Brasil: Irrumpe el golpismo en la crisis política

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por un voto de 6 contra 5, ha privado a Lula de la posibilidad de esperar en libertad la apelación final, a la que tiene derecho, contra la condena a doce años de cárcel, decidida en dos instancias judiciales anteriores. La expectativa del expresidente era que la prolongación de esa apelación en el tiempo fuera suficiente para permitirle concurrir a las elecciones previstas para octubre próximo. La aplicación inmediata de la condena desbarata ese propósito: una ley, aprobada bajo el gobierno de Lula, exige a los candidatos tener una “ficha limpa” para ser admitidos por la Justicia Electoral.

Forma y contenido
Sin embargo, para caracterizar en forma adecuada la crisis política que se ha iniciado en Brasil desde el pedido de destitución de Dilma Roussef, es necesario desentrañar su contenido y el alineamiento que han asumido cada una de las fuerzas en presencia. Los formalismos ‘institucionales’, incluidos los judiciales, solamente sirven para distraer la atención del fondo político de la crisis, o simplemente para encubrirlo. Más que la razón misma de las decisiones que se toman, esos formalismos y esas decisiones se explican por el servicio que aseguran a determinados intereses que ni siquiera aparecen en el escenario.

La enorme corrupción en Brasil viene desde tiempos inmemoriales. El régimen esclavista que determinó la estructura histórica del país no ha sido removido, sólo se ha transfigurado. La autonomía del poder frente a las masas es mucho más profunda que la que existe en cualquier otro estado de desarrollo similar, incluso en América Latina. La amplia penetración del capital financiero no ha hecho más que amplificar esta distancia. La corruptela sin control tiene su raíz en esa matriz histórica. Bajo el gobierno del PT, la corrupción alcanzó proporciones mayores al pasado. Es el testimonio descomunal de una estrategia política que pacta con el régimen político vigente y que funciona mediante la colaboración con los partidos burgueses, incluida la gestión de gobierno.

Departament of Justice
La operación ‘Lava Jato’ fue propiciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el propósito de desmantelar el monopolio relativo de la compañía semi-estatal Petrobras, así como la panoplia de empresas semi-estatales que giraban en su órbita. De aquí nace, en primer lugar, la denuncia del “petrolao”, en referencia a las coimas que recibían los funcionarios de mayor nivel de Petrobras a cambio de la concesión de trabajos de obras a las grandes constructoras brasileñas. Con este carpetazo en la mano, el Congreso brasileño termina votando el cese del monopolio de Petrobrás y permitiendo el ingreso de las compañías extranjeras, que antes debían asociarse a la empresa brasileña y trabajar bajo el monopolio operativo de ella. La operación des-monopolización comenzó desde antes de la destitución de Dilma Roussef.

El esquema de corrupción del “petrolao” y el Lava Jato fue encubierto por medio de un relato ‘clásico’ del nacionalismo: la creación de “campeones nacionales”, o sea la expansión de la burguesía nacional como medio de competencia con el capital extranjero. Fue lo mismo que abogó, tardíamente, en Argentina en llamado ‘marxista’ Axel Kicillof, poniendo letra a lo que se venía haciendo desde Néstor Kirchner con Cristóbal López, Lázaro Báez, Electroingeniería y más tarde con el ingreso del grupo Eskenazi a Repsol.

En Brasil, al lado de Odebrecht y las restantes constructoras, se intentó crear una petrolera privada nacional, por medio de un aventurero llamado Eike Batista, que terminó en la quiebra. El financiamiento de esta ‘gesta nacional’ corría por cuenta del Banco de Desarrollo, el cual sacaba la plata del sistema de pensiones de Brasil, de manera similar al saqueo de Anses por parte de los K y ahora del ‘republicano’ Macri-Carrió.

