La disgregación definitiva del gobierno

“Uno de los informantes enfatizó en que era inédito que el presidente tuviera que disponer tres veces un cese” publica hoy el Observador. La noticia de que la Ministra de Vivienda, Irene Moreira había adjudicado una casa en forma discrecional y saltándose todo proceso administrativo a una militante de su propio partido (Cabildo Abierto) corrió como reguero de pólvora. Lacalle Pou la convocó a Torre Ejecutiva y no quedó “satisfecho” con las explicaciones. El presidente no pudo encontrar el punto medio entre mirar hacia otro lado y eyectarla del ministerio. Para la mañana del día siguiente llamó a Manini Rios, líder y esposo de Moreira y le pidió que nombrara a alguien que la reemplazara como titular de la cartera. “El senador se enfureció” (El observador 6/5) y se negó a hacerlo. Antes del mediodía Cabildo Abierto convocaba a conferencia de prensa. El aliado sublevado redoblaba la apuesta. Manini Rios anunciaba ante toda la prensa que no remplazaría a Moreira y emplazaba públicamente al presidente a dar marcha atrás. Llegados a este punto la coalición estaba definitivamente fracturada. Digamos de paso que Lacalle no tenía por qué pedirle la renuncia a la ministra y proceder simplemente destituyendola. La negativa de Morerira a presentar su renuncia no constituye, como apuntan algunos, un procedimiento golpista. La constitución uruguaya prevé que el Presidente actúa de conjunto con el Consejo de Ministros, la idea levantada entre otros por Sanguinetti de que los ministros son meramente secretarios del presidente es una interpretación falsa. En esta fila se apuntan incluso sectores del propio Frente Amplio.

El hecho de que Cabildo Abierto impugnara la destitución desnuda, antes que cualquier cosa, el grado que alcanzó la crisis política. Entre esta conferencia de prensa y la que finalmente da la ministra sobre las 20 horas en que renuncia públicamente pasaron ocho horas. Tiempo donde el gobierno quedó entre paréntesis y el presidente definitivamente cuestionado en su autoridad.

Quien quiera ver en el cese de Moreira un procedimiento para subsanar una irregularidad o un caso de clientelismo se engaña. El clientelismo es la savia del régimen burgués. Todo el episodio tiene nada que ver con la corrupción y mucho, pero mucho, con una operación política. El propio Manini lo presenta bajo esta luz “Capaz son otras las cosas que se le quieren cobrar a Cabildo”, algo evidente. La negociación para aprobar la reforma jubilatoria dejó “heridas abiertas” para usar un término que circula. La reforma actuó como catalizador de la crisis en desarrollo. Los más maliciosos insinúan que la denuncia por la casa entregada en forma irregular fue filtrada a la prensa por el propio oficialismo, algo más que probable. Esta hipótesis exhibe a un gobierno de camarillas que conspiran entre sí.

Cabildo Abierto, sólo en el poder Ejecutivo cuenta con 55 cargos. Manini Ríos en estos momentos maneja la posibilidad de retirarse del gobierno pero no es para nada claro que esta tropa responda en bloque a la voz de repliegue.

El trasfondo de toda esta crisis es la completa ausencia de soluciones a la vivienda para las familias, el crecimiento y consolidación de los asentamientos, y una ruina cada vez más acentuada de los trabajadores.

El impasse del régimen es también el impasse de la oposición, incapaz de ofrecer salida a la crisis o directamente tendiendo puentes y alineándose detrás del gobierno. Yamandú Orsi clama por un poco de calma. El diputado Olmos, del sector de Mario Bergara, fue más lejos, escribió en twitter “Debemos respaldar al presidente ante la crisis institucional generada por la ministra insurrecta”. Fernando Pereira, mientras tanto, dijo que esto se arregla “cambiando al gobierno” en 2024. Lo que puede sonar extremo en primera instancia, es antes que nada lo contrario. La pusilanimidad de este planteo está en línea con toda la política del Frente Amplio, que ha colaborado activamente en que el mazaso contra los trabajadores pergeñado por un oficialismo en bancarrota progrese sistemáticamente. Mentar el recambio ordenado del gobierno cuando todavía se desconocen las dimensiones y el alcance de la crisis que tiene paralizada a la política nacional es una impostura. Hasta la semana pasada el FA sostenía que con la aprobación de la reforma jubilatoria, el gobierno había recuperado “el centro del ring”. La desorientación del centroizquierda es fabulosa.

El 20 de marzo pasado en una declaración que puede leerse íntegra decíamos: “El gobierno que pretende aplicar este mazazo a la clase obrera está sacudido por denuncias de corrupción como el caso Astesiano; debieron renunciar varios ministros por otros tantas revelaciones; estamos ante un gobierno en declive y cada vez más impopular. ¿Cómo vamos a permitir que un gobierno acabado lance una ofensiva contra las inmensas mayorías populares?” Esta fatigosa polémica con la falsa oposición del FA y la burocracia sindical, se ha confirmado definitivamente a favor de quienes sostenemos que el gobierno es débil, que está atravesado por contradicciones insalvables y que se deben tomar todas la medidas de acción directa que derroten las reformas negativas contra los derechos y conquistas de los explotados.

El choque Lacalle-Manini es la radiografía de un régimen político fragmentado, con aliados que se enfrentan porque sus apetitos colisionan entre sí.

El silencio del PIT-CNT es ensordecedor. La burocracia consumida en especulaciones sobre toda una serie de tortuosos procedimientos para evaluar una posible consulta popular para derogar la reforma jubilatoria o maquillarla parcialmente, en el giro que ha tomado la situación política ha optado por el mutismo. Por su naturaleza está afectada por la parálisis general. En el terremoto actual solo puede confundir y desorientar a la clase obrera.

La especie de que Uruguay constituye una excepción en la región debido a su estabilidad queda definitivamente sepultada. La deriva que han tomado los acontecimientos deben servir como peldaño, no para desviarla hacia los comicios del año próximo, sino como factor de impulso de la huelga general por todas las reivindicaciones pendientes.