El final lamentable y vergonzoso del Partido de los Trabajadores

Por un congreso de bases del movimiento obrero

El PT surgió en el escenario político de Brasil como consecuencia de la descomposición del régimen militar que había sido establecido en 1964 y como consecuencia de un fuerte desarrollo de la clase obrera. Este desenvolvimiento fue acompañado por la emergencia de numerosos sindicatos independientes y la creación de la Central Única de Trabajadores. Constituyó, por todo esto, la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina en décadas, incluso con la fuerte traba potencial que implicaba el establecimiento de una dirección política constituida por una burocracia sindical en formación aliada a una pequeña burguesía que se estaba reconvirtiendo del stalinismo y del castrismo.

La llegada del PT al gobierno fue del todo singular. Aunque había atravesado un ‘periodo de prueba’ en la gestión de gobernaciones y municipios, el PT se vio obligado a adoptar un procedimiento excepcional para ser aceptado como partido de gobierno. El propio Lula se encargó de advertir a los delegados del Congreso Nacional reunido a principios de 2002 que si deseaban ocupar el Palacio del Planalto en las elecciones de ese año, debían estar dispuestos a “tragarse sapos”. El primero fue, indudablemente, el requerimiento de la compañía, como candidato a vicepresidente, de un empresario textil, evangélico y fundador de un partido de la derecha brasileña. No fue, con todo, el sapo más grande. Cuando el presidente en funciones, Fernando Henrique Cardoso, reclamó el apoyo del FMI para hacer frente a la crisis económica enorme que había comenzado en 1999, el FMI puso como condición que el acuerdo fuera firmado por los partidos que competían en la elección. Lula aceptó con entusiasmo esta extorsión, ofreciendo el primer caso de un partido que sustituía su programa por un programa confeccionado por la principal institución del capital financiero internacional. Para ser rigurosos es necesario destacar, sin embargo, que esta línea de tragarse sapos venía de antes: el hecho más importante es la paz social que había firmado Lula con los terratenientes y el capital sojero de Brasil, en un país donde la cuestión agraria es conocidamente explosiva.

Ya en el gobierno el PT dio varios pasos adicionales. El primero, enseguida de asumir, fue la firma, por parte de Lula y el presidente del Citibank, de un pacto financiero para que la banca norteamericana levantara el bloqueo a los créditos destinados a financiar la exportación de Brasil – u$s12 mil millones de aquellos años (Lo explica William Rhodes en el Financial Times del 24.6.04). De inmediato, designó para presidir el Banco Central a un altísimo funcionario del Bank of Boston, Henrique Mireilles. El gabinete apuntado para la gestión incorporó a ministros designados por el PMDB, así como a numerosísimos funcionarios en distintas reparticiones del Estado. El PMDB no solamente es el mayor partido de la burguesía brasileña sino también una criatura sobreviviente de la dictadura militar. Es también la agrupación más corrompida (“fisiológica”, en la “giria” local) de la política brasileña. Aunque la prensa y la opinión pública hablaran del “gobierno del PT”, no era el caso obviamente: era un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha del país. El programa anti-obrero que aplicó enseguida provocó la escisión de un número importante de legisladores y la formación del Psol, una coalición de agrupaciones que se había ‘tragado todos los sapos’ precedentes.

En este cuadro estalla el primer gran episodio de corrupción: el llamado “mensalao”, por el cual se utilizaba dinero público para conseguir los votos de la bancada del PMDB, en casos no necesariamente controvertidos, para aprobar los proyectos del gobierno; el lubricante de la coalición con la burguesía era la corruptela. No obstante esto, quienes hoy aseguran que la corrupción es común a la derecha como a la izquierda, en aquellos momentos saludaba el ‘liderazgo’ de Lula y la supuesta elevación de la misérrima población brasileña a la categoría de “clase media C”. El mensalao produjo las primeras bajas en el gobierno, cuando la Justicia condenó al N°2 del PT, Jose Dirceu, un ex guerrillero castrista devenido en un ‘realpolitiker’ del capitalismo. Lo instructivo de todo esto, si se lo puede llamar así, es que la corrupción se instaló en el nuevo gobierno desde el principio, como un mecanismo que habilitaba el funcionamiento de un régimen de coalición con la burguesía nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora aparecen comprometer la continuidad del gobierno de Dilma Roussef. El mecanismo del poder se ha puesto en reversa: los votos del PMDB se han convertido ahora en árbitros de un juicio político contra la Presidenta – que, por otra parte, tampoco es oriunda del PT sino del PDT, un partido nacionalista que había quedado confinado al estado de Rio Grande do Sul.

 Petrobrás, Oderbrecht, Eike Batista

Como lo admite con descaro toda la prensa, las coimas de Petrobrás vienen de lejos; afecta al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (un ex izquierdista y famoso intelectual convertido en agente del Departamento de Estado de EEUU) y al padre del actual presidente de la constructora y empresa de ingeniería Oderbrecht. El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional.

