Inseguridad: El gobierno pide la escupidera

En su paso de oposición a gobierno el Partido Nacional se caracterizó por fustigar al Frente Amplio y sacar rédito de un persistente clima de inseguridad ciudadana que coloca el tema como la principal causa de preocupación entre la población, según indican todas las consultoras.

Un repaso por las propuestas de los partidos oficialistas y de oposición, y sus candidatos arroja que todos coinciden en grandes líneas en un reforzamiento represivo.

Álvaro Delgado plantea “ampliar la visión geopolítica del fenómeno y subir las penas de los integrantes de clanes narco”. Anuncia la creación de una “Unidad Antimafia” al estilo italiano “integrando al trabajo de la policía a la Prefectura Naval, la DGI y el BPS”. A esta rimbombante idea agrega, “reforzar la Secretaría Nacional para la Lucha contra el lavado de activos (…) para golpear a las organizaciones narco en todo su espinel, incluso en su patrimonio.” El planteo no es más que una impostura. Recordemos algo señalado reiteradas veces, la Ley de Urgente Consideración aumentó el tope máximo para hacer pagos en efectivo de 5 mil a 120 mil dólares. Este sólo hecho ya echa por tierra estos anuncios. Ocurre que tal disposición facilita todos los delitos procedentes del lavado de dinero. La Comisión Técnica Asesora del sindicato Bancario (AEBU), ventiló en su momento un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) que señalaba la caída de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS).

“El número de reportes de operaciones sospechosas de entidades no financieras cayó significativamente: pasó de 149 en 2019 a 39 en 2021. El propio BCU lo advirtió el año pasado, vinculándolo con la LUC: “Dentro de las posibles causas de esa reducción significativa en la cantidad de ROS […] pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones que introdujo la LUC” (La Diaria 23/3/22).

El equipo de seguridad de Delgado está coordinado por el ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, además de ex policías y penalistas y por la ex dirigente sindical Patricia Rodríguez, que fuera presidenta del principal sindicato policial. Calabria debió dejar su cargo en el marco de una seguidilla de renuncias de jerarcas del ministerio del interior después que se filtró que utilizaba indebidamente el hospital policial en forma gratuita cuando no le correspondía. Se trata de los mismos protagonistas que han fracasado hasta ahora, y que incluso debieron dar un paso al costado. Delgado además incorpora a la ex dirigente del SIFPOM, el sindicato policial. Rodríguez bajó su perfil luego de ser vinculada a Astesiano, el jefe de seguridad de presidencia que falsificaba pasaportes en las narices de Lacalle Pou, con quien tendría un trato preferencial gracias a la intermediación del custodio. Lo notable de Rodríguez es que aún figura en la web del PIT-CNT como integrante de su secretariado ejecutivo, a cargo de la comisión de Salud Laboral. A la pasada digamos que el archivo los condena a todos: los que se reciclan de dirigentes sindicales en asesores del poder o en sus candidatos (Ripoll también figura aún como integrante del ejecutivo de la central!) y a la burocracia sindical y sus enjuagues que propician la presencia de organizaciones policiales en el ámbito sindical que luego sirven como plataforma de lanzamiento a “figuras”, como Patricia Rodríguez.

PC y Cabildo

Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto tienen una retórica que hace énfasis en una mayor represión pero con ejes distintos. Andrés Ojeda, el candidato colorado se ha embanderado con el plebiscito a favor de los allanamientos nocturnos. De esta forma atrajo al ex fiscal Zubía, un francotirador asiduo de los medios que fomenta el gatillo fácil y los linchamientos. Cabildo Abierto se ha mostrado crítico de toda la política del gobierno en materia de seguridad, por esta razón Lacalle Pou le ha negado cualquier incidencia en la órbita del ministerio del interior. Manini Rios el candidato de CA se ha mostrado hostil al planteo de la utilización del ejército para tareas de “seguridad interna”, y toma distancia de los planteos que tiendan a transformar soldados en policías, como lo plantean tanto blancos como colorados: “Somos partidarios de que las FF.AA colaboren y den una mano importantísima en el control del delito, y tiene muchas formas que hacerlo sin desnaturalizarse.” (Manini Ríos, audición Radio Oriental 6/2). Admite en caso de necesidad “Si se quiere implementar algún cuerpo especial como hay algún candidato que propone, se puede hacer a partir de efectivos militares que pasen a la órbita del Ministerio del Interior como ya pasó hace algunos años [siempre y cuando se reponga] claro está (sic) las vacantes en las FFAA” (ídem anterior).

