Duros con las maestras, serviles con los grandes capitales

por Rafael Fernández

El entrelazamiento de la cúpula del Frente Amplio con las grandes empresas rompe los ojos en el caso de la pesquera. Los dueños de Fripur son los hombres más ricos del país, y dejan en la calle a mil familias luego de haber vaciado a la empresa. La deuda con el BROU supera los 40 millones de dólares. Bergara quiso repartir la responsabilidad con los gobiernos blanqui-colorados, al afirmar que esa deuda se generó en “décadas”, pero no puede ocultar que en los últimos 10 años el Frente Amplio amparó a esta empresa, a sabiendas que hambreaba a los trabajadores, y reprimía al sindicato. Fripur a su vez financiaba la campaña electoral del FA.

El trato dispensado a las grandes empresas, exentas de impuestos o abiertamente subsidiadas, y financiadas generosamente por el Estado, contrasta con la mano dura con los sindicatos. La “esencialidad” es inconstitucional por donde se la mire, y busca quebrar una huelga que se extiende día a día a más departamentos y centros de enseñanza.

Los despidos y cierre de empresas, como la represión contra los docentes, están íntimamente ligados. Los capitalistas descargan la crisis sobre las espaldas de las obreras de Fripur y de las maestras.

Como lo había pronosticado el PT, el gobierno vino con un ajustazo debajo del brazo. Las pautas de miseria salarial son apenas una manifestación, que se suma al recorte de inversiones estatales, eliminación de vacantes en las empresas públicas, impulso a las privatizaciones vía «participaciones público-privadas». Se trata de una política deflacionaria que sigue la receta del FMI, es decir, que profundiza la recesión económica.

El paro general del 6 de agosto se constituyó en un verdadero plebiscito, donde más de un millón de trabajadores adhirió a la convocatoria de la central sindical, repudiando las pautas de miseria salarial y los “tijeretazos” a la inversión y el gasto estatal. Mientras en otros países del continente (como en Brasil) la derecha levanta la cabeza y sale a las calles, en Uruguay la derecha carece de iniciativa y es la clase obrera la que se opone al ajustazo del gobierno a través de los paros y movilizaciones.

La respuesta del gobierno fue recurrir a los métodos represivos. Basta señalar que ni los gobiernos de la derecha aplicaron la prohibición de huelgas en la enseñanza –en 1989 el paro docente duró más de 50 días. El recurso a los métodos “pachequistas”, que provocó la renuncia de los ‘consejeros docentes’ en la ANEP, muestra un giro en la situación política.

Frente al cierre de empresas como en FRIPUR, la clase obrera debe levantar la exigencia de su estatización bajo control de los trabajadores, para enfrentar los despidos. Es necesario un plan de lucha del PIT-CNT, para unificar a los trabajadores, por el salario mínimo de 30 mil pesos (apenas la mitad del costo de la canasta familiar), el 6% del PBI para ANEP-UDELAR, contra las privatizaciones y el recorte de inversiones estatales, por un plan económico de los trabajadores para que la crisis la paguen los banqueros, los latifundistas y los grandes capitalistas.

(publicado en semanario Voces, 27 de agosto de 2015)