La descomposición política y social detrás de los crímenes de Marielle y Anderson

Enormes manifestaciones se sucedieron el jueves 16, durante los funerales de la parlamentaria del Psol, Marielle Franco y del chofer Anderson, y en los sucesivos actos en diversas capitales del Brasil. Unas 50 mil personas se congregaron en el acto en Cinelandia, el centro político de Rio, 30 mil marcharon en São Paulo. Otras masivas manifestaciones se realizaron en Rio Branco, Teresina, Natal, Recife, Brasilia, Salvador y Belo Horizonte, bajo un profundo dolor de corazones compungidos, pero al mismo tiempo cargadas de una combatividad decidida para que estos asesinatos, por parte de los aparatos represivos y terroristas del Estado, no queden impunes. Organizaciones de izquierda, estudiantes, activistas de derechos Humanos y muchos jóvenes negros fueron el mayor componente de la jornada, aunque hay que destacar que cientos de personas por ‘motu propio’ se acercaron a expresar su dolor y rabia con lágrimas en sus rostros. Se corearon consignas por cárcel a los asesinos y se denunció la responsabilidad política del tándem gubernamental Temer-Pezão-Crivella (presidente, gobernador e intendente respectivamente), por la disolución de la Policía Militar y por el fin de la intervención militar. El ´fuera Temer´ tronó más fuerte que nunca. Ya nadie duda que este fue un crimen político contra una militante y luchadora socialista.

Durante todo el fin de semana se volvieron a realizar movilizaciones en distintos puntos de Rio, como la marcha de 2 mil personas en el complejo de favelas Maré, lugar donde Marielle nació, se crió y comenzó su militancia. Hubo, además, actos en varias capitales europeas y de América Latina, dándole a la lucha por justicia por Marielle y Anderson un carácter internacional.

En contraposición, el gobierno de Temer decretó luto oficial recién dos días después de ocurrido el crimen, presionado por la magnitud del repudio popular frente al asesinato, y ni siquiera se comunicaron desde el gabinete presidencial con la familia de la concejal. Incluso, en un grado de tergiversación vergonzoso, ministros del gobierno intentan utilizar este crimen para mostrar el acierto de la intervención militar para poner fin a la violencia en Rio, como si este crimen no hubiese partido del riñón de los aparatos armados del Estado para silenciar sus denuncias de terrorismo policial contra la población pobre de las favelas.

Marielle venía realizando denuncias públicas contundentes contra el accionar represivo en las favelas cariocas, donde las incursiones de la policía militar son verdaderas campañas de terror, con métodos de tortura y ejecuciones, especialmente de jóvenes pobres, negros y favelados. A esto se le debe sumar el hecho de que Marielle, hace dos semanas, fue designada a cargo de una comisión creada para fiscalizar la intervención militar en Rio para denunciar atropellos por parte de los militares contra los pobladores en las favelas. Ya contaba con una vasta experiencia en la lucha contra la violencia estatal y los crímenes de los paramilitares desde que integró como asesora una Comisión Investigadora contra las llamadas ´milicias´, en 2008, junto al diputado Marcelo Freixo, quien desde aquella época debe llevar una custodia por las decenas de amenazas de muerte de los paramilitares.

Unos días antes de ser asesinada había denunciado la ejecución de dos jóvenes en la favela de Acarí. “El batallón 41°de la Policía Militar de Rio de Janeiro está aterrorizando y violentando moradores de Acarí. Esta semana, dos jóvenes fueron muertos y tirados en un zanjón”, posteó en su cuenta de Facebook.

Las pruebas de que la acción criminal fue ejecutada por orden de la Policía comienzan a salir a la luz. La munición utilizada era parte del lote UZZ-18, en poder de la Policía Federal de Brasilia desde 2006.

El método de ejecuciones brutales es una vieja usanza de la policía carioca. En 2016, “más de 6 mil personas fueron asesinadas en todo el estado de Rio, la mayoría era negra y pobre” (O Globo, 16/3/18). Una verdadera limpieza étnica y social como método de regimentación social y control territorial por medio de métodos de terror impuestos por el Estado. Un reciente informe de Amnistía Internacional revela que 62 activistas sociales y de los Derechos Humanos fueron asesinados entre enero y septiembre de 2017 en todo el Brasil.

Intervención militar

La seguridad pública se encuentra bajo intervención militar desde el 16 de febrero. Los militares han sido convocados por un decreto del presidente golpista Michel Temer, que con la excusa de la lucha contra el tráfico de drogas ha apretado más el torniquete contra las masas pobres que habitan las favelas y barrios plebeyos de la ciudad. El ministro (el ex estalinista) Raul Jungmann ya anticipó que pondrá los tanques en las calles, y ha solicitado un permiso para invadir viviendas sin orden de allanamiento. Al mismo tiempo, los altos jefes militares le piden a Temer inmunidad total y un amparo legal frente al tenor de las acciones que deberán llevar adelante, es decir nuevas masacres, desapariciones, torturas y violaciones generales contra los derechos humanos en las comunidades pobres de la ciudad. Las FFAA exigen “garantías para que no enfrenten una nueva Comisión de la Verdad” en el futuro, declaró el general del ejército Vilas Bôas,m en referencia a la comisión que investigó los crímenes durante la dictadura militar entre 1964 y 1985.