En el pasado reciente Manini Rios defendió en el marco de una reunión interna de CA la utilización del ejército contra “instituciones antidemocráticas”, para lo cual habría que reservarlo. Entre dichas instituciones hostiles colocaba expresamente al PIT-CNT, y atacaba la idea de algunos de sus socios de gobierno (Gandini – Zubía) de utilizar a las FF.AA en tareas de patrullaje, lo que llevaría al desprestigio de la institución y “a quemar ese cartucho, esa última carta”.

Narcos

El desastre en materia de seguridad se pone de manifiesto con los últimos enfrentamientos entre bandas vinculadas al tráfico de drogas, especialmente en la zona oeste de Montevideo. La tasa de homicidios que tiene la jurisdicción de la seccional 24 que comprende el Cerro y barrios aledaños alcanza los 35 cada 100 mil habitantes. Para compararlo a un lugar donde el narco ha hecho estragos y que en el imaginario popular aparece como muy violento tomemos la ciudad de Rosario en Argentina, que figura sin embargo con una la tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes. Es decir, sensiblemente por debajo. El periodista de policiales Guillermo Losa que cubre la zona periférica de la capital informa que desde que se inauguró el hospital del Cerro, en noviembre del año pasado, se atendieron allí a 180 baleados y 136 apuñalados, muchos de los cuales naturalmente murieron. “La Paloma, Casabó, están vinculados a la disputa de grupos criminales en la zona.” Consultado por quienes son estos grupos, responde: “Algunas de las bandas son archi recontra conocidas: Los vecinos del Cerro saben perfectamente quienes son (…) La de los Suárez es quizás la más conocida de todas, en su momento vinculada al Betito Suárez.” Todos estos barrios se encuentran en el fuego cruzado de al menos cuatro bandas, todos salvo la policía saben quienes están detrás. La disputa por el territorio y por las bocas de venta de droga tiene enfrentados al clan de los Suárez de un lado (el Betito y su medio hermano, el Ricardito) y del otro al de los Colorados-Calidad, que operan en Cerro Norte y Casabó. El Betito está libre, el Ricardito preso, entre otros delitos por ordenar la mutilación de adictos que le debían dinero. El último capítulo de esta guerra tuvo como víctima al cabecilla del clan de los Colorados, asesinado a plena luz del día mientras se desplazaba en su auto por la ruta 1.

El fenómeno del sicariato es un aspecto particularmente violento que implica el asesinato y la tortura de adversarios y adictos y que parece tener una fuerte incidencia en esta escalada.

La denominación “micro trafico” enmascara el poderío económico y de fuego que detentan estos grupos. En un solo cargamento confiscado propiedad de los Colorados se encontraron cien mil dólares más una cantidad de droga que superaba largamente ese valor en el mercado. “Con la droga que se incauto se podían hacer millones de dosis de pasta base, por ejemplo.” (Guillermo Losa, Así nos va | Radio Carve 10/7). Este golpe en el pasado reciente significaba el desmantelamiento completo de una banda, ahora apenas se vió afectada en su operativa.

No es ocioso recordar que esta droga llega desde el exterior, Uruguay no produce ninguna droga química, es decir que hay toda una cadena de complicidades que no termina en los controles aduaneros ni fronterizos, sino que se bifurca en los bienes que ostentan los capos de estas bandas: “Hay una enorme dificultad, se habla de que tienen negocios pero nunca están a su nombre, se incautan autos y – una fuente me decía – incautamos autos que luego resulta que no eran de las personas a las que se las incautamos sino que eran de una automotora que se la había «prestado», entonces, lo reclaman y es muy difícil hacerse con esos bienes, por que no están a su nombre.” (Ídem). Esto ocurre en la disputa del mercado en un conjunto de barrios de la capital, o sea, a una escala modesta la justicia se demuestra inútil para neutralizar la capacidad financiera y operativa del delito, imaginemos al narco que saca en grandes cantidades hacia el exterior (Marset), y el lavado de activos.

Manipulación

El narcotráfico explica en gran parte los índices de criminalidad, estos alcanzan números alarmantes en los barrios de la periferia. Justamente este tema ha producido una nueva crisis en el ministerio del interior, cuando la semana pasada, un estudio financiado por esa cartera estableció una nueva manera de clasificar los homicidios y “concluyo que apenas un 1,9% de las muertes violentas se explicaban por guerras de bandas narco” (El Observador 6/7). Esto está muy lejos de la que maneja el Observatorio de Criminalidad del propio ministerio para el cual la cifra oscila entre el 40% y 50% en los últimos años. Semejante contraste entre números evidencia una manipulación grosera.

