vista (estimada entre 250.000 y 300.000 personas, en una población de un millón) se volcó a las calles de Montevideo para acompañar el cadáver de Líber Arce. Reconociendo que una chispa podía encender un levantamiento, la burguesía replegó todo su aparato represivo. Pero el “servicial” PCU montó el suyo propio para prevenir cualquier “desborde” de los manifestantes.
La experiencia de los combates estudiantiles y obreros en las calles, en 1968-1969, las barricadas, los cócteles molotov, la ocupación del Cerro y La Teja durante la huelga de la carne, reflejaron tendencias efectivas hacia la acción directa y hacia la formación de grupos obreros de combate y piquetes que garantizaran y protegieran la huelga.
La huelga bancaria iniciada en junio de 1969 (y que duró casi tres meses) probó que la aplicación sistemática de métodos clasistas de organización (plenarios de delegados, comités de huelga clandestinos, organismos celulares y zonales de base) es capaz de frenar la militarización y de resistir firmemente a pesar del aislamiento montado por la mayoría de la CNT.
No es descabellado, a partir de estos antecedentes, concluir que independientemente de las intenciones de los dirigentes que la propusieron, una huelga general por tiempo indeterminado en junio de 1969 pudo haber alcanzado un carácter revolucionario. La tesis sobre la huelga general puramente “reivindicativa” o “tradeunionista”, se sostiene en la afirmación de que la división de la burguesía hacía “poco probable” (sic) “el atropello de sindicatos, pueblo, parlamento y constitución… todo junto” (9 ). En los hechos, el 25/6/69 todos esos factores habían sido violados, menos el movimiento obrero huelguístico, reflejo clarísimo de una polarización prerrevolucionaria.
Con la expresión “poco probable” Rodríguez descartaba ciegamente una reacción contrarrevolucionaria ante un movimiento pacífico y desarmado. Para esa eventualidad —nada fantástica y bastante “probable”— el planteo de huelga general no preveía ningún método de organización clandestina ni de respuesta de combate. La tesis tampoco contemplaba la posibilidad de que las masas tomaran la iniciativa—por ejemplo como reacción ante las agresiones del gobierno— de salir espontáneamente a la calle. La ausencia de estas previsiones organizativas tenían un fundamento político claro: la evolución política de las masas había superado a todas las formaciones políticas y sindicales del movimiento obrero y a sus respectivos programas. En caso de una irrupción espontánea de las masas, el PC hubiera intentado, sin ninguna duda, frenar esa movilización. Pero la oposición sindical, ¿hubiera hecho lo mismo o, retractándose de su pronóstico político, hubiera actuado en consecuencia, planteándose la perspectiva del poder obrero?
Todo esto sirve para destacar la atadura de la oposición sindical “combativa” al programa de la CNT, una vulgar lista de reivindicaciones que se mantenía ajena al curso político abierto en el país. El programa que necesitaba el movimiento obrero no era un pliego reivindicativo para presentar a las patronales o gestionar “leyes obreras”, sino un programa que definiera cómo, con qué métodos, debían articularse las luchas parciales con las luchas de conjunto y las luchas inmediatas con la lucha por el poder.
Mientras para el stalinismo el programa de la CNT era una concesión a las masas, un “plan de gobierno” sometido a las alianzas con la oposición burguesa, para la “tendencia combativa” en cambio ese programa era exclusivamente la consumación de una plataforma para negociar con el Estado.
La política contrarrevolucionaria del PC, que estrangulaba la lucha, y las limitaciones de la oposición sindical (que deformadamente expresaba las tendencias a la lucha del movimiento obrero, pero las desenvolvía en un terreno puramente tradeunionista y al margen de una estrategia de poder para los trabajadores), ponían al desnudo la crisis de dirección de los explotados.
Obviamente no podía descartarse la posibilidad de que la huelga general —incluso en la situación prerrevolucionaria de junio de 1969—hubiera tenido un desarrollo pacífico, en la medida en que el gobierno no se hubiera visto en condiciones de afrontar un choque abierto con el conjunto del movimiento obrero y hubiera abierto una negociación con la burocracia de la CNT, pero de esto no puede desprenderse que la esencia de una huelga general por tiempo indeterminado consista en ese desarrollo “pacífico” que, de existir, hubiera sido impuesto por las circunstancias y no por la voluntad de las bases. Aun admitiendo la posibilidad de que la huelga concluyera en una negociación, nada autorizaba a condenarla de antemano a ese final opaco al que no aspiraba. En definitiva, la concepción de la “huelga general pacífica” congela la iniciativa de las masas y las somete a la tutela de los dirigentes, únicos que pueden dominar los matices de la negociación.
El planteo de la oposición sindical negaba la necesidad del poder obrero, lo reemplaza por una especie de “confrontación permanente” completamente utópica, en la que se supone se va conquistando punto a punto el programa reivindicativo. Esta variante elaborada de “tradeunionismo” o “economicismo”, nace del escepticismo sobre los partidos obreros existentes y sobre la posibilidad de construir el partido obrero revolucionario. Sobre este escepticismo se fundamentaba la tesis de cuño tradeunionista, del movimiento sindical como factor político independiente del partido obrero, que no supera el marco del régimen capitalista.
Héctor Rodríguez expondría con claridad esta teoría, que abandonaba la lucha por una dirección revolucionaria para el movimiento obrero: “Que los partidos, los partidos obreros inclusive (sic) definan su camino hacia el poder, que los sindicatos no interrumpan nunca su lucha por un programa de emancipación nacional (el de la CNT) y que con dicho programa enfrenten (para luchar o para pactar) a todo poder. No se culpe a los trabajadores por la existencia de sindicatos gigantes y partidos enanos. Más bien revísese autocríticamente la historia de los partidos obreros para extraer las lecciones que permitan unificarlos” (10 ). En vez de definir al movimiento sindical como el canal objetivo en el que se desenvolvía y maduraba la experiencia de las masas, lo que lo colocaba como punto de partida de la política revolucionaria hacia la dictadura proletaria (y de la política reformista hacia la manipulación electoralista), el programa político aquí esbozado por Héctor Rodríguez es el de un movimiento sindical que busca aliarse con los partidos de izquierda (e incluso con partidos burgueses) a los cuales les deja libre el “camino hacia el poder”. Para Héctor Rodríguez los sindicatos deben limitarse a “luchar o pactar” con el poder (que por definición sería ajeno al movimiento obrero). De esta forma se abandona la resolución de la crisis de dirección política de los trabajadores, que el estrangulamiento de la lucha huelguística por el PC ponía de relieve como una tarea candente. Por el contrario, para Rodríguez esta crisis de dirección se resolvería mediante una “autocrítica” y la “unificación” de los partidos obreros y de izquierda, lo que significa en realidad negar la crisis de dirección, buscar la unidad de la izquierda “combativa” con el stalinismo, y con ello decretar la “caducidad” de la lucha por una dirección revolucionaria para la clase obrera.
Este programa ya había sido desmentido en 1968-1969, y sería impugnado aún más seriamente por los sucesos del ’73. La necesidad de construir un partido obrero revolucionario era una cuestión al rojo vivo para abrir un curso victorioso a las luchas populares.
Las elecciones de 1971
Las elecciones de 1971 dieron el “triunfo” al candidato designado por Pacheco, el “ruralista” Juan María Bordaberry, en el marco de una furiosa campaña contra la izquierda y el chantaje sobre la clase media de un golpe militar en caso de un triunfo del FA. El “triunfo” de Bordaberry fue posible por la fraudulenta ley de lemas (Bordaberry recibió apenas un 22% de los votos, mientras que el candidato más votado fue Wilson Ferreira) a lo que se sumó el fraude electoral, denunciado por Ferreira y el Frente Amplio.
El resultado electoral demostró la descomposición de los partidos tradicionales —por su alta fragmentación y por la irrupción del Frente Amplio, que recogió el 18% de los votos. Esto estaba marcando la muerte del régimen falsamente “bipartidista”—que nunca fue tal porque “Ley de lemas” mediante, se conformaron dos grandes “cooperativas electorales” que unificaron artificialmente distintas fracciones políticas burguesas con planteamientos muchas veces antagónicos. De allí que aún en su mejor época el “bipartidismo” significó un régimen donde el “sublema” mayor del “lema” mayoritario co-gobernaba con un sector del “lema” opositor: el colegiado no era más que la consagración constitucional de este régimen de pactos interpartidarios.
El “presidencialismo” llevó al paroxismo la incoherencia de este régimen “bipartidista”: en 1967 Gestido rompió con los sectores colorados con los que se había coaligado en las elecciones, y pasó a cogobernar junto al sublema colorado derrotado (la lista 15) y con sectores del Partido Nacional. La disgregación interna de los partidos tradicionales estaban llegando a una situación insostenible.
La aparición del Frente Amplio fue un registro de esta descomposición política. El FA surgió como una alianza de los partidos de izquierda, con base en el movimiento obrero y en la pequeña burguesía, con sectores minoritarios o desplazados de los partidos tradicionales, con partidos burgueses en crisis y con un importante sector de los mandos militares. Fue así que la democracia cristiana —que arrastraba una larga crisis y venía de una reciente ruptura—, la lista 99 de Michelini (una escisión, en 1962, de la lista 15), otros sectores blancos y colorados (como Rodríguez Camusso, Enrique Erro y Alba Roballo, todos ellos ex-ministros de distintos gobiernos anteriores), conformaron el Frente Amplio junto al PC, el PS y otros grupos menores de la izquierda. El nuevo “frente” fue posible gracias a la “ley de lemas” que la izquierda había criticado históricamente: bajo el lema “PDC” todos estos grupos presentaron distintos “sublemas” electorales bajo la candidatura presidencial común del General Seregni, el oficial del ejército con mayor rango bajo el gobierno de Gestido y Pacheco (y que había pedido el “retiro” por discrepar con la política oficial).
El programa del Frente Amplio era expresión de la burguesía y la pequeña burguesía “nacionalistas”. Consistía en un conjunto de reformas, la mayoría de ellas de cuño cepaliano y desarrollista (control de cambios y del comercio exterior, reforma agraria — sin plantear la expropiación del latifundio—, nacionalización de la banca —con indemnización—, defensa de los entes estatales y de una política de subsidios a la industria “nacional” como forma de poner límites a la monopolización económica por parte del imperialismo). El programa del FA planteaba “romper con los dictados del FMI” —pero no romper con el FMI—, la “renegociación de la deuda externa”—es decir, su reconocimiento—, y la “moratoria” solamente en caso de un fracaso de esa negociación con los acreedores.
Este programa expresaba la pretensión de poner límites a la penetración del capital financiero internacional, evitando el acaparamiento por éste de la plusvalía extraída a los trabajadores e instaurando un “reparto justo” de ese “excedente económico” con la burguesía “nacional”. Este tímido programa burgués de cuño nacionalista buscaba un acuerdo con el imperialismo. El FA no era (ni es) un movimiento antiimperialista que desarrolle la acción de las masas, aunque limitadamente, sino un frente de conciliación con el gran capital y el imperialismo, que busca desviar la acción de las masas —que había alcanzado niveles inéditos en los años 68 y 69— hacia el terreno electoral. El Frente Amplio fue estructurado justamente sobre el retroceso de las grandes movilizaciones de masas que culminaron en 1969, cuando el país se encontró al borde de la huelga general indefinida. El PC (mayoritario en la CNT) frustró la movilización revolucionaria en ciernes por temor a un golpe de Estado y para “encarrilar” la crisis social detrás de dividendos electorales.
