Crisis en Uruguay: la mitad de la fuerza de trabajo es pobre

En un contexto de agudización de la crisis internacional, los fenómenos locales deben ser analizados en un cuadro de guerra mundial y ataque a las condiciones de vida de la clase obrera con el fin de recomponer las tasas de ganancia.

Los “dueños del país” concentran la riqueza

En Uruguay, el 1% de la población concentra el 15% de los ingresos y el 44% de la riqueza; viven 10.000 personas con más de un millón de dólares y 100 con un patrimonio superior a 50 millones, lo cual coloca al país con una concentración de la riqueza superior a México y Argentina. Da cuenta de esta situación el aumento de los depósitos bancarios de sumas superiores al cuarto millón de dólares, que contrastan con el deterioro del mercado laboral y la pérdida sostenida de salario desde 2020.

Se trata de una burguesía parasitaria, cuya actividad implica un grado mínimo de inversión y de desarrollo productivo: en 2023, los productos más exportados por Uruguay fueron materias primas como la carne bovina, la celulosa, los productos lácteos, concentrados de bebidas y el arroz.

A nivel continental y nacional, los países como Uruguay dependen de un mercado internacional cada vez más volátil, envuelto en guerras comerciales y armadas, donde los países colocan sumas astronómicas para mantener bancos y empresas a flote, con un consecuente aumento del endeudamiento y el déficit fiscal (ese que quieren hacernos creer que es responsabilidad del “gasto social”).

Sin embargo, el Estado se priva de recaudar enormes cantidades de dinero por concepto de gasto tributario: subsidios, exoneraciones, eliminación del pago de aportes, impuestos a la renta suman una pérdida de recaudaciones superior al 6,5% del PBI… Toda una estructura orquestada para beneficiar a los empresarios que fugan capitales, que pagan salarios de hambre, que especulan a nivel financiero.

Las medidas del gobierno de Lacalle Pou han tenido como eje menoscabar el salario y por ende las condiciones de vida de la clase obrera, facilitando las condiciones para que las patronales recompongan su tasa de ganancia sobre la base de colocar nuevas confiscaciones a la clase obrera, que se adicionan a la explotación inherentes al sistema.

Un salario que no alcanza a fin de mes

Según datos publicados por el INE en noviembre de 2023, Uruguay tiene 3.444.263 de habitantes. Un sexto de esta población -550.000, el equivalente al 33% de los trabajadores- ganan menos de $25.000, reflejando un aumento de 100.000 respecto a 2019, apenas 4 años antes. Es decir, un sexto de la población de Uruguay (que a su vez, sostiene la vida de sus familias), gana $25.000 o menos.

En este sentido, La Diaria consigna que “dentro de este corte cabe mencionar los salarios sumergidos, aquellos menores a 15.000 pesos mensuales, que evolucionó de 133.000 ocupados en 2019, un 8% del total, a 173.000 trabajadores, un 11%. Estos datos no tienen en cuenta el aumento de trabajadores activos que aconteció durante 2023, aproximadamente 80.000, que puede incidir en los guarismos de 2022.”¹

Según el informe del Instituto Cuesta Duarte (IDC), los salarios sumergidos afectan más a quines están en negro, son mujeres y viven en el interior. Dos de cada tres trabajadores en negro (unos 72.000) cobran menos de $25.000. Según una nota publicada en El Observador en 2021, habían unos 400.000 trabajadores en el “mercado informal” es decir, en negro².

Por sector de empleo, se mantiene la tendencia de la última década: la mitad de las empleadas domésticas, de los peones rurales, de los empleados de la gastronomía y del comercio, ganan estos salarios de miseria³; se calcula, que más de la mitad de los salarios sumergidos se concentran en estos sectores.

¿Cómo impactan estos salarios? Una posible respuesta la encontraremos “cruzando” los datos con el costo de la canasta familiar en los últimos años.

