Habrá referéndum: abajo la LUC

Por un plan de lucha por salario, por subsidio al desempleado y contra la reforma de la seguridad social

La obtención de más de 797 mil firmas para que haya un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) plantea la inminencia de un plebiscito en torno a la gestión del gobierno -y no sólo sobre el articulado impugnado. El  número de firmas casi alcanza al 30% del padrón electoral. En unos meses, la ciudadanía será convocada para votar a favor o en contra del recurso contra la ley reaccionaria del gobierno de coalición derechista, lo que genera un hecho político nuevo. Se pondrá en cuestión si el gobierno revalida o no el respaldo que obtuvo en las urnas dos años atrás.

Hace tres décadas algo similar le sucedió a Lacalle Herrera, el padre del actual presidente. En aquella oportunidad perdió un referéndum contra la principal ley del gobierno (que incluía la privatización de la telefónica Antel y otras empresas públicas). A fines de 1992 se produjo una derrota del gobierno, en la cual influyó la ruptura con Lacalle de una parte del Partido Colorado (encabezada por Sanguinetti) y su llamado a votar a favor del referéndum.

Hoy existe una coalición de partidos de derecha que, más allá de eventuales choques y disputas, se ha mantenido unida en torno a un programa de ataque al movimiento obrero y sus conquistas. La LUC agrupa a buena parte de ese programa, si bien la impugnación de apenas 135 de sus 476 artículos deja con vida algunos que son fundamentales. El referéndum enfrentará en este caso a un frente único de la derecha al menos en lo electoral, más allá de las contradicciones internas de dicho bloque. Las figuras vinculadas al PN y el PC que adhirieron a juntar firmas son de tercer orden.

Durante los dos años que habrán transcurrido entre la elección y el referéndum, se ha producido un agravamiento de la crisis económica y social, además de la crisis sanitaria que llevó a Uruguay al nivel más alto de contagios y muertes en el mundo -durante los meses de marzo a junio. Lacalle Pou buscó blindar su política ante la pandemia con la conformación de un grupo asesor de científicos, y hasta el final del año pasado esto le rindió grandes frutos políticos. Uruguay prácticamente no había tenido una ola de contagios hasta comienzos de diciembre, y Lacalle Pou se pavoneaba como si fuera un líder mundial. La reapertura de las clases en primaria y secundaria, y la reactivación de actividades económicas (así como la permeabilidad de la frontera con Brasil), llevaron a que estallara una ola de contagios con preeminencia de la variante P1 del Covid que es aún más contagiosa que la original. Cuando en marzo el gobierno se empecinó en recomenzar las clases presenciales en toda la enseñanza (excepto la Universidad, que decidió permanecer cerrada) volvieron a dispararse los contagios y se generó un desborde de los CTI y picos de fallecimientos. La vacunación -que comenzó más tarde que en otros países de la región- comenzó a hacer notar sus efectos a mediados de junio. Ahora el gobierno decide la reapertura total en la educación, con lo cual amenaza nuevamente con una nueva ola de contagios en momentos en que aún no se ha logrado vacunar a más del 70% de la población.

La bancarrota económica se ha agravado. El PBI sigue por debajo del nivel pre-pandemia, y se han destruido decenas de miles de empleos, y más de 100.000 nuevos pobres se han generado durante el primer año de gobierno. Por su parte, una gran parte de los capitalistas y terratenientes han mantenido o incluso incrementado sus ganancias; muchos de ellos recibieron subsidios gubernamentales mientras la clase obrera veía caer su salario y aumentaban las tarifas públicas y los impuestos al pueblo. El sector sojero y en general todos los empresarios rurales se beneficiaron de un aumento de los precios de exportación y una baja de las tasas de interés. Los bancos también han tenido ganancias fabulosas. Los subsidios estatales a las empresas no han redundado en la reactivación económica; las ganancias empresariales se traducen en crecimiento de los depósitos en los bancos (locales y del exterior) y en fuga de capitales. El FMI ha aplaudido la política del gobierno, que más allá de algunos subsidios a los capitalistas ha mantenido una política de reducción del déficit fiscal. El Fondo Monetario reclama que el gobierno avance en la reforma de la seguridad social, la madre de todas las reformas para el capital financiero, que permitiría destinar más recursos estatales al pago de la deuda externa y al subsidio al capital, a costa de los derechos jubilatorios de los asalariados y el empobrecimiento de los futuros jubilados. Las protestas de los sectores ruralistas ante los aumentos de tarifas y combustibles, o reclamando devaluación de la moneda, por ahora son cosa del pasado. En el contexto actual, el agro ha crecido más de un 10% si se compara el primer trimeste de 2021 respecto al mismo período del año anterior. Esa relativa bonanza mantiene la adhesión al gobierno de Lacalle Pou de parte del ruralismo, y en gran medida de los sectores empresariales de conjunto, que piden ir aún más a fondo contra el salario.