El “triunfo” de Bordaberry significó la frustración de estas ilusiones electoralistas, con el fracaso de la “vía pacífica al socialismo” (así presentaba al Frente Amplio el PC, aun cuando su programa no era socialista sino limitadamente nacionalista).
El resultado electoral fortaleció el cuadro de ofensiva del gobierno capitalista. Si bien el avance del FA reflejó la crisis del régimen imperante, la inesperada “perfomance” de Bordaberry y la gran elección de los blancos, reforzaron el aislamiento de las organizaciones obreras. En el año ’72 continúa el reflujo transitorio del movimiento obrero, abierto con el estrangulamiento de las tendencias a la huelga general y la traición a la huelga bancaria en 1969. La existencia de numerosas luchas defensivas de gran dureza y combatividad no niega la existencia de un retroceso de la lucha de las masas: justamente el carácter defensivo de estas luchas parciales y sectoriales demuestra que aún no se había revertido el reflujo provocado por la política de la dirección stalinista.
El gobierno de Bordaberry
En ese contexto el gobierno de Bordaberry monta dos operaciones convergentes: una amplia provocación antitupamara y antiizquierdista, usando abiertamente a las fuerzas armadas y a las organizaciones para militares como el Escuadrón de la Muerte, La Juventud Uruguaya de Pie o los Comandos Caza Tupamaros; y las maniobras políticas tendientes a constituir un “Acuerdo Nacional”.
El asesinato de militantes “legales” del MLN y de otros grupos de izquierda, las operaciones masivas de rastrillaje, las torturas salvajes, los allanamientos y ataques a comités frenteamplistas, la censura a la prensa: en abril se agudiza esta política terrorista contra la izquierda. El 15 de abril el parlamento (con los votos de Ferreira Aldunate y Pereira, Batlle y Sanguinetti —que integraban el gobierno— y el herrerismo) declara el “Estado de Guerra Interno” (figura inconstitucional) lo que permite liquidar completamente las garantías individuales y establecer la jurisdicción militar para el juzgamiento de “sediciosos”. El 17 de abril el ejército asesina impunemente a 8 militantes comunistas de la Seccional 20°. El 14 las FF.AA habían asesinado a diversos tupamaros prisioneros (como el matrimonio Marti-rena). Este giro represivo pretendió justificarse en las acciones tupamaras del 14 de abril, en las que el MLN mató a diversos integrantes del Escuadrón de la Muerte, uno de los principales grupos parapoliciales —entrelazado con los servicios de inteligencia de EE.UU., Brasil y Argentina, como lo demostraron las confesiones del fotógrafo policial Bardesio.
Desde las elecciones el objetivo del gobierno fue provocar a los “tupas” a la lucha frontal, por eso recurrió al asesinato y los atentados. Los “tupas” entraron en el juego; en realidad no les quedaba alternativa en la lógica de la lucha militarista que habían elegido. El militarismo consecuente fue la fuerza del MLN, pero también su debilidad. Mientras se dedicaron a fondo a la creación de la infraestructura guerrillerista y a las acciones de comando asombraron al mundo con una eficiencia asombrosa y aparentemente invulnerable. Pero reflejaban, en realidad, la descomposición del régimen pachequista frente al embate del ascenso obrero (en el período 1967-1969). En un cuadro de recomposición de fuerzas de la burguesía y de retroceso transitorio de las masas, los “tupas” sufrieron las consecuencias de la incapacidad estratégica, final, de todo aparato; sólo las masas son las creadoras de la historia.
Después de la tregua electoralista que establecieron en apoyo al Frente Amplio, los tupamaros anunciaron su retomo a la acción foquista, coincidiendo con la idéntica intención de enfrentamiento de las fuerzas de represión. En un enfrentamiento de aparatos con las FF.AA. los tupamaros fueron golpeados sistemáticamente y derrotados en el curso de los meses siguientes. La caída de la “cárcel del pueblo” (19/6) y la aprobación de la “ley de Seguridad del Estado” (10/7), nuevamente con los votos del ferreirismo, marcan el “comienzo del fin” del foquismo.
El operativo del “Acuerdo Nacional” respondió a la necesidad de dar una mayoría parlamentaria al bordaberrismo, y por otro lado a ambientar una alianza blanqui-colorada contra la izquierda y el movimiento popular, de forma de darle aire a la ofensiva contra el MLN y consolidar la ofensiva contra las masas. El ala derecha de los blancos (en la que militaba el hoy presidente Lacalle) aceptó integrar el gabinete, mientras que Ferreira Aldunate no pudo comprometerse con el gobierno, pero se comprometió a apoyar en el parlamento los proyectos discutidos previamente. El Frente Amplio se manifestó también por alcanzar un “Acuerdo Nacional” en términos similares a los del ferreirismo; así lo planteó Seregni en un acto público el 29 de abril (después de las masacres del 14 y el 17 contra la izquierda): “apoyo crítico, no colaboracionista, y tregua con los tupamaros”. El Frente Amplio, sobre todo sus sectores burgueses (Michelini, Terra) buscaban un acercamiento con el wilsonismo, incluso pasando por alto el apoyo de Ferreira al terrorismo de Estado (“estado de guerra interna”, “ley de seguridad”). En medio de una brutal represión contra la izquierda, de asesinatos, atentados, allanamientos, torturas, el Frente Amplio propugnaba una “tregua” y la “pacificación para los cambios”. En el marco de esta política de “pacificación”, el PC se encargaba de acallar la consigna de “liberar a los presos por luchar”, con la aplanadora consigna “CNT, unidad”.
El “Acuerdo Nacional” fracasa, como consecuencia de las diferencias del ferreirismo respecto a la política económica de Bordaberry y también por la imposibilidad de comprometerse a fondo con un gobierno que tempranamente se ganaba la resisten-cia de las capas medias y de la clase obrera, que adhería masivamente a los paros generales aislados convocados por la CNT. Solamente la lucha contra los tupamaros mantenía unido al frente de los partidos tradicionales, pero sólo como un reaseguro de la acción del ejército.
El golpe vacilante
El fracaso del acuerdo civil, el aislamiento creciente del gobierno y las movilizaciones obreras y de la clase media, pusieron de manifiesto que el edificio político de la burguesía reposaba, cada vez más, sobre la intervención militar. Los triunfos represivos contra la guerrilla justamente ponían en evidencia que el régimen civil tradicional no podía consolidar estas victorias porque su aislamiento y disgregación recreaban, constantemente, la posibilidad de una recomposición de los “tupas” y de que el Frente Amplio adquiriera la envergadura necesaria para alcanzar el poder por vía electoral. El ejército empieza a considerar que el gobierno de Bordaberry está consumiendo por completo la victoria electoral contra el FA y los éxitos contra los tupas.
Es en ese marco que crece el estado de deliberación en las Fuerzas Armadas, comienza a hacer agua la política oficial para disciplinar a los mandos del ejército (el gobierno debe cambiar constantemente de ministro), y toman vuelo los rumores golpistas de signo variable (derechista, nacionalista). Ante la incertidumbre sobre la orientación que prevalecerá en las Fuerzas Armadas, el “civilismo” buscará coaligarse —oportunistamente— contra el golpismo: Bordaberry invita a negociar al Frente Amplio (agosto de 1972) para evitar un golpe nacionalista; el Frente Amplio acepta por temor aun golpe derechista.
La “tregua” entre los tupamaros y el ala “peruanista” del ejército debe ubicarse en esta situación de indefinición sobre la orientación prevaleciente en las FF.AA. uruguayas. El MLN no estaba ya en condiciones de combatir; el ala militar les solicita el desarme a cambio de promesas. La aproximación de este sector de los mandos militares es significativa: para ellos el movimiento foquista no constituye, en último análisis, un obstáculo de clase contra el proyecto de instaurar un gobierno militar, capitalista, pero nacionalista, como lo probó la experiencia peruana en una medida relevante. Es que el MLN no hundía sus raíces en el movimiento de clase del proletariado y su programa se limitaba a propugnar estatizaciones parciales, marginadas de los gobiernos obreros y diluidos en un romántico populismo supraclasista. Estas eran las bases de una eventual entente entre el guerrillerismo (populista) y el militarismo (nacionalista-burgués).
Las negociaciones MLN – “peruanismo” (que llegaron incluso a una abierta colaboración, sobre todo en tomo a los llamados “ilícitos económicos”) fueron rotas a partir de la presión de la derecha militar y de sectores de los partidos tradicionales (particularmente Jorge Batlle), quienes buscaban desplazar a los “nacionalistas” en beneficio de las alas derechistas (en las que había “golpistas” y “civilistas”).
La crisis de febrero
La crisis que detonó en febrero de 1973 reveló que las FF.AA. veían la necesidad de arbitrar en la crisis política y social: “El poder político aspiraría a que las FF.AA. regresen a “sus cuarteles”, esto es, a su status tradicional, y que no graviten en la conducción nacional. Los Mandos Militares, compenetrados con la grave situación nacional, de la expectativa popular por las grandes soluciones nacionales y de sus responsabilidades respecto de la seguridad nacional, han decidido gravitar en la conducción nacional” (documento de la Junta de Comandantes en jefe del 12/12/72). En ese sentido es que hay que interpretar la conocida frase “de que las FF.AA. no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos, cuyos personeros, habiéndolo advertido así y para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer” (Comunicado de las FF.AA. del 7/2/73). La pretensión de elevarse por encima de todo “interés sectorial”, de no ser “el brazo armado de grupos económicos”, es característica del bonapartismo que pretende que gobierna en interés de toda la sociedad.
Mientras se desarrolló la lucha contra los “tupas”, el pachequismo logró mantener la cohesión del conjunto de la burguesía contra el enemigo común, a pesar de la política de exacciones brutales contra la economía nacional que este gobierno desarrollaba. Por eso es paradójico sólo en apariencia el que la crisis de la burguesía estalle a plena luz justamente cuando los tupas son derrotados.
La descomposición del régimen se agudiza: negociados y corrupción por todos lados revelan que los círculos gubernamentales viven la impresión de que tienen los días contados, que no es posible ninguna salida con la política oficial de las altas finanzas.
Nuevamente en ese cuadro el movimiento obrero se ve preso de la política pro-burguesa de su dirección. Ante el alza galopante de la carestía se resuelven diez paros generales en menos de un año, todos perfectamente aislados, sin perspectivas, sin el más mínimo propósito de estructurar una ofensiva de conjunto, limitando todo lo posible la acción de las masas para no “asustar” a los potenciales “aliados”, el ala terrateniente de Ferreira Aldunate.
