El día internacional de los trabajadores tendrá lugar en un escenario de características excepcionales en medio de una profundización -sin precedentes- de la crisis capitalista internacional, acelerada por la expansión del coronavirus, que comienza a desatar crisis políticas en numerosos países.
Los infectados por coronavirus siguen creciendo a un ritmo exponencial con más de 2.5 millones de personas infectadas y 180 mil muertos a nivel mundial (El Pais, 22/04) con EEUU en el “epicentro” de la epidemia (825 mil infectados). Mientras los sistemas de salud privatizados colapsan, crece la desocupación y la miseria social, los gobiernos capitalistas inyectan billones de dólares para salvar a los bancos y las corporaciones. Se trata de una organización social que no puede proteger a la fuerza de trabajo, ni prescindir de ella. La lógica del régimen capitalista en declinación es salir de esta crisis con sus métodos históricos: la destrucción masiva de las fuerzas productivas (desempleo en masa), la descomposición de las fuerzas materiales de producción y, en particular, las guerras.
La preservación de la salud corre por cuenta de la clase obrera organizada. La Organización Mundial de la Salud recomienda la cuarentena de la población, test masivos en barrios y lugares de trabajo, y protocolos estrictos en los servicios esenciales. Sin embargo, los Trump, Bolsonaro o Lacalle Pou alientan a romper la cuarentena, levantar las restricciones y volver al trabajo ignorando todas las prevenciones sanitarias con la tesis del contagio “masivo” hasta lograr la immunidad. En tanto, bajo la presión de la clase capitalista se procede a un ajuste fenomenal contra el mundo del trabajo para imponer nuevas relaciones de fuerza. De otro lado, crecen los cacerolazos y las movilizaciones bajo control sanitario de los trabajadores -como en Israel, Francia o Chile. La huelgas ‘salvajes’ en Italia, España, Gran Bretaña, Brasil, Argentina y EEUU señalan una clara consinga: “nuestras vidas, primero”.
“Nueva normalidad”
En Uruguay la epidemia continua extendiéndose a todos los departamentos, y en Montevideo se comienza a registrar una expansión desde los barrios ricos a los barrios obreros. Las medidas del gobierno multicolor se han enfocado en salvaguardar, los intereses del gran capital y los sectores industriales y agroexportadores, en detrimento de la salud de la población. Desde el día uno el gobierno de Lacalle ha reforzado a los de su clase con créditos y subsidios, extendiendo plazos en los casos de compromisos y obligaciones, mientras dio luz verde a los empresarios para que despidan y envíen al seguro (tal vez sin retorno) a cien mil trabajadores. Por otra parte, el aumento del dólar ha disparado los precios de la canasta, lo cual implica una rebaja salarial encubierto que junto con el aumento de las tarifas operan a la baja en el poder adquisitivo de las masas. Esta política ha impactado de forma brutal en los barrios obreros, dónde se dio una explosión masiva de las ollas populares.
En el marco de la pandemia, asistimos a la más infame y brutal confiscación a los trabajadores por parte del capital y su gobierno con el apoyo de toda la oposición.
En este contexto, el gobierno busca imponer la “nueva normalidad”, un eufemismo para arrasar con los derechos laborales y sociales de los trabajadores como base para reiniciar los ‘motores de la economía’. Así lo demuestran los más de 100 mil trabajadores en el seguro de desempleo, miles de despidos y ollas populares que crecen por todo el país.
La ‘nueva normalidad’ incluye la rebaja salarial propuesta por las cámaras patronales; la liquidación de los convenios colectivos o la transferencia de ingresos desde los trabajadores que implica el impuesto a los funcionarios públicos hacia las arcas de los distintos sectores capitalistas y del Estado. La ‘frutilla’ es el ingreso al parlamento de la Ley de Urgente Consideración que profundiza el giro represivo de los gobiernos del FA, avanza sobre la privatización educativa, la desmonopolización de ANCAP y la reglamentación (velada prohibición) del derecho de huelga.
Lacalle Pou muestra que su método de gobierno no es el diálogo social o la conciliación entre las clases, sino el impulso a un violento ataque contra las masas. En tanto, el FA se ha colocado como una oposición “responsable” en la colaboración del ajuste, buscando contener la rebelión que crece por abajo desviándola hacia las próximas elecciones municipales.
