La represión policial de una concentración del sindicato de la pesca frente al Ministerio de Trabajo, el pasado 5 de junio, reabrió la discusión sobre la pertenencia del sindicato policial a la central obrera PIT-CNT.
La manifestación sindical fue violentamente reprimida por orden del gobierno, cuando los trabajadores reclamaban contra el prolongado lock-out de la patronal pesquera, que llevaba en ese momento más de seis meses. El gobierno cumplía así con la “ley de urgente consideración” (LUC) votada en 2020, que a su vez legalizaba (y profundizaba) lo ya establecido en el llamado “decreto anti-piquetes” del gobierno de Tabaré Vázquez.
El sindicato policial (antes SIFPOM, ahora SIPOLNA) fue defensor de la LUC y mantuvo una relación muy estrecha con el ex ministro Larrañaga y con Lacalle, y se descubrió que su ex presidenta Patricia Rodríguez tenía línea directa incluso con Astesiano. Rodríguez pasó luego a las filas del partido de gobierno, tras renunciar a su cargo sindical, un derrotero más lineal si se quiere que el proceso de Valeria Ripoll -que del Partido Comunista pasó al PN, aunque en el medio posó incluso de crítica por izquierda del FA y el PCU (por ejemplo, dijo ser partidaria de derogar toda la LUC).
La sindicalización policial estuvo prohibida hasta 2005, cuando bajo el gobierno del FA se autorizó (pero prohibiendo el derecho de huelga); en esa fecha se formó el “SUPU”, y luego otros sindicatos. La ley orgánica policial (de 2015) establece “El derecho a la sindicalización, estándole expresamente prohibido tanto el ejercicio de la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, o la ocupación de los lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”. Resulta por lo menos curioso ver ahora a notorios derechistas criticar la propuesta de expulsión del PIT-CNT, cuando esos mismos derechistas se pasan atacando a esa misma central sindical, y a la vez prohibieron por décadas y décadas la sindicalización policial. De hecho, el fenómeno del sindicato policial es bastante excepcional al menos en América Latina, con gobiernos derechistas o izquierdistas.
En los 90, bajo el gobierno de Lacalle Herrera, se produjo un movimiento policial “ilegal” que tuvo características huelguísticas, donde se realizó una asamblea masiva de policías frente a la sede de radiopatrulla (en el Prado), y que obtuvo en 48 horas un aumento salarial votado en el parlamento a las apuradas, para contener ese fenómeno y evitar mandarles la represión. Al no existir un sindicato, los voceros eran generalmente las esposas (por ejemplo: Sandra Dodera).
Los sindicatos policiales desde 2009 estuvieron fragmentados y no lograron hasta hoy una unificación total. En el inicio en el PIT-CNT había rechazo de diversas tendencias a la aceptación de los sindicatos policiales en la central sindical, hasta que fue aprobado por mayoría en 2009 cuando se formó una unión de sindicatos policiales (USIP).
El sindicato policial tuvo 50 delegados en el último congreso del PIT-CNT (2021), . Integró la corriente “Articulación” que -aliada al PCU- constituía la principal fracción de la burocracia sindical. En ese Congreso el SIFPOM exigió no solamente integrar la Mesa Representativa del PIT-CNT sino además su Secretariado Ejecutivo, lo cual le fue concedido por la mayoría sindical.
La Mesa Representativa había aprobado, previo a dicho congreso, la suspensión del sindicato policial, que no solamente venía de defender la LUC sino también distintos procedimientos represivos (como un hecho sucedido en la Plaza Líber Seregni). Luego la mayoría burocrática logró revertir la votación en una Mesa Representativa Nacional Ampliada. Finalmente, en el congreso del PIT-CNT se presentó una moción por el SAG (gráficos) para la expulsión definitiva, lo cual fue rechazado por una amplia mayoría de delegados integrantes de “Articulación”, el PCU y la corriente “En Lucha” (COFE, FOEB, ADEOM, y otros sindicatos).
En 2023 el SIFPOM dejó de participar del Secretariado e incluso de la Mesa Representativa, se atrasó en las cotizaciones, y vivió un recambio parcial de su dirección (se realizan elecciones cada seis años), aunque luego comenzó a recomponer la relación con la dirigencia de la central sindical.