La parálisis de la oposición ferreirista y frenteamplista, desplaza la repercusión de la crisis hacia las filas militares. En ellas las distintas corrientes de la oficialidad expresan distintas alternativas burguesas, que van desde quienes quieren profundizar la política bordaberrista hasta los que pretenden enfrentar a la camarilla pachequista-quincista e instaurar una política que contemple a la burguesía “nacional”, todas ellas coinciden en frenar la resistencia del movimiento obrero, evitar colocarse bajo la presión de las masas, regimentar la lucha de clases.
La pretensión de los mandos militares de no ser más el “brazo armado de intereses económicos” revela que pretendían regimentar al conjunto de la sociedad, y en primer lugar a la clase obrera, para mejor representar los intereses del conjunto… de la burguesía.
Un régimen basado en las FF.AA. en un país semicolonial como Uruguay, debía por fuerza tener un carácter “bonapartista” —es decir, que pretenda arbitrar entre el imperialismo y las masas, sobre la base de un planteamiento nacionalista, o “semibonapartista” —es decir, de dictadura del gran capital y el imperialismo sobre el conjunto de la nación. Ambos regímenes se basan en distintas formas y grados de regimentación del movimiento sindical. La historia enseña que los regímenes militares “bonapartistas” a la Velazco Alvarado (Perú) se ven obligados a aproximarse al imperialismo y a asumir un carácter cada vez más antipopular.
Según diversos analistas en febrero todavía continuaba la puja entre “brasileñistas” y “peruanistas” (ambos sectores eran golpistas), en la que los primeros representaban a la derecha que buscaba un ajuste de cuentas con el movimiento obrero y los segundos reaccionaban frente a la política de Bordaberry, que beneficiaba exclusivamente al ala financiera de la burguesía intermediaria; los “4 y 7” serian una “transacción” entre las distintas fracciones golpistas —que se enfrentaron conjuntamente contra los sectores “legalistas” que predominaban en la Armada. Según este análisis, en febrero las FF.AA. no estaban en condiciones de tomar el poder, ante lo cual el golpismo “derechista” aceptó los “4 y 7” como bandera demagógica frente al movimiento popular. De todas formas, es claro que por lo menos desde el 11 de febrero (Pacto “Boisso Lanza”) el control lo tomó el sector “derechista”, lo que permitió justamente el acuerdo con Bordaberry.
La izquierda frente a los Comunicados 4 y 7
Los “tupas” primero y el arismendismo después, pero en un grado mucho mayor, depositaron enormes ilusiones en el ala “peruanista” de las FF.AA. El acuerdo con los tupamaros fracasó en el ’72; la búsqueda de una convergencia con los “peruanistas” por parte del PC fue posterior y más duradera. Según el arismendismo no había que enfrentar a las FF.AA. porque la contradicción principal era “oligarquía-pueblo”, planteando la “unidad de todos los orientales honestos” sean “civiles o militares”.
Así, mientras las bases obreras comienzan a adoptar medidas contra la militarización y la represión (la Bebida no entregaba mercadería en las cantinas militares, los trabajadores de BAO hacían lo propio con los productos de limpieza, el Centro Obrero de Alpargatas decidía bloquear la entrega de mercadería —uniformes y telas para ropa castrense—, FUNSA ocupa exigiendo la liberación de León Duarte), “había quienes entendían que tales resoluciones constituían un enfrentamiento entre los sindicatos y las Fuerzas Armadas, que descentraba de la contradicción real oligarquía-pueblo”(11 ).
En febrero estalla la crisis con el nombramiento del General Francese como Ministro de Defensa y su desconocimiento por los mandos militares, que se ven obligados a explicitar su “programa” en diversos comunicados, siendo los más conocidos los N° 4 y 7. El contenido de estos comunicados es un planteamiento burgués nacionalista. En relación al movimiento obrero se plantea una política de regimentación: mantener “a las FF.AA. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad, a poner en peligro la seguridad”; “Proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida”.
Seregni y el Partido Comunista se apresuraron a apoyar a los militares “peruanistas” y a paralizar toda movilización independiente de la clase obrera. José D’Elía, presidente de la CNT, fue a visitar a los militares para decirles que “hay aspectos positivos en los 19 puntos, por ejemplo respecto a los problemas del agro”. La advertencia contra el movimiento obrero y la izquierda de que las FF.AA. intervendrían “si ponían en peligro la seguridad”, fue ratificada por los mandos militares a la delegación de la central sindical, lo que tenía muchísimo más valor que los otros 18 puntos que no iban a determinar la orientación de las FF.AA. en una crisis abierta, sino que ésta iba a depender de lo que hicieran concretamente las clases sociales.
En su discurso del 9 de febrero de 1973, Seregni afirmó que “El gobierno se ha convertido en el mayor agente de desorden que sufre la patria, que opone entre sí a los orientales, que impide una verdadera concordia entre los patriotas de verdad” culminando el planteo en que “La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo”. Todo esto en el marco de una crisis entre Bordaberry y las FF.AA. y el acuerdo del FA con los “4 y 7″, no podía significar otra cosa que una “convergencia cívico-militar” en tomo aun programa “nacionalista”.
El mismo 9 de febrero, la CNT emitió un comunicado donde afirma que “para el logro de estos objetivos (los enunciados en los comunicados militares) no hay fronteras entre los orientales honestos: civiles y militares, sacerdotes y laicos, obreros y estudiantes, profesionales, jubilados, amas de casa, pequeños y medianos productores agrarios e industriales, todos los integrantes del pueblo tienen un puesto de lucha en esta gran batalla por la dignidad nacional”, y acusa al gobierno por provocar “falsos enfrentamientos entre militares y trabajadores”. El comunicado afirmaba que “para la CNT la alternativa sigue siendo: oligarquía o pueblo”, es decir, pretendía pactar con los “militares honestos”.
El 15 de febrero (cuatro días después del Pacto “Boisso Lanza” entre Bordaberry y los mandos militares), la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la CNT emitía un nuevo comunicado en el que no denuncia la instauración del COSENA, apoya el comunicado del Ejecutivo de la CNT del 9/2 y afirma: “la CNT entiende que la dilucidación de la presente crisis política no resuelve los problemas fundamentales del país y que, a través de la permanencia de Bordaberry y lo fundamental de su equipo, herencia del pachequismo, en el gobierno, la oligarquía intenta continuar una política al servicio de sus intereses y contraria al interés nacional. Por eso se impone más que nunca la necesidad de seguir avanzando en el camino de la unidad del pueblo, enfrentando todos los falsos esquemas con la única alternativa real: oligarquía o pueblo, y comprendiendo que en el seno del pueblo, en todos sus sectores, civiles o militares (…) es decir, en la unidad de todos los orientales honestos radican las posibilidades reales de sacar al país de la crisis”. Este mismo comunicado establecería una relativización de las resoluciones de diversos congresos sindicales sobre la huelga general contra un golpe: “puntualiza que tal acción se habrá de aplicar en las condiciones señaladas por dichas resoluciones en la misma medida en que contribuya a avanzar en favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis, y no para colocar a la clase obrera al servicio de los intereses de la oligarquía en el poder”. Esto en buen romance significaba que dado que Bordaberry era el representante de la “oligarquía en el poder” y el golpismo “peruanista” era parte del “pueblo” y de los “orientales honestos”, la convocatoria a la huelga general quedaba subordinada a la política de acuerdos con los “peruanistas”. Esta “puntualización” de la dirección de la CNT es muy clarificadora de la política que esta dirección seguirá durante el golpe de junio.
También el Partido Socialista sembró expectativas en los golpistas “peruanistas”. El senador Vivián Trías, que fue asesor del gobierno militar de Velazco Alvarado, recordó en la Asamblea General en 1973 que ya en el año 1956 había defendido en un libro (titulado “El ejército popular y las masas”) la convergencia con los militares nacionalistas: “expresábamos que en un país subdesarrollado la lucha por el desarrollo y por la liberación —caras del mismo prisma y facetas del mismo proceso— no puede hacerse sin la presencia de las Fuerzas Armadas” “La nueva posición, la nueva tesitura de las Fuerzas Armadas”, continúa Trías, “es consecuencia de su actuación en los acontecimientos del año 1972. Empezaron por reconocer que las causas de la sedición no eran las que sostenía inicialmente el gobierno. Por supuesto, vieron lo más visible, que son las llagas que supuran en un régimen como el que el Uruguay soporta, es decir, los ilícitos, los grandes negociados. Luego, en poco tiempo, pasaron a profundizar esos temas, es verdad. Y esos hechos objetivos, certifican de una u otra manera, que se ha producido este proceso de transformaciones en el modo de pensar y en el modo de interpretar la realidad de las Fuerzas Armadas”. El PS, con Trías a la cabeza, buscaba en el “Goyo” Alvarez o en Ramón Trabal a los “Velazco Alvarado” del Uruguay, pasando por alto nada menos que las masacres perpetradas por estos personajes contra la izquierda y el movimiento obrero en los “acontecimientos del año 1972”.
Rodney Arismendi, secretario general del PCU, afirmaba el 31 de marzo de 1973 en la Asamblea General que Bordaberry “está jugando la carta de impedir el cumplimiento del programa que, aún esbozado y aún con todas las críticas que puedan formulársele, se señala en los Comunicados 4 y 7. Y juega, para eso, a la división de las FF.AA., a la separación del pueblo y las FF.AA., de acuerdo a un viejo y conocido plan”.
Como se vió más arriba (declaración de D’Elía), la dirección de la CNT depositaba ilusiones en lo que los militares pudieran hacer para liquidar a los terratenientes e impulsar un desarrollo capitalista clásico del agro (reforma agraria). ¿Tenía sentido esta ilusión, incluso en el caso de que hubiera ganado la interna militar una corriente “peruanista”? No. En Uruguay no existe la clase capaz de hacerse cargo de esta tarea, porque el capitalismo agrario clásico murió antes de nacer, porque la burguesía industrial está enormemente entrelazada con los terratenientes y obtiene de la actual estructura agraria la mano de obra barata que explota, y porque el campesinado es una clase social raquítica en relación a la burguesía y el proletariado industriales. El “peruanismo” agrario en Uruguay sólo hubiera podido ir hasta la redistribución de los latifundios “improductivos”. Los militares peruanos pudieron ir más allá —pero pronto llegaron a un callejón sin salida— por el mayor peso específico del campesinado en relación al proletariado industrial. Perú demostró después lo que ya se sabía en Uruguay en 1973: que la cuestión agraria (y en particular la industrialización del campo) sólo puede ser resuelta por la revolución obrera, que será un aspecto de la revolución latinoamericana y mundial.
El militarismo uruguayo tendría limitaciones mayores a su par peruano en apoyarse en una base social agraria y en regimentar a un proletariado con un peso relativo y una experiencia más vastos que el peruano, por lo que un golpe “peruanista” pronto hubiera evolucionado en un sentido marcadamente antiobrero y hubiera buscado rápidamente un arreglo con el imperialismo contra las masas. Por ello no se puede afirmar “autocríticamente” —como hace Esteban Valenti— que simplemente “hubo una sobre valoración de la fuerza de esas corrientes (“peruanistas”) dentro de las fuerzas armadas” (12 ). La política del arismendismo hubiera sido igualmente criminal si las llamadas “corrientes peruanistas” hubieran efectivamente conquistado la hegemonía dentro de las FF.AA.!
