Feminicido: ¿La tipificación de un delito como solución a un problema social?

Hace dos semanas visitó el Uruguay la catedrática de la Universidad de Málaga, Patricia Laurenzo. Su visita se debió al debate que se está dando a nivel parlamentario sobre la reforma del Código Penal, el cual no ha sido modificado desde la década del 30.

Laurenzo afirma que el promulgar una ley o introducir una reforma que tipifique el femicidio es algo muy sencillo de hacer, pero que el desafío del gobierno está en educar y en formar para cambiar socialmente la situación. Afirma también que pone a la mujer en el rol de ‘débil’ que es el que le ha asignado la sociedad.

Se puede concluir que el ‘consejo’ que Laurenzo le da al gobierno actual es relativamente bueno, pero es una salida que el gobierno no está dispuesto a dar. En primer lugar, porque la desigualdad se da en los lugares de trabajo (¡incluso en los estatales!) donde las mujeres tienen sus días de licencia por maternidad contados y deben dejar en manos ajenas a sus hijos, por no contar con guarderías en los lugares de trabajo o tener pocas horas para amamantar. Peor aún es en los casos donde la mujer se encuentra en total disparidad salarial con el hombre por el mismo tipo de trabajo, donde la violencia se ejerce desde el punto de vista económico y que está sujeto directamente a la violencia de clase que se ejerce sobre la mujer en su calidad de trabajadora. Sin contar con los numerosos casos de mujeres desocupadas que deben recurrir a refugios con sus hijos en completo estado de abandono y en donde el Estado no invierte un peso para mejorar la condición social de estas mujeres; por el contrario las tienen en completo estado de hacinamiento y les ofrecen trabajar 6 horas por ejemplo, en la huerta del Vilardebó por $4.000 (es decir menos del 10% de la canasta básica) precarizándolas y manteniendo una mano de obra barata (por no decir casi esclava) y convertir su situación en un círculo vicioso sin salida.

Comprobado está, internacionalmente, que aumentar el castigo mediante leyes severas no desalienta el delito.

Estos cambios en el ámbito penal constituyen una confesión de fracaso en el ámbito político y social: el delito de género se extiende. El agravamiento de homicidio a partir de la tipificación del femicidio, pone al descubierto que ese delito está alojado en la estructura de clase de la sociedad, que rechaza la igualdad efectiva de la mujer y el desarrollo social de la niñez. Las reformas al Código acentúan la capacidad punitiva del Estado, bajo cuyo dominio se ejerce, en forma cada vez más agravada, la violencia de género. La protección civil que procura esta legislación llevaría a un régimen cada vez más gobernado por el Código Penal.

El crecimiento de la explotación sexual, en un marco de crisis mundial y de implacable ‘ajuste’ contra la clase trabajadora, deja claro cuál es la salida que el capitalismo deja abierta a la mujer que se encuentra en un impasse social. Es mentira que el uso del Código Penal actúe como contención del delito. La emancipación de la mujer de la violencia social de género, incluida la prostitución y la trata, está vinculada al desarrollo de la capacidad de lucha de la mujer, que sólo puede darse en el ámbito de la lucha de clases de los trabajadores. La organización independiente de la mujer es el arma de defensa contra la violencia de género; no lo va a lograr el agravamiento de penas del Código Penal.

La tipificación de la figura de Femicidio debe estar ligada directamente a los intereses de las mujeres. El Estado, responsable de todos los casos de violencia de género, debe dar respuesta inmediata. La propuesta no puede estar centrada en el aumento de penas, sino por el contrario en el establecimiento de un consejo autónomo elegido por el voto popular controlado por las mujeres. Ese consejo debiera de tener la potestad de elegir y recusar a los jueces que se manifiesten contra los derechos de las mujeres. La inoperancia de las instituciones que deben recibir denuncias y llevar adelante la protección de la mujer violentada se encuentra en la base de que el Estado garantiza las condiciones sociales que viabilizan la violencia de género.

La verdadera salida a la opresión de género, de clase, económica y social está en la organización independiente de la mujer y un gobierno obrero y socialista.