El contexto internacional pauta que ningún país está a salvo del desarrollo de dos, tres o más olas de COVID-19. Ni las vacunas desarrolladas hasta el momento, ni las medidas de “libertad responsable” se han mostrado suficientes para frenar el avance de un virus que a todas luces, ha revelado ser mortal en un porcentaje significativo (en nuestro país, 1,53 sobre la totalidad de los casos confirmados) al tiempo que coloca a los ya golpeados y recortados sistemas de salud en un permanente colapso.
Con un enorme esfuerzo de la clase obrera, Uruguay estuvo considerado como un país modélico respecto al manejo de la pandemia (siendo uno de los que tenía menor tasa de contagios y muertes en junio del año pasado) a estar durante 14 días primero a nivel mundial en relación a la cantidad de población, con 380000 contagiados y cerca de 5700 fallecidos a principios de julio.
Los responsables de tamaña tragedia son el gobierno de Lacalle y las patronales, que cuentan con la complicidad de la burocracia sindical, para la cual la defensa del aislamiento preventivo nunca fue un elemento central.
El retorno de las clases en liceos y UTU implica volcar a las calles, en un par de semanas, casi medio millón de personas entre estudiantes, docentes, auxiliares, administrativos, etc. A esto se suman los contingentes de quienes están trabajando desde su domicilio por estar al cuidado de menores.
Si el año pasado era descabellado el discurso de la “convivencia” con un virus altamente mortal para el que no tenemos tratamiento eficaz, con 5700 fallecimientos, estando a nada de los 400000 contagios y niveles sostenidos de colapso en CTI, ahora es sencillamente, criminal.
Como docentes, sabemos que la presión, fiscalización y manipulación de las autoridades están a la orden del día. Las presiones por evaluar y promover a los estudiantes, así como acrecentar la presencia en los liceos existen y forman parte de la campaña de “normalización” que el capital impone en este momento.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los trabajadores, no existen garantías para evitar los contagios dentro de las instituciones educativas (ya han habido casos de suspensión de clases por focos en escuelas públicas y privadas, así como en centros de primera infancia) o en alguna de las etapas de la logística familiar y laboral.
Las muertes relacionadas al Covid-19 tienen nombre y apellido, familia, amigos y compañeros. Al gobierno y a la burguesía no les importa sacrificar miles de vidas a cambio de obtener ganancias y minimizar sus pérdidas.
Para esto deben generalizar las condiciones para la “normalización”, es decir, preparar nuevas confiscaciones a través de la Reforma de la Seguridad Social, de la reforma en la educación, la flexibilización laboral y la rebaja salarial.
Por esto, los trabajadores de la educación no debemos aceptar que cientos de miles de estudiantes se movilicen diariamente, que sus familias vuelvan a los puestos de trabajo, que se limiten las convalidaciones, etc.
Que el gobierno se haga cargo de los subsidios a los desocupados igual a la media canasta, que resuelva los problemas asociados a la conectividad y que deje de financiar la fuga de capitales de las empresas.
Se ha manejado en resoluciones sindicales la defensa del “retorno seguro”, que no es más que una ficción, dado que no hay forma de prever las condiciones de esta “seguridad” ¿Cuántas muertes son muchas?
Ni el hostigamiento de las autoridades de la educación, ni las presiones externas deberían hacernos perder de vista que nuestro primer compromiso es la defensa de la vida, de las condiciones de estudio y trabajo.
Por lo tanto, debemos movilizarnos por un programa general por salario igual a media canasta, contra el tarifazo y el aumento de los precios, el retroceso de las medidas relacionadas a la presencialidad en todos los niveles, hasta que termine la emergencia sanitaria, el cese de la fiscalización y hostigamiento, así como de las persecuciones a los militantes sindicales.
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