El “pacto de Boisso Lanza” entre Bordaberry y los mandos militares, en el que se consagraba la caída del ministro de Defensa y la creación del COSENA— institucionalizando la ingerencia de las FF.AA. en la toma de decisiones (creando los “cauces institucionales apropiados para la participación de las Fuerzas Armadas en el que hacer nacional” y encomendándoles “la misión de dar seguridad al desarrollo”, al decir de Bordaberry)— no fue obstáculo para que la izquierda continuara sembrando expectativas en los militares “peruanistas”. Estas ilusiones se extenderían incluso más allá del golpe de Estado: “El PC confió en ciertos militares hasta 1974. Creo que el MLN tuvo ilusiones respecto a posibles acuerdos con las Fuerzas Armadas cuando negoció en 1972. Felizmente rompió bien la negociación. Las ilusiones de 1973 a ese respecto fueron del PC: apoyo a los comunicados 4 y 7, que duraron hasta 1974, cuando se produjo el asesinato de Trabal en París, por alguien que actuó para impedir su vuelta al país, no deseada por los mandos militares. (…) Todavía en 1975 los militantes del PC escribían en las paredes: ’Gobierno popular como en Portugal’.” (13 )
La actual secretaria general del PCU, Marina Arismendi, —hija de Rodney Arismendi, secretario general de ese partido durante 35 años— llegó más lejos cuando señaló: “Nosotros sufrimos un revolcón, con respecto a ciertos preconceptos que teníamos, ya en diciembre de 1975 cuando los comunistas empezaron a caer en masa, en manos de la dictadura y nos encontramos con que aquella idea de que no nos iba a pasar nada era errónea, y había compañeros que hablaban en la tortura, y había una nueva realidad que nos encontraba mal parados y que dejó profundas cicatrices”. ¡Incluso en diciembre del ’75 tenían la idea de que “no les iba a pasar nada”!
Pero “las ilusiones de 1973” no fueron solamente del PC, como afirma Héctor Rodríguez. Ya vimos que Seregni, Vivián Trías y el PS sembraron expectativas en los “peruanistas”. Pero existen elementos que prueban que al seno de la “Corriente” (integrada por Héctor Rodríguez) habían ilusiones en los “4y 7”. En un volante de los “Frentes de lucha contra la dictadura” (editado por militantes de la Corriente) se afirma: “Bordaberry faltó a su palabra de honor de defender y hacer guardar la Constitución de la República, y faltó a su palabra de honor dada en la base Boisso Lanza. Digan la verdad a sus subordina-dos y al pueblo, señores Jefes (militares): Bordaberry ni mencionó el comunicado 4 y 7 en su primer discurso como dictador y en sus primeros reportajes a la prensa extranjera. El dictador habló de un ‘plan de desarrollo económico’ que en su contenido es lo contrario de los comunicados 4 y 7, rectamente entendido”, “Bordaberry no cumple ni cumplirá los comunicados 4 y 7 porque tiene otra política que no es de orientalidad sino de entrega, de integración con Brasil”, “Digan la verdad, señores Jefes: el servicio prestado por Uds. al dictador engendra odio contra las Fuerzas Armadas. Ese odio esterilizará todos los esfuerzos y habrá más odio cuanto más se prolongue la subordinación a la política anti-nacional del dictador. Esto no se arregla con declaraciones sino con hechos. El pueblo debe ser consultado. Nadie puede sustituir su voluntad” (11/7/73). Estas citas demuestran que al menos sectores de la Corriente tenían simpatías no sólo con los “4 y 7”, sino también en el “pacto Boisso Lanza” (!).
Las ilusiones en los militares llegaron tan lejos que la dirección de la CNT intentó dar un carácter “alegre y festivo” al acto del 1° de mayo de 1973: “En cuanto a la manifestación (del 1/5) tendrá una tónica de colorido y alegría. ’Nuestro primero de mayo debe reflejar optimismo por todos los poros’ dijo Félix Díaz. ‘Estamos en una situación muy particular, en el cual la clase obrera está jugando un papel principalísimo. Por eso debemos manifestar nuestra alegría y optimismo’. Los detalles que en esa dirección están propuestos son los siguientes: Cada organización llevará banderas, carteles y carros alegóricos que hagan referencia a su actividad particular. Habrá una masiva participación de instrumentos musicales, se formará una banda de música popular que encabece la manifestación, habrá 200 tamboriles y participación de las murgas ‘progresistas’, también intervendrá la caballería del Cerro, tractores, 500 escolares con sus uniformes. ‘Habrá que coordinar lo combativo con lo festivo’, según se dijo ayer” (14 ). La indignación que semejante plan para el “primero de mayo” generó en las bases obreras fue tan inmensa que los organizadores debieron dar marcha atrás con sus “festejos” y convocar a un acto más tradicional.
El golpe de Estado
La solución transitoria a la crisis de febrero puso de manifiesto que aún no estaba resuelta la interna militar (lo que se expresó en febrero con el copamiento de la ciudad vieja por la Armada, en contra del Ejército y la Fuerza Aérea) y sobre todo el temor de los mandos golpistas de ir a una confrontación abierta con el movimiento obrero. La oficialidad de las FF.AA.. sabía que la clase obrera no estaba derrotada, a pesar del reflujo impuesto por la política de la burocracia cenetista. Los cientos de luchas defensivas, la masividad de los paros generales, no dejaban lugar a dudas de que la resistencia popular a un golpe militar sería muy poderosa.
En el período de febrero a junio se avanzó en la depuración de algunos oficiales contrarios al golpe, y el sector “brasileñista” o “derechista” tomó un mayor control de las FF.AA, sin que se hubiera superado totalmente la disputa entre distintas camarillas.
El golpe se da cuando se produce una convergencia entre Bordaberry y los sectores “derechistas” del ejército, sin que esto signifique que estuviera terminada la “interna” militar ni que existiera una identidad de objetivos absoluta entre los mandos golpistas y el presidente.
El golpe fue planificado e instigado por el imperialismo yanqui. “La destrucción de la democracia representativa en el Uruguay no fue inesperada” (15 ). Poco antes el departamento de Estado yanqui había enviado a Uruguay al embajador Siracusa, que había sido el instigador del golpe fascista boliviano de agosto de 1971.
El golpe del 27 de junio formaba parte de una contraofensiva global del imperialismo norteamericano en América Latina, particularmente con los golpes en Bolivia, Uruguay y Chile, y luego Argentina. El golpe en Uruguay fue la respuesta preventiva del imperialismo a la guerra civil de clases que se desenvolvía en el continente. La revolución engendra la contrarrevolución: la contraofensiva yanqui era una respuesta al exacerbamiento de los conflictos de clase, a la apertura de situaciones revolucionarias a escala continental.
El objetivo del golpe era el aplastamiento de las masas, para proceder a un viraje en las condiciones de explotación de los trabajadores. El hecho de que las FF.AA. se constituyeran en el centro del régimen político, reveló que el parlamento no servía ya para controlar la crisis política y social. La causa esgrimida por los golpistas (negativa del parlamento de “desaforar” al senador Erro por sus “vinculaciones” con los “tupas”) no fue más que un pretexto: el propósito del golpe no estaba relacionado con la lucha de los militares contra los tupamaros (que ya estaban derrotados) sino que buscaba anticiparse a una situación de ascenso del movimiento obrero que hubiera abierto una crisis revolucionaria. En ese sentido el golpe fue preventivo, es decir, buscaba derrotar a los trabajadores ya que el desarrollo de un ascenso de las masas en condiciones de una crisis imparable del régimen bordaberrista hubiera abierto una crisis de proporciones incontrolables para la burguesía y el imperialismo.
El verdadero propósito del golpe quedó al desnudo el 30 de junio cuando Bordaberry envió tropas para desalojar los lugares ocupados, el 1° de julio cuando decretó la disolución de la CNT y ordenó la detención de todos los dirigentes obreros, el 4 de julio cuando por decreto autorizó a las patronales a despedir huelguistas y delegados sindicales. En un reportaje que le hizo el diario La Nación, Bordaberry fue muy claro: “En una palabra: el parlamento no nos dejaba gobernar”. Es decir, el “parlamentarismo” uruguayo, que ya era una parodia (ya que desde 1968 funcionaba bajo el estado de sitio), ya no servía para contener a las masas. Se debía pasar a una represión directa y sin limitaciones contra el movimiento obrero.
La respuesta de la clase obrera
Es un hecho que sólo el proletariado asumió la tarea de resistir al golpe militar. Los partidos de la burguesía (y el propio Frente Amplio) no ofrecieron de inmediato la más elemental resistencia: recién cuando la clase obrera salió a la palestra nacional y polarizó la situación política con sus propios métodos de lucha, los partidos parlamentarios se “sumaron” buscando capitalizar los hechos, esperando encarrilar el alza obrera con el propósito de recomponer las bases del régimen “representativo” burgués.
“En el plenario del Frente Amplio de ese mismo día (27/6) se hablaba de las gestiones de la CNT con Bolentini pero no de la huelga general. El tema ni se mencionaba. Nosotros lo planteamos, y si Seregni no lo hubiera asumido tan bien como lo asumió, creo que se armaba un lío bárbaro en el movimiento popular”. Esta declaración de Héctor Rodríguez (16 ) demuestra que el FA no sólo no preparó ni organizó la huelga general, sino que se “sumó” después… y a regañadientes.
Está perfectamente demostrado que la iniciativa de la huelga general la tomaron las bases obreras. Todos los testimonios demuestran que las asambleas de fábrica (y en muchísimos casos los turnos nocturnos) tomaron la determinación de la ocupación sin consultar a la CNT e incluso a sus sindicatos.
El stalinismo, que nunca fue capaz de presentar un sólo documento que demuestre la convocatoria de la huelga por la cúpula de la CNT, ha pretendido impugnar el carácter “espontáneo” de la huelga general basado en que existieron numerosos congresos sindicales que resolvieron la ocupación de los centros de trabajo en caso de golpe de Estado.
Félix Díaz ha dicho que “Nadie que sensatamente se ponga a pensar, puede decir que la huelga se podía llevar a cabo, en la forma en que se hizo, sin haberse discutido y organizado” (17 ), con lo que pretende escabullirle el bulto a esta cuestión central: ¡¡la CNT nunca convocó la huelga general!! El mismo lo demuestra cuando —pretendiendo demostrar que sí la convocaron—afirmó que “A las seis de la mañana del 27, cuando ya sonaba la musiquita del golpe, al local donde estaba la dirección de la CNT comenzaron a llegar los delegados de los sindicatos a buscar, no la orden, porque la huelga ya estaba establecida, sino la hora de su comienzo, para hacerlo en forma uniforme. Y a las siete de la mañana no había fábrica de Montevideo en donde ya no estuviera el manifiesto de la CNT, que se había elaborado por la noche” (idem). Con esta crónica, que pretende mostrar a la clase obrera como un disciplinado ejército que organizadamente sigue las órdenes de su estado mayor, Félix Díaz en realidad confiesa que el 27 de junio no estaba la “orden” de la huelga general sino del comienzo del paro (el dirigente de la CNT afirma que “la huelga ya estaba establecida” en resoluciones anteriores, para “disimular” que no hubo convocatoria a la huelga el 27 de junio).
