Día Internacional de la Mujer Trabajadora: por una agenda de lucha contra el capital

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en medio de una agudización de la crisis en curso, en particular el genocidio en Gaza, en Congo, la perspectiva de disolución de la OTAN.

La pugna por los metales raros, vitales para la fabricación de electrodomésticos, armas, baterías para autos, etc. marcan la agenda del imperialismo.

Por su parte, la masacre sionista en Gaza y Cisjordania se ha cobrado 50.000 muertos desde octubre de 2023, con una abrumadora mayoría de niños y mujeres. Las cifras de los presos liberados por Israel en el marco del transitorio “alto al fuego” son elocuentes: un centenar de los liberados son menores de edad, otro centenar son mujeres. Los informes denuncian violaciones y golpizas, desnutrición, entre otros métodos de tortura, destacando que un importante porcentaje carecía de condena ni acusación por parte del gobierno sionista.

En este sentido, urge continuar la denuncia y movilización internacional, por la reivindicación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, así como el cese del la invasión colonialista de Israel sobre sus territorios.

El gobierno uruguayo se ha posicionado en favor del sionismo, a través de vínculos diplomáticos y comerciales con Israel, así como acuerdos con el Comité Israelita.

Para denunciar este genocidio y tener una posición en favor de los derechos humanso, el gobierno debe asumir una posición que se base en la ruptura de relaciones con Israel, enfrentando las presiones de sus diferentes instituciones y representantes. A pesar de este mandato ético, tanto Cosse como Orsi se han reunido con la Embajada, con la B’nai B’rith Uruguay, demostrando claramente, en qué lugar del genocidio se posicionan.

La violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas se expresa en múltiples formas en nuestro país. A fines de febrero, Zubía acompañado esta vez por Fossati, Ojeda y Silva vuelve a presentar un proyecto para modificar la ley de violencia contra las mujeres basada en género (19.580), que resulta una declaración de guerra a las mujeres -rechazado junto a otro presentado por Lacalle Pou).

El conjunto de las modificaciones tienden a restar garantías para las denunciantes (que suelen estar en situación de vulnerabilidad respecto al denunciado), ya que a a la hora de valorar la prueba presentada, el juez analizará una especie de “certificado de buena conducta sexual”, donde se expondrá el historial sexual de la víctima (anterior y posterior al hecho denunciado), así como su reacción frente al acto de violencia (su falta de resistencia y silencios). Se elimina el monto fijo para las reparaciones patrimoniales, quedando a expensas de lo que se defina en cada sede.

Estos cambios se enmarcan en la debacle del propio régimen capitalista y las relaciones sociales que en él se establecen, hacen que la obtención de justicia sea cada vez menos plausible para las mujeres más pobres, criminalizando a quienes se animen a denunciar a sus agresores.

Mientras tanto, según cifras del Ministerio del Interior, se efectuaron 39.900 denuncias solo en el último año. Al tiempo que, por diferentes causas, fueron asesinados casi 100 niños en los últimos 4 años.

El Estado es responsable de la violencia contra las mujeres, niños y niñas, en tanto es la expresión política del régimen social: ningún gobierno ha financiado adecuadamente la actual ley de violencia basada en género, tampoco existen políticas integrales que aborden las denuncias realizadas y brinden condiciones materiales para que las mujeres puedan independizarse de sus abusadores y como han demostrado casos como el de Penadés, las instituciones estatales a menudo son cómplices de las redes de trata y explotación sexual.

El FA, por su lado, ha prometido un especial énfasis en la infancia (etapa de la vida en la que se concentra la pobreza, de cada cinco niños, uno es pobre), al tiempo que impulsará una agenda de asistencialismo a los quintiles más bajos de la población.

Sin embargo, esta política de gasto es incompatible con la política económica del Ministro de Economía Gabriel Oddone, quien ha planteado como objetivo el respeto a los índices macroeconómicos del gobierno de Lacalle Pou y la coalición de derecha.

Hacia un plan de lucha inmediato

Las problemáticas señaladas, deben ser incluidas dentro del conjunto de reivindicaciones de la clase obrera, pues no existe emancipación de las mujeres sin un programa revolucionario, que ponga su eje en la superación del régimen de explotación, en todas sus manifestaciones. Se trata de una lucha de clases, no de sexos.

Continuar la lucha contra el lucro en las jubilaciones, es decir la eliminación de las AFAPs, un aumento general de las jubilaciones tendiendo a la media canasta familiar de forma inmediata.

De la misma manera, es importante la unificación de las luchas en el marco de un proceso de despidos en fábricas y frigoríficos, fruto de una política económica que prioriza los intereses de los capitalistas. Estatización de toda fábrica que cierre o despida. No más contratos chatarra y tercerizaciones, que condenan a las trabajadoras a la flexibilización laboral.

Por la socialización de la familia, incremento de las instituciones de primera infancia, las escuelas, liceos, espacios pedagógicos y de esparcimiento. Guarderías financiadas con impuestos progresivos al capital, bajo control de las trabajadoras. Aumento de la licencia para cuidados hasta los dos años de edad, alternada entre padres y madres.

Frente a los discursos contra las disidencias sexuales y las organizaciones de mujeres, reafirmamos nuestra oposición al ascenso del fascismo en el mundo y la aplicación de una agenda conservadora en Uruguay. Defendamos los limitados derechos sexuales y reproductivos: el derecho al aborto y la lucha contra la violencia sexual, frente a las presiones religiosas y conservadoras.

La enorme marcha del 1° de febrero en Argentina (replicada en varios países, como Uruguay), muestra que es posible establecer una lucha frente a los ataques de los gobiernos y el capital.

A la justicia que cajonea denuncias, oponemos una basada en la elección de jueces y fiscales, así como la revocabilidad de las funciones.

Frente a la violencia machista, oponemos el incremento de las líneas de atención, refugios estatales para las víctimas, así como un ingreso que permita la autonomía económica necesaria para alejarse de los abusadores, bajo control de las organizaciones de mujeres.

Por el triunfo de la lucha palestina y de todos los pueblos oprimidos.