Castiglioni: mucho más que una placa

“Con sus claroscuros, fue un referente de una época”, afirmó el director de Policía Nacional, Diego Fernández según informa el Observador este jueves. Esto viene a cuento del revuelo causado por la restitución en la sede de Inteligencia de una placa en homenaje a Víctor Castiglioni.

Víctor Castiglioni

Fue titular de la Dirección General de Información e Inteligencia entre 1971 y 1982, es decir durante casi todo el periodo en que Uruguay vivió bajo dictadura militar. Castiglioni está acusado de diversos crímenes. Entre ellos el de que agentes bajo su mando secuestraron a la maestra Elena Quinteros desde el interior de la embajada de Venezuela cuando buscaba refugiarse en el edificio diplomático para posteriormente hacerla desaparecer. También del asesinato del matrimonio Martirena en 1972, una pareja de militantes Tupamaros que fueron fusilados cuando las tropas al mando de Castiglioni y Campos Hermida irrumpieron en su casa tras la pista de parte de la dirección clandestina del grupo guerrillero, entre ellos Fernández Huidobro.

“Esto es un cuadro del cual nunca más en la vida me voy a olvidar, un cuadro estático sin movimiento, un soldado, con una pierna de cordero en la mano, que la había retirado del interior del horno de la cocina, y el Inspector (Víctor) Castiglioni, apoyando el pie derecho sobre los senos de la mujer, introducía el cañón de su pistola en la boca. Salgo del recinto por lo dantesco y en el momento en que estaba de espaldas a la habitación siento la explosión de un disparo”.

Así relató el policía Winston Silva Cordero el asesinato de Ivette Jiménez, esposa de Luis Martirena. El matrimonio, integrante del MLN, fue asesinado el 14 de abril de 1972 en su casa de la calle Amazonas 1440.” (El Observador) Luis Martirena, testimonia Huidobro, alcanzo a gritarle a la patota “no tiren, no tiren que estamos desarmados, es una casa de familia”. Lo fusilaron primero a él y después a su esposa, luego le plantaron armas para simular un enfrentamiento, un montaje más que común en la época. La mañana de ese mismo día había comenzado con enfrentamientos entre grupos del MLN-T y militares. A primera hora un comando asesina a Ernesto Motto, capitán de la Armada integrante de inteligencia Naval, al mediodía se producen escaramuzas en otros dos puntos de Montevideo en el que mueren tres militantes tupamaros y resulta herido un comisario. La jornada sangrienta iba a dejar como saldo doce muertos, ocho tupamaros y cuatro soldados, más heridos y detenidos. La saña contra los Martirena fue brutal, la casa de la calle Amazonas fue acribillada con ametralladoras .30, un armamento bélico antiaéreo. Lo peor de la guerra sucia se desató ese día, Martirena militaba en la parte legal del MLN, su casa no era un cantón para almacenar armamento, tenía una imprenta e incidentalmente refugiaba militantes.

Castiglioni es señalado como el cuadro de los Comando Caza Tupamaros, y uno de los coordinadores de los escuadrones de la muerte junto a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, y Ernesto Motto. Era uno de los nexos uruguayos con la triple A incluso antes de que tomara forma el Plan Cóndor con las demás dictaduras del cono sur, lo que se dice un “pesado” de la represión antisubversiva.

Los archivos Castiglioni

En 2015 tras la muerte del coronel Elmar Castiglioni (Sobrino de Víctor Castiglioni) un allanamiento incauta 60 cajas con archivos que pertenecían al viejo mandamás de Inteligencia.

