A principios de este año, el gobierno afirmó que mantendría la desocupación por debajo del 8%. Sin embargo, en julio la tasa de desempleo se ubicó en 8,6% y alcanzó su mayor valor en ocho años. En Montevideo, la desocupación es superior al 9%. En los primeros seis meses del año se perdieron alrededor de 20.000 puestos de trabajo.
La juventud es el sector más afectado por esta situación, con una desocupación cercana al 25% para los menores de 25 años. En el caso de las mujeres jóvenes, esta cifra asciende casi al 29%. Con estas cifras, Uruguay se ubica entre los tres países de América Latina y el Caribe con mayor desempleo juvenil. Este es el saldo que dejan 12 años de gobierno progresista para la juventud trabajadora.
La creación de empleo durante la última década se basó en la extensión del trabajo precario, las tercerizaciones y los contratos basura. El aumento de la desocupación tiende a profundizar la precarización laboral: los trabajadores aceptan empleos en peores condiciones laborales y de salario.
El crecimiento del desempleo desempeña otra función: presiona a la baja el salario de los trabajadores. La desocupación se transforma en un mecanismo de chantaje contra la clase obrera en los consejos de salario, donde el gobierno y las patronales establecen la contraposición entre conseguir aumentos salariales y mantener el empleo. Las direcciones oficialistas de los sindicatos son cómplices de este chantaje: negocian los despidos y la flexibilización laboral con las patronales.
Conseguir aumento de salario y combatir la desocupación sólo es contradictorio para los que defienden la ganancia capitalista, puesta en cuestión por la crisis económica. Los trabajadores no podemos subordinarnos a los que priorizan la rentabilidad de los empresarios a costa de permitir los despidos, las suspensiones y el aumento del desempleo. Necesitamos nuevas direcciones para los sindicatos, combativas e independientes del gobierno y los partidos que defienden el ajuste.
Para combatir la desocupación, el Partido de los Trabajadores plantea la organización de los trabajadores ocupados y desocupados para luchar por un programa de prohibición de los despidos y las suspensiones y el reparto de las horas de trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar.
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