España: la crisis sanitaria se convierte en política y se anuncia una huelga de 24 horas

Fuera Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno de la Comunidad de Madrid.

España atraviesa una crisis de régimen que se ha visto desbordada por un fuerte rebrote de la pandemia, con un Gobierno de coalición débil, un régimen monárquico cuestionado y un bloqueo de los partidos por la incapacidad de formar mayorías estables.

Una expresión de esta crisis es el choque entre el gobierno central y el de la comunidad de Madrid en torno a las medidas necesarias para frenar la escalada de contagios de la Covid-19. La capital de España ronda una incidencia acumulada (IA) superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, algo que también ocurre en algunas otras regiones como Navarra y a la que se está acercando Cataluña. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la movilidad en un territorio cuando la IA es superior a 250, cosa que hace Francia, mientras que Alemania usa como indicador una IA de 50 por cada 100.000. El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos tiene manga ancha con la pandemia porque considera que es necesario limitar la movilidad de la población y adoptar medidas suplementarias solo cuando la incidencia acumulada supera los 500 contagios por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, el Partido Popular que controla la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se ha lanzado a una guerra abierta contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de querer “destruir Madrid”. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defiende con ferocidad una política clasista de abandono de la sanidad pública, falta de recursos en los colegios estatales mal preparados para hacer frente a la reanudación de las clases, y que se han convertido en foco de contagio comunitario, caída encubierta en los test de coronavirus, falta de sanitarios y médicos, escasez de rastreadores y confinamiento de barrios de trabajadores que resulta inservible porque los que trabajan tienen derecho a desplazarse hasta sus centros de trabajo en los que las medidas de seguridad sanitaria no existen o son violadas. Los traslados se hacen en medios de transporte abarrotados en las horas punta, exponiendo así a los trabajadores a nuevos contagios. La Comunidad de Madrid ha sido incapaz de planificar siquiera un refuerzo eficaz del transporte público para hacerlo seguro. Un verdadero desastre sin paliativos.

Mientras tanto el Gobierno de coalición entre PSOE Y Unidas Podemos ha decidido adoptar una “actitud pedagógica” frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid perdiendo el tiempo en innumerables reuniones, hasta que decidió actuar por la vía del decreto para imponer sus propias medidas de confinamiento, que en la práctica difieren muy poco de las que la propia Comunidad había adoptado. Pero con la contradicción insalvable de que no resuelve ninguno de los problemas básicos de la seguridad ante la pandemia: sanidad, educación, transporte, actividades laborales.

Se trata en realidad de acentuar restricciones a la movilidad que no van a las cuestiones de fondo. En 2017 el PSOE no dudó en apoyar la intervención del Gobierno de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución cuando lo que estaba en juego era una lucha democrática y no la vida de las personas, salvo las que estuvieron en riesgo por la intervención de las fuerzas de seguridad.

Mientras, en este cuadro, las direcciones de los grandes sindicatos, CCOO y UGT, están embarcados en la colaboración con el Gobierno intermediando en favor de las patronales, CGT ha convocado una huelga general en Madrid “para finales de octubre”. En la convocatoria se afirma que “considera que los motivos que justifican esta huelga están sobradamente justificados” (SIC), y se desarrollan como puntos centrales asuntos vinculados a la pandemia como la privatización del sistema sanitario, la falta de medios en la enseñanza pública que facilitan el contagio, la insuficiencia del transporte público que contribuye a la expansión de la enfermedad, y el rechazo a las políticas anticovid de la Comunidad de Madrid, apuntando que “Estas medidas, más que intentar contener la propagación del Covid-19, lo que pretenden es contener a la gente pobre en sus lugares de residencia y que solo se “muevan” para ir a trabajar, aunque lo tengan que hacer sin que su seguridad e integridad física estén garantizadas. Desde CGT han anunciado que no tolerarán ninguna norma que señale a los barrios obreros y a sus gentes, criminalizando a quienes viven en ellos, que son a su vez las personas más vulnerables y con menos recursos de la sociedad.”(SIC)

Pero el programa de la convocatoria de la huelga general se queda corto porque no da una salida a la situación, no propone la cuestión central: Fuera Isabel Díaz Ayuso, fuera el PP del gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. La incapacidad de las fuerzas políticas presentes para abordar la crisis sanitaria y económica de Madrid se debe superar mediante la organización de los trabajadores que deben tomar en sus manos la gestión de la Sanidad, la Educación y los Transportes, así como la organización de la seguridad sanitaria en los centros de trabajo. Los comités de empresa del transporte público deben debatir y organizar el trabajo, el refuerzo de los servicios, el escalonamiento de los horarios de los servicios para evitar las aglomeraciones. Los trabajadores de los colegios, los maestros, deben tomar en sus manos la organización del trabajo, de los grupos burbuja, y exigir los medios necesarios para garantizar la seguridad en las aulas, y si este objetivo es imposible por la falta de medios, se deben suspender las clases por decisión de las asociaciones de padres y madres y el cuerpo docente de los centros escolares. El sistema sanitario debe quedar bajo el control de los trabajadores de la salud que deben tomar las decisiones organizativas en cada hospital y abrir de inmediato el proceso de contratación de los médicos y sanitarios que sean necesarios para hacer frente a la crisis. Pero la coordinación de estas tareas y los recursos que requieren exige sustituir al Gobierno de la Comunidad por una Junta Central de Trabajadores votada en una asamblea obrera y popular que tome en sus manos todos los resortes del poder de la Comunidad de Madrid.