En diciembre de 2020 el IPCB (conocido como “la canasta familiar de Búsqueda”), ascendía a $98.036⁴. En mayo de 2023 el costo de la canasta era $123.134, con un promedio diario de $1778 por día en alimentos (rubro con más peso en este índice), sumando alrededor de $40.000 en total.

Es decir, una familia de 3 integrantes, donde dos trabajan, deberían gastar estos montos en alimentación, traslado, vivienda, esparcimiento, enseñanza, etc. para satisfacer las necesidades humanas. Incluso, cabe destacar que hay ciertos ítems que se calculan por debajo de los costos reales, por ejemplo en el rubro “alquileres”, cuyo precio estimado es de $6900, equivalente a 2010, según CGN; mientras que en 2020 el promedio era $16.500 misma fuente.

En oportunidades anteriores, nos hemos referido a la canasta básica (fijada en $47.809 para un hogar de 3 personas, con dos que trabajen), con la cual se establece la “línea de pobreza”, es decir, lo mínimo indispensable para tener un techo, comida y vestimenta.

Teniendo en mente este último índice asistimos a la catástrofe en curso: el aumento de la pobreza de 8,8% a 10,01% entre 2019 y 2023. Por tanto, unas 350.000 personas están por debajo de la línea de pobreza (72 hogares de cada 1000)

Continuando el análisis, 1.200.000 trabajadores (dependientes e independientes) cobran menos de $50.000 pesos al mes, es decir, cobran lo mínimo para no tener un ingreso que los ponga por debajo de la línea de pobreza (recordemos que el 14% de los hogares son monoparentales, 11,4% encabezados por mujeres).

El año pasado, la mitad de los hogares obreros percibieron un ingreso inferior o igual a $70.000⁵, mientras que el ingreso per cápita, se ubicó en $31.000, con lo cual, se mantiene la pobreza endémica.

Apenas un cuarto de los trabajadores ocupados cobran un salario igual o superior a la media canasta familiar, equivalente al costo de la línea de pobreza. Dentro de estos una minoría (menos de 20.000, el 1,5%) ocupa puestos gerenciales y de supervisión, con salarios superiores a $200.000, según se desprende del pago del IRPF en esa franja.

Si tomamos otros indicadores, como la tasa de desempleo, esta aumenta ostensiblemente en los hogares pobres: un tercio de las mujeres está desempleada y un 20% de los hombres.

La descripción que aparecen en el informe de género del INE es lapidaria: La pobreza incide en mayor medida en hogares extendidos o compuestos y en monoparentales femeninos (en particular en aquellos con presencia de menores de 4 años). A su vez, los mayores porcentajes de pobreza se registran en hogares encabezados por jefas menores de 30 años. ⁶ La pobreza infantil está directamente relacionada a la pobreza del conjunto de la familia, en especial de esas madres jóvenes que sufren el desempleo y los salarios sumergidos.

Se calcula que uno de cada cinco jefes/as de hogar, cobra en torno a los $25.000, al igual que el 24% de sus parejas. Es decir, uno de cada cuatro hogares está integrado, por lo menos por dos adultos que trabajan y juntando ambos salarios, apenas llegan a los $50.000.

Con estos ingresos, es claro que la precariedad se traslada a todos los aspectos de la vida: por ejemplo 9 de cada 100 montevideanos viven en asentamientos, un total de 123.000 en 344, cifra que venía en descenso desde el 2006 (cuando había 386).

El futuro también se ve comprometido: un 36% de los jóvenes realiza tareas de cuidado porque sus familias no acceden a guarderías ni jardines que abarquen la jornada laboral, con lo cual se afecta el desarrollo de todos sus integrantes (especialmente en las jóvenes, que suelen dejar de estudiar para asumir estas tareas).

Llegados a este punto, resta denunciar que han gobernado todas las variantes de partidos del capital, las que con sus programas bajo el brazo, han favorecido sistemáticamente a las patronales y los organismos internacionales de crédito.

