Diferentes actores político-partidarios han planteado el problema de la educación (pública, por supuesto) en términos de “crisis educativa”. A partir de esta enunciación, los “expertos” de los partidos patronales, (re)crean más o menos la misma fórmula: “autonomía” de centros, flexibilidad curricular, reforma en la formación docente, privatizaciones en todas las áreas, enseñanza por competencias y fortalecimiento del Ministerio de Educación y Cultura en lo referente a políticas y programas educativos (con el consiguiente desmedro de la ANEP)
Desde hace un buen tiempo, las diferentes fórmulas milagrosas han tenido estos ingredientes, en diferentes dosis y concentraciones. Sin embargo, el ascenso de Lacalle Pou y con él, de parte del núcleo duro del reformismo de los ’90, parecen traer elementos novedosos -o por lo menos, una combinación nueva).
Es que se combinan un ascenso de los asesores e instituciones asociadas la Iglesia Católica, como la Universidad Católica Del Uruguay, en la que se han formado gran parte de los “expertos” en diferentes áreas (fundamentalmente las sociales) con los defensores del modelo OCDE en educación (educación por competencias, para el mundo del trabajo, flexibilidad curricular, etc) y sectores vinculados a la instrucción militar.
Cierto es que la proliferación de ONG’s, colegios público-privados, programas y planes pauperizantes, privatizaciones en todas las áreas de la educación pública, tuvieron un enorme impulso durante los 15 años de gobierno del FA, que desarrolló las estructuras para este impulso que la coalición multicolor pretende desarrollar.
Esto, sumado a las promesas de reformar el Estatuto del Funcionario Docente, colaboran en generar la idea de que se está “poniendo pienso” en la “crisis educativa”, en la formación docente (que nunca dejó de estar en la palestra”, en la “autonomía de centro”, en los directores como “gestores”. Este modelo empresarial es ya conocido, por el fracaso que implicó su aplicación a nivel internacional (en EEUU, en , por ejemplo). Así como la reforma chilena de la década de los 90 en la que el localización de vouchers educativos así como diferentes modalidades de privatización generó un mercado educativo (donde los conocimientos dependen de la capacidad de compra) que va en contra del derecho a recibir educación integral e integradora.
Vino nuevo, en odres viejos
Es posible establecer que en el Parlamento, el gobierno de Lacalle Pou contará con los apoyos políticos necesarios para implementar una reforma educativa que se ha ido cruzando en los últimos años y que se encontraba presente en el núcleo de los acuerdos multipartidarios del 2010-2012.
En el documento “Fortalecimiento de los Centros Educativos (acuerdos de la comisión
multipartidaria – 20 de enero de 2012)” , en el que la comisión multipartidaria que se forma a partir de 2010 con el objetivo de llegar a acuerdos nacionales de Educación entre los “expertos” promovidos por el Partido de Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Frente Amplio, llegó una serie de acuerdos que se plasmaron en diferentes documentos el último de ellos es el de 2012 en el que se destacan, dos elementos íntimamente relacionados: la búsqueda por el reforzamiento del control político (doble voto al presidente del CODICEN, rol centralizador y fiscalizador del MEC y ANEP), y el desarrollo de la llamada “autonomía del centro”. y todos los elementos que deberían colaborar en su consecución – que en los hechos es una flexibilización curricular y en las condiciones de trabajo- a nivel pedagógico y de “gestión”, sobre la base de un “proyecto de centro”, en el que los directores tienen un rol fundamental.
Sobre estas bases, en las siguientes elecciones, el FA se comprometió a “cambiar el ADN” educativo, que al no concretarse, dio el puntapié inicial a Eduy21, que con matices, ha cosechado apoyos en todos los partidos del capital.
Organización de los trabajadores y los estudiantes, por un 2020 de lucha
Para desarrollar una lucha que debe ser profunda y generalizada (que adquiere por el contexto, un carácter casi estratégico), los sindicatos de la educación deben establecer una coordinación a fin de desarrollar una plataforma en común que se oponga fuertemente a estos planteamientos, que no son otra cosa que la traslación del ajuste a nivel nacional y el ataque las condiciones de trabajo de la clase obrera; colocando un programa propio que se base en la exigencia de presupuesto acorde a las necesidades (mínimo inmediato de 6%+1% para ANEP y UdelaR), por autonomía y cogobierno plenos, sin injerencia del gobierno, no a la reforma antieducativa que los diferentes gobiernos han buscado implementar.
Es el deber de los trabajadores de la educación, los estudiantes organizados y de la clase obrera en general, defender la educación pública este nuevo ataque. Una plataforma, con un plan de lucha que inicie con un paro de todos los gremios y sindicatos de la educación, buscando el apoyo del resto del PIT-CNT.
Para esto es menester denunciar todas y cada una de las maniobras que desarrolla la burocracia sindical para congraciarse con el nuevo gobierno – defendiendo, una vez más sus propios intereses y no lo de la casa que destinan que dicen “representar”-. En este sentido, desde el Partido de los Trabajadores, rechazamos las reuniones de parte del Secretariado Ejecutivo con el presidente electo, así como cualquier intento de negociación por detrás de los trabajadores.
Por salario igual a la canasta familiar, contra el aumento de la edad de jubilación, contra los despidos y el cierre de fábricas, contra la prohibición del derecho a ocupación de los lugares de trabajo, por la ocupación bajo control obrero de todas fábrica que cierre o despida, no a la reforma, educativa, por presupuesto de 6% + 1% mínimo inmediato para ANEP y UDELAR.
