Publicado el jueves 1 de diciembre en el semanario Voces
A principios de noviembre, el gobierno ha dado a conocer la malla curricular de la contrarreforma educativa que pretende imponer en 2023.
Ha suscitado especial debate, la publicación de los programas de Historia que corresponden a 7°, 8° y 9° (sustitución de 1°, 2° y 3° del Ciclo Básico actual).
En el caso de 9°grado, quedan supeditados a un abordaje tangencial los contenidos internacionales, planteándose una visión casi provincial de la historia de nuestro país.
A la par, reaparecen conceptos como “guerra civil”, “amenazas a la democracia”; mientras que “terrorismo de Estado” o “autoritarismo” son lisa y llanamente, omitidos.
La inclusión del ensayo de Sanguinetti “La agonía de una democracia” como un texto historiográfico (decisión por demás discutible), no es lo más grave; sino que esta elección redunde en una restricción de los contenidos que deberían enseñarse a los adolescentes.
A este esquema responde la eliminación de importantes trabajos de historiadores como Carlos Demasi, Vania Markarián y Aldo Marchesi. Se trata del ocultamiento de una perspectiva que ha disputado en el ámbito académico (y público) el relato sobre el pasado reciente.
El gobierno de la educación intenta reinstalar en las aulas la “teoría de los dos demonios” ¿acaso no era esto esperable? Desde una perspectiva marxista, el Estado responde a la clase dominante, la burguesía, que busca imponer la visión de la fracción que ostente el poder.
La clase obrera, es el sujeto omitido en este relato. Las luchas del movimiento obrero de los ’60 en Uruguay, se explican por un contexto internacional de crisis, revoluciones y guerras. El autoritarismo del gobierno, breva de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), así como del desarrollo continental de corrientes conservadoras. Los gobiernos y el capital enfrentaban la tendencia a la huelga general y el ascenso de esas luchas, que se expresaban en la búsqueda de alternativas políticas -de distinto alcance- a la democracia burguesa.
La “teoría de los dos demonios” con sus variantes, es una argumentación que se ha difundido desde la inmediata posdictadura, como forma de legitimar el papel de los partidos del régimen frente al terrorismo de Estado, tanto en su gestación como en la propia dictadura. Sin embargo, en 1972 el propio gobierno de Bordaberry (del cual Sanguinetti era parte) hace públicos informes donde aseguraba que la guerrilla había sido derrotada, lo que representaba un triunfo de la “institucionalidad”.
Es la justificación del “punto final” -reafirmada en nuestro país por los partidos que apoyaron la impunidad y el “Pacto del Club Naval”- que garantizó que los genocidas civiles y militares no hayan sido enjuiciados y encarcelados en masa tras las dictaduras cívico-militares que azotaron a América Latina en los ’60-’70. Cabe recordar que ni el FA, ni los partidos de derecha promovieron el juicio y castigo, aún en un formato restringido, como el juicio a las Juntas Militares en Argentina en 1985.
En la actualidad, detrás de esta formulación, se busca abandonar la enseñanza de la DSN, la complicidad del régimen frente a los crímenes contra militantes, trabajadores y estudiantes, y la represión que desde los ’60 se ejercía sobre la población: la última dictadura cívico-militar habría sido el resultado casi azaroso de la confrontación entre la violencia de la guerrilla y los “excesos” militares.
Sin embargo, la responsabilidad del golpe de Estado y la dictadura -formato institucional adoptado por el terrorismo de Estado-, no recae en la situación de inestabilidad generada por el accionar de grupos “subversivos”, es un recurso político del gran capital.
El Estado burgués, adapta a sus circunstancias concretas los dispositivos de transmisión ideológica, manipulando incluso, la memoria histórica.
La lucha por la historia, implica una lucha por el poder para la clase obrera, ya que sólo en el socialismo será posible el desarrollo libre del conocimiento humano y la recuperación de su pasado.