España: Sánchez convoca elecciones anticipadas como antídoto de la derecha

Las elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo en España suponen un arrollador triunfo del Partido Popular. El giro a la derecha del PP, en parte para frenar el crecimiento de su mozo de espadas a la derecha, Vox, ha dado fruto. Ha conseguido una fuerte movilización de sus seguidores en toda España quitando al PSOE virtualmente todos sus dominios territoriales, algunos tan importantes como la autonomía valenciana gobernada en coalición. También cayeron reductos tradicionales del PSOE como el ayuntamiento de Sevilla, tras dos años de gobierno Popular en Andalucía. Los 30 años de tradición socialista de la autonomía más poblada del país, con sus secuelas de corrupción y nepotismo, se han convertido en una losa para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el gobierno de España. El PSOE ha perdido seis de las ocho autonomías que gobernaba contando Valencia: Aragón, Baleares, Extremadura, La Rioja, Canarias. Una imparable hemorragia.

Un desfiladero peligroso

Poco tardó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en anunciar tras el descalabro la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de julio. El 1 de junio a España le toca asumir la presidencia semestral rotativa de la Unión Europea y debería ejercerla en un estado de debilidad significativo. Sánchez pretende combatir la desmovilización del electorado de izquierda colocándolo ante la disyuntiva de que la derecha, tras su dominio territorial, se haga con una mayoría parlamentaria en las Cortes y con el gobierno central. Los aliados del PSOE en el gobierno: Izquierda Unida y Podemos, se han lanzado tras esta vía que asumen como alternativa última tras su práctica desaparición.

Se trata de un reto a muy corto plazo porque Sánchez teme una mayor erosión de su partido y de la coalición de Gobierno si se agota el plazo legal del mandato. El único recurso que le queda es tratar de arañar suficientes votos como para armar una nueva coalición. Ésta, sin embargo, debería pivotar sobre los grupos nacionalistas a la vista del colosal desgaste de sus socios de gobierno, Izquierda Unida (IU) y Podemos. Ambos han mordido el polvo de la derrota en municipios y autonomías. Mientras algunos partidos como Bildu en el País Vasco han polarizado el voto, que a un año de las autonómicas en esa región, se alza como un reto serio frente al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Podemos virtualmente se ha extinguido en Madrid y ahora en un intento desesperado pretende precipitar un acuerdo con la coalición que la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, trata de armar desde hace meses bajo el nombre de Sumar. Parece que de golpe se han olvidado de sus disputas por los cargos y el reparto del dinero electoral.

Los datos electorales

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior la abstención creció en 2023 hasta el 36,09% en promedio aunque hay casos extremos como el propio País Vasco donde fue del 51,27%, comparado con el 34,80% de 2019. El voto en blanco alcanzó el 1,37% mientras que los nulos fueron el 1,47%. Es decir el rechazo activo en las urnas sumó el 2,84% comparado con el 1,85% en 2019. Esto indica que una parte de los trabajadores se quedó en su casa y otros rechazaron las opciones disponibles. La falta de motivación electoral está directamente vinculada a las riñas internas del gobierno, a leyes como la reforma de las pensiones o la reforma laboral con un profundo contenido antiobrero y privatizador, y al incumplimiento de compromisos como la derogación de la legislación represiva como la ley mordaza.

De esta forma España se une a la ola liberal conservadora que recorre Europa. El PP ha visto su caudal electoral reforzado por la desaparición del partido Ciudadanos que no ha sobrevivido en ningún lugar en el país. Sin embargo, el resultado no es una derrota de los trabajadores, ni del movimiento obrero como afirman algunos dirigentes de la izquierda institucional. Es una derrota de esa izquierda que quiere trasladar esa responsabilidad a las espaldas de los trabajadores. El ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, ha declarado que la “desafección” como la “frustración” ciudadana, está siendo “crecientemente canalizadas por las derechas” y que “en tiempos de crisis ecosocial esto es un peligro especialmente grave”. En ausencia de un partido revolucionario, ¿quién iba a canalizar la desafección y la frustración ante la izquierda sino la derecha? Es bajo el gobierno “más progresista de España” cuando más ha crecido la derecha. Y este crecimiento está directamente vinculado al desarrollo de un programa de gobierno de asistencia al gran capital disfrazado con una verborragia izquierdista a cargo de los corifeos de UP.