Ahora se reinstala la discusión a partir de una moción presentada por ocho sindicatos: Unión Ferroviaria, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Sindicato de Artes Gráficas, Federación de Funcionarios de OSE, Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, la Unión de Funcionarios del Codicen, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines y el Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay. Llama la atención la ausencia de algunos sindicatos entre los firmantes, sobre todo AUTE (sindicato de trabajadores de la empresa eléctrica UTE) y SINTEP (enseñanza privada), lo cual marca la crisis existente en la llamada “Coordinación de Sindicatos”. La moción plantea nuevamente la suspensión del sindicato policial hasta que el próximo congreso adopte una resolución definitiva. Es la misma situación que se había dado en marzo de 2021 cuando se tomó esta resolución y luego se la revirtió 19 días después a partir de una fuerte presión de los aparatos vinculados al FA.
El argumento del PCU y Articulación para la participación del sindicato policial en el PIT-CNT es que “son trabajadores” y “tienen derecho a sindicalización”, y si están sindicalizados “tienen que estar en la central única de trabajadores”. Todos estos temas son polémicos en sí mismos. ¿Son trabajadores? Son asalariados del Estado capitalista, sin duda, pero eso no los hace parte del movimiento obrero. Los jueces y fiscales son “trabajadores asalariados”, e incluso tiene sindicatos, pero eso no los hace parte del movimiento obrero (ni integran el PIT-CNT). La policía es parte del Estado, y uno de sus pilares fundamentales, su aparato represivo. Obviamente tiene como uno de sus cometidos principales la represión de la acción obrera (manifestaciones, concentraciones, piquetes, ocupaciones). Se argumenta que la policía no puede desobedecer una orden (del Ministro o de un juez) en cuanto a desalojar una fábrica ocupada o apalear una concentración sindical. Pero eso mismo ya alcanzaría para decir que no forman parte del movimiento obrero, que se basa en la solidaridad y la defensa mutua de toda la clase obrera en sus luchas. Reconocer el derecho de sindicalización de los funcionarios policiales no implica aceptar su integración a una central obrera clasista. Por el contrario, si participa en la central sindical, está señalando una profunda integración de ese movimiento obrero al Estado capitalista.
Solamente en situaciones excepcionales, de extrema descomposición del Estado y de ascenso extraordinario del movimiento de masas, prácticamente en una situación revolucionaria, la policía puede romper con la disciplina y sumarse a un movimiento de lucha. Hay pocas experiencias en la historia mundial, ninguno en la historia nacional. Un ejemplo fue la revolución boliviana de 1952, donde un levantamiento policial fue uno de los detonantes de la insurrección obrera; la división por arriba y la irrupción por abajo de los sindicatos mineros y fabriles fue la combinación específica de una de las revoluciones más importantes de América Latina, que llevó a la disolución del ejército y la conformación de milicias obreras y populares. Marcelo Abdala defendió en el Congreso del PIT-CNT la presencia del sindicato policial, diciendo que sus integrantes debían ser ganados “al punto de vista proletario”, como si se tratara de una cuestión ideológica y no de su rol de represión de la clase obrera. La revolución del ‘52 en Bolivia no nació porque los policías fueran ganados a ningún “punto de vista” sino por la crisis del régimen militar golpista y el impulso por parte del MNR de un putch policial controlado para establecer su propio gobierno; fue la irrupción de las masas obreras en este escenario de fractura por arriba lo que abrió una situación revolucionaria.
La Mesa Representativa tratará en las próximas semanas posición sobre la moción presentada por ocho sindicatos. Por su parte, Marcelo Abdala presentó en nombre de la UNTMRA (metalúrgicos) una moción que busca generar un “ámbito de diálogo” en el PIT-CNT (donde participe el SIPOLNA) y un “equipo de trabajo”, para “estudiar a nivel jurídico las responsabilidades” de la Policía y demás “cuestiones” propias de su función (la diaria, 15/7). Esta moción busca impedir la suspensión del sindicato policial, que a su vez propuso “enviar un referente a los operativos en manifestaciones como garante” (Búsqueda, 8/7).
Es necesario abrir un debate en todo el movimiento obrero, la presencia del sindicato policial es incompatible con un movimiento obrero clasista y combativo. ¡Fuera el sindicato policial del PIT-CNT!