El ministro de Defensa propuso recientemente una suerte de privatización del área de seguridad del Estado, pidiendo que los empresarios financien los proyectos de seguridad a cambio de ofrecimientos de nuevos campos de inversión y lucros en materia de seguridad. La poderosa Federación de Industrias de Rio de Janeiro (Firjan) no sólo apoya la intervención militar, sino que incluso puso a su disposición instalaciones y otros recursos. En 2010, el ex gobernador Sergio Cabral propuso algo similar al millonario Eike Batista con las UPP (´unidades policiales pacificadoras´). Ambos están presos actualmente por fraudes al Estado, corrupción y lavado de dinero.

El PT dice ser contrario a la intervención, pero durante su gobierno envió en varias oportunidades al ejército para ocupar favelas, reprimió las movilizaciones contra el aumento del boleto de ómnibus y contra el despilfarro de dinero por las obras de la Copa del Mundo y Olimpíadas, promulgó la Ley Anti-terrorista y envió tropas a Haití a pedido del imperialismo yanqui.

La descomposición política y de Estado en Rio de Janeiro alcanzó enormes proporciones durante las últimas dos décadas con la llegada al poder del PMDB, de la mano de sus aliados históricos Lula y el PT. Este grupo mafioso continúa en el poder con el gobernador, también procesado por la justicia, Fernando Pezão.

La extrema derecha y los paramilitares

El diputado federal por Rio de Janeiro y candidato a presidente, Jair Bolsonaro, es el representante político de un sector proto-fascista que anida en las fuerzas armadas y en las policías federal, civil y militar. Recientemente declaró en un encuentro empresarial que de ser electo presidente mandaría a ametrallar a la favela Rocinha, la más populosa del Brasil. En su programa propone bajar la edad de imputabilidad y la pena de muerte. Numerosas iglesias evangélicas han manifestado su apoyo a su candidatura. En el parlamento existe un bloque de extrema derecha, que integra Bolsonaro, autodenominado “bancada da bala”.

Gran parte del territorio de Rio se ya se encuentra bajo el control de grupos para-militares, integrados por policías en actividad o exonerados, que ocupando militarmente 164 comunidades, en las cuales habitan unas 2 millones de personas (O Globo, 17-3). Los paramilitares son los grandes aliados de Bolsonaro. En las elecciones municipales del 2016 los milicianos llegaron a cobrar hasta 120 mil reales para permitirles a los candidatos hacer proselitismo en esos territorios. En este último período han cerrado pactos de colaboración con grupos narcos para asociarse en diferentes delitos como tráfico, robo de vehículos de cargas, etc. Estos sectores han largado una campaña de desprestigio de la figura de Marielle Franco, por las redes sociales, horas después de su asesinato.

Catástrofe social

El transfondo de esta crisis política y las manifestaciones de la aguda descomposición social tienen un componente insoslayable: Rio fue el estado más castigado del país por la crisis capitalista y, con el derrumbe del precio del petróleo, de la construcción civil y de las faraónicas obras públicas. La tasa de desempleo de Rio (14,5%) supera la media nacional (12,4%). En enero, mientras en Brasil se creaban empleos a cuenta gotas, Rio perdió otros 10 mil puestos de trabajo.

Todos los indicadores estadísticos dejan ver a las claras el nivel de barbarie a la que están siendo empujadas las masas luego de tres años de esta brutal crisis del régimen en Rio y en todo el país. En 2017 se registraron 60 mil homicidios. Brasil ocupa el terrorífico 5° lugar en femicidios en el mundo. Cada 11 minutos una mujer es violada. Es el 3° país con mayor cantidad de travestis asesinados.

Le cabe a las organizaciones de izquierda, clasistas, de derechos humanos y democráticas mantener el cuadro de movilizaciones permanentes para impedir que este crimen político quede impune y sostener la campaña por encontrar y castigar con la cárcel a los responsables materiales y políticos del asesinato. Hay que poner en pie una comisión independiente que acompañe la investigación y señale el rumbo del movimiento contra la impunidad de los asesinos.

Juicio y Castigo a los culpables materiales y políticos

Fuera la intervención militar de Rio

Por la formación de asambleas y comités populares en las favelas

Fuera paramilitares de las favelas y cárcel a los milicianos asesinos

Por una justicia electa y revocable

Fuera Temer, Pezão y Crivella

Por un gobierno de los trabajadores

Reclamamos el cese de la intervención militar de Río sobre la seguridad pública, con el retiro de las Fuerzas Armadas; y llamamos a formar asambleas y comités populares en las favelas. Abajo las proscripciones políticas. Por una justicia electa y revocable. ¡Fuera Temer! Por un gobierno de trabajadores.