Movimiento obrero
En el movimiento obrero y la izquierda se ha abierto una deliberación sobre qué estrategia desenvolver frente a la guerra de clases que plantea el gobierno. La estrategia de la dirección burocrática mayoritaria del PIT-CNT (PCU-Articulación) – apoyada por “En lucha”- , pasa por enfrentar esta etapa con la orientación de impulsar un ‘diálogo social’ con el gobierno y la clase capitalista. No ha sido el camino que tomaron los trabajadores del correo, de AUTE, FFOSE, la Unión Ferroviaria, Adeom o la FOICA que arrancaron mediante huelgas y paralizaciones las medidas sanitarias y protocolos para enfrentar la epidemia y garantizar la cuarentena. Para enfrentar la LUC y el plan de guerra de Lacalle Pou el camino es la acción independiente de la clase obrera y un plan de acción nacional, que contemple la huelga general, para paralizar todo el país. Algunos sindicatos (Adeom, Fancap, entre otros) ya han planteado en el seno del PIT-CNT -Mesa Representativa del 23/4- la realización de un paro general para derrotar la LUC y para defender un plan sanitario de los trabajadores.
Por otra parte, hacia el acto del 1° de Mayo se plantea el debate sobre cómo organizar las respuestas colectivas de los trabajadores. La burocracia sindical busca poner cualquier expresión colectiva callejera de los sindicatos al servicio del ‘diálogo social’ que deja pasar el ajuste. A pocos días del día internacional de los trabajadores, la burocracia sindical ha logrado desarticular la movilización resuelta por la mesa representativa de realizar cuatro actos en lugar de uno, para evitar concentraciones que pudieran ser contraproducentes para los trabajadores. En su lugar la dirección mayoritaria decide realizar una caravana, para no movilizarse contra la “normalización” del gobierno. Se niega a exigir la cuarentena para que todas las tareas productivas no vinculadas a la alimentación, la higiene o la emergencia sanitaria sean suspendidas y que se grave al capital y las grandes fortuna para garantizar un salario igual a la canasta familiar. Con esta señal los Periera y Abdala intentan reanudar la política del “diálogo” con un gobierno que se ha negado a escuchar a los trabajadores.
El problema principal que se presenta al movimiento sindical, no es la advertencia sanitaria que hacen los sindicatos de la salud, que de por sí es correcta en cuanto a evitar las aglomeraciones. Advertencia que de hecho no ha sido tenida en cuenta por el gobierno nacional (normalización). La cuestión está en que la burocracia accede a desbaratar cualquier línea de acción posible contra el ajuste, sin hacer ningún señalamiento a la política criminal del gobierno, que descarga la crisis sobre los trabajadores aprovechando la inmovilidad del movimiento sindical. Por tanto, la política de los Pereira-Abdala conduce a los trabajadores a un callejón sin salida, postergando la lucha en nombre de la unidad nacional contra la pandemia sin ningún programa de combate a la misma, que garantice realmente la salud y la vida de los trabajadores.
De otro lado, como si nada pasara e ignorando la crisis sanitaria hay quienes señalan la importancia de un gran acto masivo, asumiendo como propia la idea impuesta por el gobierno de que se ha superado a la pandemia.
Programa
La cuestión fundamental para el movimiento obrero y la izquierda, está en apuntalar y generalizar las formas de lucha y auto-organización que han ido surgiendo en estas semanas, desde las ollas populares a los piquetes en los barrios, como el caso de COTRAVI y los pobladores de Santa Catalina contra los desalojos, la criminalización y judialización de la protesta en la lucha por la tierra, para poner en pie un movimiento obrero y popular capaz de deliberar y adoptar una estrategia de lucha.
En las actuales circunstancias esta lucha pasa por concentrarse en un programa que parta de exigir la cuarentena de la población, asegurando el cierre de toda actividad económica no indispensable, garantizando el 100% de los salarios; protocolos de salud e higiene propios emanados de las asambleas; reducción de la jornada de trabajo a seis horas y cuatro turnos por jornada, incorporando personal nuevo; jornada de cuatro horas para personal de salud y nuevas contrataciones amparadas por el convenio colectivo de trabajo; cuarentenas en las barriadas con protocolos que contemplen el hacinamiento habitacional y la falta de otros espacios propios; producción y adquisición de respiradores y de equipos (kits) de diagnóstico y un plan masivo de isopados o test; completar la construcción de hospitales a medio construir; intervención estatal en la medicina y farmacia privada, bajo control de los trabajadores; ningún rescate al capital, nacionalización bajo control obrero, y destinar el dinero a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la medicina; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo de trabajo incluyendo a los trabajadores no registrados, monotributistas, desocupados, precarios, jefas de hogar, y finalmente poner fin a todo pago de la deuda externa.
Preparemos un plan de lucha contemplando las medidas sanitarias, ocupación de las industrias y comercios que actualmente continúan en actividad, junto a un paro general nacional de 72 hs con extensión indefinida si el gobierno no garantiza la cuarentena general para el conjunto de la población y retira de forma inmediata la LUC del parlamento.
Álvaro Soto, Sofía Siola, Pablo de León, Lucía Siola, Emiliano Mastrantono y Nicolás Marrero.
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