Después de mil vacilaciones habrían descartado el Plan Neptuno

No se anula el contrato, hay que mantener la movilización contra la privatización del agua

El gobierno de Orsi ha comunicado al consorcio privado “Aguas de Montevideo” conformado por las empresas SACEEM, BERKES, CIEMSA y FAST, que no se llevará a la práctica el denominado “Proyecto Neptuno” que había sido resuelto por el gobierno de Lacalle Pou -firmando un contrato días antes de culminar su mandato. Se trata de una victoria parcial de la movilización popular contra este planteo saqueador del agua, en beneficio de grupos económicos que lucrarían no solamente con la construcción de las obras sino además con la gestión de toda la planta de agua potable.

“Neptuno” es un proyecto privatizador del agua, que viola abiertamente la Constitución de la República, que desde la reforma de iniciativa popular de 2004 establece el manejo exclusivo por parte del Estado sobre el manejo del agua potable. El plan aprobado por Lacalle, fue propuesto al gobierno por el propio consorcio privado para lucrar con una necesidad esencial de la población que es el agua potable, precisamente cuando a partir del mal manejo del agua en general y como consecuencia directa de la sequía, Montevideo y el área metropolitana estuvieron durante meses recibiendo agua de muy mala calidad (con alta salinidad). La propuesta de la empresa -inspirándose en un proyecto estudiado y descartado hace tiempo por la empresa estatal OSE que maneja el agua potable- era extraer agua del Río de la Plata mediante una toma en la zona de Arazatí (departamento de San José), a más de 80 kilómetros de Montevideo. El proyecto también incluía la creación de un “polder” (una especie de laguna artificial para acumular agua extraída del río), una planta potabilizadora y obviamente el traslado a través de enormes cañerías hacia la zona metropolitana. La obra de enorme costo para el Estado fue cuestionada por la academia, movimientos ambientalistas, FFOSE (sindicato de OSE) y el PIT-CNT, e incluso muchos productores rurales que se veían perjudicados y hasta políticos blancos y colorados de San José. Las críticas iban desde que violaba la constitución (no se trataba solamente de una obra en manos privadas, sino que esas empresas operarían la planta), endeudaba al Estado por muchos años y encima no resolvía la cuestión de asegurar el agua potable. Sucede que la calidad del agua en el Río de la Plata y específicamente donde estaría ubicada la toma plantea enormes riesgos porque muchos días en el año tiene alta salinidad. Esto implicaría que “durante meses la planta no podría realizar el proceso de potabilización” (FFOSE). La empresa estatal del agua debería asumir según el sindicato un costo de 50 millones anuales, durante 17 años. El sindicato también denunció que los recortes de la plantilla laboral y las tercerizaciones venía provocando una caída en la calidad del servicio, con una enorme pérdida de agua ya potabilizada por las cañerías rotas. Con una mucho menor inversión se podía reducir drásticamente estas pérdidas, en lugar de privatizar el agua.

Frente al planteo privatizador, se realizaron múltiples movilizaciones populares y del sindicato -que incluso fue criminalizado por realizar estas protestas. Cabe señalar que la dirección del Frente Amplio no convocó a la movilización de masas, sino que se limitó a señalar sus discrepancias tanto en el Directorio de la OSE como a nivel político y parlamentario. El compañero Federico Kreimerman -entonces presidente de FFOSE- fue denunciado por “atentado” por prender una bomba de humo dentro del edificio de la empresa, en el marco de un paro del sindicato, un proceso que aún no se ha cerrado.

Tras la firma del contrato, dirigentes del Frente Amplio manejaron -salvo algunas excepciones- que los contratos hay que cumplirlos aunque no gusten, aunque finalmente Orsi se inclinó por dejar en suspenso el plan durante 90 días mientras se negociaba con la empresa. El presidente declaraba que los puntos “más problemáticos” del proyecto eran “la estructura financiera, el pólder y [la ubicación de] la toma de agua”. En ningún momento cuestionaba la privatización parcial del servicio público y el hecho de que violaba la constitución.

Las organizaciones sociales, y en particular la CNDAV (comisión nacional en defensa del agua y la vida, que fue la promotora de la reforma constitucional de 2004 contra la privatización del agua) presentaron varios recursos jurídicos contra el proyecto (en varias etapas) y luego contra el contrato firmado por el gobierno anterior. El último recurso -de nulidad y solicitando una medida cautelar que detenga las obras- aún no ha sido resuelto en segunda instancia (fue rechazado en primera instancia). El abogado Juan Ceretta de la Universidad de la Repúbica (y edil por la lista 90 del PS, Frente Amplio) había declarado el martes pasado que esperaba que el gobierno “extienda la suspensión” del proyecto Neptuno “hasta que exista un pronunciamiento de la justicia” (la diaria, 15/7). Frente a argumentos del gobierno de Orsi respecto al riesgo de que “el Estado enfrente multas o juicios por anular el contrato”, Ceretta afirmó que “si se declara la nulidad del contrato por inconstitucional, ‘no genera obligaciones para ninguno, es como si no hubiera existido’”.

El miércoles 16 se conoció la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto, pero sin declarar nulo el contrato ni esperar al fallo judicial. Por el contrario, a partir de una negociación con las empresas privadas “las autoridades impulsarán la construcción de una nueva planta en Aguas Corrientes [departamento de Canelones]”, y que “el consorcio [privado] se haga cargo de esta obra” (Búsqueda, 17/7), lo que implica renegociar los términos del contrato y no anularlo. Según el mismo semanario, “el proyecto Neptuno (…) podría volver a analizarse en un futuro, aunque de momento quedó descartado”. El consorcio privado aún no ha respondido a la propuesta oficial, por lo que podría continuar negociando algún otro aspecto o eventualmente realizar una demanda judicial.

Esta noticia marca un triunfo parcial, aunque aún no se conocen todos los detalles de la resolución que “por el momento” descarta el proyecto Neptuno, ni los aspectos negociados con el consorcio “Aguas de Montevideo”. Los trabajadores y organizaciones sociales debemos continuar movilizados, y seguir levantando el reclamo de la nulidad del contrato y la caída de todo el plan privatizador.