Declaración política 2021

El recrudecimiento de la pandemia de coronavirus se ha llevado ya la vida de 260 personas desde su aparición, en marzo del año pasado. Sólo en los diez días que van de 2021 son 75 los fallecidos. Lapidario. El propio Ministro de Salud, Salinas admitió en la Comisión de Salud del Senado que hay un 38% de los contagios del cual no se conoce el nexo epidemiológico. No se puede hacer ya un trazo de los brotes, el virus progresa entre la población en forma comunitaria.

En este marco, la administración de Lacalle Pou lejos de tomar medidas para reducir la movilidad, ha desandado en las que incursionó tibiamente hace sólo semanas. El Ministerio de Transporte anuncia que desde hoy lunes las excursiones y los ómnibus interdepartamentales viajaran con el aforo completo y hasta diez personas de pie. El gobierno tiene clausula gatillo para satisfacer las demandas de las cámaras de transportistas y de turismo. Mientras Rivera en términos de población es el departamento más comprometido, hay una bomba accionada que nadie parece querer desactivar. Los médicos de ese departamento han advertido por medio de un comunicado que es imperioso restringir la movilidad ciudadana al menos por 15 días lo mismo que la ciudad gemela de Santana do Livramento, para lo cual hay que cerrar toda actividad no esencial. El sistema de salud de Rivera va al colapso, con consecuencias graves para los habitantes de esa zona. Ese departamento es el espejo donde debe mirarse Uruguay.

A Rivera hay que sumar nada menos que centros de salud de porte de Montevideo. Mientras Lacalle acaparaba las cámaras en conferencia de prensa para anunciar que no tenia ni vacuna, ni fecha, ni ninguna medida paliativa para hacer frente al virus, se filtraba a la prensa un comunicado interno de las guardias del Hospital Maciel y Español, este último nada menos que uno de los centros de referencia de enfermos Covid, que informaba a la Mesa Central de Operaciones que esos centros ya no podían recibir pacientes por estar saturados. La noticia fue desmentida in situ en la propia conferencia de prensa por el presidente, con la anuencia de la mayor autoridad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Cipriani presente en el edifico. Cipriani ahora está en la picota. Menos de veinticuatro horas después los trabajadores del Hospital Español no sólo ratificaban la saturación, sino que denuncian que se ha sobrepasado el límite asistencial y que trabajan en condiciones “inadmisibles”. Ese centro tiene 60 camas de cuidados moderados, pero hay al menos 24 que no se usan porque existe un déficit de personal. Al desestimulo que existe para trabajar en un centro Covid, se suma el creciente porcentaje de trabajadores afectados por el propio virus y el estrés que los esta agotando aceleradamente  por las jornadas abusivas.

El descontrol sanitario se explica por la defensa de la ganancia capitalista. Para esto el gobierno ha violentado incluso sus propias medidas, como el cierre de fronteras. En Rocha el paso con Brasil no sólo se mantuvo abierto, sino que se permitió una amplia movilidad de varios kilómetros. Todo justificado en nombre de no matar el turismo, con el cual se han pinchado todas las “burbujas” existentes. Las inconsistencias son la regla, no la excepción. El gobierno seguirá anunciando disposiciones aquí y allá para mostrar que mantiene la iniciativa, pero deben ser entendidas en este cuadro de impasse. Mientras mantiene cerrada la bolsa con el objetivo de una meta fiscal que ya se alejó de sus previsiones y jugado a “colarse” entre los grandes para encontrar una vacuna que se hace cada vez más esquiva.

La crisis en torno a la adquisición de la vacuna vino a dar definitivamente por tierra las aspiraciones liberales de Lacalle Pou. La mutualista Casmu reservó por medio de un fondo de inversión ruso 1.5 millones de dosis de la Sputnik-V, la misma que esta utilizando Argentina. Pero el Ministerio de Salud Pública le salió al cruce recordando que el encargado de garantizar el acceso a la vacuna es el propio Ministerio. La guerra de vacunas que está desatada en todo el mundo se ha trasladado al país en sus propios términos. El gobierno liberal cancela el liberalismo, incluso en el terreno económico. La pelea por acaparar el mercado de vacunas de los distintos Estados, se ha transformado en un factor geopolítico que apremia a todos los regímenes a subvertir sus propios fundamentos.

Desde el oficialismo se sostiene que la responsabilidad por el descontrol es del Frente Amplio y el PIT-CNT por alentar movilizaciones. Es una estafa a varias bandas, primero porque no es posible inferir de estudio alguno que las movilizaciones fueran foco de ningún brote, y en segundo lugar, el FA no promovió ninguna movilización, salvo la performance que ensayó en ocasión del intento de desafuero de Manini Ríos que se limitó a una movida de sus aparatos. El Frente Amplio ha balconeado iniciativas ajenas y cuando no tuvo más remedio que pronunciarse (también contadas veces) fue a su pesar. Oficialismo y oposición se han entrelazado hasta hacerse indistinguibles.

