Brasil: Los primeros 60 días de Bolsonaro

No pasaron siquiera 60 días desde su asunción, pero el gobierno de Bolsonaro ya tuvo varias sacudidas políticas. Entre ellas, escándalos de corrupción que comprometen a sus hijos y ministros, eyectados por sospecha de corrupción. El caso más resonante involucra al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno, quien dejó su cargo tras ser acusado de desviar fondos durante la campaña a través de dos candidatas truchas. El alejamiento del funcionario quiso procesarse de forma “amigable”, para que la crisis no se convirtiera en una peligrosa fuente de revelaciones de la intimidad del riñón presidencial.

“El mercado está preocupado. Bolsonaro se está aislando (…), lo que puede dificultar las negociaciones políticas en el Congreso. Y cualquier movida que conspire contra la aprobación de la reforma previsional provoca desaliento. En la Cámara de Diputados, el presidente no sólo presenta un proyecto, sino que pone en juego su mandato. El episodio con Bebianno dejó serias dudas sobre su capacidad política” (La Voz, 25/2).

Bebbiano era el principal nexo con el Congreso.Tenía un importante vínculo con Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, a quien Bolsonaro apoyó para conseguir la presidencia de la Cámara y a quien se lo sindica como la figura más apropiada para juntar aliados. Antes de la decisión final de Bolsonaro sobre Bebianno, Maia llamó al ministro de Economía, Paulo Guedes para impedir su caída, preocupado por los efectos que esto podría tener sobre la reforma previsional. Esa reforma, que exige una enmienda constitucional y requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos del Congreso, le plantea a Bolsonaro alcanzar un conjunto de alianzas parlamentarias, que Bebianno y Maia estaban tramitando.

La renuncia del secretario general de la presidencia despierta también la desconfianza de otros ministros, empezando por el propio Guedes. Existe el temor de que la injerencia del clan familiar en los asuntos de Estado pueda interferir en la agenda que se prepara. El mismo recelo se extiende a los militares, quienes no sólo defienden su autonomía sino que ambicionan también manejar ellos los hilos del gobierno. En la actualidad, hay ocho militares dentro de los 24 ministerios. Otro general ocupará el estratégico cargo dejado por Bebianno. Ya han salido a la superficie los choques entre el actual vicepresidente, el general Moura, con el clan familiar y con ciertas manifestaciones del propio Bolsonaro.

“En el extranjero empiezan a preguntarse quién manda en Brasil y cuánto durará el presidente Jair Bolsonaro. La respuesta podría ser que gobiernan, a la vez, muchos y nadie” (ídem). Estamos frente a una coalición de gobierno heterogénea, cuyas contradicciones han empezado a saltar rápidamente.

Desde que asumió, la imagen del hombre que venció en la segunda vuelta con más del 55 por ciento de los votos se desplomó en 15 puntos. Bolsonaro todavía deberá probar si cuenta con los medios políticos y económicos para gobernar y disciplinar a las diferentes tendencias en pugna.

Pulseada estratégica

Entre todas las medidas de su agenda antiobrera, la reforma jubilatoria juega un papel crucial. Lo que está en juego es si Bolsonaro es capaz de sostener un régimen de ofensiva contra las masas. La suerte del gobierno dependerá del desenlace que tenga la sanción de dicha reforma, que implica un verdadero plan de guerra. Obliga a los brasileños a aportar 40 años para retirarse, y habrá, por primera vez, tope de edad: 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. El régimen actual es por tiempo de aportes y no por edad. Hoy, en la administración pública, es posible retirarse a los 50 ó 55 años, dependiendo de los años de aportes. La reforma apunta a reducir a la jubilación a una prestación asistencial y abre la puerta a un régimen de capitalización como las AFJP. Quienes pretendan un ingreso superior a la mínima, deberán procurárselo a través de una jubilación privada. Los círculos financieros acompañan con entusiasmo el paquete previsional, conscientes de que representa una atractiva veta de negocios y una nueva fuente de inversiones y especulación, mediante una apertura del mercado de capitales.

