Un gran proceso de luchas obreras en el país luso
En los últimos meses se ha desarrollado un importante proceso de huelgas en el sector público portugués contra las políticas de ajuste del gobierno del socialista Alberto Costa. El caso más notable es el de los enfermeros y enfermeras. En reclamo de un aumento salarial, jubilación a los 57 años, mayor personal y el restablecimiento de un sistema más beneficioso de categorías, desarrollaron un extraordinario proceso de huelgas intermitentes, llamadas “quirúrgicas”, complementado con un fondo solidario que en dos meses consiguió el aporte de 14 mil trabajadores por más de 600 mil euros.
El proceso está dirigido por Sindepor (Sindicato Democrático de Enfermeros de Portugal), vinculado a la UGT, y por Aspe (Asociación Sindical Portuguesa de Enfermeros), un sindicato que se formó el año pasado por fuera de las direcciones tradicionales. Las enfermeras buscan “el mayor perjuicio institucional y el menor del paciente. No se aplaza ninguna operación urgente, solo aquellas que llevan esperando un año” (El País, 25/1), según una de sus dirigentes. Se han postergado más de 10 mil operaciones.
Para quebrar la lucha, el gobierno presentó un recurso a la Fiscalía, que declaró ilegal la medida argumentando que no se respetan servicios mínimos y cuestionando también el modo de financiación de los huelguistas. Aspe anunció que deponía la medida pero Sindepor la ratificó y su secretario general lanzó una huelga de hambre.
Además de las enfermeras, están en lucha los médicos. Hay huelgas y se ha producido una catarata de renuncias de directores de servicio en los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS). Justamente, las huelgas han puesto de relieve la destrucción del sistema público sanitario por parte de los últimos gobiernos: 40 pacientes por enfermero; no pago a los proveedores; presupuesto insuficiente para medicamentos; etc. “Se raciona la luz y hasta el papel de las camillas”, según el presidente del Colegio de Médicos. El presupuesto del SNS se consume en el pago de los magros salarios, casi sin lugar para la inversión.
La resolución judicial contra las enfermeras es un arma que el gobierno usará contra las huelgas en todo el sector. Los estibadores del puerto de Setúbal hicieron más de un mes de paro contra la precarización laboral a fines del año pasado. Ferroviarios, bomberos, judiciales e incluso empleados del servicio penitenciario han hecho también numerosas jornadas de paro.
En el marco de este importante proceso de recomposición obrera, las conducciones sindicales de la UGT, ligada al Partido Socialista, y la CGTP, afín al Partido Comunista, han lanzado dos paros generales aislados en el sector público, como parte de una política de descompresión. Las fuerzas políticas a las que responden, junto al Bloco de Esquerda y los verdes, sostienen al gobierno ajustador de Costa en el parlamento.
Lo que detonó el último paro, desarrollado el 15 de febrero y que contó con un acatamiento del 80% según los organizadores, fue la fijación del salario mínimo en 635 euros, lo que deja a casi la totalidad de los trabajadores del sector sin aumento salarial. En el marco de las políticas de ajuste que se incrementaron con la intervención de la Troika (2011-2014), los trabajadores estatales han sufrido un fuerte ataque en sus ingresos en los últimos diez años.
Aunque algunos han querido presentar al gobierno de Costa como anti-austeridad, lo cierto es que ha mantenido las políticas de reducción del déficit que impone Bruselas y que se hacen sobre la base de un brutal ajuste contra las masas. En esto, Costa muestra una continuidad con su predecesor centroderechista Pedro Passos-Coelho.
En la lucha contra el ajuste, los trabajadores portugueses necesitarán superar a las conducciones sindicales y fuerzas de izquierda que son tributarias del gobierno actual.