Lacalle Pou ha sufrido un traspié en sus política internacional, que estaba abiertamente alineada con el gobierno de Trump y los gobiernos derechistas de la región. La derrota de varios de estos gobiernos (Macri, Piñera), el fracaso del golpe en Bolivia, las rebeliones de masas en América Latina, el creciente cuestionamiento a Bolsonaro, y por supuesto la derrota del propio Trump han dejado al gobierno uruguayo en un cuadro muy distinto al que imaginaba Lacalle. Las recientes declaraciones del presidente de Uruguay tomando cierta distancia de Biden y manifestando que China es el principal socio comercial, muestra a una burguesía que está tironeada por la pugna entre las grandes potencias por su injerencia en Latinoamérica. Una derecha que está históricamente alineada con el imperialismo yanqui pero que a la vez no quiere involucrarse en un enfrentamiento con China, sino que busca un mayor acercamiento comercial con el gigante asiático. La cuestión de las vacunas es en cierta forma un ejemplo: Lacalle debió recurrir a China para poder iniciar la vacunación; recién ahora el gobierno norteamericano envía una donación de medio millón de dosis para intentar recuperar terreno. El panorama latinoamericano y mundial muestra a una burguesía que es una hoja al viento en la crisis capitalista y en la pugna geopolítica entre bloques. Recientemente Lacalle Pou votó a favor del presidente del BID que propuso EE.UU. (Trump), para ir a un enfrentamiento con China. Ahora se jacta de tener un relacionamiento directo con Xi Jimping (más ficticio que real).

La política del Frente Amplio frente al gobierno comenzó siendo de abierta colaboración, al punto de votar la mitad de la LUC y buena parte de otras leyes del gobierno. En particular dio su voto a la creación de una “Comisión de Expertos” para reformar la seguridad social -un ataque abierto a los derechos jubilatorios de la clase obrera. El objetivo indisimulado es aumentar la edad de retiro y rebajar la forma de calcular la jubilación inicial, de forma de transferir dinero de los bolsillos de los futuros jubilados a los de la clase capitalista. Esto cuando las patronales aportan apenas un 7,5% sobre el salario y los trabajadores aportan un 15%… pero además, existe un alto porcentaje (26%) de exoneraciones a las patronales. En otras palabras, los obreros aportan casi el triple que los patrones, para terminar recibiendo una pasividad miserable (o incluso no lograr una causal jubilatoria en un alto porcentaje). La burocracia sindical del Frente Amplio también participa en esa “comisión de expertos”, buscando un pacto con el gobierno en torno a la seguridad social.

El lanzamiento del referéndum contra 135 artículos demoró no por casualidad más de cinco meses desde que se aprobó la LUC: gran parte del Frente Amplio y de la cúpula del PIT-CNT estaban incluso en contra de un referéndum parcial. Por otra parte, buena parte de los militantes de base y las organizaciones sociales que impulsaban el referéndum exigían que fuera contra la totalidad de la ley reaccionaria, incluyendo los artículos votados por el Frente Amplio. Incluso la federación de cooperativas de viviendas (FUCVAM) y la FEUU (estudiantes universitarios) tenían esa posición originalmente. En el propio PIT-CNT, más de la tercera parte de los sindicatos mantuvo hasta el final la posición de anular toda la LUC. Finalmente, se impuso un referéndum parcial, que siguió siendo resistido por buena parte de la dirigencia frenteamplista.

Alcanzar las firmas necesarias para forzar el referéndum es sentido como una victoria por los militantes de izquierda y del movimiento popular. Sobre todo en las últimas semanas se obtuvo una cifra muy alta de adhesiones, en un cuadro complicado por la pandemia y en medio del silencio mediático. Se trata sin dudas de una victoria de un sector del FA (Andrade, el PCU y el PS) sobre otros que resistieron el lanzamiento de la campaña de firmas. Por ejemplo, Orsi -intendente de Canelones y claro precandidato de Mujica para las elecciones de 2024- tomó distancia del referéndum declarando que no haría campaña. Recién sobre el final apareció en una actividad virtual por internet, junto a otros dirigentes del Frente Amplio. El ala derecha fue aún más explícita en su rechazo a esta campaña, como es el caso de Mario Bergara -uno de los precandidatos frenteamplistas en 2019.

Estamos por lo tanto ante una situación contradictoria. Por un lado el FA aparece enfrentado al gobierno en un referéndum que en buena medida no quiso o intentó evitar, y que implicará un pronunciamiento sobre la gestión del gobierno de conjunto, y por otro lado continúa negociando con ese mismo gobierno una reforma de la seguridad social abiertamente regresiva, neoliberal y antiobrera. La base del movimiento obrero y los militantes de izquierda han sentido como un triunfo la recolección de firmas, lo cual dificulta a sus dirigentes tender puentes al gobierno y pactar la reforma previsional. La posibilidad de una derrota electoral del gobierno coloca un cierto impasse sobre toda la política gubernamental, obligadando a un cierto paréntesis en las leyes más decisivas.

Es necesario intervenir en este nuevo escenario impulsando un plan de lucha contra el gobierno, por aumento general de salarios y subsidio al desempleado, contra la reforma de la seguridad social capitalista, y contra la LUC, denunciando a su vez toda la orientación del FA y la burocracia sindical que han permitido la rebaja del salario y desmovilizaron al movimiento obrero. Esa dirigencia frenteamplista pretenderá contener las luchas en nombre de volcar todas las fuerzas a la campaña por el referéndum, como si las huelgas y movilizaciones de masas no fueran el mejor elemento para empujar a favor de la derrota del gobierno incluso en las urnas.

En esta etapa que se abre es más importante que nunca impulsar la independencia política de la clase obrera frente a todas las variantes burguesas -incluidas las pretendidamente “progresistas”- y poner en pie un bloque clasista y anti-burocrático en el movimiento obrero. La izquierda que se reivindica clasista y revolucionaria debe agruparse con independencia del FA y en la perspectiva de la lucha por un gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.