Javier Donnangelo, director del Observatorio en declaraciones a El Observador, dijo que “La metodología seguida por este estudio “Tiene serios problemas que hacen que llegue a una estimación que no resiste un análisis”, y precisó: “La subestimación de estos homicidios por parte de Rojido y sus coautores es de una magnitud verdaderamente inaudita.” El sociólogo Emiliano Rojido es el responsable del nuevo estudio y ha brindado múltiples entrevistas de prensa. Donnangelo no se anduvo con vueltas: “Pensar que solo el 2% de los homicidios se debe a conflictos entre grupos dedicados al tráfico minorista es una estimación del problema que lo coloca en niveles insignificantes. Ese estudio –advirtió- arriesga orientar la política pública en una dirección ajena a la realidad” (…) Sostuvo que no tiene una explicación de por que el ministerio del interior decidió tomar la tipología de Rojido, y se preguntó lo evidente: “Si no habrá un intento de «tapar el sol con el dedo» respecto a las evidentes dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a la acción de las bandas narcos.” (Ídem). Todo apunta en esta dirección.

Existen otros análisis que ponen en tela de juicio estas cifras, por ejemplo el de Unidad de Análisis de Homicidios de la Policía, que “Aplicando criterios propios y en forma absolutamente independiente del trabajo del Observatorio, también clasifica (incluso en una proporción más alta que este último) la mayoría de los homicidios como derivados de ‘conflictos criminales”‘, con énfasis en los narcos. En enero y febrero de 2024, esta unidad de la Policía clasificó al 71% de los homicidios en esta categoría” (ídem). Sorpresivamente (o no) pocos días después Donnangelo fue sumariado y está siendo objeto de investigación administrativa: Pablo Abdala (subsecretario de Interior) respondió que “El sumario obedece a las declaraciones que hizo el funcionario en las que adjudicó “intencionalidades” a las autoridades” (El Observador 10/7).

Sin grieta

Existe un auténtico consenso reaccionario alrededor del problema de inseguridad en el que todas las fuerzas políticas coinciden: el acuerdo consiste en ir a un reforzamiento represivo mayor, sea quien sea el que gane la carrera presidencial. Es importante apuntar que tal reforzamiento no ha segado nunca, sino que progreso bajo los gobiernos de todos los signos, y esto no ha redundado en ninguna mejora: el narcotráfico progresa y se afianza, los lazos entre este y los poderes del estado han quedado más expuesto que nunca a través de escándalos a repetición, especialmente en la última etapa. Las “hojas de ruta” presentadas por los candidatos salidos de las recientes internas son cómplices de este estado de cosas o en el mejor de los casos miran para otro lado. Las promesas de golpear al narcotráfico en su financiamiento, o su estructura sin mencionar el secreto bancario constituyen una estafa electoral y así debe ser evidenciado. Se trata de quienes mantienen innumerables vasos comunicantes con el caso Marset, a quien le brindaron cobertura desde cancillería, le facilitaron un pasaporte y salvoconducto. Son abogados o sus estudios jurídicos están al servicio de testaferros y delincuentes de guante blanco. Son los defensores del actual estado de cosas. ¿Como podrían ser la cura de un mal que les arroja jugosos beneficios?

El problema condena también al Frente Amplio y muestra el derrumbe de la charlatanería de la pequeña burguesía integrada al estado burgués. La integrante de Serpaj Florencia Lemos pone el dedo en la llaga al señalar un punto crucial: El narcotráfico se ha instalado en este último tiempo, no sólo en los mercados, “sino como una estrategia de progreso” (La Diaria 13/7). La juventud, despojada de perspectivas y salidas a la miseria cotidiana se vuelve presa fácil del consumo y la violencia funcional a esa barbarie. El ala “progre” del Frente Amplio que hace veinte años denunciaba el estado de las cárceles y reclamaba medidas alternativas al encierro tanto para adultos como adolescentes, ahora propicia la construcción de más cárceles. Este es el epitafio de toda esa ala.

Salida

El desarrollo del delito es inviable sin la complicidad de las fuerzas de seguridad, el propio Estado y su personal político.

El problema de la seguridad debe ser motivo de discusión. Los niveles ascendentes de pobreza, miseria y adicciones, se combinan con un estado en descomposición, con el aparato policial, judicial y político que “organiza” desde arriba ese delito.

La falta de perspectivas y de trabajo para la juventud allana el trabajo de reclutamiento de los grupos criminales.

La pelea por la elevación del salario y el reparto de las horas de trabajo es una primera medida para elevar material y moralmente las condiciones de vida, y poner un límite, atenuar, revertir esta tendencia decadente que se busca perpetuar sobre los trabajadores. Esto solo será impuesto por la acción de las grandes mayorías populares. La única perspectiva de salida de la miseria es un gobierno de trabajadores.

El flagelo de la inseguridad puede ser el puntapié inicial para discutir el conjunto de los problemas que ello implica.