La importancia política de la lucha contra UPM20

El gobierno suscribió un pacto colonial con UPM y está comprometido a fondo en la instalación de esta empresa, garantizándoles todas las concesiones imaginables: subsidios millonarios, construcción de infraestructura con fondos estatales, privatización del consumo de agua, acuerdos laborales que ilegalicen el derecho de huelga.

El Consejo de Ministros abierto de Pueblo Centenario fue utilizado para enviar un mensaje firme a la empresa y a quienes se oponen a su instalación. El propio Vázquez salió a enfrentar en cámara a militantes del Frente Amplio que cuestionaban la construcción del tren y la contaminación del agua, para dar garantías de que “UPM se va a instalar en esta zona“. El mismo gobierno que entrega al capital extranjero todo lo que le exige, no está dispuesto a negociar con el movimiento popular, por el contrario, muestra su clara disposición a enfrentarlo si fuera necesario para garantizar los privilegios de esta empresa.

Vázquez completó la presentación pública en Pueblo Centenario con una defensa de los cierres de empresa y los despidos como parte de “la evolución natural del país”. Es todo un programa político para esta etapa, que lleva al país a un estado semicolonial, con la industria totalmente desestructurada (prácticamente desaparecida) y el Estado planificando la infraestructura del país y el gasto del dinero público en función de los negocios de una sola empresa extranjera.

Los candidatos de UPM

Este proyecto de país de UPM es la herencia de tres gobiernos del Frente Amplio, que continuaron con la política de privatizaciones, desindustrialización, entrega nacional y desarrollo del negocio forestal, que recibieron de los gobiernos anteriores. La oposición de derecha defiende el mismo modelo de país y la instalación de UPM2, allanaron el camino para la forestación en Uruguay y no tienen ningún planteo serio para frenar los despidos y los cierres de empresa, en todo caso pretenden usarlos para que los trabajadores soporten reformas laborales regresivas y pérdida de salario.

Esta es la herencia también de los partidos que llevan 15 años hablando de dar la pelea desde adentro y de “disputar el Gobierno” sin romper con el gran capital y el imperialismo, y manteniendo una alianza con los sectores políticos que los representan. Ni el PCU ni el PVP ni ninguno de los disputistas están enfrentando la instalación de UPM2. Sus direcciones están siendo cómplices de esta entrega nacional y de la destrucción medioambiental, que en estos meses ha quedado más que evidenciada en la contaminación y privatización del agua.

Andrade, el candidato que representa a estos sectores en la disputa electoral del FA, no sólo no combate la instalación de la planta, sino que también fue parte de la firma de los acuerdos laborales. Para la empresa es fundamental este punto y lo ha dejado de manifiesto declarando que su instalación depende de la regimentación del movimiento obrero. Le están exigiendo al gobierno que quiebre el derecho de huelga en su coto privado.

Esto significaría un ataque a todo el movimiento obrero uruguayo. Sentaría otro precedente de ilegalización de las ocupaciones, que ya existe en el ámbito público desde el gobierno de Mujica, y que vendría a complementar la prohibición de los cortes de calles y rutas decretada en el 2017. La oposición de derecha pretende ir a fondo en este ataque, desde el día uno se han declarado enemigos de las ocupaciones, del derecho de huelga y de las organizaciones sindicales.

Una lucha estratégica

La asambleas barriales y las organizaciones en lucha contra la instalación del Tren de UPM (como los compañeros del movimiento Por el costado de la Vía) están llevando adelante una lucha en el centro del escenario político. La burocracia sindical y el gobierno tratarán de aislar y quebrar estos movimientos. La dirección del PIT CNT apoya públicamente la instalación de UPM2 y han sido parte de las reuniones y los acuerdos.

Esta cuestión se ha transformado en un parte aguas del cuadro político nacional: todo el Frente Amplio y las direcciones sindicales oficialistas cerraron filas detrás de la defensa de esta entrega nacional de dimensiones coloniales. La lucha contra UPM2 tiene una importancia estratégica para todo el movimiento popular uruguayo.

El PT le plantea a los sindicatos, los gremios estudiantiles, los sectores clasistas y la izquierda impulsar una campaña contra la instalación de UPM: se trata de defender el agua y los recursos naturales, defender el derecho de huelga y plantarnos contra el ajuste, pues los mil millones de dólares que el gobierno invertirá en el “ferrocarril de UPM” son recursos que se le niegan a la educación, la salud, la vivienda o la creación de fuentes de trabajo.

La alternativa es clara: una salida comandada por la clase obrera o más dependencia neocolonial.

Martín Girona