En la documentación queda plasmado el espionaje sistemático principalmente a organizaciones y partidos de izquierda y sindicatos, pero no sólo. Se incautó un archivo microfilmado del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) cuya versión “depurada” fue ubicada en 2008 por la entonces ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti (Brecha). “Hay un hecho, me fui y la cosa se paró, no pasó más nada” decía Berrutti, quien dejó el ministerio en 2008. Y se preguntaba sobre quien vino tras ella en Defensa “¿Por qué no hace nada? Porque si él hubiera querido, para él hubiera sido, pienso yo, muy sencillo. A lo mejor hay razones importantes que uno no conoce”. El disparo iba en dirección a José Bayardi que la sustituyo. La pregunta se podría extender a los que ocuparon el cargo en las sucesivas administraciones del Frente Amplio, entre ellos el propio Fernández Huidobro, que se caracterizo por un esfuerzo digno de otras causas por entorpecer cualquier tipo de investigación sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En 2016 se formó una comisión investigadora parlamentaria aprobada por la cámara de diputados para investigar el espionaje en democracia. Es que los archivos irían al menos hasta 2015. El diputado por el PCU Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora decía en abril de 2017 “Creemos que estas personas se manejaron con autonomía y con poco control político” y a continuación confesaba “esto es algo que tenemos que revisar y discutir en el marco de la propuesta del Ejecutivo, de la conformación de una ley de Inteligencia del Estado.” (La República) La Comisión Investigadora quedó en la nada.

“El contenido de los denominados “archivo Castiglioni “y “archivo Berrutti”, que revela el espionaje por parte de militares y policías en democracia, no se ha estudiado “porque no se quiere saber”, denuncia Samuel Blixen, quien más ha trabajado en el tema.

Castiglioni murió en el 2000 y su sobrino en 2015 ambos sin haber pasado un solo día en cárcel alguna.

Conclusión

La ola de indignación que generó la restitución de la placa obligó a Larrañaga, el ministro del Interior, a anunciar su remoción, pero a la vez expresó que mantiene todo su respaldo a Diego Fernández, el director de Policía. Fernández no es ningún recién llegado, fue jefe de policía de Montevideo hasta 2013 cuando Bonomi ocupó el ministerio del Interior. No es el único caso, varios de los 19 jefes de policía ya tuvieron responsabilidades bajo los gobiernos del FA. La continuidad de los mandos bajo administraciones de diferente signo delata el mantenimiento del status quo. Quizás el caso mas emblemático es el de Erode Ruiz. Quien fue uno de los oficiales al mando en la masacre de Jacinto Vera en 1994. Ascendido y protegido con celo bajo los gobiernos de la centroizquierda llegó en 2012 a jefe de policía en Maldonado. Hoy en día Ruiz maneja la poderosa jefatura de policía de Montevideo. Su trayectoria constituye una enérgica denuncia del papel jugado en este campo por la izquierda integrada al estado burgués.

El episodio Castiglioni no puede entenderse encapsulado en un problema protocolar. Un día sí y otro también los diputados vinculados al aparato militar se envalentonan, amenazan, pronuncian discursos, insinúan o prometen venganza. Pero no sólo ellos. El ministro de defensa hace criticas a la justica por el procesamiento del militar que ejecutó por la espalda en 1972 al militante tupamaro Nelson Berreta. La audacia derechista impregna la atmosfera.

Al mismo tiempo Mujica anuncia que no va a votar el desafuero de Manini. El fiscal Morosoli pretende imputar al senador de Cabildo Abierto por no haber denunciado a las autoridades cuando el represor Gavazzo admitió ante el tribunal de honor militar en 2018 que él había tirado al Rio Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, tupamaro asesinado bajo tortura en 1972. Mujica tiene razones prosaicas para este comportamiento “No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo y esté haciendo campaña de que lo persiguen”. Y por otro lado “Mujica observa, según relataron allegados al expresidente, es que la causa contra Manini no es del todo firme y que en caso de ser declarado inocente se lo terminaría fortaleciendo políticamente.” (El Observador) La especulación ya tiene tintes canallescos.

Hay que terminar con toda esta trama de complicidades y enjuagues, infiltración y conspiración contra la población.

Apertura de los archivos / Cárcel a los torturadores / Movilización popular contra la impunidad de ayer y de hoy.