Obviamente que la huelga no fue “espontánea” en la medida que la organizaron miles de delegados y activistas sindicales. Otra cosa es demostrar que la CNT la convocó. Por el contrario, existen innumerables testimonios de que dirigentes de la central sindical informaban en los lugares ocupados y en los sindicatos que “el paro es por 24 horas” o “por 48 horas”.
Víctor Semproni, en ese entonces dirigente de la CNT e integrante de la “tendencia combativa”, fue muy claro: “La huelga no la decretó la dirección de la CNT sino la convicción de la gente sobre lo que había que hacer en caso de golpe. El 27 de junio la CNT decide un paro de 24 horas. En bancarios, con asombro, recibimos el comunicado mientras ocupábamos los bancos. Luego vino el secretario de Organización de la CNT, compañero Félix Díaz, a quien pedimos explicaciones. Nos dijo que ante la gravedad de los acontecimientos, el Secretariado de la central había decidido el paro por 24 horas, para no comprometer al movimiento sindical en su conjunto en una huelga que no se sabía el alcance que podía tener. Dijo también, que no se había podido valorar qué disposición había de parte de los trabajadores. Ante nuestro requerimiento y discrepancia con esa valoración, Díaz nos explicó que esa noche habría una nueva reunión del Secretariado, y que de seguir habiendo condiciones, al día siguiente se decretaría otro paro de 24 horas, y así sucesivamente. Recuerdo que así se decretaron tres paros generales, en los tres primeros días. Al cuarto, no existió posición de la central acerca de lo que había que hacer. (…)Recién al octavo día apareció un volante con un comunicado de la dirección de la CNT, que decía que la huelga se venía deteriorando y había que buscar una salida decorosa” (18). Como se puede ver, los “recuerdos” de Díaz y de Semproni no son muy coincidentes…
La política del PC y la oposición sindical
El Partido Comunista mantuvo desde el primer momento contactos con los militares (más correcto sería decir que nunca dejó de tenerlos, particularmente desde 1972 y febrero de 1973), buscando una alianza con los golpistas “peruanistas”. El 28 de junio la dirección de la CNT se reunió con el ministro del Interior (Cnel. Bolentini) buscando una “salida pacífica” (carta de la CNT a Bolentini). Es evidente que el arismendismo buscaba encontrar un eje bonapartista con base en los militares “peruanistas”, para llegar a una “solución”. Pero el aplastamiento de la clase obrera era la condición para llevar adelante el programa de la burguesía. De allí que la política stalinista llevara a la clase obrera a un callejón sin salida.
Un ala del Frente Amplio (en particular la Corriente, que integraban Michelini, Erro, y sectores de la “tendencia combativa”) discrepaban con esta orientación y buscaban una salida “civil” en alianza con el ferreirismo y los sectores “legalistas” de las FF.AA. (a esa altura raquíticos), que restableciera el régimen anterior, manteniendo al vicepresidente Sapelli —que se negó a integrar el Consejo de Estado que sustituiría al parlamento.
Héctor Rodríguez señalaría en una charla en 1984 que “una de las carencias, de los errores, (fue) la falta de un planteo político en el momento en que hubo una negociación entre el gobierno y el comando de huelga. Porque si bien habían dado un golpe de Estado, y habían barrido con el Parlamento y habían asumido el poder directamente las Fuerzas Armadas (tras el primer títere: Bordaberry) la expresión huelguística del 27 de junio fue tan potente, que el Ministro del Interior de aquel tiempo se sintió obligado a convocar a los dirigentes de la CNT para conversar. Por supuesto que para conversar en los términos que planteó (…): ’Bueno yo sé que ustedes durante años han dicho que cuando un golpe de Estado se produzca van a realizar una huelga general; ustedes que son serios, cumplieron; hicieron 48 horas de paro general; ahora levántenlo; no hace falta que continúen; ya demostraron que lo pueden cumplir’. No hubo a esto una respuesta apropiada desde el punto de vista político. Se conversó de temas: del restablecimiento de algunas libertades; de reaperturas de locales sindicales; del tema salarial (…); pero no hubo un planteo claro de una opción política que permitiera polarizar fuerzas en ese momento. Esa opción política era claramente la renuncia del Presidente de la República; la sustitución de aquel por el Vicepresidente y la convocatoria a elecciones, en un plazo determinado para restablecerla vigencia del sistema constitucional o, inclusive, un gobierno provisional que se hiciera caigo de la situación hasta la convocatoria a elecciones. Y hablo de 60 días de plazo, porque es el plazo constitucional [para elecciones parlamentarias anticipadas, R.F] para el caso de conflicto entre Parlamento y Poder Ejecutivo” (19).
En esta misma perspectiva se inscribían los dirigentes de la “tendencia combativa”: “¿Por qué en las entrevistas con el Ministro Bolentini no se reclamó nunca el cese de Bordaberry, posición definida por la CNT antes del golpe de Estado y aprobada por cientos de miles de trabajadores en todas las jomadas de lucha realizadas desde febrero en adelante?” (20). En este mismo documento que planteaba un plan político para negociar con los mandos militares, que fue rechazado por la mayoría de la CNT, las “3F” afirmaban: “Mientras los decretos del dictador ponen al gobierno al servicio de los empresarios, facultándolos para destruir las organizaciones sindicales mediante despidos represivos, las declaraciones (de la Junta de Comandantes en Jefe, R.F.) reiteran el criterio de que las FF.AA. no serán el brazo armado de intereses económicos o políticos. Para que estas declaraciones se transformen en hechos es necesario proceder a dar garantías de que: 1) se anulará el monstruoso decreto del 4 de julio que transforma a los empresarios en fuerza de represión contra los sindicatos; 2) se asegurará el libre funcionamiento de todos los locales sindicales y la recuperación de los bienes correspondientes; 3) se anulará el decreto que declaró ilícita a la CNT y que requirió a sus dirigentes como si hubieran cometido un delito; 4) se dispondrá la libertad de los detenidos por razones políticas o sindicales con posterioridad al 27 de junio de 1973; 5) se restablecerá la libertad de prensa e información; y 6) se reconocerán los derechos de las organizaciones y los partidos políticos consagrados en la Constitución de la República. La resistencia popular contra la dictadura desarrollada hasta el presente indica que no será posible alcanzar la normalización social y política del país si no se encara la sustitución de Bordaberry y su equipo de gobierno y si no se emprenden verdaderas medidas de recuperación nacional, en defensa de la soberanía y de las libertades y del bienestar del pueblo. Sin perjuicio de bregar por la realización, al más breve plazo, de una amplia consulta popular, se resuelve reclamar a las FF.AA. un pronunciamiento sobre cada uno de los puntos mencionados con el fin de trasladar dicho pronunciamiento al conjunto de los trabajadores en lucha, contribuyendo de esta manera a la búsqueda de las soluciones más apropiadas para la superación de la actual crisis nacional. Para el cumplimiento de esta tarea se designa una delegación integrada por representantes de los gremios en lucha” (21).
Este planteo político era coincidente con lo acordado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional (declaración conjunta), que buscaban armar una salida negociada con sectores de las FF.AA., a partir de la fortaleza de la huelga, que estableciera un “gobierno de coalición” manteniendo al vicepresidente Sapelli y realizando elecciones parlamentarias. Los sectores que habían perdido la iniciativa política pretendían recuperarla a caballo de la huelga general.
Héctor Rodríguez —en la charla de 1984 antes mencionada— revela que la oposición sindical al stalinismo nunca tuvo otro planteamiento político que la defensa del parlamento y las instituciones burguesas, y que en su concepción la huelga general no era más que un apéndice de las negociaciones interburguesas y las disputas entre fracciones militares. Para Héctor Rodríguez la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo fue discutida desde 1964, luego del golpe en Brasil y la caída de Frondizi en Argentina, pero “No con la esperanza de que esto fuese un elemento de contención absolutamente seguro contra el embate de la fuerza militar; evidentemente esto era nada más que parte de una lucha que, para definirse, requería otras formas de acción; requería que (…) en el seno mismo de las Fuerzas Armadas de 1964, que no eran las de 1984 (porque había diferencias de opinión, había notorias personalidades militares de definición constitucionalista) estas Fuerzas Armadas y estas personalidades militares de definición constitucionalista, pudiesen, de alguna manera, haciendo pie sobre la resistencia popular, invertir el curso de los acontecimientos”.
Tanto el PC como la oposición sindical siempre destacaron que “la huelga general fue preparada desde 1964” (el stalinismo para desviar la discusión sobre la no convocatoria de la huelga en 1973), pero no se dan cuenta que esto no hace más que agravar su actuación frente a la lucha obrera de junio/julio de 1973. Si desde 1964 “previeron” el golpe y “organiza-ron” la resistencia general con ocupación, ¿cómo fue que no “previeron” la necesidad de armar a los trabajadores para aplastar al golpismo? La respuesta la da Héctor Rodríguez más arriba: todas las corrientes sindicales colocaban a la huelga general como un apéndice de las luchas al seno de las FF.AA. y entre las fracciones burguesas.
En otro momento de su charla H. Rodríguez afirma que un error “del conjunto del movimiento’’ fue “en relación con las instituciones parlamentarias. Porque llegó el mensaje de disolución del parlamento y los parlamentarios se dispersaron en distintas direcciones. Ahí había gente que tenía una responsabilidad política, y el movimiento sindical tendría que haber presionado para que la asumiera. Se intentó, incluso se les ofreció, un local de deliberación para la Asamblea General, desde el momento que el Palacio Legislativo había quedado ocupado por las Fuerzas Armadas, pero no se había pulido bastante este aspecto”. Y en otro lugar: “No se presionó bastante para lograr que ese aparato parlamentario declarara formalmente la ilegitimidad del gobierno dictatorial que se implantaba. No creemos que con esto hubiésemos cambiado demasiado las cosas; pero hubiésemos acentuado, sin ninguna duda, el nivel de aislamiento de la dictadura; hubiésemos creado una nueva situación en el país, y, tal vez, influido de alguna manera en los resultados finales de la huelga.”
En lugar de constatar que el parlamento era un cero a la izquierda y que solamente el proletariado podía hacer frente al golpe militar, Héctor Rodríguez buscaba reinstalar al parlamento impotente como un eje de la situación política.
Esto revela una vez más que la clase obrera libró un combate heroico y de una firmeza increíble, pero que sus direcciones (el stalinismo concientemente, los democratizantes por sus tremendas limitaciones) la condenaron al desangre en función de dos variantes burguesas. Tanto la “salida” impulsada por el PC (convergencia con los “peruanistas”) como la impulsada por la oposición sindical (acuerdo con el ferreirismo, reinstalación del parlamento, renuncia de Bordaberry), eran dos variantes a negociar con los golpistas y condenaban a la huelga al papel de apéndice de esas tratativas.
