FISCALAZO Y CONTRA-REFORMA LABORAL

Un gobierno empantanado que sólo atina a lanzar iniciativas contra los trabajadores

Por Rafael Fernández

Las decisiones recientes de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad del impuesto a las grandes extensiones de tierras (ICIR) y de la ley que declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, constituyen una intervención en la crisis política del gobierno y del propio FA.

La caída del ICIR inclinó la balanza a favor del astorismo, en medio de la puja entre los “dos equipos económicos”. Hay quienes niegan esta puja, porque interpretan que reconocerla es embellecer al mujiquismo. En esta interpretación, la famosa puja estaría dada entre un bloque de derecha (liderado por Astori) y otro de izquierda (liderado por Mujica). El politólogo Luis E. González abonó esta tesis cuando habló de una línea zigzagueante del presidente para tener contenta a la base del MPP. La realidad es que la puja es entre dos variantes capitalistas, sometidas al Fondo Monetario. Los matices tienen que ver con un planteo de mayor devaluación monetaria –que reclama todo un sector de la burguesía industrial y los exportadores– y la orientación económica de Astori-Lorenzo que privilegia el ingreso de capitales y la “estabilidad” de esos negocios.

Desde el punto de vista de las cuentas fiscales la caída del ICIR no es significativa (recién había recaudado 10 millones de dólares, y con suerte llegaría a 60 millones al año). Es mucho más significativa la postergación de la suba del mínimo no imponible del IRPF y las maniobra con el IPC y el ajuste salarial de los funcionarios públicos. El economista Antonio Elías calcula que ambas medidas implican un “ajuste fiscal” que triplica el monto que iba a recaudar el ICIR, más de 170 millones de dólares. Las migajas que se pretendían recaudar con el impuesto a los grandes terratenientes apuntaban precisamente a presentar un flanco más “popular” para el fiscalazo contra los trabajadores. La caída de este impuesto tiene entonces implicancias políticas, porque obliga a reabrir el debate fiscal, cuando el gobierno lo último que quiere es que la población vuelva a tomar conciencia de la inmensa sangría que implican los impuestos indirectos (en particular el IVA) y los impuestos directos al salario y pasividades (IRPF, IASS).

La intervención de la SCJ en relación a la impunidad, y el traslado de la jueza Mota, con ser previsibles igualmente implicaron un tremendo sacudón político. Hay que recordar la crisis abierta en el FA con las leyes “interpretativa” y “de imprescriptibilidad”, incluyendo la fuga de Saravia, la renuncia de Huidobro, y “la gran Semproni”, como factores profundamente irritantes para los militantes de los derechos humanos y buena parte del electorado de izquierda. Aunque detrás de estas resoluciones está también la derecha política, también es cierto que no hubieran sido aprobadas si no existiera el visto bueno de al menos parte del gobierno y el FA. Detrás de la SCJ está Gonzalo Aguirre, Sanguinetti, Bordaberry, Lacalle, pero también Tabaré Vázquez. No hay que olvidar que el traslado de Mota fue votado por unanimidad de la Corte, incluyendo al ministro del Frente Amplio.

La intervención de la SCJ tiene tal importancia porque se produce precisamente en el marco de una crisis en el seno del FA y del propio gobierno, en la “disputa” entre dos variantes burguesas y de sometimiento nacional (y no la “disputa” que imaginaban Lorier o el propio Antonio Elías un tiempo atrás). Y en esta puja, la SCJ fortalece al astorismo y jaquea al mujiquismo.

El regreso de Tabaré

Coincidentemente con el “veto” de la SCJ, se produjo una intervención de características similares del propio ex presidente frenteamplista. Las declaraciones de Vázquez reforzando al equipo económico astorista y exigiendo un entendimiento entre Mujica y su vice como condición para ser el futuro candidato del FA, dejan al presidente con menos margen de maniobra y en una situación de debilidad. Hasta cierto punto se puede decir que Vázquez va a tener la última palabra sobre las acciones del gobierno, y claramente “mandó a parar” en cuanto a cualquier modificación de la política fiscal o monetaria. En este sentido, a Mujica le quedan dos años pero su gobierno está terminado.

Vázquez es rechazado por buena parte de la base militante del FA y de los sindicatos, pero tiene todas las condiciones para imponerse no sólo por el apoyo de los principales dirigentes sino además porque aparece como la carta de triunfo de cara a las próximas elecciones.

La derecha no es oposición

Es notable que sea la SCJ la que actúe como una “oposición” (parcial), frente al rol desdibujado y anodino de los partidos de la derecha, que son incapaces de remontar en las encuestas.

