La “reconstrucción” tras el temporal

Las consecuencias de la catástrofe ambiental que sacudió el país a mediados de abril han dejado al desnudo la falta de previsión del gobierno sobre los efectos del “cambio climático” y la ausencia total del Estado para hacer frente a estos.

El tornado que arrasó con la ciudad de dolores dejando 3,500 evacuados, 800 casas destruidas, liceos, escuelas y el hospital público inhabilitados, fue el comienzo de una tragedia ambiental de características nacionales.

En los días subsiguientes las precipitaciones afectaron a más de la mitad del país, más de 11.000 personas fueron directamente afectadas con la consecuencia fatal de 10 personas. Departamentos como Salto fueron anegados por las inundaciones por segunda vez en el año.

Durante los días en que se desarrollaron las inundaciones y tormentas, el gobierno se mostró incapaz de resolver la ayuda inmediata a los damnificados, frente a la respuesta de las organizaciones sociales y sindicatos. Lo que puso en cuestión la capacidad operativa del gobierno para brindar solución efectiva ante fenómenos climáticos predecibles. Las grandes cantidades de precipitaciones fueron advertidas en 2015 por Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)

Desde el Consejo de ministros el gobierno anunció que saldrá con U$S 100 millones para hacer frente a esta situación, mientras se reconoce que las perdidas pueden alcanzar los U$S1.000 millones.

Las perdidas fundamentalmente en los cultivos de soja -el tercer producto agrícola de exportación después de la ganadería y la celulosa-, dan cuenta de la situación del campo, con el monocultivo transgénico que deteriora los suelos perdiendo permeabilidad y haciéndolos más propensos a inundaciones.

Aunque no se aclara, gran parte de ese dinero sería destinado a subsidios a la renta de este capital. Por ejemplo, se exonerará de aportes patronales a las empresas que se encuentren en las áreas que han sido afectadas por el temporal. Para el gobierno al capital sojero no le cabe ninguna responsabilidad sobre el deterioro ambiental, colocando a los productores agropecuarios en el mismo nivel que los cientos de familias pobres que no les quedo ni una pared de su casa.

Por otra parte se maneja que esta cifra podría salir de una línea de crédito multilateral, endeudando al país, en vez de utilizar recursos de las reservas del Banco Central para paliar las consecuencias de la catástrofe. No existe un plan de reconstrucción real, sino que se les otorgará a las familias un préstamo que podrá ser eventualmente subsidiado de forma parcial o total, según el estudio de cada situación, lo cual coloca un negocio redondo detrás de la “reconstrucción”.

Esta tragedia ambiental nacional sucede en momentos en que Tabaré Vázquez venía aplicando un ajuste en regla contra los trabajadores, lo que provocó que el eje de la situación nacional se desviara inevitablemente. Pero esto no hace más que agravar la situación del gobierno, que hará pagar la reconstrucción del país al pueblo trabajador, que no será exonerado del impuesto al salario o del IVA. Tampoco se modificarán las pautas salariales en función de esto, sino que el ajuste seguirá corriendo.

Por lo tanto la reconstrucción real quedará en manos de los damnificados por el temporal. Para que esto no suceda debe haber una estrategia de reconstrucción integral, sobre la base de un plan de obra pública con mano de obra de los departamentos afectados, con recursos estatales destinados exclusivamente y bajo control de los trabajadores y vecinos afectados.