La orientación de criminalizar la pobreza y a los jóvenes se inscribe en un conjunto de políticas represivas del gobierno como son los megaoperativos, una política de razzias en los barrios más pauperizados, llevados adelante por el Ministerio del Interior, desde el gobierno de Mujica (año 2009), la ley de faltas vigente desde el 22 de agosto del 2013.
Este fenómeno que hace varios años está instalado, la inseguridad, no debe ser minimizado, es grave y la política de los gobiernos capitalistas es incapaz de resolver esta cuestión. El reforzamiento sistemático de los aparatos represivos sólo agrava cada vez más la situación.
La causa de esta cada vez mayor inseguridad, no está en la pobreza sino en la decadencia social, cada vez más profunda del capitalismo. Es este sistema que se criminaliza, incapaz de funcionar sin explotar un conjunto de negocios ilegales. Sin corromper cada vez más el conjunto de las instituciones, a los jueces, y a sus aparatos represivos.
Los bancos no funcionarían sino se lavara dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas y otros negocios sucios, que son volcados a la economía.
La eliminación del secreto bancario sería el primer paso para empezar a desmantelar el crimen organizado.
Los sucesos de gran violencia ocurridos el pasado viernes en el barrio Marconi, son la reacción de la juventud pauperizada y los vecinos de la zona constantemente reprimidos, a un nuevo atropello del Estado. El problema principal de esta reacción es que en vez de dirigirse contra los centros del poder y la represión, lo hizo contra trabajadores de la salud y del transporte que son también victimas de la pauperización y la represión.
El viernes alrededor del mediodía fue denunciado el robo de una moto, el denunciante afirma que los ladrones se fueron en dos motos, la robada y otra en la que habían aparecido. Minutos después de la denuncia un patrullero ve dos jóvenes que pasaban en una moto y los consideran sospechosos, como los jóvenes no se detienen a la voz de alto, la policía comienza una persecución, y efectúa varios disparos. Como consecuencia uno de los jóvenes de 16 años falleció en el momento, mientras que su compañero de 17 fue herido de gravedad por una bala que le entró por el oído y le salió por su ojo derecho, perdiendo la vista.
Los vecinos que presenciaron el hecho denuncian que los policías plantaron el arma al joven de 16 años, y le sacaron el casco a patadas. Por su parte la abogada del joven asesinado afirma que este no tiene marcas de parafina en sus manos, lo que significa que no disparó un arma de fuego, desmintiendo de este modo el relato policial -de que hubo intercambio de disparos-, y concordando con los relatos y denuncias de los vecinos y las afirmaciones de los padres de ambos jóvenes. Al igual que sucedió con Sergio Lemos en Santa Catalina se trata de un nuevo caso de gatillo fácil, dónde la policía asesina por el simple hecho de que eran jóvenes y pobres.
La presunción de inocencia que está establecida en la Constitución, dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario y acá como en muchos casos más, simplemente por parecer sospechoso para los efectivos policiales, estos disparan a quemarropas. No se trata sin embargo, de una actuación aislada de la policía, sino de una política del gobierno, dónde se han instaurado la razzias en diversos barrios de Montevideo dando rienda suelta a la percepciones individuales de los efectivos policiales, la detenciones y golpes por ‘portación de cara’, completamente arbitrarias, la posibilidad de mantener un detenido incomunicado por 24 horas. De conjunto se trata de una política que violenta los derechos individuales y las libertades democráticas desde el propio Estado. Lo peor quizás, es que estas prácticas se encuentran avaladas por todo un sector de la sociedad, que frente al miedo de la inseguridad, no se cuestionan que un policía termine con la vida de un joven, – incluso sin motivo-.
No es casualidad que estas situaciones ocurran en los barrios dónde la juventud está siendo pauperizada, en los barrios dónde campea la pobreza y la descomposición por las drogas- cuya distribución cuenta con la complicidad policial-. En definitiva se están militarizando los barrios pobres porque el gobierno -que se jacta de haber terminado con la pobreza, luego de diez años de crecimiento económico-, es incapaz de darle una solución a los jóvenes. Hay una responsabilidad del Estado que no logra solucionar los problemas de la juventud y que por el contrario aumenta la represión y los atropellos policiales, y expulsado y estigmatizando cada vez más, de este sistema en descomposición a la juventud.
La única salida para la juventud uruguaya es la organización independiente del gobierno y los partidos patronales, bajo un programa socialista. Para terminar con los atropellos policiales y la inseguridad intrínseca a este sistema social en descomposición.
¡Basta de gatillo fácil, juicio y castigo a los responsables!
Eliminación del secreto bancario para terminar con el narcotráfico y el crimen organizado.
Defendamos el salario y el trabajo, ¡basta de despidos!
En defensa de la educación pública, no más cupos en la UTU, que nadie se quede sin estudiar.
Sumate a la juventud del Partido de los Trabajadores, para construír una gran Juventud Revolucionaria.
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