La enseñanza secundaria ha sufrido importantes golpes propinados por un gobierno que ha tenido como mandato imponer la reforma antieducativa del capital y de los organismos internacionales de crédito.
El vaciamiento del ya asfixiado presupuesto educativo, se procesó por la vía de la mal llamada “transformación educativa” que se cobró, nada más y nada menos, que casi 600 grupos, dejando a miles de estudiantes con peores condiciones de acceso a la educación pública.
Una cifra escandalosa de 19.000 horas docentes menos, que se suman a las 50.000 de coordinación, eliminadas anteriormente. El complemento ineludible para este desmantelamiento es la flexibilización del pasaje de grado, que busca acreditar conocimientos aunque no se posean, pauperizando la formación de los estudiantes, de forma ostensible.
En un contexto de crisis social, caracterizada por un abrumador desempleo juvenil, que ronda el 25%, la pobreza infantil que escala al 22%, el salario mínimo fijado en $22.000, está claro que la solución a las problemáticas educativas, debe buscarse en las condiciones de vida de la clase trabajadora, que envía a sus hijos e hijas a la educación pública.
La responsabilidad del Estado, como expresión del poder de una clase social sobre otra, aparece diluída, a pesar de ser el responsable de desarrollar un programa de guerra contra los trabajadores y sus familias, que repercute especialmente en los niños y jóvenes.
A los factores antes enunciados, se suman la eliminación de la presencia estatal a través de dispositivos no punitivos, minimizando incluso, a través de brutales recortes presupuestales, las más básicas políticas asistencialistas.
Como habíamos anticipado, la respuesta de los docentes organizados no iba a hacerse esperar: los puestos de trabajo de miles de trabajadores están en juego, la posibilidad de miles de profesores interinos (algunos con más de 10 años de egreso) se ve impedida, la superpoblación estudiantil continúa en ascenso…
Desde hace décadas, los trabajadores y trabajadoras de la educación, especialmente los nucleados en la zona metropolitana, han defendido no sólo sus condiciones laborales y salariales, sino las condiciones de estudio adecuadas para los alumnos, llevando adelante importantes medidas de lucha, contra los gobiernos de turno.
Es necesario que estas experiencias sean analizadas como un insumo político de primer orden, a la luz de la paralización de 48 hs votada por la Asamblea General de Delegados de la FENAPES, para los días 15 y 16 de octubre.
Estas jornadas deben representar un punto de inflexión en este conflicto, que coloca a los trabajadores docentes nuevamente en pie de lucha, ocupando y movilizándose por una plataforma que incluye el cese al recorte, la devolución de los grupos y horas eliminadas, así como la denuncia de un recorte presupuestal que asciende a los U$S300 millones.
La burocracia sindical, que se colocó como un dique al desarrollo de la lucha, se ha visto presionada a plantear estas medidas, sin que se avizore su continuidad. Frente a esta posición, es importante que se continúe con un plan de lucha, que reafirme la exigencia de suspensión inmediata de la “transformación educativa”, así como el triunfo del plebiscito en defensa de la seguridad social, el reintegro de los grupos y horas eliminados, el cese de la persecución antisindical, entre otros puntos.
¡Por el triunfo de la lucha docente!
¡Por un presupuesto educativo acorde a las necesidades, mínimo 6+1% del PBI para ANEP y UDELAR!
¡Por autonomía y cogobierno!