Una resistencia heroica
La crisis de dirección de la clase obrera, por la traición del stalinismo y las limitaciones de los sectores “combativos”, hace resaltar aún más la fuerza y el heroísmo de la resistencia obrera.
El arismendismo no tenía ningún interés en desarrollar la huelga. Como dijo Semproni, hasta el 8° día no emitió ningún comunicado sobre la huelga, y aquel tuvo por finalidad “desinflar” a los trabajadores con el cuento de que la gente comenzaba a recular.
Héctor Rodríguez diría: “(…) la huelga careció de un plan de movilizaciones. (…) Se daban demostraciones, espontáneas o planificadas, a nivel de barrio; pero faltaba un plan general de movilizaciones, que sin embargo formaba parte de todas las iniciativas que en el período preparatorio de nueve años, se había ido elaborando. Y entonces ocurre que la huelga empieza el 27 de junio; pero la primera gran demostración de masas, se cumple recién el 9 de julio, cuando se hizo evidente que había que salir a realizar ese tipo de demostración de masas. Nadie hubiera podido impedir que el treinta de junio, el primero de julio o el dos de julio, manifestaciones tan voluminosas (o más) que la del nueve de julio se hubieran realizado y se hubieran reiterado a lo largo de los días de duración de la huelga” (22).
El sabotaje de la dirección de la CNT fue sistemático. “La huelga comienza un miércoles y al sábado siguiente ya se están desalojando fábricas. Desde la dirección central de la huelga se dió una consigna, (…) y era que si las fábricas resultaban desalojadas había que ocupar los locales sindicales. Eso debilitaba tremendamente la huelga; y entonces surgió, de la iniciativa de los propios trabajadores, otra consigna: era que si las fábricas resultaban desalojadas, al convocar a los trabajadores (al trabajo), se ocupaban de nuevo. Y esa consigna nadie la pudo resistir y fue la que se aplicó. De ahí que la huelga se extendió durante quince días y, en algunos lugares, se llegaron a hacer ocupaciones seis veces, porque se desalojaba un día, se convocaba a trabajar al siguiente, se volvía a ocupar y tenía que sobrevenir otro desalojo” (23).
Desde las bases obreras surgían iniciativas para desarrollar la huelga y chocaban con la política del stalinismo. Fue así en ANCAP donde hubieron propuestas de mezclar el combustible refinado con el crudo, de forma de impedir que las fuerzas de represión contaran con combustible para movilizarse y movilizar el transporte: la cúpula de la CNT impidió esta medida y en los tres primeros días entregaron combustible a las FF.AA.; al cuarto día las FF.AA. coparon el combustible almacenado, controlando su distribución. En relación al levantamiento de la huelga en el transporte, aún no fue aclarado si el comando de la CNT autorizó a ese sector a reintegrarse: lo que sí es seguro es que nunca impulsó la continuación de la huelga. Incluso llegó a atacar a los sectores obreros y estudiantiles que salían a reventar ómnibuses. “En la cooperativa nos desalojaron dos veces. Era un predio muy grande con alambrada; nos sacaban por un lado y nos metíamos por el otro. Una de las cosas que hicimos entre algunos compañeros, fue intentar parar los ómnibus. Por Garzón pasaban los 4D de COET y algunos CUTCSA. La idea fue cuestionada por gente del SUNCA por lo que tuvimos que enterrar los ‘miguelitos’ fuera del predio o entre el material, para salir con ellos en la tardecita o en la madrugada. Hubo otros planteos de resistir, pero no llegaron a cristalizar. Porque desde la mayoría de la central se hostigaba enormemente cualquier cosa en ese sentido, acusándonos de llevar a la gente a un enfrentamiento sangriento” (24).
Mientras los trabajadores eran salvajemente reprimidos, el PC, impulsaba la “confraternización” con los milicos. Cualquier acción contra las FF.AA. era considerada una “provocación”. Las barricadas, los cócteles molotov, los miguelitos, surgían por iniciativa de las masas en lucha, y eran combatidos por la CNT. La descripción del burócrata Arismendi merece pasar a la historia: “Los trabajadores — orientados por la CNT—transformaron cada fábrica ocupada en una tribuna con vistas a la fraternización entre obreros y militares contra la rosca en el poder. Ni los palos, ni las torturas aplicadas en ciertos casos, los apartaron de esta actitud lúcida y auténticamente revolucionaria (sic). En este sentido, los tantas veces citados comunicados 4 y 7 se tornaban exigencia popular en la misma hora en que eran pisoteados por la dictadura y la rosca, por Bordaberry y sus acompañantes. Así se traduce una justa política ante las FF.AA. capaz de distinguir entre el gorila y el militar patriota, aún confuso o equivocado”.
La cuestión del armamento del proletariado
Es evidente que esa orientación que buscaba converger con los sectores “nacionalistas” del golpismo, no podía ver en las acciones de las bases obreras y estudiantiles contra los milicos represores más que un “obstáculo” y hasta una “provocación” que le haría el juego a los sectores “derechistas” en la medida en que dificultaría un acercamiento a los mandos “peruanistas”.
Mucho menos podía aceptar el stalinismo la cuestión del armamento de los trabajadores y el conjunto de los explotados, como forma de aplastar al golpismo. Existen diversos testimonios de sectores obreros y estudiantiles de que discutieron la necesidad de armarse para responder a la represión dictatorial. El PC actuó siempre reprimiendo estas discusiones e incluso buscó frenar las acciones que pretendían parar el transporte con métodos combativos (miguelitos, barricadas, etc.).
Pero incluso está la cuestión del “aparato armado” del PCU. “Al iniciarse la huelga general del 73, los miembros del ‘brazo armado‘ del PC se prepararon para entrar en acción, pero la orden que recibieron fue de ‘esperar’. La expectativa se mantuvo por algunos días más, hasta que se tuvo la certeza de que no habría nueva orden. ‘Estábamos en el puesto, pero no sabíamos para qué’, comenta hoy Jorge Suárez, quien era entonces uno de los responsables de las ‘centurias comunistas’. Suárez agrega que su sector no recibió nunca ninguna explicación especial, más allá de la que la dirección del PC divulgó una vez levantada la huelga general” (25).
Cuestionado Esteban Valenti (ex dirigente del PCU) sobre esta “borrada” olímpica del “aparato”, afirmó: “¿Por qué no operó? Porque primó una lógica política que yo creo correcta. (…) Yo creo que las condiciones de la huelga del ’73, en las que estuvo muy involucrado el movimiento popular, los trabajadores y los estudiantes fueron los únicos que enfrentaron el golpe de Estado; no se logró un amplio frente social para enfrentarlo. Esa fue una debilidad grande que existió. Haber utilizado el aparato militar hubiera sido seguir sólo una lógica militar. Y hubiera representado una derrota mucho más severa, grave y profunda, desde el punto de vista de la matanza que se hubiera producido entre los dirigentes y militantes sindicales y estudiantiles” (26).. Habría que preguntarle a los arismendistas (“ortodoxos” y “reconvertidos”) para qué querían entonces un “aparato”… ¿para tiempos de paz? ¿para usarlo contra quién? La “explicación” de Valenti no es más que un subterfugio: el PCU nunca pensó en utilizar su “brazo armado”, como nunca pensó en ir más allá de un paro de 24 o 48 horas, porque buscó siempre una salida negociada con los milicos “progresistas”, salida que le permitiera mantener su legalidad, su control burocrático sobre el movimiento obrero y su carrera por posiciones en el parlamento y el aparato estatal.
La política del PCU condenó al movimiento obrero a ir a una huelga “pacífica” que debió enfrentar una represión salvaje de parte de los militares. (A recibir palos, cárcel, balazos y torturas, el stalinismo lo llamaba “confraternizar”).
Como reconocía Valenti más arriba, la clase obrera (y detrás de ella la juventud) ocupó la primera trinchera en el combate contra el golpe, mientras que los campeones de la “democracia” burguesa se escondieron luego de dar vivas a la Constitución y mueras al dictador. Esto constituye un golpe político monumental no sólo contra el stalinismo y su política de seguidismo a la burguesía “nacional” sino también a los ideólogos del terrorismo urbano, que pretendieron reemplazar la lucha conciente y organizada de la clase por acciones armadas al margen de la experiencia de las masas. De esta forma fueron a un enfrentamiento de aparatos con la represión: “Nuestra más grande autocrítica histórica es que no estuvimos en la huelga, porque nos derrotaron antes”, reconoció el dirigente del MLN Fernández Huidobro (27).
Toda la experiencia desde 1968 a 1973 mostró como las luchas populares tendían a adoptar métodos combativos, de acción directa, enfrentando la represión policial y militar. Esto y la propia estructuración de “aparatos armados” por diversos grupos de izquierda, demostraba que era posible el armamento del pueblo para la autodefensa. La ausencia de un partido obrero revolucionario en 1973 fue fatal, ya que el movimiento obrero debió ir a una gigantesca huelga general a la que anticipadamente sus dirigentes la condenaron a un objetivo “defensivo” del régimen burgués “democrático” que se caía a pedazos:
“¿Cuál era la finalidad de la huelga? Nosotros hemos leído por ahí discusiones que se han dado, algunas en el país, otras en el exilio, acerca de si la huelga respondía a la existencia de una situación revolucionaria o de una crisis revolucionaria o de una situación de posible toma del poder por los trabajadores. Me parece una discusión bastante ociosa y que prescinde de lo que era la huelga, defensiva, y defensiva de la Constitución, defensiva del restablecimiento del derecho democrático en el país. No cabía en ese momento posibilidad de otra forma de acción. Si en el correr de los años anteriores habían actuado en el país organizaciones para la lucha armada, en 1973, en el momento en que se produce el golpe de Estado, esas organizaciones no existían. El movimiento de resistencia que lanzan los trabajadores lo lanzan a conciencia de que tienen que jugar sus esfuerzos para restablecer la vigencia de la Constitución: para restablecer un régimen de consulta popular; ya que el Presidente de la República se había complicado con el golpe de Estado, para sustituir al presidente por el vicepresidente; convocar a elecciones, como está previsto en la Constitución, y en ese sentido los objetivos de la huelga son objetivos modestos, eran objetivos defensivos”(28).
Esta argumentación es completamente falaz. ¿La clase obrera, única que enfrentó decididamente el golpe de Estado, única capaz de derrotarlo, debía contentarse (en caso de triunfo de la huelga general) con entregar el poder a sus explotadores y volver a la situación anterior? El sólo planteamiento del problema ya revelaba la inconsistencia de la argumentación de Rodríguez. La clase obrera sólo podría haber sido expropiada políticamente de un triunfo de la huelga, a través de la colaboración activa de la burocracia cenetista, para lo cual la burguesía incluso hubiera necesitado cooptar a algunos “izquierdistas” o líderes “obreros” al gobierno para contentar a las masas.