Los gobiernos ‘petistas’ habían convertido a Petrobrás y a las constructoras (y también a la minera Vale) en el pivote de un desarrollo industrial de Brasil. La explotación de los yacimientos pre-sal mediante enormes inversiones y el monopolio operativo de Petrobras pretendía desarrollar una periferia industrial relevante, sea de servicios tecnológicos como de refinerías y producciones derivadas del petróleo. Este plan entró rápidamente en conflicto tanto con las petroleras internacionales, que reclamaban licitaciones abiertas de explotación, como con los accionistas internacionales de Petrobrás, que cuestionaban la rentabilidad de las inversiones así como el recorte de los dividendos en beneficio de las inversiones. Es así que a medida que la actividad de Petrobrás crecía, su cotización en la Bolsa de Nueva York caía; hoy, en el pozo de la crisis, es un 80% inferior a su punto más alto. En el marco de este plan, el gobierno de Lula intentó crear una burguesía petrolera nacional, mediante fuertes concesiones y apoyos financieros a un aventurero, Eike Batista, el cual se lanzó a un incesante acaparamiento de empresas mediante deudas. La primera señal del derrumbe que se desarrolla en la actualidad fue la declaración de quiebra de Batista y toda su red de empresas, agobiado por un endeudamiento que no podía renovar ante los síntomas de crisis en el mercado petrolero internacional. La revelación pública de las coimas de Petrobrás interviene cuando la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo invalida la tentativa industrializadora, ya que priva a la petrolera de capacidad de inversión. Petrobrás ha comenzado a malvender activos en gran escala, por un lado para pagar deudas, pero también para asegurar la continuidad de sus proyectos más relevantes. En Nueva York, los accionistas de Petrobrás reclaman un resarcimiento por el dinero sustraído a las utilidades por las coimas. Hace tres semanas, Dilma dio el paso más duro: eliminó el monopolio de Petrobras como operadora de los yacimientos pre-sal – la principal exigencia del capital financiero internacional y ¡de las bancadas aliadas del PT! La Presidenta asegura que no va a renunciar, bajo ninguna circunstancia, pero ya ha renunciado a los objetivos básicos de su gobierno. Las constructoras brasileñas se encuentran entre las más importantes del planeta. Lula ha sido su principal lobbysta en el país y en el exterior. Coimeado o no, su rol como líder obrero ha quedado completamente desnaturalizado – es un gerente de las firmas capitalistas. Oedrbrecht, Andrada Gutierrez, Camargo Correa y otras, no solamente se beneficiaron de los contratos de obras de Petrobrás, por los cuales han pagado coimas a diestra y siniestra. Gran parte de la política exterior de Brasil se atuvo a los intereses de ellas. Lula se adelantó a Obama en la obtención de concesiones en Cuba para las constructoras brasileñas – lo cual lo convierte en un ariete de la privatización de empresas en Cuba y de la ruptura del monopolio del comercio exterior de la Isla. Lo mismo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o El Salvador, que tienen en común su condición bolivariana. El cabo electoral de Lula, Joao Santana (que también lo fue de De la Sota y Duhalde), organizó las campaña electorales en esos países en función de los intereses de Brasil. Brasil dirigió la campaña electoral de Ollanta Humala, el cual se había comprometido a otorgar la concesión de las construcciones de rutas y oleoductos hacia el Pacífico a Oderbrecht. La corrupción social y política de la dirección y el aparato del PT es considerablemente mayor que la que deriva de las coimas que le son imputadas. Es lo que simplemente olvidan quienes salen a defender a una organización que es políticamente para los trabajadores. La camarilla petista ha trabajado con dedicación para destruir la condición clasista de la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. En las elecciones para elegir la representación obrera en el Consejo de Petrobrás, hace tres semanas, el sindicato de la CUT fue derrotado por una improvisada lista independiente. Los obreros de la petrolera perciben que el gobierno de Roussef está destruyendo a Petrobrás y cediendo a la presión financiera internacional, con el único pretexto de salvar su propio pellejo. El potencial de derrumbe económico que encierra el desmantelamiento de Petrobras y de las propias constructoras, podría llevar a Brasil rápidamente a una situación pre-revolucionaria.

 El Golpe

La destitución de Dilma Roussef es reclamada por todos los sectores capitalistas que han chocado con el gobierno en los últimos años. No han conseguido todavía reunir, sin embargo, una mayoría parlamentaria para proceder al juicio político de la Presidenta, porque las consecuencias serían muy graves para otros intereses tanto o más poderosos. Una gran parte de los destituyentes parlamentarios enfrentan procesos de corrupción a igual título que los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PT. En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria, y de los planes de ajuste que aplicaría un nuevo gobierno. Los ajustes petistas ya han producido casi dos millones de despidos o suspensiones. Puede sorprender que la burguesía industrial de Sao Paulo sea abiertamente golpista, en contraste con el silencio relativo del capital sojero – el cual está recibiendo los beneficios de una gran devaluación de la moneda, el real. Ocurre que esta burguesía industrial ha sido marginada de las tentativas de industrialización de Lula, porque quedó expuesta a la competencia demoledora de China – una gran aliada de Petrobrás y las constructoras. Las grandes acerías brasileñas encabezan la campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China. La burguesía paulista reclama la sanción de una “ley compasiva”, que blinde el capital de las empresas de los perjuicios que ocasionen los ejecutivos de ellas (Ámbito, 10.3). De lo contrario, arguyen, podría venirse abajo el patrimonio de numerosas compañías. El paso siguiente sería la absolución o la disminución de penas por parte de los tribunales de apelaciones o la Corte Suprema.