La convocatoria de huelga de CGT es limitada porque no exige la caída del gobierno de Isabel Días Ayuso, y al no hacerlo y limitar la huelga general a Madrid, está de hecho apoyando al Gobierno de coalición de España en lugar de buscar una salida independiente de clase de los trabajadores de Madrid. Lo que corresponde es una convocatoria de Huelga general en todo el estado. Es evidente en este cuadro general de la situación que ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno de España están dispuestos a aplicar las medidas necesarias para frenar la pandemia. En realidad el conflicto es una divergencia en torno al grado de extensión de la enfermedad que se debe tolerar para no afectar la actividad productiva más allá de ciertos límites. El choque entre el gobierno autónomo y el central se ha convertido en un conflicto entre aparatos políticos que pretenden un despliegue publicitario para sus propios intereses de clase en los que la salud de los trabajadores no juega ningún papel, aunque el ministro de sanidad de Sánchez diga todo lo contrario.

El PP, bajo el ropaje de la lucha “por la libertad” contra lo que se considera la imposición arbitraria de una limitación de movimientos de la población, pretende socavar la autoridad y la estabilidad de la alianza que gobierna España, alegando que los “ataques contra Madrid” están motivados por la presencia del PP en el Gobierno local y en el Ayuntamiento. El PP se ha lanzado a una lucha sin cuartel en Madrid que no es independiente de la lucha interna de la que ha formado parte la exclusión de Cayetana Álvarez de Toledo de su cargo de portavoz parlamentaria, y la distancia que los líderes regionales exitosos electoralmente como Alberto Núñez Feijó en Galicia han tomado de la dirección nacional en manos de Pablo Casado. Esta situación amenaza con generar una crisis mayúscula con parte de su propio aparato y en cierta medida hasta con la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) que viene obteniendo del Gobierno central una concesión tras otra.

El enfrentamiento en Madrid sobre la movilidad a lo que realmente se circunscribe es al consumo de los particulares, fundamentalmente en comercio, esparcimiento y hostelería. Ni el gobierno de España ni el de la Comunidad ponen en cuestión la actividad industrial, incluida la construcción, ni la mayor parte de los servicios, algo que el Gobierno paralizó solo en una situación extrema, mal y tarde, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril aprovechando la Semana Santa esta primavera. Vale la pena recordar que las reacciones más profundas a la extensión del contagio la protagonizaron los propios trabajadores paralizando fábricas y obras cuando se registraban contagios. La reducción de la movilidad en Madrid no afecta al trabajo, las fábricas y las obras siguen viento en popa, pero sí amenaza los ingresos de algunos sectores que son afines al gobierno regional como la hostelería.

Entre la política de Trump y Bolsonaro, es decir la extensión de la enfermedad sin limitaciones para preservar la producción capitalista, y por ejemplo la de Alemania, hay un amplio abanico. Pero en el fondo lo que todos pretenden establecer es una “nueva normalidad”, una convivencia con la pandemia que condena a los trabajadores y a los sectores de menores ingresos a ser las principales víctimas de la enfermedad. Estos quedan sometidos a condiciones de trabajo que no respetan la seguridad sanitaria frente al virus, carecen de viviendas con las condiciones mínimas de habitabilidad que permitan el aislamiento de los enfermos, y están a expensas de los sistemas sanitarios saqueados por décadas de abandono y privatización. Por otra parte, cuando las autoridades aplican la limitación del movimiento en un intento de aplanar la curva de contagios, mediante el confinamiento general o selectivo por barrios, los trabajadores precarios sufren las consecuencias porque carecen de contratos que les garanticen la movilidad y se quedan sin ingresos. Esto es lo que ocurre en los barrios y distritos de Madrid que se han levantado contra su confinamiento.

La batalla en Madrid ha adoptado un carácter emblemático porque el Partido Popular la instrumenta en un intento de trasladar la responsabilidad de la crisis capitalista al gobierno de coalición, como si esta fuera el resultado de la pandemia. Los enfrentamientos entre gobierno y oposición en torno a la cuestión sanitaria de Madrid lo que desvelan es la absoluta parálisis de la vida política del país. El gobierno autónomo ha mostrado ser incapaz de organizar la lucha contra la pandemia, por eso se debe ir y se lo tiene que sustituir por una organización autónoma de los trabajadores. No han gastado en sanidad ni siquiera la mitad de los recursos que el gobierno central le transfirió para ese fin. Este último ha sido incapaz de verificar el buen fin de esas transferencias. No se han contratado los médicos ni sanitarios previstos para hacer frente a un eventual rebrote. La realización de los test es aleatoria y no hay rastreadores para hacer seguimiento de los contactos de los contagiados. Es decir no existe una estructura preventiva y el sistema sanitario está nuevamente al borde de la saturación. Pero al mismo tiempo la propia administración pública del estado está virtualmente paralizada y los recursos que deberían destinarse a la investigación y desarrollo de medicamentos para el tratamiento de la Covid-19 y una vacuna preventiva brillan por su ausencia.

Por el contrario, el Gobierno ha hecho transferencias colosales de dinero para rescatar a las empresas, eximiéndolas del pago de las cuotas de la seguridad social y garantizando pagar el 75% del sueldo de los trabajadores mediante expedientes de regulación de empleo transitorios (ERTE) lo que ha salvado a las empresas de ir a la quiebra vaciando los recursos de la Seguridad Social. La organización capitalista de la sociedad ha puesto de relieve que la propiedad privada de los medios de producción es incompatible con la salud y la vida de los trabajadores y del conjunto de la sociedad. Madrid, que es una expresión extrema de esta contradicción, debe ser puesta bajo el control de los trabajadores.

Por la huelga general en Madrid y en todo el estado.

Fuera Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Asamblea de la Comunidad de Madrid debe ser sustituida por una Asamblea Popular de la Comunidad con representantes elegidos en los centros de trabajo y los barrios.

Sanidad, Educación, y Transporte deben quedar en manos de los trabajadores organizados bajo la supervisión de la Asamblea Popular.