La ausencia de “aparatos armados” (el de los tupas, había sido derrotado; el del PC “faltó sin aviso”) no puede justificar nunca objetivos “defensivos”. Si la huelga podía triunfar sin contar previamente con alguna forma de armamento popular, ¿debía la triunfante clase obrera entregar el poder a los Sapelli, Batlle, Sanguinetti, Ferreira y Seregni, o debía “tomar en sus manos los destinos de la nación” (29). a través de un “gobierno obrero”? Si, según Rodríguez, la huelga no podía triunfar por ausencia del armamento del pueblo, entonces ¿qué sentido tiene hablar de “objetivos”, sean estos “ofensivos” o “defensivos”?
La dialéctica de la lucha de clases hubiera planteado objetivamente, en caso de derrota del golpe, la cuestión del poder obrero: ¿quién tendría mayores “credenciales” para dirigir al conjunto del pueblo? ¿La burguesía, que fue incapaz de reunir a la Asamblea General para condenar el golpe? Todo esto señala la incapacidad de la oposición “combativa” de plantearse una estrategia de poder. Para ellos la clase obrera no era más que un “grupo de presión” sobre el Estado capitalista, y no la enterradora del régimen social de los parásitos y los chupasangre. La política de la oposición al PC no sólo era un peligro para el caso de un triunfo de la clase obrera, porque hubiera apoyado una maniobra de confiscación del poder a los trabajadores por los parlamentarios burgueses, reinstalando al vicepresidente bordaberrista. También era un bloqueo para una correcta política durante la huelga, en la medida que el planteo de objetivos “defensivos”, implicaba una política de acuerdos con el Frente Amplio, el ferreirismo y los colorados “antigolpistas” que liquidaba la posibilidad de una política que armara a los trabajadores, buscara ganarse o al menos neutralizar a la tropa del ejército, y lanzar una ofensiva para derrocar al gobierno golpista. La política de la “tendencia combativa” también condenaba a la clase obrera a la “expectativa” en relación a los posibles acuerdos con la burguesia “antigolpista”, del mismo modo que el PC la condenaba a la “expectativa” de las negociaciones con los “peruanistas”.
Los burócratas sindicales siempre han afirmado que “prepararon la huelga desde 1964”, para ocultar que en 1973 no la convocaron. Pero no se dan cuenta que esto no hace más que agravar su traición. Si desde 1964 “previeron” el golpe y “organizaron” la huelga general con ocupacion, ¿cómo es que nunca “previeron” la necesidad de armar a los trabajadores?
La verdad es que una política de triunfo para la huelga general sólo podía basarse en transformarla en una a huelga insurreccional que la dotara de una política para el armamento del pueblo y de una política hacia la tropa y la suboficialidad del ejército, detrás de un programa de gobierno de trabajadores y la convocatoria de una Asamblea Constituyente libremente elegida y soberana. Sin tener en cuente este aspecto fundamental, todas las criticas parciales de la oposición sindical al PC son una suma de detalles. La traición del stalinismo consistió en estrangular la resistencia de las masas en función de negociaciones con los represores “progresistas”. La “oposición” no contaba con una estrategia revolucionaria, sino que pretendía desarrollar una movilización “pacífica” que abriera una salida en torno al ferreirismo y un gobierno de unidad nacional. La estrategia del aplastamiento del golpe, del derrocamiento de los represores, de la toma del poder por los explotados, estuvo ausente en la huelga general: cuando los trabajadores y los estudiantes asumían instintivamente medidas de autodefensa y buscaban dar un carácter ofensivo a la lucha contra el golpe, demostraban una vez más estar por delante de las organizaciones políticas y sindicales que los dirigían.
La derrota de la huelga general
La huelga general sorprendió a los golpistas por su tremenda masividad, por eso buscaron abrir una negociación con la CNT para lograr su levantamiento, y se encontraron paralizados los primeros días sin saber qué camino adoptar. Por ejemplo, recién “El sábado 30 (el ejército) ocupa militarmente (ANCAP), copando el combustible almacenado” (30). lo que hubiera permitido a los trabajadores (si no hubieran sido frenados por la burocracia genetista) inutilizar el combustible mediante la mezcla de crudos y refinados. Por el contrario, aún antes del copa miento militar, “el jueves 28 y el viernes 29 de junio, el ejército retira combustibles de ANCAP” (idea) que le facilitó la dirección sindical. El desalojo de las fábricas recién comenzó al cuarto día de la huelga; la actitud de los oficiales era al principio muy cauta, sin la crudeza de la represión creció día a día. Las fábricas desalojadas eran nuevamente ocupadas en el momento en que las patronales convocaban al trabajo: eso se dió seis, siete y ocho veces en diversos centros de trabajo, lo que revelaba el coraje y la decisión del proletariado, que sabía que inmediatamente sobrevendría una nueva represión (y, casi seguramente, cientos de detenciones).
Cuando este método represivo se agotó porque no lograba quebrar la combatividad obrera, los mandos golpistas se concentraron en quebrar la huelga en el transporte, lo cual les fue facilitado por el comando de la CNT, que no había impartido directivas para dispersar o inutilizar los ómnibuses, que permitió el acceso de las FF.AA. al combustible y frenó luego la lucha para parar el transporte mediante miguelitos, barricadas y el hostigamiento de los cameros.
El funcionamiento del transporte se convirtió en un factor desmoralizador de primer orden, en una situación en que las movilizaciones quedaban libradas a la iniciativa de los barrios y los centros de trabajo, y donde la dirección de la huelga no convocaba a ninguna acción de masas sino que planteaba que la huelga se venía “deteriorando” y que había que lograr una “salida decorosa” (argumento típico de toda burocracia pro-burguesa, cuando quiere preparar una “entrega vergonzosa”).
El 9 de julio la CNT y el FA se ven obligados a convocar una manifestación en 18 de julio. Esta marcha se convierte en una demostración multitudinaria contra la dictadura, que revelaba que en el decimotercer día de huelga la clase obrera mantenía en lo esencial su confianza y su combatividad. Esta movilización fue salvajemente reprimida por las fuerzas militares. Luego de esta jomada y en una situación en que la dirección de la huelga no señalaba ninguna perspectiva, la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas comienza a caer.
A partir de ese momento la dirección de la CNT comienza a plantear abiertamente su levantamiento. El 10 de julio las “3F” plantean un documento de “Bases de salida de la huelga” donde se propone una negociación con las FF.AA.: el PC se opone porque ya está para levantar. Es en ese sentido que hay que entender los dichos de Valenti: “Hay quien sostuvo que en ese momento había que seguir negociando. No había nada que negociar. Cuando se entra en una huelga defendiendo la democracia contra la dictadura no se puede negociar parcelas de democracia” (31). ¡Qué cinismo! ¡Cómo si el PCU hubiera hecho otra cosa, desde el 27 de junio, que negociar “parcelas de democracia” (es decir, “parcelas de dictadura”) con los golpistas!
El 11 de julio, en el decimoquinto día de huelga, la cúpula de la CNT resuelve —por mayoría— levantar la huelga. Se oponen las “3F” (Funsa, Foeb, Fus), el COT se abstiene.
La noticia se recibe con indignación e incredulidad en las bases obreras. Diversas asambleas (y no solamente en los gremios que se habían opuesto al levantamiento) planteaban seguir. La dirección que no convocó a la huelga y que la saboteó sistemáticamente, se encargó de “convencer” a los trabajadores que era “inevitable” levantar.
“El episodio más penoso de mi vida como dirigente obrera, fue cuando me tocó ir a comunicarle al gremio que se había levantado la huelga”, afirmó Jorgelina Martínez, dirigente del COT. “Fue algo tremendo decirle a los compañeros que la CNT la levantaba. No me olvidaré más de lo que significó después de leer ese documento, ver en la asamblea a los compañeros llorando, con los puños apretados, que me gritaban: No, Negra. No. Hay que seguir…”” (32). Esto dicho por alguien que pensaba que “a esa altura, ya no había condiciones para mantener la huelga” es un testimonio de enorme validez. Y está lejos de ser el único.
En la química, el testimonio es similar: “La gente seguía con la moral muy alta, pero en el plano general la huelga había comenzado a resquebrajarse. El gremio hizo una última valoración de la situación, reunido en la planta de Cinoca Oxígeno que estaba abierta con una guardia, debido a que era de las únicas proveedoras de oxígeno médico. Entonces el STIQ decidió el levantamiento, porque si bien había fuerzas para seguir, vimos que cinco gremios solos (FUS, FOEB, FUNSA, STIQ y AEBU), éramos fáciles de destruir. Después tuvimos la gran responsabilidad de plantearles a los compañeros la resolución. Nos decían que no, que todavía era posible bancar un poco más” (33).
El caso de FUNSA es aún más contundente. Cuenta un delegado sindical: “Estuvimos detenidos (en el Cilindro Municipal) unos cuantos días; cuando nos largaron, la huelga ya se había levantado pero en FUNSA todavía no se trabajaba. Los compañeros plantearon que no empezaban hasta que nos soltaran a todos” (34).
Todo demuestra que la represión militar no logró derrotar a la clase obrera, que la combatió heroicamente. Sólo la traición de la dirección stalinista, que llevó adelante una política contrarrevolucionaria, pudo fortalecer a los golpistas y transformar el fracaso de las FF.AA. en quebrar a las masas en una victoria, provocando la derrota obrera. Fue la traición directa de la dirección “comunista” la que pudo hacer realidad el objetivo de los milicos.
“Los trabajadores hubieran deseado que, en esta batalla, no hubiera otra división entre los orientales que la que opone irreconciliablemente al pueblo con la oligarquía. (Los trabajadores) hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que se estableciera una línea divisoria, una frontera de hostilidad, entre quienes visten el overol de trabajo y quienes visten el uniforme militar”, decía la cúpula de la CNT en su manifiesto levantando la huelga general (11/7/73). “Por eso valoramos positivamente las expresiones de los comunicados 4 y 7 de las FF.AA., en los cuales establecían que éstas no serían jamás el brazo armado de grupos de privilegio económico o político, y se trazaron el programa de cambio que, en aspectos sustanciales, coincidía con el que reclaman la CNT y otras fuerzas patrióticas y populares. Lamentablemente en el golpe del 27 de junio las FF.AA. se alinearon en posiciones opuestas a las manifestadas en esos comunicados. (…) De hecho, enfrentaron a los trabajadores y al pueblo, a sus legítimas aspiraciones de cambio, traicionaron sus propios postulados que habían estampado en aquellos documentos. La CNT y los trabajadores seguían por principios y no por odios ciegos. La dureza de los últimos combates, los inauditos sacrificios sufridos en esos días, los muertos del pueblo cuya sangre ha regado una vez más el sueldo patrio, no nos nublan la vista ni desvían la brújula que nos guía. Una vez más, proclamamos enfáticamente que no tenemos más enemigos que la oligarquía y el imperialismo y quienes defienden su régimen podrido. Una vez más expresamos nuestra esperanza de que todos los patriotas, incuídos aquellos que forman parte de las FF.AA., comprendan que ese es el único criterio que pueden sustentar quienes sinceramente desean salvar la República, evitando los horrores de una guerra civil, pero llevando a cabo a la vez, los cambios profundos que ella necesita para asegurar el progreso, la libertad, la justicia y la concordia libremente establecida de su pueblo auténtico. La actitud digna y respetuosa de algunos integrantes de esas fuerzas, en medio de los dramáticos días que nos han tocado vivir, confirman plenamente la justeza de esas, nuestras posiciones de principios” (idem).