La charlatanería característica en estos casos, atribuye a la independencia de la Justicia el conocimiento y la sanción de la corrupción. Es Justicia, en realidad, está sustituyendo la aportación de pruebas materiales de los delitos por un sistema de coacción penal que ofrece rebaja de penas y arrestos domiciliarios a quienes confiesen responsabilidades y delaten a supuestos cómplices. Semejante procedimiento sería fácilmente cuestionado en una apelación, incluyendo un cambio en la opinión de los nuevos jueces. La Justicia es un poder del Estado, que en ningún caso irá contra el poder de ese Estado. Mauricio Oderbrecht, el presidente del conglomerado, ha dicho que apelará su condena a 19 años, porque el expediente abundaría en delaciones y estaría carente de pruebas. La llamada “ley del arrepentido” otorga poderes discrecionales a jueces, investigadores y policías contra los derechos ciudadanos.

No se puede dejar fuera de foco la implicancia internacional que tendría un desplazamiento del gobierno de Dilma. Aceleraría el proceso para poner fin al gobierno de Maduro, en especial por el impacto que tendría en las fuerzas armadas de Venezuela un ‘golpe blanco’ en Brasil. En Uruguay, se está desarrollando en torno a acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Ancap, un proceso similar al de Brasil. Por último, sería un espaldarazo al gobierno ‘buitre’ de Macri. La desvalorización enorme que ha sufrido la Bolsa de Sao Paulo es un bocado de cardenal para los bancos y fondos de cobertura internacionales; Brasil se vería obligada también a renegociar la deuda pública. El aguijón de la crisis lo constituye, sin sombra de duda, la voracidad del capital internacional para lograr un nuevo reparto de patrimonios y capitales en Brasil. La deuda externa de Brasil, pública (80% del PBI) y privada (70% del PBI) es de u$s3 billones.

 Crisis en el movimiento obrero

El domingo 13 está prevista lo que sería una gran manifestación a favor del juicio político para destituir a Dilma. La dirección del PMDB se encuentra atenta a los resultados para determinar si se retira del gobierno e inviabiliza de este modo la gestión de Roussef, y lograr una renuncia que evite el ‘impeachment’. No existe ninguna posibilidad, sin embargo, de que estas manifestaciones atraigan a la masa del pueblo pobre y trabajador, que conoce bien a sus inspiradores. No sería, sin embargo, la primera vez que cae un gobierno por presión de un movimiento civil minoritario. Es significativo que a los organismos convocantes les importe poco que el encargado del juicio político a la Presidenta sea el Congreso más corrompido de la historia brasileña.

Frente a la amenaza de golpe a cargo de un parlamento de corruptos, el PT se encuentra ‘groggy’, debido a su complicidad evidente con el favoritismo a los conglomerados capitalistas y la corrupción, y como consecuencia de su complicidad con la política de despidos masivos que asola Brasil. La única oposición a la salida capitalista catastrófica a la crisis en curso, incluida la oposición a un golpe ‘blanco’, es la que puede partir de la clase obrera. Por eso entendemos que lo que se encuentra a la orden del día es el llamado a un congreso de trabajadores, electos en lugares de trabajo y en asambleas, para lanzar una movilización contra despidos y suspensiones, contra el desmantelamiento o privatización de empresas del Estado y contra cualquier salida golpista de parte de un Congreso de delincuentes políticos y económicos. La reivindicación de una Asamblea Constituyente no tendría otra implicancia que poner fin al gobierno de Dilma Roussef, lo cual, en el momento actual, potencia la agitación golpista. Solamente cuando la clase obrera haya reunido las condiciones mínimas de movilización para poder pelear por su propia salida a la crisis, esa reivindicación podría ser una herramienta de lucha. No es aceptable ninguna forma de frente único de hecho con la movilización golpista. La iniciativa de un Congreso obrero de delegados, que debería ser dirigida a todos los sindicatos y comisiones de fábrica de la CUT, podría ser adoptada conjuntamente por la central sindical combativa, Conlutas, y por la izquierda constituida por el Psol y el Pstu. Este congreso se convertiría en punto de polarización de los trabajadores en el caso de que prospere un ‘impeachment’ y con él una situación de mayor crisis económica y política. Brasil vive una circunstancia singular donde gobierno y golpistas rivalizan en el tamaño de su debilidad política y la carencia de apoyo político propio.