El movimiento estudiantil enfrenta el desmantelamiento de la educación pública con lucha y movilización

Publicado en el Semanario Voces el jueves 20 de abril 

El conflicto del IAVA, es mucho más que el desalojo de un salón gremial. La actitud los estudiantes ante el atropello de sus derechos no es desmedida ni un “capricho” juvenil, tampoco el paro realizado por los docentes en apoyo a sus reclamos primero, y luego en respuesta a la sanción al director, acusado de insubordinación, por no expulsar a los estudiantes, incumpliendo la orden de inspección.

El salón gremial del Iava es en un pasillo, creado con la reforma de 2009, cuando también se instala un ascensor para brindar accesibilidad a todos pisos: subsuelo, planta central, primer piso y observatorio. El problema es que éste no funciona desde hace más de cuatro años, aunque se paga un servicio mensual de mantenimiento.

El primer argumento para solicitar el desalojo fue que allí se construirá una nueva rampa, a metros de la existente. Es bochornoso que esta sea la prioridad, mientras los techos de las galerías están revestidos de malla de alambre para evitar que los cascotes caigan sobre personas. Los informes técnicos sobre los riesgos que presenta la construcción avalan los sistemáticos reclamos de mejorar las condiciones edilicias.

Entonces; ¿por qué el capricho de sacar a los estudiantes de ese espacio? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué la premura? La rampa es solo una excusa pueril para desalojar el gremio estudiantil, no obedece a una necesidad real.

A partir de la separación de cargo del director, se suceden paros, ocupación y movilizaciones en rechazo a la sanción y a la represión al gremio estudiantil. La respuesta de la autoridades: desalojos, presencia policial, falta de diálogo e intransigencia. El argumento pasa a ser el respeto a las jerarquías y a la autoridad. Sobre las necesidades de los centros educativos, tanto de infraestructura como de personal, no hay respuesta.

Para imponer la transformación educativa, rechazada masivamente por docentes y estudiantes, tienen que liquidar a los gremios y sindicatos que constituyen la herramienta colectiva para frenar esta ofensiva. Porque la reforma no solo reduce los contenidos académicos, sino que es un profundo recorte de presupuesto que se traduce en los problemas de infraestructura, pérdida de horas docentes, grupos superpoblados, falta de equipos multidisciplinarios, de personal auxiliar, etc. En este contexto, el recorte de derechos en la tercera pata de la transformación.

Ades Montevideo resolvió en su asamblea, el pedido de renuncia de Robert Silva y de Jenifer Cherro por negligencia, autoritarismo y represión, y aunque esta claro que no es un problema de nombres, conquistar este reclamo constituye un golpe formidable a un gobierno empantando, que marca un camino para avanzar en los reclamos de fondo ahora. En este sentido, la burocracia sindical, jugada a no hacer olas para garantizar un recambio ordenado de gobierno y el triunfo del FA en 2024, pone las barbas en remojo. Recordemos sino el derrotero de la lucha educativa con las huelgas de 2013 y 2015, la esencialidad o el desalojo violento del Codicen.

El ahorro presupuestal de 151 millones de dólares es un ajuste en regla contra la educación pública estatal y contra los trabajadores en general, que amerita una respuesta de conjunto de todo el movimiento sindical ya que está en juego la educación de los hijos de los trabajadores, la formación de la mano de obra futura y hacia dónde va la riqueza fruto de nuestro trabajo y que administra el estado, si a la educación púbica o a las patronales y los bancos.