El que sea la SCJ la que intervenga en la crisis gubernamental, y no los Larrañaga o Bordaberry, está mostrando precisamente que esta dirigencia de derecha no es una alternativa real, en los hechos sostiene el mismo programa fondomonetarista del gobierno. Todos ellos están sometidos a los Standard & Poor’s y el capital financiero internacional.

Algo similar sucedió cuando las cámaras empresariales lograron que la OIT intercediera a su favor para establecer la reglamentación sindical y eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos. La derecha tiene una escasa capacidad de movilización por más que cuentan con una fuerte presencia en los medios de comunicación masiva. Los partidos blanco y colorado también están divididos –lo que se refleja incluso en la ‘agenda’ de la seguridad, en particular en el plebiscito por la “baja de la edad de imputabilidad”, donde existen amplios sectores blanqui-colorados que se oponen a esta medida.

El P.I. por su parte insiste con su planteo de ser el “partido bisagra” y el “voto decisivo” en el futuro parlamento. Lo que no señalan es que ya lo fueron, irónicamente en la ley del aborto, una ley que Mieres hubiera querido no ver aprobada, y que terminó asociada al nombre de su diputado Iván Posada.

Ajuste fiscal y reforma laboral

El ministro de Trabajo envió una ley al parlamento para eliminar la “ultra actividad” de los convenios colectivos, una norma que favorece a los sindicatos, en tanto establece que las cláusulas de los convenios se mantienen vigentes más allá del vencimiento del mismo. Esta norma pretende ser derogada por las patronales, porque en virtud de ella los sindicatos no se ven obligados a firmar un acuerdo que sea peor que el anterior, como podría suceder si las cláusulas del convenio cayeran automáticamente con su finalización.

El planteo de las patronales es decididamente cavernícola, y el que Mujica y Brenta hayan enviado este proyecto al parlamento constituye sin lugar a dudas un “mandado para los patrones” como declaró nada menos que Richard Read.

La ley de negociación colectiva se complementa con la reforma estatal impulsada por el gobierno, que establece peores condiciones laborales para los futuros funcionarios públicos. La misma en general mantiene los derechos adquiridos a los actuales trabajadores de la Administración Central, como “peaje” que el gobierno está dispuesto a pagar para lograr la caída de estos derechos para los empleados que sean contratados en el futuro. Aunque la negociación a la interna del FA condujo a limar algunas de las peores aristas (ahora el proyecto reconoce que son funcionarios públicos todos los que trabajan para el Estado en régimen de subordinación, sean presupuestados o contratados), el proyecto mantiene este régimen doble, que rebaja derechos para los futuros trabajadores.

Ambas leyes deben ser repudiadas por el movimiento obrero, exigiendo el retiro de los proyectos por parte del gobierno. La burocracia sindical está orientada por el contrario a negociar “mejoras” a los mismos, una política que conduce a la desmovilización y a viabilizar su aprobación al menos parcial.

Esta verdadera “reforma laboral” regresiva, sumada al fiscalazo de comienzo del año, son señales decisivas para los capitalistas, a los cuales se les garantiza sus ganancias y se pone fin a toda expectativa de que el gobierno cederá ante los sindicatos, por más oficialistas que estos sean. El veto al acuerdo de la bebida alcanzado por la FOEB fue otro mensaje dirigido tanto a la dirección del PIT-CNT como a los grandes capitalistas, y está marcando la cancha para las próximas negociaciones en los consejos de salarios.

Perspectivas

Se abre un año de grandes luchas y experiencias políticas. Se trata en este año de ayudar a los explotados a librar estas batallas, y será sólo al calor de las mismas que se podrá constituir una alternativa política de carácter socialista. No alcanza con la verborragia contra el gobierno, es necesario marcar un camino de acción para derrotar sus iniciativas antipopulares.

El programa para este año exige levantar: aumento general de salarios; salario mínimo de 25.000 ahora; ajuste automático de sueldos y jubilaciones toda vez que la inflación supere el 5%; eliminación del IRPF y todo impuesto al salario; que el gobierno retire la ley de negociación colectiva y la reforma del Estado; fuera la SCJ de la impunidad; anulación definitiva de la “ley de caducidad”; juicio y castigo y cárcel a todos los responsables de crímenes y torturas.

Desarrollemos un plan de lucha por estas reivindicaciones, un camino concreto que ayuda a la clase obrera a luchar por su propio poder. Por un gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.