El infierno de las cárceles juveniles: EL RESPONSABLE ES EL ESTADO

El famoso video del SIRPA mostró las condiciones en que están confinados los adolescentes en esa prisión. Las celdas dan a un patio donde tienen breves “recreos”, algo muy lejano a la supuesta “rehabilitación” de los menores infractores que se propagandea desde el gobierno.

Una declaración de Madres y Familiares de Desaparecidos denuncia: “El lugar donde ocurrieron los hechos es donde los adolescentes viven sus 24 horas; el ‘patio’ donde tienen su única hora de recreo diario. (…) ¿para qué los encierra el Estado, si no es para aprovechar ese tiempo y dejar marcas positivas en sus conductas? Marcas que comienzan por un trato respetuoso, condiciones dignas, estudio, trabajo, socialización, afecto.”

En este infierno también deben trabajar los funcionarios, que son colocados en condiciones de trabajo totalmente insalubres, además de estar expuestos a ser heridos y hasta poner su vida en riesgo.

La hipocresía de los informativos y de los partidos políticos es infinita: son estos mismos grandes medios de comunicación los que han fogoneado una campaña por la criminalización de la juventud, y los partidos que han gobernado en las últimas décadas (blancos, colorados y frenteamplistas) han endurecido las penas contra los adolescentes en forma sistemática. El debate sobre la “baja” ocultó un gran acuerdo nacional para endurecer la represión responsabilizando a los menores por la inseguridad. Mientras el FA decía “no a la baja”, el ministro Bonomi confesaba que “ya estamos por debajo de la baja” porque los menores pueden ser imputados desde los 13 años (y porque las penas se endurecieron para que estén encerrados más tiempo).

La responsabilidad es del Estado, no sólo de los legisladores que endurecen el código contra los jóvenes, no sólo del gobierno que aplica e impulsa esas políticas represivas, también de los jueces que encierran a la juventud (incluso cuando tienen la opción de aplicar penas alternativas). Todos actúan al grito de la tribuna (manijeada desde los grandes medios y desde la derecha) que reclama que los menores infractores sean enjaulados. El Frente Amplio gobierna hace diez años, y ya no puede hablar de “herencia maldita”: lo que sucede en esas cárceles juveniles es su responsabilidad, como lo es también su responsabilidad el hacinamiento y las condiciones infernales que se viven en las cárceles para mayores.

Pugna interna

En el gobierno de Mujica se entronizó (con Villaverde y Salsamendi) una política de mayor represión, con el argumento de “evitar las fugas”. Para llevar adelante esta política debieron tomar más trabajadores (contemplando en parte la demanda del sindicato), y pese a que se prometía hacer énfasis en la rehabilitación la realidad es que se construyeron cárceles para mantener encerrados a los muchachos.

Hay que recordar que Villaverde fue designado pese a que años antes había declarado que los jóvenes que habían cometido faltas graves eran “irrecuperables”, llegando a justificar hasta la pena de muerte: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no puede formar parte de la misma. Lisa y llanamente, hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la [cadena] perpetua, y la otra habría que ir a Irán, China [países donde rige la pena de muerte, incluso a menores de edad] o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución.”

El giro a una mayor represión (para adultos y jóvenes) vino luego de un primer gobierno del FA donde había fracasado la política supuestamente “garantista” de José Díaz y del INAU bajo las órdenes de la ministra Arismendi (Mides).

La descomposición social que genera el capitalismo, con el empobrecimiento de la mayor parte de la clase obrera (la inmensa mayoría de la clase obrera no llega a un salario líquido de $30.000, que es la mitad del costo de la canasta familiar), conduce a la descomposición de las familias y al aumento de la delincuencia. El entrelazamiento entre los aparatos represivos y el crímen organizado (especialmente la droga) hace inviable una salida a través del incremento de esos aparatos y del endurecimiento de las penas. La mejor muestra de ese fracaso se ve en los EE.UU., donde el complejo carcelario privado es el que dicta las políticas represivas (para garantizar sus ganancias) y donde campea la inseguridad, además del gatillo fácil especialmente contra negros y latinos.

Ahora retorna Arismendi y trae a su lado a Fulco (actual presidenta del SIRPA), y todo indica que hay una pugna en el seno del SIRPA y el INAU, entre distintas camarillas y aparatos ligados a distintas fracciones políticas.

La divulgación del video, y las denuncias de Fulco contra dirigentes sindicales, forman parte de esta puja entre fracciones. La pretensión del gobierno es colocar la responsabilidad por las condiciones en que son hacinados los jóvenes y en que trabajan los funcionarios, en el sindicato. El premio al cinismo se lo lleva la ministra de Educación María Julia Muñoz, entrometiéndose en la interna del SUINAU y el PIT­CNT, pretendiendo desviar la atención y esconder la responsabilidad del gobierno.

Fulco no defiende a los muchachos, tiene otra política que incluye el pasaje a las cárceles de adultos (módulo 11 del Comcar) de aquellos jóvenes que cumplan los 18 años o reabrir centro SER de la Colonia Berro, como centro de máxima seguridad para alojar a los mayores de 18 años.

Otros actores que intervienen apuntan a utilizar las denuncias a su favor, hay quienes hacen negocio con el cuidado de los menores, y que quieren avanzar aún más en la privatización de este sistema. Hay que recordar que el propio Mateo Méndez había abogado por una política privatizadora: “El monopolio del INAU sobre los menores infractores ya fue. Hoy por hoy, en distintos ámbitos, siempre se están buscando nuevos socios y eso es lo que tenemos que hacer en este caso porque el sistema está desgastado y es poco creíble, más allá de que puedan tener muy buenas intenciones. Yo creo que el Estado no tiene que solucionar todo él solo”.

No esconda la mano

La indignación generada por el video debe ser canalizada hacia la denuncia del Estado, que es el responsable, y a reclamar que se modifique la política de criminalización de la juventud, terminando con el endurecimiento de las penas y con las cárceles para jóvenes. Para que haya algún tipo de “rehabilitación” de los jóvenes hay que terminar con las condiciones brutales de encierro y de trato a los muchachos internados en el SIRPA. Entre otra cosa mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios. Hacinando muchachos, manteniéndolos enjaulados durante todo el día, con escasos funcionarios para atenderlos y que viven en constante tensión, es el mejor camino para que estallen represiones brutales como las que se ven en el video. Descargar luego la responsabilidad sobre los propios funcionarios colocados en esa situación, es de un completo cinismo. El responsable, el gobierno, los jueces, los legisladores (en definitiva: el Estado), esconde la mano.