El caso Astesiano: Gobierno con alambres

La semana última ha dejado tela para cortar. El principal custodio del presidente de la república está en prisión detenido por falsificar partidas de nacimiento para fraguar pasaportes a nombre de ciudadanos rusos. Alejandro Astesiano, el guardaespaldas en cuestión, tiene una larga vinculación a la familia Lacalle. Gozaba de una confianza absoluta por parte del actual mandatario. Contaba, al mismo tiempo, con un frondoso historial de averiguaciones de las que había salido indemne hasta que fue detenido hace una semana en la propia residencia de Suarez. Los casos por los que fue indagado en reiteradas ocasiones son lapidarios: hurto, amenazas, estafa, apropiación indebida, daños. Treinta y cuatro anotaciones, dos procesamientos y una condena. En una palabra, el hombre era impresentable. El presidente no podía alegar desconocimiento porque este prontuario había sido ventilado el año pasado por Radio Sarandí con lujo de detalles. A medida que pasaban las horas la infección amenazaba transformarse en gangrena. Acosado por los periodistas el mandatario negó primero que su custodio tuviera antecedentes, para luego tener que admitir lo inocultable: no solo que tenía antecedentes, sino que había estado preso en 2013 en la cárcel de Las Rosas de Maldonado. A esta altura el escándalo ya era crisis política. Lacalle obligado por las circunstancias y para tratar de salir lo menos manchado posible de la ciénaga en la que se precipitaba más y más debió confesar que la ficha de Astesiano que le presentaron estaba adulterada. Hasta donde se sabe, en esa ficha no figuraban antecedentes ni condenas, solo anotaciones. Acá hay que detenerse en dos cuestiones. La primera es que entre tener un antecedente y tres decenas de anotaciones apenas hay una diferencia de grado, y quizás ni siquiera eso, como apuntó alguien: “Una persona con esa cantidad de anotaciones por indagatorias es alguien complicado, y si zafó todas esas veces tal vez sea más por sus vinculaciones que por su inocencia.” (El Observador 1/10). La segunda cuestión es la que refiere al engaño del que habría sido víctima el presidente, en la que se fabrica un ficha trucha donde Astesiano carece de procesamientos, algo inusitado en la historia política del país. Según declaró a la prensa el secretario de Presidencia Álvaro Delgado “la situación tomó por sorpresa al gobierno, tanto en Presidencia como en el Ministerio del Interior. “obviamente” el jerarca de esa cartera, Luis Alberto Heber, “tampoco estaba enterado” recoge el Observador que habría afirmado Delgado, el hombre más cercano al presidente. Esto parece muy poco probable, pero dándolo por bueno, en el mejor de los casos están todos pintados. El reconocimiento de las más altas autoridades del país de que han sido víctimas de una operación de inteligencia tiene por supuesto otras aristas. Abre la puerta a conjeturas sobre una infiltración a otro nivel. Ocurre que los pasaportes fraguados estaban destinados a ciudadanos rusos de los cuales hoy día se desconoce la cantidad que se emitieron y los fines para los que estaban destinados, nada menos que en un escenario de guerra en esa zona del mundo. Por eso las especulaciones no se hicieron esperar. El paradero de los ciudadanos rusos con documentos falseados es una bomba de relojería con alcance incierto, ¿Hay un trabajo de infiltración o espionaje al más alto nivel en el país? ¿Detrás de estas operaciones hay una camarilla, otras agencias de Inteligencia o un Estado?  Conscientes de que la crisis podría conducir por ese camino el gobierno parece haber decidido encapsular el asunto en las jerarquías intermedias de Identificación Civil, la cual funciona dentro de Policía Científica, donde ya removió al principal responsable del aérea por no advertir que se había manipulado el archivo de Astesiano en la base de datos de esa repartición.

En tiendas del Frente Amplio todo este desmadre ha tenido una respuesta “institucional”, esto es, la de un partido de estado. Las recriminaciones contra el presidente se limitan a que ha dejado en ridículo al país, afectando la imagen de Uruguay fuera de fronteras, o en otro orden que puso “en riesgo” la “seguridad nacional” (El Popular – 30/9). Alejandro Pacha Sánchez senador del MPP por su parte expresó que no hay otra que “ir a fondo”. Es palabrerío, porque que lo que tienen en vista los legisladores frentistas es la creación de una comisión investigadora que posiblemente sea más estéril que otras, es que en nuestro sistema jurídico el presidente no es responsable frente a la Asamblea General salvo en los casos de juicio político. Como mucho el poder legislativo puede demandar explicaciones a los ministros por vía de pedidos de informes o de interpelaciones. El parlamentario es un escenario demasiado estrecho para cumplir un rol de oposición cuando los ritmos de la crisis se aceleran.

Con todo lo del custodio presidencial no es un rayo en cielo sereno. En una carambola indeseada el oficialismo viene golpeado por el caso Marset, en apretada síntesis, un narcotraficante uruguayo definido por interpol como el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), jefe de una organización criminal de la que fue objeto de investigación en Paraguay y por la que resultó asesinado un fiscal de ese país. Marset recibió el año pasado un pasaporte uruguayo perfectamente legal mientras se encontraba detenido en Dubái. En ese momento tenía pedido de captura por parte de interpol. En esto quedó envuelta Cancillería que autorizó el trámite del documento lo que le permitió a Marset seguir el viaje, hoy con paradero desconocido. Los casos de cargamentos de cocaína camuflados en contenedores de soja (miles de kilos de la droga) que no se detectan en los controles en la aduana y se descubren siempre en el extranjero delatan un estado de descomposición generalizado de los aparatos de seguridad y del estado como un todo. El entrelazamiento entre el sistema financiero y el dinero sucio es tal que algunos especialistas afirman que de no contar con esas operaciones la mayoría de los bancos irían a la quiebra lisa y llanamente.

La crisis que tiene aparentemente como eje a la corrupción debe ser caracterizada políticamente. El gobierno se encuentra acosado por una inflación fuera de su control y un principio de desorden económico cuando tiene por delante la inminencia de la reforma jubilatoria la cual debería enviar al parlamento en días. El desquiciamiento educativo que pretende profundizar a través de una problemática reforma educativa acaba de activar como respuesta una huelga de los sindicatos docentes que empalma con las ocupaciones y movilizaciones que los estudiantes vienen desarrollando hace dos meses. Las prerrogativas enormes que le conceden la LUC al estado contra las medidas de los sindicatos no le han garantizado desactivar ningún impulso de lucha cuando este viene de abajo. Las semanas por delante serán prolíficas en acción callejera.

El PIT-CNT no constituye una herramienta de organización ni de unificación de los sectores que se van encendiendo ni sumando a la pelea. “Plan de lucha” dirigido a esta burocracia es un ejercicio vano, el activismo clasista debe poner en pie un polo que tome en sus manos esta tarea de reagrupamiento. Octubre promete alta temperatura.