Francisco Sanabria -ex Secretario General del Partido Colorado en Maldonado y diputado suplente de Germán Cardoso- retornó al Uruguay y fue procesado por el resonante caso del ‘Cambio Nelson’. Detrás de lo mediático se esconde un entramado que pone en evidencia la podredumbre del sistema capitalista en descomposición y del Estado que lo protege.
La persona de Sanabria resume la opresión del capital; es un poderoso empresario y a la vez una figura política de relevancia en su departamento. Heredero del ‘negocio’ familiar de su padre -ex senador por el Partido Colorado y ex líder del mismo en Maldonado, fallecido en 2015-, captó depósitos de muy dudosa procedencia, libró cheques sin fondos, estafó a los depositantes y a otras empresas, y -muy poco mencionado por los medios- dejó en la calle de un día para otro a unos 200 trabajadores absolutamente precarizados y sin organización sindical. Muchos de los trabajadores ni siquiera recibían su recibo de sueldo y plantearon que la no sindicalización era condición ‘sine qua non’ para trabajar en ‘Cambio Nelson’.
El ‘negocio’ de los Sanabria difícilmente pudo haber pasado inadvertido para el Estado y el Banco Central en particular -por la magnitud de las operaciones que realizaba-. De hecho el contador de Sanabria es Humberto Capote, quien siendo presidente del BCU firmó en 1998 la autorización para la operativa del ‘Cambio Nelson’. Capote firmaba los balances del mismo hasta su cierre.
Pero en estos casi 20 años de operativa se sucedieron dos administraciones coloradas y tres frenteamplistas a nivel nacional, sin que ninguna haya investigado los negociados de los Sanabria. Asimismo en Maldonado hubo tres intendencias del Partido Nacional y dos del Frente Amplio. La última intendente frenteamplista -tras la renuncia de Óscar de los Santos- fue Susana Hernández. Hernández -hoy presidente del FA de Maldonado y escribana de profesión- confesó -luego que el caso saliera a la luz pública- ser depositante asidua del ‘Cambio Nelson’. Que una escribana y ex intendente no supiera que en las casas de cambio no se reciben depósitos es, al menos, llamativo. Los tres principales partidos del régimen están -por acción u omisión- salpicados por el caso Sanabria.
No hubo denuncias previas. ‘Saltó’ todo cuando Sanabria huyó del país dejando carteles en los locales de cambio que anunciaban un cierre transitorio por ‘reorganización de la empresa’. El Estado estuvo ausente y actuó como cómplice -como lo hace desde 1998-. La Justicia procesó a Sanabria y a tres de sus colaboradores de confianza -a uno de éstos sin prisión-. Las penas mínimas para los delitos tipificados oscilan entre tres y seis meses -una ganga-.
El caso pasará al Juzgado de Crimen Organizado porque hay ‘indicios’ de lavado de activos -algo que resulta una obviedad-. La ‘plata sucia’, los empresarios ‘nacionales’ y los políticos del régimen, son encubiertos por un Estado -gobernado por colorados, blancos o frenteamplistas- que sólo actúa cuando ya no se puede esconder la realidad. Y actúa con una tibieza que alienta a que este tipo de operaciones se continúen realizando. Mientras tanto, los trabajadores del ‘Cambio Nelson’ andan penando para cobrar algo de lo que Sanabria les adeuda. El Estado es responsable tanto de la operativa fraudulenta de ‘Cambio Nelson’ como de las condiciones de precarización de sus trabajadores.
La culpa no es del chancho sino del que le rasca el lomo.
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