Odebrecht y Lula
Lula se convirtió en un agente de comercio de Odebrecht, en especial ante los gobiernos bolivarianos – desde Cuba y Venezuela hasta Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Bolivia. En Argentina obtuvo numerosas concesiones, entre ellas el soterramiento del Sarmiento, con el ‘amigo del alma’ de Mauricio Macri, ‘Nicky’ Caputo, y el luego encarcelado De Vido. En Perú, sin bolivarianismo ostensible, Odebrecht encaró una enorme ruta Atlántico-Pacífico, para el comercio con China. Un intento similar en Bolivia, enfrentó una resistencia indigenista. Los accionistas extranjeros de Petrobrás le iniciaron un juicio a la empresa en Nueva York por el perjuicio que les había ocasionado en las pérdidas y los dividendos, los precios fabulosos que se pagaban a las constructoras ‘nac & pop’ y las también fabulosas coimas que se pagaban. Michel Temer, co-piloto de este proceso, vice-presidente de Roussef y, antes, colaborador de la presidencia de Lula, se convirtió en síndico de una quiebra de los negocios que había promovido con el PT, con el apoyo de la nueva mayoría del Congreso – ¡que es similar a la vieja!. El viraje de la burguesía brasileña, de un desarrollo subsidiado por el Estado y el Banco de Desarrollo al remate de Petrobrás y el BNDS, fue determinado por la caída enorme que sufrió el precio internacional del petróleo, que agotó la capacidad de financiamiento ‘nacional y popular’.

Como ocurrió con “La Argentina kirchnerista”. La burguesía, con vacilaciones, operó un cambio de frente no solamente en Brasil, sino en casi toda América Latina (China, rival comercial de EEUU, también acompañó ese cambio de frente, en tanto apoya la privatización de las economías en función de sus propias compañías).

¡Los procesos judiciales por corrupción no tienen buscan ‘la transparencia’, ni tienen una finalidad ‘ética’ – son la pantalla que oculta una lucha por el control del mercado y la economía! Los izquierdistas que reclaman una condena de Lula como aquellos que quieren la absolución, simplemente no advierten que el proceso político de las dos décadas últimas se ha quebrado sin remedio y que su superación pasa por una lucha de clases estratégica contra el conjunto del régimen político y del gran capital, y no por parches judiciales de uno u otro tipo, que no son más que la cortina siniestra de una conspiración para que las masas paguen el costo imposible de una salida de miserias.

Lula ha tejido en el último tiempo un acuerdo con partidos similares al PT, otros de izquierda y otros de derecha, que plantea una política de crecimiento industrial y fomento de exportaciones, en un vano intento de reconquistar una confianza del capital, y salvarse de la cárcel. El capital, sin embargo, de ningún modo puede ni quiere soportar la carga de experiencias fracasadas. El pronunciamiento golpista del comandante en jefe del Ejército, general Vilas Boas, es una conclusión política que va ganando adeptos de la clase dominante. Brasil se encamina hacia una mayor crisis política completamente inevitable.

Una cuestión de poder
El gobierno encabezado por Lula, desde su mismo comienzo, adoptó un cariz de corrupción cuando empezó a pagar sobre sueldos (mensalao) a los bloques legislativos con los que había armado un acuerdo de gobierno. Inició la reforma jubilatoria que ahora Temer quiere llevar hasta el final, para financiar al capital con los fondos de pensión. Hizo un pacto estratégico con el Citibank y el FMI, que consagró como presidente del Banco Central a un banquero del Boston, que hoy es ministro de Economía de Temer. ‘Tudo bem’ mientras los precios internacionales del hierro (Vale do Rio Doce), petróleo (Petrobras) y soja (ruralistas y cerealeras) se disparaban. De entrada estableció un gobierno ‘frentista’, de colaboración de clases, que tuvo que lubricar con coimas. El derrumbe actual es de entera responsabilidad de Lula y del PT.

Las instituciones políticas brasileñas han perdido cualquier legitimidad; están cuestionadas la acción de gobierno, la acción legislativa y la acción judicial. A Lula lo deberá juzgar una corte judicial elegida por los trabajadores – no la que actúa por indicación del Departamento de Justicia norteamericano, ni la que encubre a una laya enorme de ladrones. Acá hay un problema político – de poder. En estos términos debe actuar una izquierda realmente revolucionaria. Ha habido un planteo golpista y enseguida una división militar. La intervención militar a la seguridad ha establecido en Río de Janeiro un régimen de apartheid – sólo falta que se erija un muro contra los morros. La consigna Fora Temer debe unirse a la destitución y enjuiciamiento de los jefes militares golpistas, retirados y en actividad, y la formación de una milicia obrera para proteger a los trabajadores y a la democracia.