Por el contrario, la pandemia ha sido utilizada por la burocracia sindical para encorsetar aún más los sindicatos y acentuar el monolitismo de la conducción “dialoguista”. En varios lugares donde debieron tener lugar elecciones las conducciones se han extendido unilateralmente los mandatos, violentando de esta forma los más elementales principios de democracia, y hay varios más apuntados para esta faena de diferir las instancias de balance y renovación de direcciones sindicales, incluido el Congreso del PIT-CNT. Todas las corrientes con sus matices dicen “que la crisis no la paguen los trabajadores”, mientras se paralizan las fuerzas de las organizaciones obreras. Se ha dejado pasar el ajuste, el tarifazo y la reglamentación del articulo 38 de la Constitución, sin una sola demostración de fuerzas.

El Frente Amplio ha dado un salto en calidad. El “virus” de la colaboración ha tomado todo el cuerpo, ya no hay diputados rebeldes ni “cambio dentro del cambio”. Auxilian abiertamente a la burguesía, no sólo votándole media LUC, o el presupuesto sino habilitando el recorte a las libertades democráticas. Aunque no votó la reglamentación del artículo 38, habilitó el levantamiento del receso parlamentario para que Lacalle sacara esta medida en forma exprés y hasta presentó un proyecto propio que era siamés al del oficialismo, pues también reglamentaba el derecho de reunión. La lista es larga. Es que este año el gobierno pretende rematar los deberes que le encargó la burguesía, y avanzar en la reforma de la seguridad social un ataque estratégico, que el FA esta jugado a respaldar y en la que la burocracia esta haciendo de segundo violín. Así debe entenderse la grosera mutilación del referéndum parcial que dejó fuera los artículos que viabilizan esta ofensiva contra las jubilaciones con el pretexto de “dialogar” cuando ya no hay más nada de que dialogar. El recurso de calificar como “táctica” la diferencia entre el referéndum parcial y el total tiene como objetivo eliminar la naturaleza política de esta divergencia. La displicencia sobre esta cuestión es mortal para una campaña que debe denunciar la complicidad de todas las fuerzas parlamentarias en el intento de despojo a los ahorros de los trabajadores y de las conquistas de la clase trabajadora.

El capital se resiste a licenciar a la fuerza de trabajo cuando todos los profesionales recomiendan reducir la circulación. Por el contario se ha respondido con la suspensión parcial del derecho a reunión, que apunta a hacer inviable la resistencia contra las medidas antipopulares, o incapacitar a los trabajadores que busquen hacer cumplir las medidas y protocolos para preservar la salud y la vida ante la violación sistemática que las patronales hacen de las condiciones elementales de protección.

Se vulnera la salud de los trabajadores para preservar la salud de economía que no es otra cosa que la salud del capital, no así el bolsillo de las mayorías populares a quien se recorta y sustrae por medio de impuestazos.

La burguesía esta muy preocupada por mantener el control de la situación, que esta perdiendo aceleradamente. El fracaso para hacerse de al menos una parte de las dosis necesarias para inmunizar al sector mas vulnerable de la población esta combinándose con la crisis económica-social. Las ollas populares son potenciales centros de deliberación política, hasta el momento atenazadas por aparatos partidarios que se confunden en el limosneo junto a iglesias y Ongs. Estos armados de contención son improvisados. Están todos afectados por un creciente clima de exasperación popular ante las calamitosas condiciones de vida que desquician a las familias obreras de los barrios.

Ante el inminente colapso sanitario y la complicidad de las direcciones del movimiento obrero y la centroizquierda, se vuelve fundamental discutir entre todos los trabajadores una acción que frene la circulación del virus y un programa para imponerlo al Estado.

• Para que pueda existir un aislamiento verdaderamente voluntario, debe asegurarse el pago integral de los salarios de los trabajadores de los sectores no esenciales.

• Aumento especial adicional para los trabajadores de la salud que tienen un horizonte inmediato de esfuerzo extraordinario.

• Prohibición de despidos y restitución de derechos laborales como el goce de la licencia generada.

• Estatización y unificación de todo el sistema de salud, contratación del personal y compra de insumos necesario para atender a los requerimientos.

• Subsidio de emergencia de $20mil a desocupados, amas de casa, precarios, cuentapropistas mayores de 16 años. Suspensión del cobro de tarifas, luz, agua y alquileres, así como los lanzamientos.

• Defensa del derecho a huelga y movilización, abajo cualquier intento de reglamentar un “estado de sitio”.

• Basta de negociaciones secretas. Declarar bien público a las vacunas; Control o supervisión de los trabajadores de la distribución de las mismas.

Hay que invertir la ecuación: salvar la fuerza de trabajo a costa del capital. Este es el desafío que tenemos por delante.

Lunes 11 de enero