La reforma jubilatoria es una fuente de choque con los trabajadores. Según los sondeos, cuenta con la oposición de una mayoría de la población. O sea que el rechazo incluye a un sector de los que lo votaron. Aunque la propaganda oficial habla de la necesidad de terminar con los privilegios, los militares son excluidos de la reforma, lo cual, por un lado, dispara la irritación de los sectores afectados, en especial los empleados públicos, que históricamente han conquistado una jubilación sensiblemente superior a la media. Por el otro, habla de las contradicciones reinantes en la propia coalición gobernante. El alcance de la reforma fue una fuente de tensión entre los militares y el ultraliberal Paulo Guedes.

Crisis económica

Entretanto, la crisis económica sigue haciendo estragos y no hay señales de que se esté atenuando con la nueva gestión.

El PBI de Brasil creció sólo 1,1% en 2018, igual que en 2017, un resultado modesto que incrementa la presión sobre el nuevo presidente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la mayor economía de América Latina se expanda un 2,1% en 2019, menos que el 2,5% que había anticipado. Mientras tanto, la tasa de desempleo volvió a crecer en el período noviembre 2018-enero 2019 a 12%, por primera vez desde agosto pasado. Hay actualmente 12,7 millones de brasileños en busca de trabajo, medio millón más que a fines de 2018.

El ajuste en marcha puede agravar las cosas. El panorama tampoco es alentador en el plano de las exportaciones, en el marco de la guerra comercial que domina la economía mundial. Por lo pronto, las ventas externas de soja brasileña ya se vieron afectadas por esa circunstancia. Por otra parte, hay quienes ya advierten que las reformas previsionales van a demorar en surtir efecto. “Para implementar el sistema, deberá haber doce años de transición entre el actual y el nuevo, además de una serie de cambios, sobre todo para los empleados públicos, que ya amenazaron con protestas para defender los derechos adquiridos” (El País, 28/2). La experiencia chilena ya reveló que estas reestructuraciones previsionales arrancan aumentando el déficit fiscal. El rojo en las cuentas de la previsión social brasileña se calcula en unos 300.000 millones de reales (82.000 millones de dólares) y sube a un ritmo cercano al 15% anual. Brasil, además, está expuesto a los cimbronazos de la crisis mundial, que en cualquier momento puede provocar una nueva fuga de capitales, con efectos letales en la Bolsa paulista.

Los desafíos de la clase obrera

Este escenario coloca al rojo vivo la necesidad de una respuesta general y colectiva de los trabajadores El ataque en curso viene despertando un creciente estado de deliberación. Un ejemplo de ello fueron los 600 delegados reunidos en el 38° Congreso Nacional del Andes-SN (sindicato de los profesores universitarios) y el primer plenario nacional intersindical impulsado por la Federación Nacional de Trabajadores del Correo (FENTECH). Ambos eventos debatieron y resolvieron iniciativas de lucha y reclaman a las centrales la convocatoria de un paro nacional para enfrentar la reforma jubilatoria (ver PO N° 1538).

Las direcciones sindicales han acusado recibo de esta inquietud ascendente en las filas de los trabajadores.

El 20 de febrero, en la Plaza de la Sé, en el centro de San Pablo, las centrales convocaron a una asamblea obrera de lucha. Pero esta convocatoria cumplió más el papel de descomprimir que de articular la lucha. No salió el llamado a una huelga nacional ni el compromiso de una nueva movilización. Ni siquiera se empeñaron por asegurar una concurrencia masiva, la cual, según sus organizadores, ascendió a 10.000 personas, pero estuvo por debajo de esa cifra.

La línea que se impulsó en la asamblea fue la de las tratativas con la oposición parlamentaria para frenar la reforma. Se trata de una vía muerta, en un Congreso cuyos bloques mayoritariamente están a favor de la nueva legislación previsional. Ello incluye a sectores del PT, que son partidarios de alguna variante de reforma jubilatoria. El senador Jaques Wagner (PT-BA) acaba de pronunciarse en ese sentido, lo mismo que, en el plano partidario, lo hizo el diputado Paulinho da Força (SD-SP).

Es necesaria una nueva perspectiva sindical y política para poner fin a una política de seguidismo y adaptación al Estado capitalista, sus instituciones y partidos. La causa de los trabajadores va de la mano de la independencia de clase.

Por un gran Congreso de trabajadores de todas las centrales y corrientes dispuestas a luchar en forma independiente para derrotar la reforma jubilatoria y los ataques de Bolsonaro, Guedes y compañía.