En éstos términos marcaba la dirección arismendista la orientación futura de la CNT, buscando un acuerdo con sectores de las FF.AA. La historia se en cargaría de demostrar que esta política no evitaría “los horrores de una guerra civil”, sino que abriría paso al aplastamiento del pueblo por la dictadura militar, a un genocidio sin precedentes en la historia nacional, a la destrucción física y psicológica de decenas de miles de militantes populares, incluidos muchos militantes comunistas que se convirtieron de esta manera en víctimas de la política de su dirección, la “guerra civil” no fue evitada: simplemente fue unilateral, fue una guerra del imperialismo y el gran capital, a través de las FF.AA., contra los explotados. La política de la dirección del movimiento obrero no organizó la “guerra” de las masas contra el golpe y la dictadura militar, sino que las condenó a ser aplastadas.
Frente a la derrota provocada por su política, la dirección stalinista mostró un increíble “triunfalismo”, que se mantiene hasta nuestros días. La cúpula de la CNT no sólo negó la derrota, buscando disfrazarla con el “verso” de que se pasaba a “nuevas formas de lucha”, sino que en un “ufanismo” ya delirante afirmaba que “la dictadura nació herida de muerte” (35).
La oposición sindical tampoco era conciente de la magnitud de la traición al PC. El documento de FUS, FOEB, FUNSA y Textiles de balance de la huelga afirma que “ningún gremio fue derrotado; fue derrotado un estilo, un método, una concepción del trabajo sindical”. Ya en 1984, cuando esta caracterización evidentemente había sido negada por la realidad, Enrique Rubio (ex-dirigente de la Corriente y actualmente dirigente de la IDI) afirmaba: “Para decirlo en forma metafórica, la huelga general hizo que la dictadura naciera herida de muerte” (36).
La resistencia obrera y popular continuó en los meses siguientes, a través de luchas parciales, a través de las “re afiliaciones” (para ser reconocidos los gremios tenían que presentar el 30% de las firmas de sus afiliados al Ministerio del Interior; en menos de un mes todos los sindicatos presentaron más del 50%), a través de las elección es universitarias (en las que triunfó la izquierda), etc. En octubre el gobierno ilegaliza al PC y otros partidos de izquierda, y clausura “El Popular”. Otros medios de prensa vivirían unos meses más, siendo cerrados en 1974. El régimen asumía un carácter totalitario, de dictadura abierta del gran capital y el imperialismo, luego de haber fracasado el intento de incorporar al Consejo de Estado a sectores representativos de los partidos burgueses tradicionales.
Conclusiones
La huelga general de 1973 fue la expresión más elevada de lucha del movimiento obrero uruguayo en toda su historia.
En junio de 1973 la clase obrera apareció claramente como el único caudillo que podría dirigir a la nación explotada en la lucha por las libertades democráticas pisoteadas por el régimen capitalista, y por la liberación nacional.
El proletariado demostró tener un peso social y político mucho más importante que su peso numérico (ya de por sí relevante en nuestro país), en tanto que la burguesía “democrática” demostró una vez más su raquitismo e impotencia políticos. Ya vimos que a Luis Alberto Lacalle el golpe ni siquiera le quitó el sueño (literalmente hablando).
Fue con los métodos obreros de la huelga general, las ocupaciones, los piquetes, los grupos de defensa obrero y estudiantil, con los que se enfrentó el golpe de Estado: esto es por sí mismo una impugnación absoluta de la tesis staliniana de “revolución por etapas” y “alianza con la burguesía progresista”.
La huelga general no podía dejar de plantear como problema fundamental del movimiento obrero su crisis de dirección. Fue la política contrarrevolucionaria del stalinismo la causa esencial de la derrota. La oposición sindical al PC no pudo superar sus limitaciones y plantearse la construcción de un partido obrero y revolucionario, y no logró oponer una estrategia revolucionaria al seguidismo del PC a la burguesía (en una primera instancia al ferreirismo, luego al “peruanismo” militar), sino que se limitó a críticas metodológicas y parciales.
El balance de la huelga general no es una cuestión “pasada”, sino que tiene importancia sobre todo para las luchas presentes y futuras.
Los actuales dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT son los mismos que provocaron la derrota de las heroicas luchas obreras en el periodo 1967-1973, y en particular de la huelga general. La lucha por una dirección revolucionaria para el movimiento obrero, contra la burocracia sindical pro-burguesa, sigue siendo una tarea pendiente. Sólo la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, un partido obrero de masas, puede resolver la crisis de dirección de los trabajadores.
Actualmente el régimen “democrático” capitalista está dando indicios palpables de su agotamiento. La división de la burguesía, la descomposición imparable de los partidos tradicionales, la deliberación en las FF.AA., la creciente incapacidad del conjunto del régimen para contener a un movimiento obrero que comienza a transitar un ascenso huelguístico, todo esto está indicando la crisis del conjunto del aparato estatal (no olvidar las huelgas del Poder Judicial y de la policía). En esto el Uruguay no está sólo: con su ritmo y sus particularidades, no hace más que transitar la misma crisis del conjunto de los regímenes “democratizantes” del continente (Perú, Venezuela, Haití, Brasil, Guatemala, Chile, Argentina…). Los trabajadores nos vamos a enfrentar a una nueva agudización de la lucha de clases, a un período de violentas convulsiones y crisis políticas revolucionarias.
Un dicho popular afirma que no es conveniente cambiar de caballo en medio de un torrente, porque eso puede significar que el jinete caiga y se ahogue.
La tarea planteada para el activismo obrero y de izquierda, y para la juventud, es trabajar para la construcción de una dirección revolucionaria antes de que la situación política plantee grandes virajes en los cuales el carácter burocrático y pro-capitalista de la dirección se convierta, nuevamente, en un factor de derrota.
Hoy, la burocracia sindical y el Frente Amplio viven una aguda crisis, producto de la bancarrota y la caída de sus “referentes” internacionales. Tanto la burocracia soviética, como los movimientos burgueses “tercermundistas”, como la “socialdemocracia” internacional, se han venido abajo producto de la crisis económica y política internacional. Las fuerzas políticas que responden a esos regímenes quebrados están, naturalmente, pasando por una crisis imparable. Los intentos de “reciclar” los viejos aparatos no han logrado superar esta crisis y por el contrario han desembocado mayormente en situaciones explosivas (por ejemplo, en el PC).
A nivel sindical, la burocracia frenteamplista que antes giraba en la órbita de la “Federación Sindical Mundial” (un aparato de la burocracia soviética), hoy busca pasarse con armas y bagajes a la “amarilla” CIOSL… olvidando que la ORIT (regional de la CIOSL) saludó el golpe de Estado de Bordaberry porque permitiría instaurar un “sindicalismo libre” (léase, amarillo) en el país. La integración a la CIOSL no puede justificarse bajo ningún argumento de “unidad obrera internacional”, ya que esa organización no es una central sindical sino un aparato contrarrevolucionario del imperialismo yanqui y europeo.
La dirección del PIT-CNT almuerza con el embajador yanqui, Mr. Brown, con lo cual no sólo traiciona la causa de la revolución cubana al “confraternizar” con los bloqueadores de Cuba, sino que está enviando un mensaje al departamento de Estado (y a los trabajadores) de que quieren la “convivencia” con el imperialismo (y no su expulsión de América Latina y la confiscación de sus bienes). Este “gesto” es coincidente con declaraciones de dirigentes frenteamplistas en el sentido de que ya no regiría la “categoría clase obrera” y que la “izquierda” debería mantenerse “equidistante” respecto a los distintos sectores sociales: con esto los “renovados” stalinistas demuestran que al hablar de “proletariado” se referían a la burocracia rusa, y que ahora que la URSS se ha derrumbado ellos no encuentran obstáculos para una convergencia estratégica con el imperialismo… algo que por otra parte no es otra cosa que la política restauracionista de Gorbachov y Yeltsin.
La bancarrota de las direcciones “comunista”, “socialistas” y “nacionalistas” nos dan una oportunidad histórica para la reconstrucción de una dirección revolucionaria para el movimiento obrero nacional e internacional. La tarea planteada es la construcción de un auténtico partido de trabajadores y de una internacional obrera, para la lucha por el gobierno de los trabajadores (dictadura proletaria), y la unidad socialista de América Latina, como parte de la revolución socialista mundial. ***
Así fue
“Esa noche las unidades de Cutcsa y de Amdet fueron dejadas como era habitual en las respectivas playas de estacionamiento. Esto contradecía un criterio establecido en una comisión formada al efecto por la CNT, en la que se había acordado que las unidades del transporte colectivo debían ser dispersadas en las fábricas ocupadas. “Los dirigentes gremiales del transporte que seguían la orientación del Partido Comunista, consideraron que no correspondía aplicar este tipo de medidas, ni tampoco quitarles el rotor del motor, como propusieron algunos obreros, que podía impedir usarlos, sin destruirlos”. *(extraído de La República de Montevideo, 28/6/93) —por Víctor L. Bacchetta—
NOTAS:
(1) El Día, 27/6/73.
(2) Búsqueda, 24/6/93
(3) delegado de “Juan Benzo” -Agua Jane- en la revista
(4) trabajadores de FUNSA, “Temas”, “Temas” de Mate Amargo.
(5) obreros de Alpargatas, “Temas”. como Relaciones Exteriores
(6) El Popular, 19/1/70.
(7) Enrique Rodríguez, El Popular, 30/1/73.
(8) Marcha, diciembre/enero de 1970
(9) Héctor Rodríguez, en Marcha.
(10) Marcha, 6/3/70
(11) Informe al Comité Ejecutivo de la FENAPES, de R. Vilaró, enero 1973
(12) reportaje de Marta Harnecker, en “Los desafíos de una Izquierda Legal”, agosto de 1991 (13) Héctor Rodríguez, en “Los desafíos de una Izquierda Legal”.
(14) “Ahora”, 1/4/73 (15) “The New York Times”, 30/6.
(16) revista Temas de Mate Amargo
(17) Temas
(18)Temas
(19)“Unidad Sindical y Huelga General”
(20) “Bases de salida de la huelga general”, documento de las “3F”, FUS, FOEB y FUNSA, del 10/7
(22) “Unidad sindical y…”.
(23) ídem.
(24) un trabajador de la construcción, en revista Temas.
(25) Brecha, 11/6/93.
(26)“Los desafíos de una Izquierda Legal”)
(27)“Los desafíos de una Izquierda Legal”
(28)Héctor Rodríguez, “Unidad sindical y…”.
(29) declaración de principios de la CNT, 1966)
(30) Balance de las “3F” abrir una represión salvaje sino buscando “dialogar”.
(31) “Los desafíos de una Izquierda Legal”.
(32) Temas
(33) Temas, delegado de “Juan Benzo”-Agua Jane.
(34) Temas)
(35)Félix Díaz, en revista Temas.
(36) CUI, Documentos Sindicales N° 3).
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