El “Diálogo social” nace muerto

El gobierno ha presentado oficialmente la hoja de ruta del “dialogo social”. La comisión encargada está compuesta por diferentes niveles, “arquitectura institucional”, y busca “promover la participación plural, el respaldo técnico del proceso y la búsqueda de acuerdos”. Ya veremos que en realidad se trata de una estructura hiper regimentada. La comisión ejecutiva, según consigna el documento, estará integrada por el Poder Ejecutivo, los partidos políticos con representación parlamentaria y “los actores sociales más representativos”. En total de los 18 miembros, 3 son de los ministerios (Trabajo, Desarrollo Social, Economía), más un representante del BPS y otro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A estos se suman 5 “representantes sociales”: PIT-CNT, Cámaras empresariales, ONAJPU, Red ProCuidados y Plataformas Infancias y Adolescencias (PIAs). Por último 8 representantes de los Partidos: 3 del FA, y 1 por cada partido de la oposición con representación parlamentaria. La hoja de ruta establece que la OPP “ lidera la conducción técnica y operativa del proceso, actuando como secretaría general del Diálogo Social.” Sus potestades son amplias, determina el cronograma general, los participantes y la comunicación institucional. Una entrevista del semanario Brecha a Hugo Bai quien fue asignado para coordinar el diálogo, introduce una discrepancia con el texto: según el semanario por un lado está “la sectorial” y su “organo ejecutivo” compuesto por “representantes de varios ministerios, el BPS y la OPP, que ya se ha reunido, y un plenario de carácter consultivo (integrado por numerosas organizaciones)” que aún no se convocó, (Brecha 25/4). El citado “plenario consultivo” no figura para nada en la hoja de ruta. Este control absoluto es disfrazado en el texto con la alusión de “Conversatorios” y “audiencias con delegaciones” de participación abierta y otras simulaciones. A texto expreso se afirma que la Comisión Ejecutiva es “el ámbito principal para negociar y construir los acuerdos más amplios posibles.” Pero en dicha instancia las organizaciones sociales y los sindicatos están más que desproporcionadamente representadas. Así, el PIT-CNT que impulsó un plebiscito que reunió casi un millón de votos es emparejado con las cámaras empresariales. Osea, un puñado de patronales con diferentes conglomerados de ONG de diversa procedencia y con intereses indeterminados.

Los contenidos que comprende también son objeto de una enorme manipulación. El diálogo fue un conejo sacado de la galera por la conducción del FA para desviar la campaña emprendida por los sindicatos y su propia base contra la reforma jubilatoria de Lacalle Pou, que en forma cada vez menos disimulada defendía. Con el correr de los meses el diálogo que debía abordar una reforma “consensuada” con todas las partes se volvió algo cada vez más amplio y más laxo “Las jubilaciones recién se mencionan en el sexto párrafo de su declaración de intenciones, el penúltimo” apunta Brecha. Sobre esto Bai confirma lo evidente “pretendemos que esto sea incorporado a la discusión, pero de ninguna manera que sea el único tema y yo diría que ni siquiera el central.”

Consultado por la prensa sobre cuales son las “lineas rojas” del movimiento sindical, Marcelo Abdala presidente del PIT-CNT respondió: “vamos a tener una actitud comprometida pero vigilante de que se cumpla el programa de gobierno del Frente Amplio en esta materia” (el Observador 27/4). No del del PIT-CNT, el del Frente Amplio. Advirtiendo el descuido se corrige “Nosotros queremos eliminar las AFAP, lo vamos a plantear en el diálogo social, y además nos vamos a movilizar.”

Para Oddone, el ministro de economía, los puntos planteados por el plebiscito son “asunto laudado” ¿A quien le creemos, a Oddone o a Abdala? “los tres puntos del programa del Frente Amplio son sumamente similares a las tres medidas cautelares que nosotros presentamos en la papeleta del plebiscito, aunque con otro método”. Enredado en sus propios subterfugios el dirigente del PIT-CNT atina a lo que a todas luces es un fraude intelectual, porque el programa del FA no plantea en ningún lugar la eliminación de la Afap.

“Al gobierno le pedimos un diálogo nacional para discutir la estrategia de desarrollo del país (sigue Abdala) y lo miraron con buenos ojos. También se lo planteamos a las gremiales empresariales y fueron receptivas a este planteo” (idem) El “diálogo” se ha convertido en un máxima de la centroizquierda, aunque ya no quede nada que dialogar. Es una propuesta comodina cuando no sabe que hacer, que es casi siempre. La redoblada ruina de las Caja de Profesionales muestra que las dimensiones de la crisis son, como se puede ver, más amplias que las fórmulas que ensayan los alquimistas.

El gobierno de Orsi ha venido a dar un golpe demoledor a la idea de estos sectores de aplicar incluso el programa del propio FA. Desde Oddone en el ministerio de economía hasta Jimena Pardo en el BPS, nada menos que una de las firmantes de la declaración de técnicos frenteamplistas contra el SI, que llamaba al sabotaje de la papeleta blanca impulsada por los sindicatos. Por su composición el de Orsi es un gobierno que viene a generar las condiciones propicias para generar una ofensiva anti-obrera, exactamente lo contrario a las fantasías de Abdala. El coqueteo con cualquiera de estas ilusiones sería criminal. La clase obrera necesita intervenir con una política independiente y de movilización ante esta manipulación y escamoteo de sus reivindicaciones elementales como las planteadas en el plebiscito. El “diálogo social” es un operativo para mantener lo esencial de las reformas jubilatorias antiobreras del 96 y del pasado gobierno de Lacalle.

Esta es para el Partido de los Trabajadores, la gran tarea de la etapa.