Diciembre caliente: el gobierno no tiene paz

En la jornada de ayer se conoció que Luis Lacalle Pou ordenó el seguimiento de su ex esposa Lorena Ponce de León, por medio de agentes policiales y probablemente civiles. Esta operación fue llevada a cabo por el hombre para todo del presidente, Alejandro Astesiano, con la participación del subdirector ejecutivo o número tres de la policía, Jorge Berriel. Astesiano pidió al jerarca policial reserva y discreción en todo momento, invocando al primer mandatario.

El llamado caso Astesiano ha superado por mucho una simple trama de corrupción. Removida a primera capa lo que asoma es un sistema de complicidades y encubrimientos donde están involucrados los principales jefes policiales, de Identificación Civil y de los servicios de Inteligencia. Este nuevo capítulo que involucra a la ex esposa del mandatario, adquiere ribetes de sainete patético.

Los resultados de la pericia al celular de Astesiano, arrojaron que estaba en marcha una operación de espionaje sobre dos senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, llevada a cabo por una empresa con sede en Miami encabezada por un ex militar retirado, Marcelo Acuña. Los senadores en cuestión habían presentado unas semanas antes una denuncia ante la justicia por la adjudicación por 80 años de la terminal de contenedores a la multinacional belga Katoen Natie: “Los quieren atar para que retiren la denuncia” surge de los intercambios. La misma empresa le pidió a Astesiano datos sobre la compra de patrulleros oceánicos para la Armada Nacional y la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya. El interés estaba en quitar a posibles competidores compras de tecnología y equipamiento militar. Cabe señalar que reuniones, gestiones y llamados se realizaron desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Lacalle Pou ha intentado desmarcarse alegando desconocimiento y ha intentado pasar a la ofensiva acusando a la oposición de dar manija, escudándose en que la jerarquía política superior no puede ser imputada por los desmanes de sus subordinados, pero lo que no hay forma de ocultar es que estas cosas ocurrían en sus narices, a un par de oficinas de distancia, cuando no con conocimiento y por orden de él mismo.

Ya ha sido destituido el número dos de la policía, Héctor Ferreira, aunque se presente esta salida como una renuncia. Seguirá sus pasos sin más demoras el número tres, Berriel. Estos “renunciamientos” se van a seguir produciendo en las próximas horas como un intento por lavar la cara y echar lastre, un procedimiento común de todos los gobiernos en este tipo de apuros. Desde los 240 caracteres quien mejor definió el estado de cosas es la periodista Diana Cariboni, calificando esta crisis como “Una fascinante ventana a los pasillos secundarios del poder, esos que patea incansable una fauna garronera hecha de diplomáticos segundones, espías industriales, amigos de la familia y reyezuelos de la soja”. El matiz que hay que señalar, es que el caso Astesiano desnuda un estado de descomposición del primer nivel de poder, su cabeza, el presidente y desde allí para abajo.

La Justicia uruguaya también está bajo la lupa. La fiscal que lidera la investigación admitió que por acuerdo con presidencia, concedió que los chats entre Astesiano y el presidente fueran borrados como prueba. Por si esto fuera poco, quien es el encargado policial de suministrar este material a Fiscalía esta como indagado en la causa, siendo uno de los jefes de Inteligencia. Visto el cariz que tomaba el asunto, el presidente negó que él hubiera puesto como condición que se dejaran afuera esos mensajes, algo por otro lado obvio, que otra cosa podría decir. La sospecha recae sobre este jerarca, quien habría eliminado no solo esos chats con el presidente sino algunas cosas más. La manipulación de evidencia es escandalosa. Como se puede ver, cada recodo de este camino destapa una irregularidad. La fiscal Fossatti con estas cartas a la vista y en un caso de altísimo perfil mediático ha “tropezado” un par de veces. Declaró que la única institución que había demostrado interés en aclarar y colaborar con el caso había sido Presidencia. ¡Faltaba más! Lo que a la fiscal se le escapa es que los que colaboran están debajo en la cadena de mando de los implicados, en especial en el caso de la policía.

Más chats

El otro foco de crisis del gobierno es interno. Acaba de renunciar a su cargo la vice canciller Carolina Ache, luego de que se diera a conocer que estaba al tanto de la situación de Sebastian Marset, capo narco uruguayo preso en Dubai, al que se le gestionó en tiempo récord y por canales exclusivos un pasaporte en regla gracias al que pudo abandonar el país del Golfo Pérsico, estando actualmente con paradero desconocido. El subsecretario del Ministro del Interior, Guillermo Maciel, le llegó a advertir a Ache que Marset era un “narco muy peligroso y pesado” y que “sería terrible que fuera liberado”. Esto aparentemente no fue trasmitido al Canciller Bustillo que llegó a declarar en el parlamento que “creía que [Marset] era un futbolista”. Ciudadanos convocó a Ache para que diera explicaciones. Sorpresivamente, Lacalle Pou se pronunció respaldando y manteniendo toda la confianza en la vice canciller. El desconcierto es total. Lacalle Pou insistió “ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente es una información que se requería por parte de la Policía”. Inaudito, sobre todo teniendo en cuenta que las acusaciones entre cancillería y el Ministerio del Interior no paraban: ¿Maciel no le comunicó a Heber quien era Marset o sí lo hizo y Heber miente? Sea como sea, el del presidente es un discurso encubridor. Ache renunció en simultaneo a su cargo en el gobierno y a su sector, es decir a quien el presidente había dado no una sino dos veces todo su respaldo político. Tras cuernos palos, Gandini, senador del Partido del presidente, sentenció que “Si Ache era blanca hace rato no estaba en el ministerio”.

El problema de la dirección

El gobierno está buscando retomar la iniciativa cuando debería estar desmoronándose, que esto no ocurra tiene que ver con el papel del Frente Amplio que actúa como rueda de auxilio. Le va a votar la principal y más importante ley al gobierno, la reforma jubilatoria, aunque lo haga con “reparos” y en forma segmentada. Acaba de nombrar a Gustavo Leal como su representante en la Mesa de Diálogo por seguridad, un cónclave del gobierno para disimular su fracaso en un área que se estimaba como la cura de todos los males.

El Frente Amplio se postula como la fuerza política que viene a capitalizar el descontento en ascenso con la situación que atraviesa el país. Ofrece en esa línea un catálogo con cinco candidaturas para 2024. Ni una sola movilización. Un agente del orden.

Las peripecias que atraviesa el gobierno no tienen que ver, como pretende Fernando Pereira, con un problema de “gestión” ni de “modelos”, sino con un derrumbe de una política que ha quedado aislada a nivel internacional y que no ha parado de cosechar fracaso tras fracaso. El FA busca presentar este hundimiento como un dilema ideológico, la “oligarquía”, “los malla oro”. Así, las contradicciones del capitalismo, las crisis que engendra y la lucha de clases que desata son dejadas de lado.

En un período de guerra y fuertes tendencias al derrumbe económico, el voto es un instrumento estrecho y deja de lado la preparación política de la clase trabajadora para intervenir en un ciclo de crisis y luchas más amplias.

Necesitamos un partido de la clase trabajadora para la etapa que se abre. Esta es la tarea número uno del 2023.