No hay derrota de los trabajadores

Desafección y frustración son el resultado de la sistemática traición a los compromisos electorales y de la acción premeditada contra las luchas de los trabajadores en España. Pero el movimiento obrero español no se encuentra en una situación de derrota. Pese a que todas sus iniciativas de lucha han sido tabicadas para evitar una confluencia que desembocara en una huelga general, la combatividad sigue en pie y el reguero de conflictos se mantiene. La colosal movilización de los trabajadores de la sanidad en Madrid en contra de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la huelga de médicos de atención primaria y hospitalaria en esta región, resultaron aisladas y limitadas por las burocracias sindicales. Ello a pesar de que la sanidad, en siete de las doce comunidades autónomas del país estaban en pie de lucha en enero y febrero este año. Una huelga general habría podido derrotar a Díaz Ayuso. Pero, aunque no haya sido así la lucha de los sanitarios no ha sido derrotada.

Los conflictos por el salario y las condiciones de trabajo se han seguido multiplicando mientras el gobierno se lavó las manos frente a la legislación que permite la privatización de la sanidad y que no puede derogar porque el propio PSOE y los partidos nacionalistas como PNV y ERC han usado a mansalva. El profundo vínculo establecido entre la ministra de Trabajo y las burocracias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) opera como freno de las luchas. Las centrales sindicales cerraron el 10 de mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que establece un incremento salarial del 10% entre 2023 y 2025 saludado por los portavoces del Gobierno y de un sector de la burguesía como el periódico El País, mientras el PP mantuvo un llamativo mutismo. La propuesta supone un 4% de aumento este año y un 3% en los dos años siguientes. Este aumento es una brutal pérdida salarial para los trabajadores con un incremento del IPC en 2022 del 5,7%. No solo esto, sino que acabaron admitiendo que el control de las bajas por enfermedad pase a manos de las mutuas laborales privadas y no de la seguridad social.

El fermento de la lucha se mantiene

Mientras el izquierdismo se enzarzó por arriba en conflictos y rencillas por el reparto de cargos en coaliciones evanescentes, por abajo discurría la lucha de clases a la que no sólo se le dio la espalda, sino que se la desalentó y se la ataco con leyes y con una alianza de hierro con las burocracias sindicales. El izquierdismo de Podemos en el ministerio de Igualdad ha definido la auto percepción del género y la reforma penal de los delitos sexuales contra la mujer, bajo el nombre de Ley de Libertad Sexual, como paradigma del progreso social. Pero no se estableció ninguna medida para hacer real la equiparación salarial entre el hombre y la mujer. El ministerio de Trabajo bajo control de Izquierda Unida no dota al cuerpo de inspectores de trabajo de personal suficiente para poner fin a los abusos contra los trabajadores. Es esta política la que está en la base de la desafección electoral. El papel que ha jugado el izquierdismo en la coalición de gobierno ha sido despertar ilusiones de que su presencia en el ejecutivo moderaría los planes capitalistas del PSOE.

El gancho electoral de votar al PSOE, IU y Podemos, o la variante Sumar con la incorporación de otros partidos como Más País, para evitar el avance del fascismo en España es un eje falso. No hay una corriente popular entre los trabajadores y la pequeña burguesía de apoyo a una salida fascista. En todo caso los sectores más próximos a una salida de la extrema derecha anidan en la judicatura, las fuerzas armadas y el clero. Los tres pilares de la reacción en nuestro país carecen sin embargo de apoyo social para sus objetivos. Y los principales responsables de una corriente abstencionista son precisamente las fuerzas políticas que han disfrazado las medidas y leyes contrarias a los intereses de los trabajadores de conquistas progresistas.

El papel de la izquierda

Un número significativo de partidos de la izquierda que se reclaman clasistas y revolucionarios arropan estos argumentos. Abrazan la teoría del mal menor que recorre como el agua de los arroyos la tierra ávida de argumentos para capitular ante las formaciones como PSOE, Unidas Podemos, Sumar, y la sopa de siglas que son en definitivas pantallas para sostener el régimen de explotación del capital. Sin embargo, al mismo tiempo que estos debates discurren en la superficie, en las entrañas del movimiento obrero se van desarrollando las contradicciones que son el verdadero motor de la lucha contra el capital y la explotación del hombre por el hombre. Ese proceso está vivo en cada fábrica, en cada taller, en cada hospital.

Mientras tanto la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania sigue con su trabajo de fragmentación del mercado mundial. De motor de los profundos desequilibrios que se expresan en una carestía creciente de la vida. La Unión Europea (UE) ya advirtió a España que debe cerrar el grifo de las ayudas para acelerar la reducción del déficit presupuestario. La deuda pública del país supera con creces el 120% del producto interior bruto. El incremento de los tipos de interés practicados por el Banco Central Europeo (BCE) ha disparado los intereses del crédito interior en el país. La posibilidad de que la consolidación presupuestaria y los altos tipos de interés empujen al país a una recesión sigue vigente. El paro juvenil bordea el 30% a pesar de una reforma que lo enmascara. Nadie cuenta con una patente de corsario para hacer frente al futuro. Los desequilibrios de la guerra se mantendrán en el tiempo y el cuadro económico y social está condenado a empeorar.