La concentración de la tierra, de la riqueza y de los ingresos, no hace sino agravarse año a año, al calor de una guerra declarada contra la clase obrera.

Es falso el debate respecto a cuidar a los ancianos o a los niños, por lo que advertimos a los trabajadores a no caer en ese embute: luchemos por ambos y que la crisis la paguen los que la crearon, los capitalistas.

Un programa para luchar por el salario y las condiciones de vida

Ante tamaño ataque, es fundamental organizarse y plantear un plan de lucha. Este accionar político va en contra de la orinentación de la burocracia sindical, la cual ha convalidado por acción y omisión, el deterioro de los salarios y las condiciones de vida. En su discurso del 1º de Mayo, el único orador del acto del PIT-CNT, Marcelo Abdala, señaló una serie de cifras que sustentan la crítica al gobierno, en el marco de una crisis capitalista mundial, denunciando el porcentaje de ricos que monopolizan la riqueza mundial…

Sin embargo, en plena pandemia aceptaron entre gallos y medias noches, una rebaja salarial que el propio ICD calcula en un salario por año, aproximadamente.

Un programa socialista, debe contemplar elementos de superación de las condiciones materiales de existencia, lo cual impone la lucha por el socialismo y el gobierno obrero. No es posible erradicar la pobreza infantil, ni las jubilaciones de miseria, la inseguridad y la represión, las problemáticas en relación a vivienda, salud y educación, sin un planteo de superación del régimen social.

En nuestro país, la clase obrera ha logrado marcar la agenda política en esta anodina campaña electoral, con la obtención de 430.000 firmas para impulsar el plebiscito contra la estafa jubilatoria con un programa básico, que configura un ataque directo al capital: eliminación de las AFAPs, establecimiento de la edad jubilatoria en 60 años y equiparación de las jubilaciones al salario mínimo. Defender esta iniciativa es una cuestión vital para el movimiento obrero y la juventud, quienes realizaron un enorme esfuerzo militante, con el aparato del FA y sus tecnócratas en contra.

El salario diferido, que constituye la jubilación, está condicionado al empleo y el salario de quiénes hoy están activos. Como hemos desarrollado anteriormente, la enorme mayoría de los trabajadores cobran un salario que está debajo del mínimo indispensable para la supervivencia y reproducción de la familia, mientras que los capitalistas aumentan la concentración de la riqueza como nunca y gozan de una estructura tributaria armada para beneficiarlos.

Es por esto que un programa de medidas urgentes, implica la imposición de un salario vital y móvil igual a la canasta, que se aumente automáticamente en función al costo de vida, así como la eliminación de los impuestos al salario, jubilaciones y pensiones, que deben ser sustituídos por impuestos al gran capital.

En el marco de una política antiobrera, se han desarrollado importantes conflictos en sectores como la educación, la construcción, la pesca, frigoríficos, etc, siendo 2023 uno de los años de mayor conflictividad desde 1995 (la mitad de estos paros, fueron por salario). Sin embargo, estas luchas fueron aisladas y extinguidas por parte del gobierno y las patronales, contando con la complicidad de la burocracia sindical, que debe ser derrotada y superada por la clase obrera.

Frente a los salarios de hambre, el desempleo, el recorte presupuestal en salud, educación y vivienda, colocamos la necesidad de conformar un encuentro de trabajadores, que delibere en torno a un programa de lucha y la huelga general. La clase obrera debe confiar en sus propias fuerzas, sin colocar la menor expectativa en las promesas electorales (muy mediocres, por cierto) de los partidos que representan variantes del capital.

Para el Partido de los Trabajadores, la campaña electoral debe estar al servicio de la lucha inclaudicable por el triunfo del plebiscito y de las luchas en curso, de la denuncia del genociodio sionista, etc. Es para esto y no para otra cosa que intervenimos en las elecciones.